Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137441
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.441, "Rubio, Roberto M. -Fiscal General del Departamento Judicial Trenque Lauquen-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 16.399/22 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, seguida a O., L. D.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres, Maidana, Carral.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el 29 de diciembre del año 2021, el Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen condenó a L. D. O. a la pena de un año y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple (art. 119, primer párrafo, Cód. Penal).
La defensa particular del nombrado interpuso un recurso de apelación contra esa condena, y la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante el pronunciamiento de 14 de julio de 2022, hizo lugar al recurso. En consecuencia, revocó el fallo impugnado y absolvió al nombrado por el delito mencionado.
Contra esa decisión el señor Fiscal General departamental, doctor Roberto Miguel Rubio, interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por el tribunal recurrido a los efectos de abordar la cuestión federal planteada -arbitrariedad-.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Fiscal General denunció la arbitrariedad del fallo de la Cámara por contradicción con la ley y autocontradicción o "absurdo" en los fundamentos que derivaron en la decisión absolutoria.
I.1. Alegó que el órgano revisor interpretó en forma dogmática y aparente los preceptos legales de los arts. 101, 102 ter, 366, sexto párrafo, y 209 y 210 del Código de Procedimiento Penal, en lo que hace a la incorporación por lectura del testimonio de una niña víctima de un delito contra su integridad sexual.
Sostuvo que, a partir de una errónea interpretación de la normativa citada, se excluyó una prueba importante -la declaración de la víctima prestada en sede de la fiscalía- lo que condujo a la absolución del acusado.
Adujo que con ello se afectó la lógica del razonamiento y el principio de convicciones razonadas, así como el derecho de la menor a ser oída y a dictar un fallo que contemple su palabra, integrada con el resto de datos producidos.
Agregó que el revisor también incurrió en arbitrariedad al avalar una pretensa lesión al derecho de defensa en juicio del imputado.
Afirmó que los hechos suscitados en el presente caso eran contrarios a la hipótesis del precedente "Benítez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que aquí compareció la declarante al juicio y estuvo a disposición de las partes.
Asimismo, le achacó al Tribunal de Alzada el haber incurrido en otro grave error en perjuicio de la parte acusadora al entender que el derecho de la defensa a preguntar estuvo limitado.
Concluyó en que se hizo una interpretación arbitraria de la norma del art. 366, sexto párrafo, que sorprendió a la fiscalía y que no se tuvo perspectiva de género al resolver los agravios toda vez que la víctima efectivamente compareció al debate, y respondió preguntas.
I.2.a. A continuación, enunció las críticas contra los fundamentos de la sentencia impugnada, comenzando por lo referido a la pertinencia de incorporar por lectura la declaración de la víctima.
Tras realizar una transcripción parcial de lo resuelto sobre el punto, afirmó que se dieron varios errores en torno al art. 366, sexto párrafo, del Código de rito. Expresó que la declaración de la menor reunía los requisitos que permitían su incorporación por lectura, tal como lo resolvió el juez de primera instancia; y que la ausencia de recaudos procesales que antepuso el Tribunal de Alzada para invalidar su incorporación, eran -en verdad- conclusiones derivadas de una errónea interpretación de la normativa.
Afirmó que surgía claro y sin ambages que las declaraciones de niños, niñas y adolescentes se pueden incorporar por su lectura y utilizarse para fundar la condena, como una expresa y deliberada excepción al principio general, disponiendo de dos formas diversas, conforme lo regulan los arts. 102 bis y ter del Código Procesal Penal.
Agregó que, aun cuando la defensa no haya podido controlar o preguntar, la indefensión no se verificó en el caso puesto que la defensa contó con una adecuada oportunidad para hacer preguntas, que se produjo cuando la víctima concurrió a declarar personalmente al debate.
Señaló que otro de los errores de la Cámara consistió en entender que la declaración del art. 102 ter, debe elaborarse como un anticipo extraordinario que garantice la intervención y control de la defensa, cuando ello no surge de esa norma pues se regulan dos casos distinguibles (nuevamente con invocación de los arts. 102 bis y ter, CPP).
Tras analizar los requisitos que establecen dichas normas como así también el adelanto extraordinario de prueba (art. 274, CPP), individualizó los casos que podrían presentarse, y concluyó -en definitiva- en que la postura del juez correccional, era la correcta.
I.2.b. Luego se abocó a la cuestión referida a la afectación del derecho de defensa en juicio.
En esa senda, negó la violación o lesión de tal derecho a partir de destacar la presencia de la víctima en el juicio oral, que calificó como la oportunidad adecuada de control de la prueba de cargo.
Destacó que nunca se le objetó a esa parte el derecho a preguntar, ni la oportunidad de hacerlo, toda vez que la menor declaró, y se le pudieron formular preguntas. Trajo a colación otros extractos del fallo de primera instancia -que también transcribió-.
I.3. Por último, a título de conclusiones, desarrolló algunas otras menciones del pronunciamiento impugnado que sumó al agravio.
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento.
III. Estimo que el recurso presenta particulares deficiencias que impiden la procedencia de la pretensión (art. 495, CPP).
III.1. Para explicarlo comenzaré por indicar que el juez de primera instancia, tras la realización de la jornada de debate, tuvo por probado el hecho que le reprochó la acusación al imputado y que describió del siguiente modo: "En fecha no precisa durante los años 2012 y 2013, en oportunidad que la menor M. C., se quedó a dormir en la casa de su tía L. C., ubicada en [...] de Trenque Lauquen, donde dormía en la misma habitación con sus primos R.S. y J.S. y L. D. O.. En dichas circunstancias, una noche no determinada, cuando la niña dormía en la cama, L. D. O. se acostó detrás de ella y la abusó sexualmente tocándole los senos por debajo de la ropa y la vagina por debajo del pantalón pero por encima de la bombacha, mientras apoyaba su pene sobre la cola de la niña y hacía movimientos sobre ésta. Luego de algunos minutos, se detuvo y salió de la cama" .
El sentenciante de grado encontró a L. D. O. autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple (art. 119, primer párrafo, Cód. Penal) y lo condenó a la pena de un año y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento.
En lo que interesa destacar, consideró como prueba directa de la materialidad ilícita a la declaración que la menor M. realizó en la sede de la fiscalía el 22 de julio de 2020, testimonio que si bien consideró "...reiterado en el juicio", manifestó que, durante el debate, cuando M. tenía que explicar cómo había sido el acto abusivo, comenzó a llorar y tras un silencio prolongado, el representante de la acusación le preguntó si era cierto lo que le había contado en la fiscalía, a lo que contestó que todo lo que había dicho era la verdad.
De seguido, transcribió entonces la declaración escrita incorporada por lectura.
En cuanto a la oposición de la defensa a que dicha declaración escrita se incorporase al juicio -objeción formulada en la etapa preliminar al juicio-, la rechazó por estimar que se trataba de un acto contemplado en el art. 102 ter del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de que el fiscal no hubiera consignado expresamente esa norma en el acta, pues su contenido se adecuaba a dicha previsión procesal dada la edad de la víctima, y el aval de la licenciada Ana Bettina Rudoni, quien previamente había evaluado psicológicamente a la menor, dictaminando que se encontraba en condiciones de prestar declaración testimonial.
Por otra parte, negó la vulneración a algún derecho del imputado a partir del ingreso directo de esa declaración testimonial al juicio, en los términos del art. 366, sexto párrafo, del Código Procesal Penal, al razonar que la defensa había tenido posibilidad de interrogar ampliamente a la menor, sin impedimento para el confronte de esa prueba.
Argumentó que desecharla hubiera implicado desconocer el derecho de la niña a ser oída por las autoridades, y que su opinión fuera tenida en cuenta, anteponiendo el derecho de defensa del imputado por sobre el interés superior del niño.
Concluyó que si bien la víctima no relató el acto abusivo en el juicio -ni la fiscalía le pidió que lo hiciera-, de todos modos, era innecesario en razón de que lo había hecho en la declaración previa prestada en la fiscalía, reiterando la prioridad del interés superior del niño. Agregó que M. aseguró que lo dicho en la anterior oportunidad "...era la verdad de lo que había pasado", sin contradecirse o retractarse.
III.2. Ante el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular de O., la Cámara de Apelación y Garantías -con el voto inicial del doctor Gini, que concitó la adhesión simple del doctor Paita- absolvió al acusado.
Respecto a la incorporación por lectura de la declaración de la menor M., prestada en la sede de la fiscalía con fecha 22 de julio del año 2020 pese a la oposición de la defensa, la Cámara sostuvo que el juez de la instancia, resolvió incorrectamente dicha incidencia.
Explicó que -en el marco del art. 338 del Código Procesal Penal- la fiscalía había solicitado la incorporación por lectura de aquel testimonio, argumentando que se encontraba al amparo del art. 102 bis, mientras que, por su parte, la defensa se oponía a ello al entender que no estaban dados los requisitos exigidos por esa norma para habilitar tal petición.
Afirmó el revisor que el juez de la instancia había incurrido en un error al considerar que la declaración de la menor efectivamente había sido prestada en los términos del art. 102 bis citado. Refirió que el magistrado, a pesar de que la defensa expresamente -mediante un planteo de revocatoria- insistió en que no se trataba de un supuesto de ese tenor, mantuvo su decisión argumentando que, aun cuando no hubiere sido prestada en Cámara Gesell, la propia norma del art. 366 del Código Procesal Penal permitía que las declaraciones testimoniales de niñas, niños y adolescentes, podían incorporarse, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exigieran la comparecencia del o de la declarante, cuando fuera posible.
El revisor explicó que esta respuesta no era correcta ya que, si bien para el caso de menores de dieciséis años, el art. 102 bis citado, regula una serie de medidas y un modo específico de instrumentar el testimonio (Cámara Gesell) -que, teniendo a la vista el acta de la declaración respectiva (v. fs. 11/12) no se habían cumplido en el caso-, M., al momento de declarar, ya había cumplido dieciséis años. Por ende, no habría de todos modos correspondido recibir su testimonio en una sala acondicionada y bajo los parámetros exigidos por dicha norma. Por lo demás, dado que al momento de presentarse al juicio, contaba ya con diecisiete años, la exigencia legal había quedado reducida al informe favorable al que hace referencia el art. 102 ter del Código Procesal Penal.
Destacó entonces que, bajo ese marco (diecisiete años y dictamen favorable del especialista que avaló su declaración en juicio) los fundamentos normativos enunciados por el juez de la instancia para incorporar la declaración escrita por su lectura, no eran válidos.
Razonó que ni el imputado ni su asistente técnico habían tenido posibilidad alguna de controlar la producción de aquella declaración, ni confrontarla o proponer peritos o diligencias que consideran necesarias para resistir la imputación que de allí surgía.
Agregó que, si bien el art. 366 autoriza excepcionalmente la incorporación por lectura bajo ciertas condiciones, en el caso concreto, la declaración de M. prestada durante la investigación penal preparatoria no cumplía con los parámetros de las normas del arts. 102 bis o del art. 274 del Código Procesal Penal, por lo que su valoración a los fines de sustentar la condena implicaba vulnerar la garantía de la defensa en juicio consagrada en los pactos internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución nacional (arts. 14.3. "e", PIDCP y 8.2. "f", CADH.), al no brindar una oportunidad adecuada a la defensa de controlar dicha prueba.
Entonces, decidida la exclusión de la declaración del plexo probatorio, el Tribunal de Alzada pasó -como segunda cuestión-, a analizar si con la declaración prestada por M. durante el debate y la restante prueba producida, se podía avalar el fallo de condena.
En resumen, sostuvo que del veredicto en examen surgía que la víctima al concurrir al debate no había relatado el hecho objeto de imputación. Advirtió que todas las apreciaciones que el magistrado había consignado en su sentencia para describir el hecho imputado, se referían a la narración escrita producida en sede de la fiscalía, es decir, a la pieza previamente excluida.
A continuación, efectuó un repaso de los demás elementos de cargo valorados por el juez de grado para tener por acreditada la materialidad ilícita, tales como los testimonios de la madre de la víctima, E. L. C.; su padre, P. C.; sus hermanas L. C. y J. C.; y su novio L. G., concluyendo que el elemento principal sobre el que se apoyó la materialidad y la autoría era la declaración de la víctima -incorporada por lectura- y que los testimonios rendidos tendían a avalar aquella pieza.
Por otra parte, coincidió con el juez de grado en cuanto a que el derecho de la menor a ser oída debe ser resguardado, pero destacó que ello debía hacerse con apego a la ley, pues de lo contrario, bajo el pretexto de salvaguardar un derecho, se vulneraba otro: el de la efectiva defensa en juicio y -consecuentemente- el debido proceso.
Estimó desacertada la apreciación del magistrado de la instancia relativa a que la defensa había tenido la oportunidad de interrogar ampliamente a la testigo, cuando la misma no formuló relato alguno del hecho abusivo, a lo que agregó que no era una obligación de la defensa interrogar a los testigos sobre hechos o circunstancias sobre las que no se hubieran explayado, sino a confrontarlos acerca de aquello que efectivamente hubieran declarado.
