Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137653
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. arts. 495 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Osvaldo José Dragonetti, en la suma equivalente a veintiún (21) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.653, "Arriola Silva, Hermenegildo Joaquín; Romero, Eliser; Romero Silva, Juan Gabriel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 110.061 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de abril de 2022, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes que condenó a Hermenegildo Joaquín Arriola Silva a la pena de veintitrés años de prisión, accesorias legales y costas con declaración de reincidencia, y a Juan Gabriel Romero Silva y Eliser Romero a la pena de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar todos ellos coautores responsables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (v. sentencia digital).
El defensor particular de los nombrados, doctor Osvaldo José Dragonetti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. resolución de 31 de agosto de 2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 27 de abril de 2023), dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Liminarmente, cabe destacar que, de conformidad con el auto de admisibilidad de 31 de agosto de 2022, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado fue concedido -por mayoría- en relación con el agravio de ley sustantiva (inaplicabilidad del art. 41 bis, Cód. Penal), y en cuanto a la denuncia de inconstitucionalidad de la reincidencia, sin objeciones de la parte. De modo que en ese marco será reseñada y abordada la vía impugnativa articulada.
II.1. El recurrente denuncia, en un primer agravio, una incorrecta calificación legal, habida cuenta de que -a su entender- el art. 41 bis del Código Penal no resulta aplicable al delito de homicidio simple. Trae a colación una serie de fallos y doctrina relacionada con el tema en discusión, argumentando que la agravante contenida en aquella disposición legal deriva en la violación de los principios constitucionales de igualdad, prohibición de doble valoración y proporcionalidad de la pena.
II.2. En un segundo planteo, alega por la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia dictada, en el caso, en perjuicio de Hermenegildo Arriola Silva.
En ese sentido, argumenta que la previsión legal de la llamada "reincidencia", como causa de agravación de la situación punitiva del condenado, violenta normas constitucionales en forma manifiesta. Cita los arts. 1, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Denuncia que el instituto en cuestión vulnera el principio constitucional de culpabilidad por el hecho, la presunción de inocencia, y el non bis in idem .
III. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso. Coincido con su dictamen.
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
IV.1. En lo que aquí importa, el Tribunal de Casación, el 13 de abril de 2022, rechazó el recurso de la especialidad intentado por la defensa particular contra la condena de primera instancia, según se refirió en los antecedentes del caso.
En cuanto al tema aquí en discusión vinculado con la aplicación del art. 41 bis del Código Penal, la Casación abordó tal motivo de agravio y sostuvo que "...a diferencia de lo que ocurre con otros tipos penales, como por ejemplo el delito de robo calificado contenido en el artículo 166 inciso 2° del Código Penal, que alude al empleo de 'armas', incluyendo ineludiblemente las armas de fuego, la figura del homicidio receptada en el artículo 79 de la misma manda no especifica ningún medio comisivo en particular; de lo que se sigue que la utilización de armas de fuego en la ejecución del mismo no se encuentra negada, pero su presencia no aparece como necesaria para configurar el delito mencionado" (del voto del juez Violini, que contó en este punto con la adhesión de los jueces Borinsky y Maidana).
Puntualizó de seguido que "...el delito de robo calificado del segundo inciso del artículo 166 del Código Penal exige para su configuración que se utilice un 'arma', siendo las de fuego sólo uno de los tipos contemplados en ese espectro, por lo que la comisión de un desapoderamiento 'sin armas' imposibilitará la subsunción en la norma en trato, de lo que cabe concluir que el concepto de 'arma de fuego', por ser un 'arma', configura un elemento calificante del tipo. Por el contrario, el homicidio puede ser cometido mediante una pluralidad de medios, por lo que la conducta de 'matar a otro' continuará siendo típica, aunque no se haya empleado un 'arma' para cometerlo, lo que denota que el empleo de armas no forma necesaria y excluyentemente parte del tipo penal en trato".
Y añadió: "En función de ello, cabe concluir que la decisión legislativa que impone un agravamiento de pena en virtud de la modalidad comisiva (con arma de fuego) resulta de similar tenor a los agravamientos contemplados en los incisos 2° (veneno, vocablo que en su acepción básica también alude a una sustancia creada para matar), 5° y 6° del artículo 80 del mismo Código, por lo que no adviert[e] óbice alguno en sostener la aplicación del artículo 41 bis del Código Penal a los casos de homicidios cometidos con un arma de fuego".
