Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136615
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.615-RC, "González, Ignacio Nicolás s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 104.502 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 30 de noviembre de 2021, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa de Ignacio Nicolás González contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor de los delitos de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma y homicidio agravado criminis causa , todos en concurso real entre sí (arts. 42, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 y 163 inc. 4, Cód. Penal).
Contra esa decisión se alzó el señor defensor oficial adjunto ante la instancia intermedia, doctor José María Hernández, merced al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por la Sala recurrida (v. resol. de 12-IV-2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la arbitrariedad del pronunciamiento atacado por apartamiento de las constancias de la causa, la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal.
I.1. Respecto a la denuncia de arbitrariedad, sostiene que el revisor confirmó un pronunciamiento en el que se conculcaron los derechos del imputado a ser oído personalmente, a la inmediación, a entrevistarse en forma privada con su defensa técnica, con implicancia del debido proceso legal, la defensa en juicio y la garantía de la revisión amplia.
Indica que durante el debate oral se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia de Covid-19. Y si bien para ese momento se había producido toda la prueba de cargo, quedaba pendiente la declaración del imputado. Esgrime que en esa ocasión se debió haber sellado la suerte del debate, ya que no era posible llevarlo adelante con todos los derechos y garantías que le son propios.
Alude que, en un primer momento, el tribunal de mérito se pronunció en contra de la declaración del imputado por videoconferencia, para, posteriormente, sin existir una causal válida, modificar su postura. Refiere que el revisor no se hizo eco de la denuncia formulada en el recurso de la especialidad sobre ese punto, incurriendo en arbitrariedad.
También critica que no se otorgó al imputado la posibilidad de entrevistarse con su defensa técnica de modo directo y fluido.
Por otra parte, se queja de la violación a la garantía de imparcialidad, al secreto profesional, a la prohibición de autoincriminación y a la revisión amplia.
En esa senda, manifiesta que no debió permitirse que el perito psiquiatra, doctor Remo Mandrile, preste declaración en la forma en que lo hizo, toda vez que ello atentó contra la prohibición de autoincriminación y el secreto profesional.
Con mención de los elementos probatorios en que se basó el pronunciamiento, denuncia la infracción del principio in dubio pro reo , como derivación de la presunción de inocencia. Entiende que ellos carecen de la fuerza necesaria para concluir en un juicio de condena. Cita los arts. 18 de la Constitución nacional; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En tal sentido expresa que la revisión efectuada por el órgano casatorio no se ajusta a los parámetros establecidos en el fallo "Casal" de la Corte federal.
I.2. Finalmente denuncia errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 165 del Código Penal.
Señala que el revisor se limitó a reeditar los dichos del órgano de juicio respecto de la calificación jurídica, siendo que, en su opinión, no se ha podido corroborar la ultrafinalidad propia del homicidio criminis causa.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el remedio extraordinario articulado.
III. Concuerdo con esa postura.
Para una mejor comprensión corresponde que inicialmente efectúe una breve reseña del derrotero procesal de la causa.
III.1. El tribunal en lo Criminal n° 3 de Morón, luego de celebrado el debate, tuvo por comprobado que: "El 26 de agosto de 2015, en horas de la madrugada, aproximadamente las 00.30 horas, un sujeto varón, previo saltar el portón de rejas perimetral de 1,70 metros de altura, ingresó a la finca ubicada en la calle Sarmiento Nº 3840 de la localidad y partido de José C. Paz, propiedad de Miriam Beatriz Albastray e intentó apoderarse de un portamacetas de caña que había en el patio delantero, no logrando consumar su ilícito propósito por razones ajenas a su voluntad, toda vez que la mujer comenzó a gritar acudiendo al auxilio su esposo, quedando el hacedor enganchado del pantalón en las rejas del portón, siendo finalmente aprehendido".
También tuvo por acreditado que: "El día 27 de diciembre del año 2016, siendo aproximadamente las 19:30 hs., cuando María Lucía Argüello arriba al domicilio de la calle Vergara Nº 5130 de la localidad de William Morris, partido de Hurlingham, es sorprendida por Ignacio Nicolás González, quien, horas antes había ingresado con fines de robo a la propiedad mediante el uso de una barreta con la cual forzó una puerta trasera a la finca y, mediante la intimidación de un cuchillo desapoderó a la nombrada de un par de zapatillas marca Adidas de color rosa o similar, una bicicleta de paseo color blanca con candado y un teléfono celular marca Samsung para posteriormente y con el claro fin de consumar su delito y más aún de procurar su impunidad, le asestó a María Lucía Argüello múltiples puñaladas en su humanidad las que le causaron el deceso, dándose a la fuga del lugar con parte del botín malhabido".
Encontró a Ignacio Nicolás González autor responsable de los delitos de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa , en concurso real entre sí y lo condenó a la pena de prisión perpetua.
III.2. Frente a ello la defensa del imputado interpuso recurso de casación en el que solicitó la nulidad de la audiencia de debate, toda vez que no se habían modificado los extremos fácticos y jurídicos que posibilitaron que el tribunal de mérito se pronunciara en un primer momento en contra de la declaración del imputado por videoconferencia, para luego sentar la opinión opuesta. En adición, sostuvo que se permitió que la fiscalía peticione dos veces lo mismo, sin que hubiere mediado protesto. Denunció violación del derecho a ser oído como base fundamental del de defensa, del derecho a recibir adecuada asistencia técnica y del de inmediación que debe primar en todo proceso penal.
También requirió la nulidad de la sentencia, basándose en la declaración testimonial del perito psiquiatra de la Asesoría Pericial departamental, Mandrile, y en la oportuna oposición de la defensa a la línea del interrogatorio planteada por la acusación.
Asimismo, manifestó que las pruebas reunidas en la causa no permitían tener por acreditada la autoría del imputado en la comisión del delito contra la vida y que, en relación con el robo agravado por el uso de arma solo podía sostenerse su tentativa. En forma subsidiaria planteó que sin constancias que permitieran acreditar la ultrafinalidad requerida por la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal, debía mutarse esa calificación por la del delito de homicidio en ocasión de robo.
III.3. Mediante sentencia del 30 de noviembre de 2021, la Sala I del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso incoado.
a) Para así decidir destacó, en primer lugar, que la primera jornada de audiencia se llevó a cabo el 4 de marzo de 2020, oportunidad en la cual las partes plantearon sus pretensiones probatorias, se describieron las materialidades infraccionarias sostenidas por los acusadores, y se detallaron las pruebas incorporadas al debate en los términos del art. 366 del ordenamiento adjetivo. Concluida esa tarea, la defensa expresó que Ignacio Nicolás González no deseaba estar presente en la sala durante el debate, solicitando ser trasladado a la alcaidía durante su desarrollo, lo que sí se cumplió, luego de lo cual comenzó la producción de la prueba testifical.
En la segunda audiencia celebrada el 5 de marzo del año 2020, el acusado González reiteró su petición de no presenciar el debate, permaneciendo en la alcaidía durante su desarrollo. En esta jornada tuvo lugar la declaración del doctor Remo Ramón Mandrile, que motivó otro planteo de nulidad por parte de la defensa.
La tercera audiencia se llevó a cabo el día 19 de marzo del año 2020, fecha en la que el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 297/20 en el que se estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio (en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por el brote de coronavirus), dejándose constancia de que el acusado no pudo ser trasladado hasta la sede del tribunal. A raíz de ello, solo se plasmaron en el acta las distintas manifestaciones que el testigo Mandrile había expresado en la jornada anterior, a pedido de la defensa.
La cuarta audiencia se llevó a cabo el 26 de marzo de 2020, quedando plasmado en el acta respectiva que el detenido Ignacio Nicolás González se encontraba "...incorporado al debate mediante video conferencia de la Subsecretaría de Tecnología informática y el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz...". Luego, consta que quien oficia a cargo de su defensa brindó las explicaciones del caso al imputado, comunicando dicha parte "...que es voluntad de su asistido prestar declaración en forma personal ante el tribunal, lo que ratifica Ignacio Nicolás González haciendo saber -mediante video conferencia- que quiere declarar personalmente, y que no desea estar presente en la producción de la prueba en la fecha". El presidente del tribunal dispuso respecto de lo expresado por la defensa y en virtud de "...la circunstancia de emergencia dictada de público conocimiento, a raíz de COVID 19, por parte del Poder Ejecutivo y las distintas resoluciones emanadas de la S.C.J.B.A., es que las partes acuerdan llevar a cabo una prueba los días 3 y 13 de abril próximo, a efectos de cumplir con el plazo que establece la normativa procesal, hasta conseguir la comparecencia del imputado en forma personal, previo explicarle al imputado respecto de la continuidad del debate se lo despide". Se produce la prueba y se pasa a un cuarto intermedio hasta el día 3 de abril de 2020.
Las dos audiencias siguientes tuvieron un desarrollo similar a la anterior, puesto que se mantuvo latente la cuestión vinculada con la pretensión del acusado de prestar declaración en forma presencial. Continuó señalando que el acta de la jornada del 21 de abril de 2020, da cuenta de la conexión del imputado mediante videoconferencia, luego de lo cual se dejó constancia de lo expresado por el señor defensor oficial: ora en cuanto le explicó al imputado los alcances del acto, ora en cuanto hizo hincapié en que, pese a la mengua de una defensa efectiva, dada la forma en que se está trabajando y más allá de la buena voluntad de la conexión merced a la videoconferencia, refirió que González persiste en "...su voluntad de declarar personalmente ante el Tribunal".
Frente a ello, tomó la palabra la fiscalía y sugirió la posibilidad de que el imputado declare por videoconferencia, modalidad que en ese momento fue descartada por el Tribunal, por entender que "...de ninguna manera se encuentra garantizado desde esta fórmula la libertad para declarar, pues no hay ningún funcionario que pueda garantizar que en ese lugar, que González lo haga libremente, y tampoco pueda garantizarse sus derechos de charla y entrevista previa, asesoramiento con su defensa, tampoco la posibilidad de achacarle la posibilidad de hacerlo mediante videoconferencia, deberá garantizarse el contacto con su defensa y diferir el debate hasta el día 30 de abril, y se analice en caso de no lograr la comparecencia cómo continuará el desarrollo del debate, debiendo producirse la prueba pendiente". En consecuencia, el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el 30 de abril, con acuerdo de las partes.
El acta correspondiente a la jornada que se realizó ese día, indica que tomó la palabra uno de los defensores oficiales del acusado, haciendo saber "...que por conversaciones previas mantenidas por videoconferencia con su asistido, y para el caso de que el resto de las partes presten su anuencia, y el Tribunal así lo autorice, se prosiga con la audiencia de debate el próximo 28 de mayo del corriente año, a fin de que el nombrado pueda comparecer a la sede del Tribunal. Ello en tanto y en cuanto no se reanude con anterioridad a esa fecha los traslados de detenidos, y en ese caso se fije una nueva fecha anterior para la continuidad del debate. También hace saber ese Ministerio que reanudado el juicio el próximo 28 de mayo, y ante la posibilidad de que su asistido no comparezca, esta defensa evaluará posibles planteos y/o peticiones".
La novena jornada de la audiencia, desarrollada el 28 de mayo de 2020, tuvo lugar con la asistencia del acusado mediante videoconferencia, "...quien previamente mantuvo entrevista con la defensa". Seguidamente, la fiscalía realizó un planteo que se vinculó con la situación en la que se encontraba el país respecto de la pandemia, y la factibilidad de los medios técnicos disponibles para que el acusado brinde su declaración por videoconferencia, sin que ello resulte restrictivo de sus garantías constitucionales, para lo cual invocó las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia dictadas en función de esa situación (480 y ampliatorias). A esta posición adhirió la asistencia técnica de la particular damnificada. La defensa se opuso a dicha petición, para lo cual en primer término solicitó la confirmación por parte del acusado, de que era su voluntad prestar declaración en forma presencial, y no aceptaba la modalidad por videoconferencia. Luego expuso que la cuestión ya había sido resuelta en la jornada del 21 de abril de 2020 (cuando el Tribunal había descartado la posibilidad de la videoconferencia para recibirle declaración al acusado), con lo cual existía un obstáculo formal a la pretensión de los acusadores de reeditar el pedido. A continuación, esbozó distintos argumentos con base en los cuales entendió que correspondía declarar la nulidad del debate. Porque, adujo, más allá de la buena voluntad de las partes, las sucesivas audiencias realizadas para "...mantener viva la legalidad del juicio" no eran suficientes para salvaguardar el principio de continuidad del debate, lo que imponía que se lo declare nulo.
El 1 de junio del año 2020, el tribunal abordó la cuestión planteada por las partes, en torno a la declaración del acusado.
Al efecto, expresó que lo decidido en la jornada del 21 de abril no constituía un obstáculo formal para la procedencia de la pretensión formulada por los acusadores, frente a circunstancias novedosas que lo habilitaban. En ese orden de ideas, tuvo en consideración el agravamiento de la situación de la pandemia (circunstancia no discutida por las partes), a partir de la cual se planteaba un escenario de prolongación en el tiempo de las medidas de aislamiento que regían en aquel momento, como así también la petición de la fiscalía de requerir la presencia de un funcionario en la celebración de la posible audiencia para que dé fe de la privacidad y libertad de la persona del imputado (con invocación de la regla 9 del anexo I de la resolución 20/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
En suma, el tribunal expuso las razones por las que correspondía rechazar el planteo de nulidad de la defensa, fundado en la alegada afectación de los principios de inmediatez y continuidad del debate. Y, finalmente, respecto de la cuestión vinculada con la modalidad con la que podía llevarse a cabo la declaración del acusado (bajo las condiciones que imponía la pandemia al 1 de junio de 2020), entendió que podía instrumentarse mediante videoconferencia, con la presencia de un funcionario del complejo penitenciario que cumpliría el rol de fedatario, garantizando la libertad del acusado en su declaración y la posibilidad de que mantenga una entrevista previa privada con sus letrados defensores.
Luego de esa decisión, culminaron los actos procesales que quedaban pendientes de producción y, al ser consultado, Ignacio Nicolás González expresó que "...quiere declarar personalmente, no mediante video conferencia", ante lo cual la presidencia del tribunal le explicó la decisión que se había adoptado, quedando concluida la etapa de producción probatoria del juicio.
b) Ante esta exhaustiva reseña del estado de cosas, el órgano casatorio especificó que la decisión tomada el 1 de junio no resultaba contradictoria, toda vez que entre el 21 de abril y esa fecha la situación epidemiológica se había agravado y con ello las proyecciones en torno a la forma en que podía continuar el debate.
También sostuvo que el derecho del imputado a ser oído por los jueces no se había visto restringido y que la defensa no había expuesto los motivos por los que la declaración de González bajo la modalidad que se encontraba disponible a ese momento -videoconferencia-, resultaba insuficiente para garantizar su derecho de defensa en juicio.
Añadió que ninguna obstaculización hubo acerca del asesoramiento técnico del imputado, toda vez que el tribunal había puesto a disposición de la defensa todos los medios tecnológicos disponibles para mantener contacto efectivo con su asistido, sin ningún tipo de limitación.
Respecto a la inmediación, aclaró que debía circunscribirse a la declaración del imputado, ya que el resto de la prueba se había producido en presencia del tribunal y nuevamente, refirió no observar qué perjuicio le habría ocasionado el declarar mediante videoconferencia, garantizada la entrevista con su defensor del modo antedicho.
En cuanto al planteo de nulidad basado en la declaración del perito psiquiatra Remo Mandrile, especificó que el tribunal había excluido del conjunto probatorio disponible al momento del dictado del veredicto el tramo de la declaración de ese experto, acorde al reclamo de la defensa. Por lo cual no se advertía ningún perjuicio en desmedro del imputado.
Destacó que la autoría de este se apoyó en diversas fuentes probatorias -ninguna de ellas vinculada con la declaración del perito psiquiatra- y que no había existido incidencia alguna de dicho testimonio en la decisión adoptada.
En referencia a las constancias de la causa tenidas en consideración para afirmar la autoría de González, hizo expresa mención a los testimonios prestados por Cristian Rodríguez, Leandro Augusto Orellana, Maximiliano Alberto Rodríguez, Mauricio Fabián Fiorenza, Andrea Fabiana Tabaracci, Ignacio Alfonso Lauría, Noelia Elizabeth Vergara y Natalia Ruth Ferreyra.
También vinculó las diligencias de reconocimiento con resultado positivo; el informe de ADN sobre una colilla de cigarrillo hallada en el lugar del hecho, que resultó compatible con el perfil genético de González; y el candado de la bicicleta sustraída a la víctima que fuera hallado en un comercio cercano al domicilio del imputado. A ello agregó que, al momento de su aprehensión -el 4 de enero de 2017-, se constató que González presenta
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