Luego de recordar que el juzgador cuenta con criterios jurídicos para la adecuada valoración del testimonio brindado por la niña, expresó que, excluida como prueba de cargo la declaración escrita de la víctima a partir de la alegada vulneración del derecho constitucional a controlar la prueba de cargo, estimó, mediante diversas consideraciones generales vinculadas con la seguridad en la convicción judicial y el principio in dubio pro reo , que las restantes pruebas producidas, como así las otras legalmente incorporadas, no conducían a la certeza en punto a la efectiva realización de los actos achacados al imputado.
Concluyó en que la insuficiencia probatoria debía resolverse en favor del acusado, por lo que se dictó su absolución.
IV. Tras esta reseña corresponde señalar las deficiencias recursivas que impiden que el planteo de la parte impugnante proceda ante esta sede extraordinaria.
Los argumentos del señor Fiscal General de Trenque Lauquen hacen pie en cuestiones de naturaleza procesal, concernientes a la interpretación y alcance de los arts. 101, 102 bis, ter, 366, sexto párrafo, 209 y 210, todos del Código de procedimiento penal, y ajenas a la competencia extraordinaria de esta Corte.
Es que, efectivamente, es sabido que asuntos de tal naturaleza, resultan vedados al control casatorio de este órgano (art. 494, CPP) salvo casos excepcionales, que, tal como se dirá, no vienen aquí demostrados.
Entonces, sin ingresar a la exégesis que corresponde asignarles a las normas procesales invocadas, lo concreto es que, el 22 de julio de 2020, M., de dieciséis años, declaró en la sede de la fiscalía ante la auxiliar letrada de esa Unidad Funcional de investigación y previo asesoramiento de la licenciada Ana Bettina Rudoni.
Sin embargo, en la resolución digital de fecha 6 de septiembre de 2021 se advierte que, el juez en lo Correccional doctor Juan Martín Garriz, rechazó la oposición de la defensa e incorporó por lectura dicha pieza, bajo el fundamento de que se trataba de "...un anticipo extraordinario de prueba [...] irreproducible", aseverando que la menor, había prestado declaración "...a través de Cámara Gesell en los términos establecidos por la ley ".
Esta circunstancia, según quedó evidenciado, es falaz -y así se lo hizo notar la defensa al impugnar el decisorio-. No obstante lo cual, el juez mantuvo el criterio asumido, a la vez que convocó a la menor para prestar declaración testimonial en el debate, previo aval profesional de la Asesoría Pericial.
La defensa dejó asentada la protesta y reserva de interponer la impugnación que luego concretó en el recurso de apelación contra la condena. Es así que -como quedó expuesto en la reseña-, el Tribunal de Alzada receptó el planteo y excluyó la declaración en cuestión, por considerar que carecía de fundamento legal, toda vez que la norma del art. 366, sexto párrafo, invocada por el magistrado, debía ser interpretada en sintonía con los arts. 102 bis y ter. En consecuencia, concluyó que, dado que no se trataba ni de un adelanto extraordinario de prueba, ni de una instrumentación bajo la modalidad de Cámara Gesell, solo cabía atender a la declaración prestada en el debate, por ser esta la única que se había producido con el efectivo control de la defensa.
Luego, en lo que hace al testimonio prestado por M. -ya con diecisiete años- el 1 de diciembre de 2021 y tras el dictamen negativo de riesgo psicofísico; el revisor aseveró que la adolescente no llegó a expedirse sobre el hecho objeto de acusación, lo que obligó al magistrado de la instancia a reconstruirlo necesariamente sobre la base de la declaración escrita.
En efecto, el juez de grado, afirmó en su sentencia que la menor durante el debate no llegó a relatar el acto abusivo -ni la fiscalía se lo pidió-. Empero, el magistrado justificó la existencia del hecho y la autoría del acusado a partir, precisamente, de valorar la declaración incorporada por lectura y objetada por la defensa.
Bajo estas condiciones se verifica que el razonamiento del fallo revisor no es eficazmente atacado. Ello así, toda vez que el recurrente focaliza su agravio en una supuesta interpretación equivocada de la normativa procesal por parte del Tribunal de Alzada, pero no rebate el fundamento principal del órgano revisor en el caso: que el imputado y su defensa no pudieron controlar los dichos prestados por la adolescente en sede de la fiscalía y sobre los que finalmente se asentó la condena.
Asimismo, de las actuaciones analizadas surge que, en oportunidad de declarar en el juicio, M. no se expidió respecto de la concreta imputación, y tampoco fue preguntada por la fiscalía sobre ello.
La Cámara le achacó al Fi
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.