Advirtió el juzgador intermedio que tal ha sido la invariable doctrina sentada por esta Suprema Corte conforme los precedentes que invocó en su sentencia.
Aludió por último a que no se observa que "...la técnica empleada por el legislador al establecer una escala más gravosa para el caso de verificarse un elemento típico en particular (el modo comisivo) incorporándola a la parte general del Código Penal constituya, por sí misma una afectación al principio de legalidad, pues [...] el mencionado principio sólo exige que los elementos típicos estén tipificados en la 'ley', antes del hecho de la causa, y que dicha ley contenga la descripción típica y la pena amenazada [...]; extremos con los que cumple el artículo cuestionado, dado que el mencionado código es un cuerpo único, y así como algunos tipos penales remiten a disposiciones contenidas en otros cuerpos (por ejemplo, la ley de armas y explosivos, a efectos de completar el tipo penal del robo calificado por el uso de 'armas'), nada obsta que la mayor parte de los tipos contemplados se integren con un elemento comprendido en la primera parte del código, que en rigor de verdad resulta aplicable a la totalidad de la segunda parte, como ocurre con los artículos 20 bis, 22 bis, 41 quater de la manda sustantiva".
De tal modo, concluyó que no surge clara la repulsa a los principios constitucionales de igualdad, prohibición de doble valoración y proporcionalidad de la pena mencionada por el recurrente, y entendió que la defensa se limitaba a citar fallos de extrañas jurisdicciones sin proponer en cambio un análisis concreto, inequívoco y exhaustivo del modo en el que los principios citados se verían lesionados.
IV.2. De todo lo expuesto se advierte que la denuncia de errónea aplicación de ese precepto del Código Penal es insuficiente (art. 495, cit.).
Así, frente a lo decidido por el Tribunal de Casación, las argumentaciones traídas por la defensa particular de los imputados resultan ser una reiteración -copia textual- de las llevadas en el recurso ante esa sede, por lo que dicha parte se desentiende absolutamente de las respuestas brindadas para convalidar lo actuado por la instancia de origen. El contenido de lo resuelto por el tribunal revisor no ha sido desmerecido por una argumentación suficiente de la defensa, quien insiste con idénticos argumentos a los llevados en el recurso de casación. Y se sabe que la mera reiteración de planteos que no se ocupan en modo alguno de las razones que sustentaron su rechazo evidencia la insuficiencia recursiva, sellando la suerte adversa del reclamo (art. 495, CPP).
En definitiva, la defensa debió hacerse cargo de controvertir los suficientes argumentos brindados por la Casación, quien -con apoyatura en lo también resuelto reiteradamente por este Superior Tribunal- concluyó en el rechazo de los motivos de agravio alzados contra la aplicación del art. 41 bis del Código Penal.
V. Por último, la crítica a la reincidencia (agravio reseñado en el acápite II.2. de la presente), tampoco procede.
Es que -tal como lo señala el señor Procurador General en su dictamen- el agravio es decisivamente novedoso, pues la parte omitió llevar tal discusión al conocimiento del tribunal encargado de la revisión (v. recurso de casación en formato digital). Por consiguiente, tal reclamo ahora deviene inaudible por extemporáneo (art. 451, CPP y su doctr.; conf. causas P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 96.980, sent. de 7-II-2007; P. 132.720, sent. de 29-IV-2020; P. 132.774, sent. de 14-X-2020; P. 133.301, sent. de 20-IV-2021; P. 131.436, sent. de 15-IX-2021; e.o.).
Así, al recurrir ante Casación, el señor defensor no efectuó cuestionamiento alguno vinculado con la declaración de reincidencia atribuida a su asistido Arriola Silva. En efecto, habiendo formado parte tal declaración del pronunciamiento del tribunal de grado, la defensa -como ya se adelantó- al momento de interponer el recurso de casación nada dijo acerca de aquella, que ahora pretende traer -novedosamente- ante esta instancia extraordinaria. De tal modo, su reclamo deviene intempestivo (art. 494 y concs., CPP y su doctr.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. arts. 495 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Osvaldo José Dragonetti, en la suma equivalente a veintiún (21) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2024 13:20:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/02/2024 08:05:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2024 18:01:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2024 21:54:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2024 08:19:02 - JOFRÉ Lucía - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/02/2024 08:45:13 hs. bajo el número RS-10-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia