Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137309
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de L. M. W. A., con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.309, "W. A., L. M. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 117.752 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de julio de 2022, rechazó el recurso interpuesto por la señora defensora oficial de L. M. W. A. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes que -en lo que interesa destacar- condenó al nombrado a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por haber configurado -por su duración y circunstancias de comisión- un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima y por su perpetración por el encargado de la guarda, contra una persona menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por su comisión contra una persona menor de trece años de edad, por ser su perpetrador el encargado de la guarda y persona conviviente (v. sent. de 7-VII-2022).
Contra ese pronunciamiento, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido parcialmente por el tribunal intermedio (v. resol. de 18-VIII-2022).
Conforme surge del informe digital de fecha 26-IX-2022, la defensa no dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 22-III-2023), dictada la providencia de autos (v. actuación digital de 23-III-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Conforme el juicio de admisibilidad llevado a cabo por el Tribunal de Casación, de los planteos formulados por la defensa, únicamente el vinculado con la aplicación de la norma penal ameritó la concesión del recurso; y esa decisión, según quedó indicado en la reseña de antecedentes, llegó firme a esta Sede por falta de impugnación a su respecto. Con ese alcance serán abordados los agravios.
I.2. El recurrente denunció la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal.
En primer lugar, sostuvo que no se acreditó que el sentido naturalmente sano de la sexualidad de la víctima se hubiera visto afectado por la conducta achacada a su defendido. Refirió que en el caso no existió ningún informe pericial, ni ningún otro tipo de prueba que hubiere verificado la tipicidad objetiva en cuestión, es decir que la niña hubiese sido "depravada en su sexualidad".
Agregó que no surge indicio alguno de daño o perjuicio grave en la sexualidad de la joven, solo una conjetura del sentenciante.
Asimismo, atacó el encuadre legal pues -a su criterio- no se probó el aspecto subjetivo del delito de corrupción de menores, debido a que no se acreditó el dolo directo del autor, quien debía "...conocer y querer que la acción que ejecuta provoque o facilite el estado de corrupción -además del conocimiento de la menor edad reclamada por la figura básica o agravada- no bastando que el acto consumado sea potencialmente idóneo para producir la depravación sexual de la menor...".
Sostuvo que no hay elementos de juicio que indiquen que el imputado haya tenido en cuenta, más allá de satisfacer su propio deseo sexual, la posibilidad de que "...con ello pudiera generar una práctica prematura o depravada en la víctima, conclusión que va de la mano con la entidad objetiva de su conducta".
A su vez, afirmó que la interpretación normativa que realizó la Casación a fin de tener por abastecida la tipicidad subjetiva del delito vulneró el principio de máxima taxatividad legal e interpretativa, ya que "...al establecer la configuración del delito de corrupción interpreta automáticamente que los actos de abuso consumados contra la menor resultan potencialmente idóneos para facilitar la corrupción de la misma".
En este punto volvió a sostener la necesidad de acreditar el componente subjetivo del tipo penal, que consiste en la actitud finalista de la acción, guiada a desviar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima a través de prácticas aberrantes.
Objetó la afirmación de que el acusado "sabía claramente la naturaleza perversa y prematura" de las acciones que afectaron a la niña de siete años, por considerar que es una mera suposición del órgano revisor.
Según su entender, el cuadro probatorio que los sentenciantes invocaron solo da cuenta de actos que se adecuan típicamente a las conductas descriptas en el art. 119 del Código Penal.
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera.
III. Los tribunales intervinientes dieron por acreditados los siguientes acontecimientos: "...en fechas que no se ha podido determinar, pero entre mediados del año 2014 y el mes de noviembre de 2016, en el interior de la vivienda ubicada en la calle [...] del partido de General Rodríguez, la menor B.C.S. (nacida el 25/4/2007) fue abusada sexualmente por el concubino de su madre E. P. S., quien en las ocasiones en que ésta se ausentaba del domicilio, hallándose al cuidado de la menor y aprovechando la convivencia preexistente con la misma, en la habitación de la pareja de adultos, reiteradamente, previo desvestirla, le practicó cunnilingus en la vagina; le introdujo sus dedos de la mano -previo humedecerlos en su boca- en la vagina y ano; extraía el pene de entre las prendas de vestir, obligándola a que se lo toque, como también a que se siente (hallándose en bombacha) sobre sus piernas, efectuando movimientos que simulaban una relación sexual".
Juzgaron que los hechos así descriptos, por su duración y circunstancias de realización, configuraron un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Y agregaron: "Asimismo, con ello, el sujeto activo sometió a B. a actos sexuales prematuros, con aptitud suficiente para promover su corrupción, incentivando precozmente la sexualidad de la menor, con desvío del recto entendimiento y el normal desarrollo de su sexualidad".
El Tribunal de Casación Penal, al analizar los cuestionamientos de la defensa -de análogo tenor a los aquí traídos-, coincidió con su antecesor en que el hecho que fue transcripto -en lo que interesa destacar en el punto- encuadraba en el delito de corrupción de menores.
En ese orden, expuso el juzgador que "[c]omo bien afirma el maestro Soler, corromper significa depravar y recurriendo al bien jurídico, que es la honestidad sexual, afirma que tiene un sentido esencialmente psicológico y moral, de manera que es corruptora la acción que deja una huella mental profunda en el psiquismo de la víctima, torciendo el sentido natural, biológico y sano de la sexualidad. Pero afirma que se suele acentuar demasiado el aspecto moral, olvidando el aspecto puramente psíquico y fisiológico. Recurre para ello a Manzini, para sostener que 'la acción corruptora debe ser medida no ya con relación a un tipo perfecto de relación sexual monogámica y casta, sino con el tipo de pura relación sexual en el sentido biológico-natural. Por eso, la acción, para ser calificada de corruptora, debe tender a la alteración antinatural de las condiciones en que el acto sexual se realiza en sí mismo, ya sea por inculcarse en la víctima el hábito de prácticas puramente lujuriosas o depravadas, o por actuarse en forma prematura sobre una sexualidad aún no desarrollada' [...] (Soler, Sebastián; Derecho Penal Argentino, Tomo III; Tea Editora; Buenos Aires; pág. 330 y ss.)" (el destacado figura en el original).
El tribunal consideró que "...en el caso que nos ocupa, el encartado sabía claramente la naturaleza perversa y prematura de los actos sexuales practicados sobre una menor de siete años, que perfectamente eran idóneos para torcer el normal desarrollo de su sexualidad".
En ese sentido, el órgano casatorio resolvió que los a ctos abusivos a los que fue sometida la niña importaron "...un adelantamiento del conocimiento sobre cuestiones que -dada la falta de desarrollo suficiente de la personalidad y de [la] sexualidad- difícilmente pudieran ser procesadas correctamente y esto potencialmente produce de por sí solo un desvío en el recto entendimiento y desarrollo de la sexualidad [...] apartándola de las pautas sexuales de su edad, iniciando e incentivando precozmente a la niña en prácticas sexuales [...] que se extendieron cotidianamente por un lapso de más de dos años, sin poder soslayar el rol de 'jefe de familia' que ejercía el imputado, con la consecuente relación de autoridad y trascendencia de sus acciones en el aprendizaje de la menor".
Tras dar cuenta de la entidad de los actos perpetrados por el imputado, expresó que fueron reiterados, de una práctica libidinosa para sus apetencias, y que tuvieron por resultado la angustia de la víctima que los magistrados percibieron de visu y de auditu , y la posibilidad cierta de anomalías inherentes a su sexualidad.
Así, la Casación concluyó en la entidad corruptora de los sucesos a la vista de las particularidades del caso y el impacto comprobado en la psiquis de la damnificada.
IV. Frente a lo así decidido, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 125 del Código Penal, ya que, más allá de que el reclamo se enunció como de errónea aplicación de la ley sustantiva, el recurrente, en rigor, pretende cuestionar la prueba de los hechos a partir de los cuales se convalidó la calificación legal, y ello se encuentra por fuera del marco propio de conocimiento de esta Corte (art. 494, CPP y su doctr.).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conducir a una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad claramente invocados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, la regla determina que no corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 111.032, sent. de 10-VII-2013; P. 110.347, sent. de 23-XII-2013; P. 127.974, sent. de 21-II-2018; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 132.813, sent. de 13-IV-2021; e.o.).
En definitiva, los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el Tribunal de Casación, opuesto a su pretensión. Y, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-XI-2009; P. 102.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, cit.; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; P. 134.058, sent. 27-XII-2022; e.o.).
De cualquier forma, cabe destacar que lo resuelto por el tribunal intermedio es coincidente con la inveterada doctrina legal de esta Corte que, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que el art. 125 del Código Penal no tiene por núcleo de referencia a quien corrompiere, sino a quien "promoviere" o "facilitare" la corrupción, por lo cual el tipo no requiere que se produzca la concreta corrupción (causas P. 128.666, sent. de 20-III-2019; P. 132.773, sent. de 27-VIII-2020; P. 132.644, sent. de 1-XII-2020 y P. 134.873, sent. de 12-XI-2021).
Se trata de un delito que pretende reprimir esencialmente la comisión de actos de contenido sexual con aptitud suficiente para adelantar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima.
En lo que hace a las acciones típicas, "promover" significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo "procurando su logro", "mover", "llevar hacia delante". Por lo tanto, para que se perfeccione este supuesto no es necesario que se concrete la corrupción como resultado lesivo, sino que se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia delante) actos suficientemente idóneos tendientes a desviar el normal desarrollo psicosexual del sujeto pasivo.
Por su parte, "facilitar" significa crear las condiciones para que algo sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad".
Finalmente, en punto a las alegaciones de la parte vinculadas con la faz subjetiva del tipo, cabe traer a colación que esta Corte viene sosteniendo que la figura de corrupción de menores se trata de un delito doloso en el que el autor debe conocer la edad de la víctima y el contenido potencialmente corruptor de su conducta, así como también tener la voluntad de producir el acto idóneo para corromper (causas P. 132.773, cit. y P. 133.550, sent. de 9-XII-2020).
De la materialidad ilícita descripta se evidencia que los requisitos típicos enunciados se encuentran plenamente satisfechos en el caso, no solo por las características de los hechos y su reiteración, sino además por su precocidad (dada la corta edad de la niña) y por la especial relación que unía a la víctima con el imputado (pareja de su madre).
Por lo expuesto, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de L. M. W. A., con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2024 11:07:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2024 09:10:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 15:30:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 11:56:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 12:15:17 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/03/2024 13:23:35 hs. bajo el número RS-22-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia