Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137584
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.584, "María Laura D'Gregorio -Fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 85.726 del Tribunal de Cesación Penal, Sala III, seguida a S. D., J. A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de La Matanza resolvió -de oficio- declarar la inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2 del Código Penal, y confirmar la decisión del Juzgado de Garantías n° 2 de San Justo que no hizo lugar a la prescripción de la acción penal respecto de los hechos atribuidos al acusado, J. A. S. D. (8 de junio de 2017).
Contra dicho pronunciamiento la defensa del imputado interpuso recurso de casación.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal integrada por los doctores Violini y Borinsky, mediante sentencia dictada el día 2 de octubre de 2018 hizo lugar a la impugnación, casó el fallo recurrido y devolvió la jurisdicción al órgano de origen para el dictado de uno nuevo conforme a derecho.
El Ministerio Público Fiscal formuló reserva para recurrir una vez completa la sentencia.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza, en cumplimiento del reenvío ordenado, declaró la prescripción de la acción penal.
Frente a ello el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley que fue declarado admisible.
Esta Suprema Corte de Justicia, hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocó la sentencia dictada por la Sala III por considerarla arbitraria por falta de fundamentación idónea, y reenvió las actuaciones para el dictado de una nueva (conf. art. 496, CPP.; causa P. 134.543, sent. de 8-XI-2021).
Reingresada la causa, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, con nueva integración, mediante decisorio del día 3 de mayo de 2022, declaró procedente el recurso homónimo deducido por la defensa oficial, casó la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza (en el marco de la causa n° 25.676 de su registro interno), y reenvió las actuaciones al mencionado Tribunal para que, previa actualización de los informes sobre antecedentes y procesos en trámite del acusado, se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos allí desarrollados -esto es la vigencia de la norma de fondo y la prescripción de la acción penal-.
Así la Sala I de la Cámara departamental, por decisorio del día 7 de julio de 2022, en cumplimiento de lo ordenado declaró la extinción de la acción penal por prescripción, y sobreseyó a J. A. S. D. respecto de los hechos presuntamente cometidos entre los años 2002 y 2004.
Frente a lo así decidido, la señora Fiscal titular interina ante la instancia casatoria, doctora María Laura D'Gregorio, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el órgano recurrido por resolución del día 22 de septiembre de 2022.
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia de los reclamos, presentada la memoria prevista por el art. 487 del Código Procesal Penal por la señora defensora adjunta a cargo de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La fiscalía denunció la arbitrariedad de la sentencia en dos direcciones: a) por fundamentación aparente y b) por apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional, omisión de resolver con perspectiva de género y de infancia, inconvencionalidad y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal.
I.1. En cuanto a la fundamentación aparente, denunció que el doctor Carral, magistrado votante en primer término -y que alcanzó la adhesión necesaria para imponer su decisión-, transcribió tramos de un pronunciamiento de otra Sala, que entendió aplicable al caso (causa n° 97.344, "Ruvituso", sent. de 26-XII-2019), a lo que sumó dos fallos de esta Suprema Corte de Justicia (causas P. 135.109 y P. 134.879).
En opinión del recurrente, tales fallos no son parangonables con el presente caso. Explicó que dichos precedentes giraban en torno a la vigencia del principio de legalidad, al entenderse insoslayable la aplicación de la ley más benigna en los casos en que se persigue un delito común. Sostuvo que, contrariamente, lo debatido en este caso, es una decisión de la Cámara de Apelación y Garantías departamental que declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 62 del Código Penal.
Aseveró que abstraerse del real contenido del objeto del recurso es una reiteración del yerro achacado por esta Corte en su anterior intervención.
De otro lado, criticó la sugerencia expuesta por los casacionistas de la eventual posibilidad de llevarse a cabo un proceso tendiente a conocer la verdad de los hechos sin perjuicio de la imposibilidad de su persecución penal, pues, en su parecer, tal sugerencia en nada modifica el gravamen actual de la parte.
Concluyó que el tribunal intermedio nuevamente dictó un fallo que no puede reputarse como acto jurisdiccional válido.
I.2. En segundo término, denunció arbitrariedad por apartamiento de doctrina legal, tratados internacionales, por inconvencionalidad y perspectiva de género e infancia; y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal.
Afirmó que lo decidido por el órgano casatorio repugna los principales tratados y convenciones de derechos humanos que el Estado argentino se obligó a cumplir.
Alegó que las disposiciones del art. 62 del Código Penal deben ser interpretadas armónicamente con las normas convencionales derivadas de esos tratados suscriptos, en particular, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Luego de rememorar los hechos imputados a S. D. y la especial situación de vulnerabilidad de la víctima menor de edad al momento de su comisión, mencionó el acierto de la Cámara de Apelación y Garantías departamental que había declarado de oficio la inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2 del Código de fondo por considerar que las especiales características de los sucesos así lo imponía.
Apuntó que lo requerido no consiste en dejar sin plazo el curso de la prescripción, sino que, en su parecer, el tiempo de vigencia de la acción penal debe comenzar a contarse a partir del momento en que la víctima podría ser responsable, o al menos, tener la capacidad psíquica para serlo por el paso del tiempo.
Aludió conceptualmente a la tutela judicial efectiva y sostuvo que la aplicación de una norma de derecho común no puede vulnerar tal garantía.
Indicó que el presente caso debió ser abordado desde la óptica de la violencia de género y niñez, ambos con jerarquía constitucional, dado que los hechos acontecieron cuando la víctima era una niña -en los términos del art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño-. Aseveró que por ser una niña víctima de abuso sexual se patentizó su doble vulnerabilidad.
Recordó que las obligaciones del Estado argentino se encontraban vigentes al momento de los hechos denunciados (entre los años 2002 y 2004), los que se mantuvieron incólumes al momento de efectuarse la denuncia, el día 26 de febrero de 2016.
Subrayó que la noticia del delito fue brindada por la joven víctima cuando la acción se encontraba vigente de conformidad al derecho interno; por lo que peticionó una interpretación armónica y respetuosa de las perspectivas de género y de infancia, aseverando que una norma de inferior jerarquía como es el art. 62 del Código Penal no podía ser invocada para incumplir obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado argentino (art. 27, Convención de Viena).
Con apoyo en el fallo "Arancibia Clavel" de la Corte federal, destacó que -en el caso- la investigación no fue abandonada por inactividad o desinterés estatal, pues el Estado tomó conocimiento de los hechos delictivos en el año 2016 y desde entonces se ha avanzado. De igual modo, señaló que la demora de la víctima en efectuar la denuncia se debió a los obstáculos estructurales que presentan este tipo de hechos y, en buena medida, a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana.
En el mismo sentido, invocó lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa 191/2012/CFC1 caratulada "A. J. s/ Recurso de Casación".
En aval de su posición citó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Gallo López".
Finalmente, reiteró la afirmación de que la decisión impugnada vulneró obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño y violentó el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 31 de la Constitución nacional mediante la errónea aplicación del art. 62 del Código Penal.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso.
III. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa.
III.1. Conforme surge de los antecedentes, el Juzgado de Garantías n° 2 de La Matanza, el día 21 de marzo de 2017, desestimó el pedido de prescripción de la acción penal formulado por la defensa oficial de J. A. S. D. en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor, ascendiente de la víctima y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente (reiterado) en concurso real con corrupción de menores agravada por ser el autor, ascendiente de la víctima.
El señor defensor oficial dedujo recurso de apelación en el que denunció la afectación del principio de legalidad (conf. art. 18, Const. nac.).
III.2 La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza mediante decisorio del día 8 de junio de 2017, rechazó el recurso de la defensa, declaró de oficio la inconstitucionalidad en el caso del art. 62 inc. 2 del Código Penal, y confirmó la decisión del Juzgado de Garantías interviniente que no hizo lugar a la prescripción de la acción penal respecto de los hechos atribuidos al acusado, J. A. S. D..
En primer lugar, reseñó las características del hecho investigado: "...en fecha y horario no determinados, pero entre los años 2002 y 2004, preferentemente horas de la tarde, en el interior de la vivienda de la calle [...] J. A. S. D., aprovechándose de la situación de convivencia, abusó sexualmente de su hija P. Y. S. S., quien además concibió una hija producto del incesto, generando de ese modo un grave menoscabo a su integridad psicofísica".
A continuación, destacó que conforme los dichos de la víctima, los hechos se produjeron desde que ella tenía trece años de edad hasta que cumplió quince y quedó embarazada, naciendo su hija el día 27 de mayo de 2005. Agregó que cuando quedó embarazada su progenitor la obligó a mentir sobre la identidad del padre de su hija siendo él quien al poco tiempo de nacer la niña le confesó a su progenitora que era el padre de esta, fruto de una relación consentida con su hija.
Sentado ello, afirmó que tales características le otorgaban al caso una "nota de color particular" que no debía ser desatendida ni resuelta desde la literalidad de la norma del Código de fondo, puesto que confrontaba derechos y garantías de orden constitucional.
Resaltó que, tal como lo había puesto de manifiesto el órgano de mérito, al momento de los hechos ya estaban vigentes la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumentos que obligan al Estado a garantizar a las víctimas el acceso a la justicia (conf. art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Por tales motivos, en función de la minoridad de la denunciante al momento de sufrir los abusos, la gravedad de las consecuencias que tuvo que enfrentar ante un embarazo adolescente fruto de aquellos, sin cuidados médicos y tapados por "...la mentira, la culpa y la coacción", y del relato que la damnificada efectuara respecto de las amenazas sufridas por su progenitor y la desidia con que la madre omitió denunciar el suceso sufrido por su hija menor de edad, "...al punto tal que a la fecha ha propiciado encubrir a su cónyuge y brindarle un lugar de resguardo, [le] llevan a colegir el grado de sometimiento psíquico sufrido por la denunciante que le impidió accionar con anterioridad la vía judicial; ello sin perjuicio de que al momento de la denuncia la acción en los términos del art. 62 inc. 2do del Código Penal sustantivo se hallaba expedita".
Sostuvo que las garantías constitucionales en juego debían "amalgamarse". En tal sentido, por un lado, estimó que los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional no se afectaron, así como tampoco el debido proceso por encontrarse debidamente tipificados los hechos endilgados al imputado por una ley previa. Por el otro, manifestó que declarar la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo, teniendo en especial consideración las particularidades del caso, resultaba inadmisible y contrario a los tratados internacionales con jerarquía constitucional reseñados.
Por todo lo expuesto, declaró la inconstitucionalidad del plazo previsto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal y, como consecuencia de ello, confirmó el rechazo del pedido de prescripción de la acción penal.
III.3. Contra este pronunciamiento la defensa interpuso recurso de casación, que fue resuelto el día 2 de octubre de 2018 por la Sala III del Tribunal de Casación Penal, integrada por los doctores Violini y Borinsky, en el que hicieron lugar a la impugnación, casaron el fallo de la Cámara de Apelación y devolvieron jurisdicción al órgano de origen para el dictado de uno nuevo conforme a derecho.
Reingresados los autos, el Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza, en cumplimiento del reenvío ordenado, declaró la prescripción de las acciones penales respecto de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor ascendiente de la víctima y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma (reiterado) en concurso real con corrupción de menores agravada por ser el autor ascendiente de la víctima.
III.4. Frente a esa decisión, el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley que oportunamente fue declarado admisible.
III.5. Esta Corte, mediante el pronunciamiento dictado el día 8 de noviembre de 2021, hizo lugar al recurso interpuesto, revocó el fallo dictado por la Sala III del Tribunal de Casación Penal por arbitrario por carecer de fundamentación idónea en tanto se apartó de lo efectivamente resuelto por la Cámara (declaración de inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2, Cód. Penal) y analizó de manera aparente la cuestión federal que presentaba el caso, todo lo cual afectó el debido proceso (conf. art. 18, Const. nac. en sentido contrario); y reenvió las actuaciones para el dictado de uno nuevo (conf. art. 496, CPP).
III.6. Ingresadas las actuaciones, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, con nueva integración, mediante decisorio del día 3 de mayo de 2022, declaró procedente el recurso homónimo deducido por la defensa oficial, casó la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza (en el marco de la causa n° 25.676 de su registro interno), y reenvió las actuaciones al mencionado Tribunal para que, previa actualización de los informes sobre antecedentes y procesos en trámite del acusado, se dictara un nuevo pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos allí desarrollados -esto es la vigencia de la norma de fondo y la prescripción de la acción penal-.
Para así decidir comenzó señalando que en la descripción de las conductas ilícitas que la fiscalía le atribuyó al acusado, se indicó que ocurrieron entre los años 2002 y 2004 y se propuso que las conductas descriptas sean consideradas constitutivas de los delitos previstos en los arts. 119 párrafos tercero y cuarto incs. "b" y "f" y 125 párrafo tercero del Código sustantivo, en concurso material entre sí (art. 55, Cód. Penal). En estas condiciones, la asistencia técnica del acusado planteó que la acción penal se encontraba prescripta, puesto que si se tenía en consideración la fecha de comisión de los hechos (entre los años 2002 y 2004), y la fecha del primer acto interruptivo de ese plazo, es decir, la convocatoria del acusado a prestar declaración a tenor del art. 308 del ritual (9 de marzo de 2017), habían transcurrido más de doce años, plazo máximo contemplado en el inc. 2 del art. 62 del Código sustantivo, sin que existieran otros actos suspensivos o interruptivos de ese curso temporal.
De seguido destacó que los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación no pusieron en duda que transcurrieron más de doce años entre la fecha de la comisión del hecho y el primer acto interruptivo del curso de la prescripción; y que tampoco existía controversia en cuanto a que los hechos objeto de persecución penal, tal como habían sido delimitados temporalmente, eran anteriores a la vigencia de las leyes 26.705 y 27.206 que reformaran el régimen de prescripción de la acción para esta modalidad de ilícitos.
Sin embargo, destacó que los magistrados del Tribunal de Alzada consideraron que el planteo de la defensa no era procedente, puesto que en el caso debía declararse, de oficio, la inconstitucionalidad del plazo de prescripción establecido en el inc. 2 del art. 62 del Código Penal, en atención a que, por su gravedad, el caso no podía ser resuelto desde la literalidad de una norma del Código de fondo, cuando ello implicaba desconocer derechos y garantías de orden constitucional, remarcando, en este punto, la existencia de dos tratados con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22): la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Así, el magistrado ponente (el doctor Carral, que concitó la adhesión simple del doctor Maidana), destacó que el núcleo de la cuestión ya había sido materia de análisis en un pronunciamiento de la Sala I de ese Tribunal de Casación (causa n° 97.344, "Ruvituso, Omar Luis s/ rec. de casación", sent. de 26-XII-2019, reg. 1.273, año 2019). Explicó que en ese caso se había planteado la prescripción de la acción penal en el marco de hechos de abuso sexual presuntamente ocurridos -al igual que estos- con anterioridad a la entrada en vigencia de las leyes 26.705 y 27.206, lo que generó el examen de la implicancia del principio de legalidad (art. 18, Const. nac.), y la incidencia en la resolución de la controversia de las reglas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Transcribió el precedente referido, del que citaré algunos párrafos, donde se señaló: "...la discusión ingresa de lleno en el ámbito de la cobertura del principio constitucional de legalidad, garantizado en orden a la vigencia de la ley penal, salvo las excepciones
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