Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136648
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se casa la sentencia impugnada y se devuelven los autos al Tribunal de Casación Penal para que, con intervención de jueces habilitados, dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.648, "María Laura E. D'Gregorio -Fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.595 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de abril de 2021, revocó el auto que había aprobado el cómputo de pena efectuado respecto de Mauricio Nicolás Martínez, según el cual la pena de prisión perpetua con accesorias legales y costas impuesta al nombrado en el marco de la causa 22.798, debía vencer el 6 de octubre de 2066 y que los efectos registrales caducarían el 6 de octubre de 2076. En consecuencia, por mayoría, estableció que la pena de prisión perpetua vencería a los cuarenta años de su efectivo cumplimiento, y que teniendo en cuenta que el nombrado se hallaba detenido de manera ininterrumpida desde el 7 de octubre de 2016, ello ocurriría el 6 de octubre de 2056 caducando el 6 de octubre de 2066 (conf. arts. 13 y 16, Cód. Penal y 500, CPP).
Frente a lo así resuelto, el señor Fiscal General Adjunto departamental interpuso recurso de casación, el que fue rechazado -por inadmisible- el 18 de noviembre de 2021 por la Sala II del Tribunal de Casación Penal.
Contra esa decisión, la señora fiscal interina ante dicho tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado admisible por el órgano recurrido en orden a las cuestiones federales planteadas (v. copias digitales).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora fiscal interina ante el tribunal a quo denuncia que el Tribunal de Casación incurrió en arbitrariedad por fundamentación aparente para sustentar su decisión de declarar inadmisible el recurso de casación deducido por esa parte, ello mediante la arbitraria interpretación de los arts. 448, 450 y 452 del Código Procesal Penal, con la consecuente afectación del debido proceso y la correcta administración de justicia (art. 31, Const. nac.).
Alega que el órgano revisor "...ha incurrido en una interpretación descontextualizada e irrazonable del art. 452 de la ley 11.922, desnaturalizando todo el sistema recursivo que regula el código de rito en relación a la legitimidad impugnativa del Ministerio Público Fiscal en procura del resguardo de la legalidad del proceso..." pues esa parte ya había denunciado ante el mismo órgano "...la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva [...] uno de los supuestos expresamente previstos en el inc. 1 del art. 448 del CPP...".
Recuerda que la Corte nacional ha sostenido que una correcta exégesis de las normas requiere atender a su letra sin alterar su espíritu ni el sistema de normas considerado en su conjunto.
Destaca que en el recurso de casación fueron planteadas con suficiencia y carga técnica cuestiones que hacen a la competencia propia de esta Suprema Corte, cual es la inobservancia o errónea interpretación de la normativa de fondo aplicable al caso (arts. 494, CPP; 13 y 16, Cód. Penal).
Siguiendo doctrina de autor efectúa diversas consideraciones generales en torno a la función revisora de la instancia intermedia e invoca un pronunciamiento de esta Suprema Corte en el que resultó admitido un recurso de esa fiscalía que, en el marco de un cómputo de pena, había planteado la errónea aplicación de una ley sustantiva.
Afirma que el Ministerio Público Fiscal es titular de un interés legítimo frente al auto que reduce el plazo de agotamiento de la pena de prisión perpetua, el que es derivado del ejercicio de la acción penal y de la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y la persecución del delito (art. 18, Const. nac.).
En segundo término, tilda de arbitrario el fundamento del a quo por el que considera que la legitimación recursiva del fiscal tampoco encuadra en el presupuesto objetivo del art. 452 inc. 2 del Código de forma "...cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida".
En tal sentido, advierte que el órgano revisor utiliza la limitación a la potestad recursiva de esa parte aplicable a la impugnación de la sentencia de condena "...para un supuesto que no se condice con aquél, cual es el de la fijación de la duración de la pena perpetua en un momento procesal ulterior, correspondiente a la etapa de ejecución, el cómputo de pena respectivo".
Para concluir, destaca que de haberse respetado el debido proceso legal se habría reconocido la legitimación recursiva de esa parte y abordado los agravios vinculados a la errónea aplicación de la ley sustantiva por parte de la Cámara de Apelación y Garantías, con la consecuente revocación del auto que efectuó un nuevo cómputo de pena inobservando e interpretando arbitrariamente el derecho aplicable al caso.
II. Como lo aconseja la Procuración General, el recurso procede.
Inicialmente, corresponde aclarar que si bien los embates sobre cuestiones de índole procesal, como los dirigidos a impugnar el tratamiento dado, por ejemplo, a los arts. 448, 450 y 452 del Código ritual, resultan ajenos por regla a la competencia de esta Corte (conf. causas P. 78.944, sent. de 14-X-2009; P. 113.200, resol. de 12-XII-2012; P. 113.024, resol. de 10-VII-2013; P. 114.309, resol. de 14-VIII-2013; P. 114.326, resol. de 28-VIII-2013; P. 115.084, resol. de 4-IX-2013; P. 116.223, resol. de 25-IX-2013; P. 117.484, resol. de 9-X-2013; P. 119.173, resol. de 20-XI-2013; P. 118.688, resol. de 4-XII-2013; P. 118.896, resol. de 7-V-2014; e.o.), lo cierto es que fue admitido a partir de su enlace con cuestiones de índole federal, lo que permite su abordaje como excepción en esta Sede -conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478); entre otros-.
En dicho marco, le asiste razón a la recurrente pues, más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctr. Fallos: 299:17; 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), lo que no se aprecia en el sub examine .
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, haré una breve reseña de lo acontecido en autos.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón aprueba el cómputo de pena practicado, estableciendo -en lo que aquí interesa- que la pena de prisión perpetua con accesorias legales y costas impuesta a Mauricio Nicolás Martínez vencerá el 6 de octubre de 2066 y que los efectos registrales caducarán el 6 de octubre de 2076.
Recurrido dicho pronunciamiento por la defensa oficial del nombrado, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, revoca el auto mencionado y -como se indicó en los antecedentes de la presente- establece que su vencimiento operará el 6 de octubre de 2056 y su caducidad el 6 de octubre de 2066 (arts. 13 y 16, Cód. Penal y 500, CPP).
III.2. Frente a esa decisión, el doctor Alejandro Varela, Fiscal General Adjunto del Departamento Judicial de Morón, interpone recurso de casación.
En punto a su procedencia formal, invoca los arts. 448 inc. 1, 450 y 452 inc. 4 del Código Procesal Penal, en cuanto denuncia la inobservancia o errónea aplicación de los arts. 13 -según ley 25.892- y 16 del Código Penal.
En lo medular, aduce que de un entendimiento armónico de dichas normas sustantivas emana que el límite temporal de la pena de prisión perpetua impuesta a Martínez se encontrará al cumplimiento de cuarenta y cinco años de su encierro, y no a los cuarenta años establecidos por el pronunciamiento de la Cámara.
III.3. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 18 de noviembre de 2021 rechaza -por inadmisible- la impugnación.
Para así decidir, luego de señalar que el Código de forma adopta un criterio taxativo a los efectos de los requisitos de impugnabilidad subjetiva (conf. art. 421, CPP), expresa que, en el caso, el fiscal carece de la pretendida habilitación para cuestionar por la vía de casación la decisión impugnada, pues "...el art. 452 del Código Procesal Penal no contiene este supuesto en ninguna de sus previsiones".
Con apoyo en diversos precedentes de esa Sala, añade: "...sin que pueda interpretarse del inciso 4° de la mentada norma, una hipótesis habilitadora distinta que no traiga aparejada una clara contradicción con el marco normativo en el que aquella se inserta. Ello desde que, de otro modo, la disposición de referencia derogaría a las prescripciones de los apartados anteriores, lo cual resulta incompatible con el principio de que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto". Explica que tal inciso consagra "...una referencia genérica a la vía casatoria, subrayando en los incisos anteriores, cuáles son los casos que pueden ser recurribles para el Ministerio Público Fiscal, sin que pueda [...] interpretarse aquel como una llave que amplía el catálogo de casos en que el recurso de casación es formalmente viable para el Fiscal".
