Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136737
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de A. I. G., con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.737, "G., I. A. s/recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 98.018 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de I. A. G. y confirmó el pronunciamiento del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que había condenado al nombrado a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con acceso carnal agravados por haber sido cometido contra una menor de trece años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente (v. Sala II del Tribunal de Casación Penal, sent. de 16-IX-2020).
Contra lo así decidido, la señora defensora oficial, doctora Ana Julia Biasotti, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado parcialmente admisible mediante resolución de fecha 22 de mayo de 2022, sin que se haya articulado queja por el tramo denegado.
Oído el señor Procurador General (v. resolución de fecha 15-II-2023), dictada la providencia de autos (16-II-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo :
I. Dado el alcance de la resolución de admisibilidad, solo corresponde analizar el planteo por el cual fue admitido el recurso extraordinario, esto es, la errónea aplicación de la ley sustantiva -y no la forma en que dicha denuncia fue revisada-. Con esos lindes serán abordados los agravios.
II. La recurrente denunció la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal. Sostuvo que los hechos imputados a G. son dependientes tanto en el plano objetivo como en el subjetivo -existiendo unidad de designio o de resolución criminal y unidad de lesión del bien jurídico tutelado-, por lo que, a su entender, las agresiones sexuales atribuidas a su asistido configuraron una conducta única -delito continuado-, que excluye la aplicación del concurso de delitos.
Agregó que, tratándose de un delito continuo, las hipótesis más leves del art. 119 del Código Penal deben ser desplazadas por las de mayor gravedad, por lo cual corresponde excluir la calificación legal del segundo párrafo del mencionado art. 119.
En definitiva, solicitó que se case el fallo impugnado y se califiquen los sucesos como abuso sexual en calidad de delito continuado.
III. Coincido con el rechazo del recurso que propicia el dictamen de la Procuración General.
IV.1. Las instancias anteriores tuvieron por acreditado que "...entre febrero de 2015 al 20 de agosto de 2017 fecha ésta última en que la menor [R.F.T.G.] contaba con nueve (9) años de edad, fue abusada en reiteradas oportunidades por el aquí imputado I. A. G.; hechos que por las características de su realización y duración en el tiempo constituyeron un sometimiento gravemente ultrajante para la menor, y que el imputado -concubino de la progenitora de la menor- se aprovechó de esa circunstancia y obligó a la niña a mantener sexo oral en reiteradas ocasiones como así también que la accedió en por los menos dos oportunidades carnalmente vía anal. Hechos que sucedieron en las viviendas sitas en la calle … … y … …, de Pilar" (Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, veredicto de fecha 30-IV-2019, cuestión primera, voto de la jueza doctora Coelho).
IV.2. Al interponer el recurso de casación, la defensa denunció, en lo que aquí interesa, la errónea aplicación del art. 55 del Código penal -sin realizar ningún tipo de desarrollo de dicho agravio y limitándose a cuestionar la aplicación del concurso material-; y solicitó la absolución de G. y, subsidiariamente, el cambio de calificación legal por la de abuso sexual (sin acceso carnal) de una menor de edad, con la consiguiente reducción de la pena.
IV.3. En oportunidad de presentar el memorial del art. 458 del Código Procesal Penal, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal cuestionó la calificación legal aplicada al caso. Expresó que no se había configurado un concurso de hechos independientes entre sí, sino que la conducta juzgada constituía un delito continuado.
Refirió que, tanto desde el plano objetivo como subjetivo, se podía advertir la dependencia que caracteriza el instituto reclamado, en cuanto a la unidad de designio o resolución criminal y la unidad de lesión (la integridad sexual de la víctima), por lo que solicitó, por razones de especialidad y consunción, se adecúe la calificación y, en consecuencia, el monto de pena a imponer.
IV.4. El órgano revisor, también en lo que interesa destacar, rechazó la pretensión de la defensa sobre la inexistencia de hechos plurales.
Para ello, expresó que "...además de emerger del relato de la niña y de lo expuesto por los peritos en orden a la traumatización y vergüenza de la niña, la referencia a que fueron más de uno los acometimientos y sus distintas modalidades, todo ello permite estar en el caso, por la pluralidad de hechos independientes y, entonces, por configurado un concurso real".
Agregó que no era un obstáculo que no hubiera precisión sobre la reiteración, toda vez que "...es inherente a la comisión de este tipo de ilícitos en cuanto se prolonguen en el tiempo y respecto -como en este caso- de una niña, quien por su propia edad se encuentra imposibilitada de brindar información reclamada con el carácter pretendido".
V. Conforme lo antes reseñado, se advierte que el recurrente insiste en su pretensión, pero sin respaldo en una crítica idónea para controvertir los fundamentos por los cuales el Tribunal de Casación confirmó que los hechos juzgados en estos autos configuran un concurso real y no un delito continuado.
En rigor, frente a lo sostenido en las instancias anteriores acerca de que cada uno de los hechos, con su diferente modalidad de acción, constituyó una infracción independiente, la defensa se limitó a exponer una opinión discrepante con la línea argumental desplegada por el juzgador, circunstancia que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril instado (cfr. doctr. causas P. 134.254, sent. de 18-VIII-2022; P. 134.484, sent. de 30-VI-2022; e.o.).
Solo cabría agregar que esta Corte tiene dicho en diversos precedentes que se deben extremar los recaudos al momento de aplicar la teoría del delito continuado, pues su aplicación inadecuada puede llevar a soluciones inadmisibles dentro de un estado de derecho, en particular, cuando se trata de delitos contra la integridad sexual (conf. causas P. 121.641, sent. de 31-VIII-2016; P. 129.377, sent. de 12-XII-2018; P. 133.916, sent. de 18-VIII-2022; P. 135.817, sent. 24-X-2023; e.o.).
Por los fundamentos expuestos, no ha sido demostrada la errónea aplicación al caso del derecho sustantivo invocado (art. 55, Cód. Penal), ni la violación de la doctrina legal referida a este.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de A. I. G., con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2024 11:28:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 19:52:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2024 11:58:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:01:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:35:38 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/03/2024 12:16:37 hs. bajo el número RS-36-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia