Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136519
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.519, "Ferreyra, Simón Francisco. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 101.557 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Genoud , Torres.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, el 22 de abril de 2019 condenó a Simón Francisco Ferreyra a la pena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de tortura (art. 144 ter. inc. 1, Cód. Penal).
La defensa particular, a cargo del doctor Amílcar Carlos Chiodo, interpuso un recurso de casación y, la Sala V del Tribunal de Casación Penal mediante el pronunciamiento dictado el 5 de agosto de 2021, lo rechazó.
Frente a ello, el mismo letrado defensor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio del 26 de noviembre de 2021.
Esta Suprema Corte a través del auto dictado el 3 de noviembre de 2022, declaró la nulidad de la decisión anterior y devolvió las actuaciones a la Sala V del Tribunal de Casación para que dicte un nuevo auto de admisibilidad (v. resol. digital).
El tribunal revisor declaró nuevamente que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa particular, era admisible (v. resol. digital de 8-III-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 5-X-2023), dictada la providencia de autos el 6 de octubre de 2023, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. A través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa particular de Simón Francisco Ferreyra, formuló dos órdenes de agravios.
I.1.a. En primer lugar, abordó la cuestión vinculada a la extinción de la acción penal por prescripción, de conformidad con el precedente "Farina" de la Corte federal, argumentando que -en el caso- se había cumplido con el plazo máximo de doce años previsto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal.
Luego de una síntesis del derrotero procesal de la presente causa, el recurrente afirmó que cuando esta Suprema Corte casó la sentencia absolutoria originariamente dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes el 22 de marzo de 2016, ya habían transcurrido ampliamente los doce años a los que hace referencia el citado art. 62 del Código Penal, contados desde la fecha de comisión del hecho -el 26 de abril de 2001-. Agregó que al dictarse el 22 de abril del 2019 la nueva sentencia de condena, habían transcurrido dieciocho años.
Sumó a lo expuesto, que cuando el Ministerio Público Fiscal recurrió ante esta Suprema Corte el veredicto absolutorio, la pena que había solicitado no superaba los diez años de prisión; por tanto, aquella parte tenía vedada la posibilidad de recurrir el fallo del tribunal intermedio que había confirmado el veredicto absolutorio (conf. art. 494, CPP).
I.1.b. Por otro lado, argumentó sobre el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable como corolario del derecho de defensa en juicio (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.1, CADH y 14.3, PIDCP).
De conformidad con todo lo expuesto, solicitó la declaración de extinción de la acción penal por prescripción por haberse excedido el plazo del art. 62 inc. 2 del Código Penal, o, en su caso, darse por perdido el derecho a la persecución penal estatal en virtud del exceso del plazo razonable del proceso.
I.2. En segundo término, denunció la arbitraria valoración probatoria con relación a la autoría responsable de Simón Francisco Ferreyra en el hecho que fue calificado como tortura.
Se refirió al informe médico elaborado por el doctor Juan Manuel De Rosa, quien sostuvo que las lesiones constatadas en la víctima eran de carácter leves sin poder determinarse el origen de las mismas; argumentó que la imputación tuvo sustento en la declaración de la señora Riego Medrano -concubina de la víctima- y su hijo I. F., testigos que -según esa parte- no estuvieron presentes en el momento del hecho, sino que solo refirieron aquello que les había manifestado la víctima sobre lo sucedido.
Acompañó diferentes críticas sobre las lesiones y sostuvo que no existió certeza respecto de la fecha en que se produjeron; agregó que las lesiones consignadas al año siguiente -durante el transcurso del año 2002- no pueden serle atribuidas a su asistido como tampoco las originadas en el año 2001.
A partir de lo expuesto, reclamó un cambio en la calificación legal por el delito de "vejámenes"; pues -desde su punto de vista- en el caso se intentó maximizar el suceso dándole una gravedad que no tuvo.
Indicó que la muerte de Ferraro luego de haber transcurrido ocho años desde los hechos denunciados, fue producto de patologías ajenas al evento en trato, por lo que -a juicio de esa defensa- obliga al cambio de calificación legal por aplicación del beneficio de la duda y el principio favor rei .
En cuanto a la autoría responsable, cuestionó el fallo que le diera plena validez al testimonio de la señora Mirta Riega Medrano a la que calificó de "testigo sospechosa" por ser "de oídas" por haber repetido lo que su pareja -la víctima- le había contado; igual argumento brindó sobre el testimonio de I. F. respecto del cual agregó que por su escasa edad -doce años- estaba inhabilitado para testificar.
Concluyó en que el fallo cuestionado resultó absurdo y arbitrario; por lo que peticionó que se haga lugar al recurso extraordinario y se declare la extinción de la acción penal por prescripción.
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General en que el recurso no es procedente.
III. En primer lugar, haré una reseña del recorrido que tuvo este caso.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes condenó a Simón Francisco Ferreyra por el hecho cometido el 26 de abril de 2001 en perjuicio de Eduardo Ferraro Domínguez, a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de tortura (art. 144 ter, inc. 1, Cód. Penal).
Como cuestión previa, abordó y desestimó la pretensión de la defensa de declarar la extinción de la acción penal por prescripción la cual -según refirió el tribunal- estaba supeditada al cambio de calificación legal solicitado -vejaciones- que también fue descartado.
Sentado lo anterior, hizo una reseña del hecho que tuvo por acreditado: "...el día 26 de abril de 2001, siendo aproximadamente las 21.15 horas, en el interior de la unidad penitenciaria N° 23 de la localidad de La Carolina, partido de Florencio Varela, un sujeto del sexo masculino personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, prestando servicios en dicha unidad, impuso torturas en el interior de su despacho de Jefe del Penal a Eduardo Alfredo Ferraro Domínguez, quien se encontraba detenido legítimamente en dicho establecimiento y alojado en el sector de Sanidad por padecer una enfermedad asmática crónica, obligándolo a retirarse del sector de sanidad y haciendo que ingresara en dicha oficina, para una vez allí manifestarle 'te das cuenta que acá mando yo hijo de mil p...', aplicándole inmediatamente un golpe de puño en la mejilla izquierda, empujándolo contra la pared y haciendo que se coloque de cara mirando hacia la misma, propinándole un golpe de puño en la espalda, exhibiéndole a continuación de manera amenazante dos palos de madera, tomando uno en cada mano y golpeándolos entre sí, para seguidamente aplicarle múltiples golpes mediante el uso de los mismos en el rostro, cabeza y demás partes del cuerpo, durante un lapso aproximado de quince minutos provocando que la víctima sangrara profusamente como consecuencia de este hecho, al tiempo que le manifestaba que no quería que le manche la pared y que si la manchaba la iba a limpiar con la lengua, provocándole mediante tal accionar lesiones cuya gravedad dan cuenta las constancias obrantes en autos, y fueran descriptas como lesiones contuso cortante en zona occipital izquierda, hematoma en brazo derecho, tumefacción en maxilar superior derecho, tumefacción en labio superior e inferior con lesión de mucosa, lesión alveolo dentaria superior con compromiso de piezas dentarias, hematoma en región superciliar derecha, hematomas en ambas piernas y hematoma en región lumbar izquierda" (la cursiva me pertenece) .
A continuación, analizó la declaración brindada por Mirta Noemí Medrano -esposa de la víctima-, quien dio detalles sobre el estado de salud en el que halló a su marido al llegar a la unidad penitenciaria, relatando todo aquello que él le había contado sobre lo ocurrido: los golpes recibidos y los dolores que padecía a consecuencia de ello. A la vez, también hizo un racconto de la vida de su marido Ferraro luego de salir de la cárcel hasta su posterior fallecimiento, el 18 de agosto de 2009.
Seguidamente, se ocupó de la declaración prestada por el médico Juan Manuel De Rosa, quien testificó sobre las lesiones que había observado en la víctima, a las que calificó de leves. Sumó también los dichos vertidos por I. F., hijo de la víctima, el cual depuso sobre lo ocurrido con su padre en la unidad carcelaria, los golpes recibidos en la cara, cabeza y boca, puntualizando que debía recibir la comida por medio de un sorbete ya que tenía la boca "partida". Finalmente, se ocupó de la declaración incorporada por lectura de la víctima, Eduardo Alfredo Ferraro.
En definitiva, el tribunal del juicio halló que esos eran elementos suficientes como para tener por acreditado el hecho materia de acusación y la autoría responsable de Simón Francisco Ferreyra.
III.2. En el recurso de casación, la defensa particular volvió a reclamar la extinción de la acción penal por prescripción, el exceso del plazo razonable del proceso, la violación al non bis in ídem y la absolución de su pupilo por errónea valoración probatoria en la acreditación de los extremos de la imputación. De modo subsidiario, solicitó el cambio de calificación legal por el de vejaciones.
III.3. El tribunal intermedio abordó el recurso deducido y lo descartó, confirmando en su totalidad la sentencia de condena.
III.3.a. En primer lugar, se ocupó del plazo razonable de duración del proceso, sosteniendo que en nuestro ordenamiento jurídico no aparecía como una causal de extinción de la acción penal. Adujo que el presente caso se trataba de una decisión pronunciada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, recurrida ante ese Tribunal (causa n° 48.777) y posteriormente ante la Suprema Corte de Justicia. Recordó que en esa oportunidad se dispuso el reenvío que motivó el posterior juicio y condena. Se refirió a lo normado por los arts. 59, 62 y 67 del Código Penal y destacó que la prescripción de la acción penal tiene fundamento en razones de utilidad pública, y a ese fin la ley dispone que el transcurso de determinados plazos legalmente previstos, extinguen la acción penal. Sentado ello, aclaró que en este caso no había operado la prescripción, así como tampoco se había dado alguno de los restantes supuestos contemplados en el art. 59 del Código Penal.
Sobre el punto, concluyó que el planteo carecía de fundamentación debido a que el recurrente hacía pie en el transcurso lineal del tiempo entre el hecho y el pronunciamiento de anulación y reenvío, pero no precisaba sobre los demás actos procesales dictados, sin advertirse que, a partir de la información reunida en el legajo, hubieran operado los plazos de prescripción de la acción penal. Asimismo, afirmó que la sola mención del tiempo transcurrido y la dogmática aseveración de que el mismo resultaba irrazonable, no era suficiente para tener por afectada la garantía constitucional a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Destacó, además, que tampoco había demostrado cuál habría sido la afectación provocada por la excesiva duración del procedimiento en perjuicio de su defendido, quien estuvo durante todo el transcurso del proceso en libertad.
III.3.b. A continuación, el órgano revisor desechó la alegada violación a la garantía del ne bis in idem trayendo a colación el voto emitido en el marco de una causa propia (la n° 65.793 caratulada "Toledo, Cristian Leonel s/ recurso de casación interpuesto por el agente fiscal"), y haciendo hincapié en la regulación limitada en la normativa procesal (art. 452 inc. 1, CPP), concluyendo en que no aparecía inadecuado, que una decisión absolutoria como la dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, pudiera ser recurrida. También refirió que mientras no pasara en autoridad de cosa juzgada, la revocación de un pronunciamiento y su reedición no era contrario al ne bis in idem , por no tratarse de un nuevo proceso o juicio contra el imputado finalizado el anterior, sino de la restauración de una etapa (debate) dentro del mismo proceso.
Finalizó señalando la disímil interpretación que surgía de los arts. 8.4. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14.7. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto a lo alegado por la defensa, sintetizando en que la prohibición del ne bis in idem según los pactos no implica excluir el recurso de la acusación contra una absolución; desechando igualmente la existencia de una cuestión federal eficaz y procedente.
III.3.c. Seguidamente, luego de una reseña de la materialidad ilícita acreditada, abordó y descartó el planteo de la defensa sobre la valoración probatoria.
En cuanto a la incorporación por lectura de la declaración de la víctima, sostuvo que era un supuesto excepcional contemplado por el art. 366, párrafo cuarto, del Código Procesal Penal; y que la cuestión ya había sido debidamente sustanciada en el debate y correctamente rechazada por el tribunal de la instancia, sin que la defensa hubiera controvertido los fundamentos.
Afirmó además que la sentencia de condena no se había apoyado únicamente en la testifical de la víctima, sino también tomaba en cuenta prueba indirecta, conformada por las declaraciones de su esposa e hijo, los dictámenes médicos que constataron las lesiones sufridas y los dichos del médico de la unidad penitenciaria donde ocurrió el hecho, el doctor Juan Manuel De Rosa.
Destacó que en el caso no se había demostrado el gravamen ocasionado por la inobservancia formal que se denunciaba. En resumidas cuentas, para el tribunal casatorio, el impugnante debía haber demostrado qué facultades se vio impedido de ejercer y cómo dicha imposibilidad generó, a la vez, un perjuicio al imputado. En tal sentido advirtió que la pericia médica practicada a Ferraro y cuestionada por la defensa, no había sido oportunamente objetada, ya que del acta de debate surgía que la misma había sido incorporada por lectura con la anuencia de la defensa de conformidad con el art. 366 del Código Procesal Penal, de modo que el cuestionamiento en el recurso, era tardío.
En cuanto a la justificación de la materialidad ilícita y la autoría responsable, señaló que tuvo apoyatura en una valoración integral y armónica de las pruebas testificales y periciales producidas, así como la indiciaria de ellas derivada, cumpliendo en el caso con las exigencias legales de los arts. 210 y 373 del Código procesal. Consideró que en el caso no se comprobó un quiebre lógico ni absurdo en los razonamientos contenidos en la sentencia que pudieran descalificarla como arbitraria, y que la conclusión era una derivación lógica y razonada de las pruebas recibidas, las cuales permitieron probar que el imputado Simón Francisco Ferreyra en su rol de Jefe de la Unidad Penitenciaria n° 23 de Florencio Varela, ordenó que el interno Eduardo Alfredo Ferraro Domínguez fuera trasladado a su despacho donde, encontrándose a solas, le aplicó múltiples golpes de puño en la cabeza y con palos de madera en la espalda por un lapso aproximado de quince minutos. Que como consecuencia de la golpiza Ferraro sufrió lesiones varias en la cabeza y la boca y determinó una crisis asmática por la que debió ser hospitalizado.
Indicó que la valoración conjunta de los tres testimonios prestados en el juicio -de Mirta Noemí Riego Medrano, I. F. (esposa e hijo de la víctima), y Juan Manuel De Rosa (médico del Penal que evaluó a Ferraro el día del hecho)-, en concordancia con la declaración prestada por Ferraro en sede instructora e incorporada por lectura (en virtud de su fallecimiento previo al momento del juicio), con más el examen médico practicado por el doctor Raúl Gustavo Alonso -perito médico de la Asesoría Pericial-, justificaron, conforme los estándares legales, los extremos de la imputación.
A continuación, analizó -en particular- la declaración brindada por Mirta Noemí Riego Medrano quien dijo que en el año 2001 su marido se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria n° 23 de Florencio Varela. Que la noche del hecho recibió un llamado en el que le requerían la presencia urgente de la familia dado que lo habían golpeado o apuñalado -no recordaba-. Dijo que al día siguiente pudo ver a su marido con "toda la cara desfigurada, no podía hablar [...] tenía toda la boca reventada".
Su esposo le contó que el jefe del penal le había dado una golpiza porque había tenido problemas con otro interno, explicando que a raíz de ello estuvo muy mal, con dolores intensos en su boca y cabeza. Señaló que buscó al jefe del penal, el señor Ferreyra, y le recriminó por haberle pegado a su marido, a lo que este le contestó que "se había portado mal".
Se valoró también que durante el debate se practicó un careo con el imputado, en el que la testigo precisó que "...su cara con el uniforme la tengo grabada, como la de mi marido, yo estuve delante de usted y lo increpé".
El Tribunal de Casación valoró esa declaración como veraz y consideró que de los propios dichos de Medrano se desprendía su sinceridad cuando afirmó que no entendía para qué se hacía este juicio si su marido ya había muerto, siendo ello una pauta de inestimable valor para apreciar la objetividad de sus dichos, los que fueron refrendados por otras versiones.
Indicó que la información de Medrano resultó coincidente con la aportada por su hijo I. F., quien también concurrió aquel día con su madre al penal y explicó -en sintonía con su progenitora- que su padre había tenido problemas con el jefe del penal a raíz de un conflicto con otro interno "protegido" de Ferreyra.
Por su parte, el doctor Juan Manuel De Rosa -médico del Servicio Penitenciario Bonaerense- declaró que Ferraro estaba en situación de alojamiento en Sanidad porque ayudaba con la limpieza y era asmático severo. Recordó que el día del hecho lo llamó el jefe del penal porque el interno Ferraro "se había descompuesto, tenía un ataque de asma y sangre en la cara, el cuerpo y el cuero cabelludo". Consecuentemente, lo atendió y como no respondía, lo trasladó al hospital Evita Pueblo de Florencio Varela. En el certificado médico provisorio efectuado se constató: "...lesión contuso cortante en zona occipital izquierda, hematoma en brazo derecho, tumefacción en maxilar superior derecho, tumefacción del labio superior e inferior con compromiso de mucosa, lesión alvéolo dentaria superior, hematoma superciliar derecho, hematoma en ambas piernas, hematoma en región lumbar izquierda".
El testigo también explicó que había tenido una discusión tensa con el jefe del penal -Ferreyra- porque este quería alojar a Ferraro en un pabellón de población, criterio que el médico no aprobaba debido al cuadro de asma qu
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