Por otra parte, dice que tampoco se presenta el presupuesto objetivo al que alude el art. 452 inc. 2 del mismo plexo legal "...toda vez que el Ministerio Público Fiscal viene cuestionando la revisión de un cómputo que estableció el vencimiento y la caducidad de la sanción de prisión perpetua que se le impusiera a Martínez en cuarenta años, siendo que había requerido cuarenta y cinco años de encierro efectivo...".
Estima que la resolución resulte equiparable a definitiva no basta para tornar admisible el recurso de casación, desde que no permite eludir la ausencia de los restantes requisitos formales.
Por lo demás, descarta que el trámite impugnativo pudiera llegar a ceder excepcionalmente en este caso, pues "...ni siquiera vienen mencionadas (y mucho menos probadas) afectaciones a garantías constitucionales o compromiso de cuestión federal alguna".
Concluye, en definitiva, que la situación no encuadraba en ninguna de las previsiones de los arts. 450 y 452 del Código ritual, ni se advertían motivos que permitieran sortear los límites impuestos en la ley adjetiva.
Ante ello, la representante del Ministerio Público Fiscal -doctora María Laura D'Gregorio- interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio.
IV. Ahora bien, estimo que asiste razón a la impugnante en cuanto tacha de arbitraria la inteligencia y alcance asignado en sede casatoria al citado art. 452 inc. 4 -con relación al art. 448 inc. 1- del Código Procesal Penal, pues la interpretación dada a dicho precepto no puede -en el caso- ser refrendada.
Cabe recordar que la Corte nacional tiene dicho que "...para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484)".
Bajo tal premisa, no parece razonable desconocer por vía interpretativa que la legitimación recursiva del fiscal que establece el art. 452 del Código Procesal Penal no encuentre apoyo, para el caso, en el inc. 4 del mismo, so pretexto de que éste consagra una "...referencia genérica a la vía casatoria" -para los supuestos de los arts. 448 y 449-, que se aparta del marco normativo en el que ella se inserta, pues en los incisos anteriores se regulan casos específicos.
Tal como alega la parte, es por la naturaleza de los agravios -errónea interpretación de la normativa de fondo aplicable al caso (arts. 13 y 16, Cód. Penal)- que se imponía su tratamiento por parte del Tribunal de Casación, como único modo de que la cuestión pudiera ser luego sometida a conocimiento y decisión final de esta Suprema Corte.
De ese modo, el tribunal intermedio otorgó un alcance restrictivo a la hipótesis prevista en el art. 452 inc. 4 -con relación al art. 448 inc. 1- del Código Procesal Penal, al soslayar su necesaria intervención para atender las cuestiones vinculadas con la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal (arts. 13 -según ley 25.892- y 16, Cód. Penal) formuladas en el recurso de la especialidad presentado ante su instancia, como órgano intermedio previo a esta Corte, a fin de habilitar -si correspondiere- su competencia en el carácter de superior tribunal de la causa para el tratamiento de aquellos planteos si no hubieren hallado reparación ante su sede (conf. doctr. "Strada", "Di Mascio", antes citados y P. 109.270, resol. de 18-VIII-2010 y su prole).
En lo concerniente al señalado incumplimiento del presupuesto objetivo del inc. 2 de la norma en trato, estimo que acierta la fiscalía, pues la letra de tal norma limita la potestad recursiva del fiscal " De la sentencia condenatoria , cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida" -el destacado me pertenece-, cuando en el caso, la vía recursiva del fiscal no se dirige a cuestionar la sentencia condenatoria, sino la decisión que fija la duración de la pena perpetua impuesta a Martínez que se corresponde con un momento procesal ulterior.
V. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, dejándose sin efecto el pronunciamiento puesto en crisis y devolver los autos a efectos de que se dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se casa la sentencia impugnada y se devuelven los autos al Tribunal de Casación Penal para que, con intervención de jueces habilitados, dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/02/2024 10:06:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2024 11:36:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2024 13:07:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 11:54:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 12:14:31 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/03/2024 13:12:09 hs. bajo el número RS-14-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia