Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137783
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.783, "Baccini, Carlos R. -Fiscal General Interino- e Ibáñez, Alfredo Leandro -particular damnificado- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 46.568 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I, seguida a Sepetich, Alfredo Mario", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan , Soria, Genoud, Maidana .
El Juzgado en lo Correccional n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante sentencia dictada el 7 de diciembre de 2021, condenó a Alfredo Mario Sepetich a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y las costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave.
Frente a lo así decidido, los defensores particulares de Sepetich, doctores Adolfo Luis Tamini e Ignacio Javier Costa, presentaron recurso de apelación.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el 15 de septiembre de 2022, hizo lugar al recurso de la defensa y absolvió libremente y sin costas al acusado respecto del delito por el que venía condenado.
Contra lo así decidido, el particular damnificado, Alfredo Leandro Ibáñez, con el patrocinio letrado del doctor Gustavo G. Dorrego, con fecha 26 de septiembre de 2022 presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Asimismo, dos días después, el 28 de septiembre, esa misma parte dedujo nuevamente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de manera conjunta con la vía extraordinaria de nulidad; en igual fecha, presentó un escrito solicitando que se tomen en consideración únicamente las vías extraordinarias deducidas en segundo término (28-IX-2022), aclarando que existió un error en la presentación formalizada en primer lugar (26-IX-2022).
Por su parte, el señor Fiscal General Interino del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, doctor Carlos R. Baccini, articuló carril extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el 3 de noviembre de 2022, por un lado, declaró admisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley presentados tanto por la fiscalía como por el particular damnificado, por estimar que los planteos de absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias. Por otra parte, desestimó el carril extraordinario de nulidad por inadmisible; contra este tramo del pronunciamiento -conforme certificación de fecha 14 de febrero del año en curso- no se presentó queja ante esta Suprema Corte.
Oído el señor Procurador General, quien acompañó la pretensión fiscal y del particular damnificado, dictada la providencia de autos, presentada la memoria por parte de la defensa particular y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Previo a ingresar a la reseña de agravios, no puede dejarse de señalar que la Cámara, al realizar el juicio de admisibilidad en los términos del art. 486 del Código Procesal Penal, debió explicar los motivos por los cuales ante la presentación sucesiva de diversos carriles extraordinarios por parte del particular damnificado -tal cual se señaló en los antecedentes- analizó el articulado en segundo término en lugar del formalizado en primer lugar, especialmente a la luz del principio de preclusión por consumación (conf. SCBA causas P. 122.643, resol. de 7-IX-2016; P. 130.640, resol. de 9-IX-2018; P. 131.610, resol. de 13-III-2019; P. 131.314, resol. de 11-IX-2019; P. 132.879, resol. de 26-II-2020; P. 133.557, resol. de 3-VIII-2020; e.o.).
Sin perjuicio de ello, teniendo en consideración la etapa procesal en la que se encuentra el expediente, se subsanará en esta instancia dicho déficit formal (conf. art. 2, CPP).
Veamos.
Tomando en especial consideración que el particular damnificado expresamente solicitó que se tuvieran en cuenta las vías extraordinarias deducidas en segundo término (presentadas estas dentro del plazo legal del art. 483, CPP) corresponde apartarse de los principios generales de la doctrina de la preclusión por consumación y tener por válida la presentación de las vías extraordinarias de nulidad e inaplicabilidad de ley formalizadas el 28 de septiembre de 2022.
II. Sentado lo anterior, en función del alcance con el que se admitieron los respectivos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se reseñarán los agravios de cada uno de ellos.
II.1. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el señor Fiscal General Interino del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
La fiscalía denunció que la Cámara, al afirmar que la conducta del acusado no encuadró en el art. 277 inc. 1 "a" en función del inc. 3 "a" del Código Penal, incurrió en absurdo y arbitrariedad en la interpretación de la ley y en la valoración de la prueba. En su apoyo, citó jurisprudencia (conf. arts. 1, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Alegó que no se explicaron los motivos por los cuales la conducta de Sepetich resultaba atípica. Agregó que la decisión no se corresponde con las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual quebranta la garantía del debido proceso.
Puntualizó que la absolución se sustentó en "...pocas particularidades del caso, tales como que Sepetich no se encontraba obligado a permitir el ingreso al personal policial y civil toda vez que no existía una orden [...] judicial que así lo dispusiera. Que Sepetich no era la persona encargada de autorizar el ingreso a un individuo ajeno a la institución, ello [fundado] en la declaración de Diego Carlos Erhard, abogado y miembro de [la oficina de legales del Banco Galicia], quien depuso que ante una situación de una orden judicial de allanamiento, lo que debía hacerse era notificar a su oficina, lo que no sucedió el día de los eventos".
A su entender, la Cámara cometió un grave error "...al entender que la única medida consistía en habilitar el acceso a los funcionarios policiales [cuando] ello no es así [...] si bien no existía al momento una orden judicial que permitiera el ingreso, lo cierto es [que] se había dictad[o] una orden de secuestro para con el aparato celular, y que como Jefe de Seguridad, y ante la situación inusual, es decir, personal policial que se presenta y manifiesta que elementos probatorios de un delito grave, pudieran encontrarse en la sede donde el mismo es el encargado de seguridad, por lo menos [...] debería haber notificado a su superior, quien podría haber determinado el ingreso de los terceros. Por otra parte, estaba a su alcance comprobar por sus propios medios si el objeto buscado se encontraba en el interior del banco o al menos ubicar el sector que indicaba la señal. También, estaba bajo su órbita la posibilidad de realizar otro tipo de acción a fin de conservar el material probatorio en cuestión, lo cual no se logr[ó] precisamente por la actividad desplegada por el imputado, lo cual demuestra su voluntad de impedir las tareas de los funcionarios policiales en claro perjuicio de la investigación y en favor de los coautores del [e]vento principal".
Concluyó que el accionar de Sepetich encuadra en la figura legal en cuestión, por lo que resulta arbitraria la absolución sobre la base de los mismos elementos fácticos y probatorios que fueron sustento para el juez de grado al momento de condenar.
II.2. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el particular damnificado.
Por su parte, el particular damnificado, en el recurso extraordinario articulado con fecha 28 de septiembre de 2022, luego de realizar una detallada reseña de lo acontecido en el caso, denunció arbitrariedad en la valoración de la prueba.
En tal sentido, afirmó que la absolución dictada por la Cámara se fundó en las siguientes afirmaciones:
"1. Que Sepetich no estaba autorizado por la ley (normativa interna del banco) para permitir el ingreso de personal policial ni de terceras personas a la entidad fuera de horarios bancarios".
"2. Que no se le había exhibido hasta ese momento orden de allanamiento alguna".
"3. Que para el supuesto de presentársele a Sepetich alguna exigencia judicial penal, él previo a todo y por protocolo ineludible, debía comunicarlo a la oficina de Asesoría Legal del Banco Galicia y esperar directivas".
"4. De haberse suscitado alguna cuestión de urgencia [...] eran los efectivos policiales allí constituidos los que en definitiva se hallaban obligados sujetos a la magnitud o no del caso y a resultancias tomar la determinación adecuada; de la que Sepetich resultaría ajeno, sin derecho a injerencia y sin contar él para el supuesto con 'opinión relevante'".
Frente a ello, el particular damnificado argumentó que tales afirmaciones no pueden sostenerse en conjunto ni por separado para fundar una absolución sino que, por el contrario, demuestran la configuración del delito de encubrimiento.
En tal sentido, argumentó que "...una de las tantas alternativas que se le plantearan a Sepetich [...] era que él en persona con gente de su círculo íntimo, velando [por] la prolijidad de la actividad a desarrollarse, caminara unos pocos pasos y abortara la ilicitud; o [que] él y un oficial [de] policía de alto grado constatara[n] la anomalía; o [que] él junto a un cliente milenario de su banco (el empresario Andrés Ibañez [hermano de una de las víctimas del delito de robo calificado]) actuaran acorde a la gravedad que el tema representaba; es decir, invocándolo justamente como el supremo de la seguridad del lugar resolviera a su sano saber y entender cómo se debía proceder en su propia casa matriz. Ninguna de las alternativas le interesó, circunstancias por las que los investigadores comenzaron por ubicarlo en calidad de persona sospechosa y que no hicieron más que presumir su notoria y manifiesta intencionalidad encubridora".
En cuanto a la supuesta falta de orden de allanamiento, aclaró que "...nada había que allanar en el banco [...] no había razón alguna de involucrar a la entidad, la que terminó por ser parte importante y relevante de los ilícitos...".
Agregó que confluyeron varias circunstancias que exigían una actitud de colaboración en el procedimiento por parte de Sepetich: el Banco Galicia estuvo "...rodeado de decenas de policías toda una tarde"; tomó conocimiento de la existencia de una orden de secuestro y detención en curso; un cliente de antigua data del Banco (Andrés Ibáñez) le informó que un celular sustraído daba constante señal dentro del Banco; la existencia de registros gráficos que certificaban que allí se encontraba el elemento buscado.
Afirmó que el imputado "...en su rol de jefe mayúsculo del lugar y estando en conocimiento real de una tentativa de homicidio agravado ocurrido horas antes que sufriera uno de [los] usuarios" del Banco, debió comunicar la situación a sus superiores de la Asesoría Legal del Banco Galicia y esperar directivas. Recordó que durante el juicio se demostró que "...Sepetich no comunicó los incidentes a la oficina que correspondía...".
Concluyó que el acusado no hizo lo que estaba obligado a hacer, en tanto no dio aviso a la oficina correspondiente, asumiendo un rol inerte e inactivo, ajeno a todo evento.
Por todo lo expuesto, solicitó que se deje sin efecto el fallo de Cámara y se reinstale el de primera instancia.
III. El señor Procurador General sostuvo los recursos, postuló su acogimiento favorable y el restablecimiento de la sentencia condenatoria.
IV. En mi opinión, los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley presentados por la fiscalía y por el particular damnificado -que se abordarán de manera conjunta por contener críticas similares- prosperan (conf. art. 496, CPP).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, se realizará una reseña de los antecedentes del caso.
IV.1. La sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
De la lectura del veredicto se advierte que con la prueba producida e incorporada por lectura al juicio oral se tuvo por debidamente acreditado que "...Alfredo Mario Sepetich ayudó a eludir las investigaciones y a sustraerse de la acción de la autoridad a los autores del hecho delictivo sufrido por Alfredo Leandro Ibáñez y su familia el día 8 de febrero de 2014 antes de las 21:30 horas, en su domicilio sito en la calle Ángel Gallardo n° 284 de la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, calificado como 'robo agravado por el empleo de armas de fuego en concurso real con homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa', hecho que constituye un delito especialmente grave dado que su pena mínima supera los tres años de prisión, ya que el día 11 de febrero de 2014, momentos después de las 15:00 horas, en su carácter de encargado de seguridad del edificio sede central del Banco Galicia, sito en la intersección de las calles Juan Domingo Perón y Reconquista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impidió que personal policial designado por el Sr. agente fiscal de la ex UFIJ n° 8 departamental, en el marco de la IPP n° 07-00-7331-14 en la que se investigaba el hecho que sufrieran Ibáñez y su grupo familiar, realizara tareas de investigación en el interior del citado establecimiento tendientes a establecer la identidad de los autores del mentado hecho, realizando de esta manera un acto de ayuda a dichos delincuentes".
En tal sentido, se ponderaron los dichos de Andrés Sebastián Ibáñez (hermano de Alfredo Leandro Ibáñez, una de las víctimas del delito de robo agravado), quien explicó que esa mañana recibió un llamado de parte de su cuñada informándole que uno de los teléfonos celulares robado había dado localización, por lo cual se dirigió al lugar donde se había registrado la señal; allí se juntó con personal de la policía, primero en la calle Corrientes, y desde ahí fueron siguiendo las localizaciones que daba el teléfono hasta que se detuvo en el Banco Galicia, alrededor de las 11:30 hs. Allí había gente de la Policía Federal y de la DDI Avellaneda. Precisó que luego del horario del cierre bancario, mantuvieron comunicación con Sepetich, jefe de seguridad del Banco, le mostraron las localizaciones de los teléfonos y le informaron del robo del día sábado, pese a lo cual "...esta persona en ningún momento tuvo la más mínima intención de dejarlos entrar al banco [...] a pesar de todas las alternativas que le dieron, ya sea entrar con él solo, con personal de seguridad del banco, con personal de la Policía Federal o con personal de la DDI de Avellaneda. En todo momento les pedía una orden de allanamiento, lo cual no era necesario, ya que lo único que se necesitaba era entrar al banco y accionar la alarma de la aplicación 'Buscar mi iPhone'".
Se afirmó que ese testimonio se complementó con las declaraciones de Alejandro Guillermo Baga, Diego Eladio Lazota y de Fernando Ariel Bueno, quienes estuvieron presentes en la sede de la sucursal del Banco Galicia mientas Andrés Ibáñez y los funcionarios policiales intentaban ingresar para localizar el celular robado, lo que no fue posible ante la negativa de Sepetich.
Asimismo, se valoró el testimonio de Alfredo Alejandro Ibáñez, quien expresó que "...dos días antes del robo que sufrió en su casa, había hecho un movimiento en el Banco Galicia y unos días después aparece uno de los teléfonos que le robaron dando ubicación dentro del Banco Galicia Casa Central, por lo que se presentó su hermano con efectivos de la policía y no lo dejaron pasar. Lo sabe por su hermano, porque el dicente estaba internado en ese momento porque le pegaron un tiro que entró por el pómulo izquierdo y salió por el maxilar derecho. Está recuperado, pero tiene secuelas de por vida. Su hermano Andrés le contó que no les prestaron ayuda y no hicieron lo que haría cualquiera para detener a un delincuente [...] Explicó que el martes 11 de febrero de 2014 se le activó la aplicación a su esposa, ella lo llamó a su hermano Andrés, le pasó las contraseñas y el ID de Apple, y su hermano habló con la policía o hizo la denuncia, no recuerda exactamente, y fueron al banco donde dio la señal el celular, donde esperaron por si había un cliente que saliera con el teléfono. Esperaron hasta que terminara el horario bancario, y su hermano fue y habló con gente del banco, saliendo el señor Sepetich, al que le explicó la situación, pidiéndole ingresar, o ingresar con la policía, o [entrar] alguno con el mentado Sepetich, para activar la alarma de la aplicación, que suene el teléfono y así dar con la persona que lo tenía, pero recibieron una respuesta negativa en todo momento y en toda situación. Dijo que: '...Si hubieran entrado, se terminaba todo este tema y se agarraba a quien lo tenía en ese momento...'".
La prueba testimonial se reforzó con elementos incorporados por lectura: testimonios del subcomisario Luis Alberto Zaracho, Martín Ruiz, Claudio Ruksza, en los que se dio cuenta del procedimiento policial en la sucursal del Banco, de los aportes y comportamiento de Andrés Sebastián Ibáñez, y de los intentos fallidos en miras de hacer efectiva la orden de secuestro y detención de la persona que se encontraba dentro del Banco y tenía en su poder el celular robado.
A su vez, se valoraron diversas pruebas documentales tales como capturas de pantalla con la ubicación del celular y un peritaje realizado por un perito ingeniero informático que dio cuenta con precisión de la localización del móvil.
En definitiva, se aseveró que los elementos probatorios antes citados permitían afirmar con certeza positiva que el "...teléfono celular iPhone 4S sustraído en ocasión del robo a mano armada cometido en la casa de [...] Alfredo Leandro Ibáñez, emitía señal en el interior del Banco Galicia, razón por la cual [Andrés Sebastián Ibáñez] se constituyó junto [...al] subcomisario Zaracho, y numerarios de Policía Federal Argentina, más sus amigos Alejandro Guillermo Baga y Diego Eladio Lazota, frente a dicha entidad bancaria, resultando que cuando el mentado Ibáñez y el efectivo Zaracho fueron conducidos hasta la oficina de Sepetich, jefe de seguridad del banco antedicho luego del cierre del horario bancario de atención al público, este último, luego de ser informado de los pormenores de la causa -un robo agravado por el empleo de armas de fuego en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa-, de la orden judicial de secuestro y detención en curso y de la extrema situación de urgencia que se estaba desarrollando, además de serle exhibido el teléfono celular de Andrés Ibáñez en el que la aplicación 'Buscar mi iPhone' [...] mostraba la localización del teléfono en cuestión en el interior del Banco Galicia, les impidió el ingreso a sabiendas de dichas circunstancias, obturando de ese modo el cumplimiento del procedimiento ordenado por el Juez de Garantías interviniente, para lo cual argumentó razones de seguridad y expresó que sólo los dejaría pasar con una orden de allanamiento".
A continuación, se descartaron los planteos de la defensa referidos a la exigencia de una orden de allanamiento para ingresar a la entidad bancaria pues "...la emisión de una señal de localización de un teléfono celular sustraído en un hecho de especial gravedad, de notoriedad pública, con una víctima cliente del Banco Galicia de larga data, con la presencia del personal policial, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de esta provincia, a las puertas de la entid
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.