Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137443
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en favor de Carlos Manuel Sosa, con costas (conf. art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.443, "Sosa, Carlos Manuel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 110.606 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Kogan.
Conforme surge del expediente digital, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, el día 27 de noviembre de 2019, en el marco de un procedimiento de juicio abreviado, condenó a Carlos Manuel Sosa a la pena de dos años y seis meses de prisión, más las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión en grado de tentativa. En ese mismo pronunciamiento rechazó la aplicación de las reglas del art. 58 del Código Penal solicitada por las partes.
Contra el tramo del fallo que rechazó la aplicación de las reglas del art. 58 del Código Penal, la defensa oficial interpuso recurso de casación que fue declarado inadmisible por extemporáneo. Dicha decisión motivó la interposición de una queja en los términos del art. 433 del Código de rito.
La Sala II del Tribunal de Casación, con fecha 18 de noviembre de 2021, rechazó la queja.
Frente a lo así decidido, la defensa oficial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, siendo admitido por el órgano casatorio, mediante resolución de fecha 9 de septiembre de 2022, al estimar que la denuncia de arbitrariedad se planteó con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Oído el señor Procurador General, que se pronunció por el rechazo del reclamo, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, luego de reseñar los antecedentes del caso, denunció la arbitrariedad del pronunciamiento casatorio por haber incurrido en un excesivo rigor formal, comprometiendo los derechos de defensa en juicio y a la doble instancia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
En su apoyo, citó el precedente "Maidana, Ricardo" de la Corte nacional y resaltó que la notificación del imputado no debe consistir en un mero "hacer saber" sino en adoptar los recaudos que le garanticen plenamente el derecho de defensa, con transcripción textual de diversos tramos del referido caso (CSJN Fallos: 345:348).
A su entender, el pronunciamiento impugnado no tuvo en consideración que la defensa admitió su error de no haber formulado reserva y que, si bien Sosa se encontraba en libertad, no tuvo asesoramiento adecuado pues si hubiera comprendido los alcances del fallo al momento de notificarse hubiera manifestado en dicha oportunidad su voluntad recursiva, ante el riesgo de perder su libertad personal.
Por todo lo expuesto, afirmó que lo decidido por la Corte nacional en el precedente invocado resulta aplicable al caso, por lo que solicitó se deje sin efecto la decisión recurrida.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación deducida; coincido con lo así dictaminado.
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario efectuar una reseña de los hitos relevantes del caso:
a) Conforme se advierte de las copias digitalizadas, el delito de extorsión en tentativa por el que fue condenado Sosa por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata en el marco de las presentes actuaciones se cometió el día 3 de noviembre de 2010. Asimismo, de diversas piezas surge que previo a ello, al nombrado se le había concedido la suspensión de juicio prueba, instituto que luego fue revocado como consecuencia de la comisión de un nuevo delito.
El delito que motivó la señalada revocación fue cometido por Sosa el día 25 de julio de 2011. Por este nuevo hecho se lo investigó en el marco de la IPP 25659/11, procedimiento que estuvo afectado a las reglas de flagrancia. Con fecha 1 de septiembre de 2011, en la audiencia de finalización, el nombrado fue condenado por el Juzgado de Garantías n° 2 del Departamento Judicial de La Plata a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado. Asimismo, se advierte que, en este expediente, el día 9 de marzo de 2015, Sosa accedió al régimen de libertad asistida -otorgada por el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 de La Plata-. Dicha pena venció el día 25 de julio de 2017.
Frente a este panorama, con fecha 22 de noviembre de 2019, las partes pactaron un acuerdo de juicio abreviado por el delito por el que finalmente fue condenado (extorsión en grado de conato), incluyendo, además, la aplicación de las reglas del art. 58 del Código Penal.
En ese marco, la Fiscalía solicitó la pena de dos años y seis meses de prisión por resultar autor penalmente responsable de los delitos de hurto y extorsión en tentativa (hechos cometidos el 3 de noviembre de 2010); asimismo, por aplicación del art. 58 del Código Penal, requirió la pena única de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la presente y de la oportunamente impuesta por el Juzgado de Garantías n° 2 en la IPP 25659/11.
Por su parte, la defensa oficial y el imputado prestaron conformidad con el requerimiento fiscal en cuanto a la pena por el mencionado delito y, a la vez, en lo concerniente a la pena única propuesta a tenor del art. 58 citado.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, mediante sentencia de fecha 27 de noviembre de 2019, luego de afirmar la admisibilidad del acuerdo, declaró la prescripción de la acción penal en orden al delito de hurto y condenó al nombrado a la pena de dos años y seis meses de prisión y costas, por resultar autor del delito de extorsión en grado de tentativa.
Explicó que la circunstancia de que el encausado hubiera gozado en estas actuaciones de la suspensión de juicio a prueba -revocada por la comisión de un nuevo delito- le impedía aplicar el art. 26 del Código Penal (conf. art. 76 ter, quinto párr., Cód. Penal). Sin perjuicio de ello, aclaró que, ante la ausencia de reclamo fiscal, se encontraba impedido de expedirse en los términos del art. 371, último párrafo del Código Procesal Penal.
Finalmente, rechazó el pedido de las partes de aplicar el art. 58 del Código Penal con sustento en que la pena oportunamente impuesta por el Juzgado de Garantías n° 2, en el marco de la IPP 25659-11, se encontraba vencida.
b) En el mismo día en que se dictó la sentencia (27-XI-2019), se notificó a Sosa en el asiento del Tribunal.
Cabe destacar que del acta de notificación, si bien surge que se le entregó copia del fallo, no obra constancia de que hubiera sido informado sobre la posibilidad de impugnación del pronunciamiento en caso de entenderlo desfavorable ni que el ejercicio de su derecho estuviera sujeto a plazo legal (conf. art. 121, CPP).
Por su parte, la defensa oficial se notificó el día 9 de diciembre de 2019.
c) De conformidad con el acta acompañada por la defensa oficial -que data del día 9 de marzo de 2020- en el asiento de la defensoría se reunieron la defensora, el secretario y Carlos Manuel Sosa quien manifestó que deseaba recurrir el rechazo de unificación de penas. Allí se aclaró que tomó conocimiento de los alcances de la condena al asistir a la defensoría para preguntar por el estado de su causa pues cuando se notificó de la sentencia de condena "...no comprendió que se había denegado la unificación y que en consecuencia se le había impuesto una pena a cumplir de dos años y seis meses. Puesto que éste entendió que la pena única era de ocho años y que por el tiempo que ya había cumplido en su causa anterior correspondía mantenerse en libertad porque le correspondía la libertad asistida o condicional". Por tales motivos, Sosa solicitó la impugnación del rechazo de la parcela correspondiente a la pena única acordada.
La defensa oficial, pretendiendo canalizar la vocación recursiva de su defendido, el día 20 de mayo de 2021, presentó recurso de casación. En primer lugar, sostuvo que Sosa se notificó de la condena sin comprender los efectos de que se hubiera rechazado el pedido de unificación y sin contar con el asesoramiento técnico adecuado pues la defensa oficial se notificó con posterioridad. Agregó, a su vez, que ese ministerio al momento de notificarse, por un "error material" omitió impugnar el fallo.
Sentado lo anterior, denunció la vulneración del art. 58 del Código Penal por haberse configurado en el caso un supuesto de violación a las reglas de concurso de delitos. Agregó que al pactar el acuerdo de juicio abreviado se tuvo en consideración que con la pena única, Sosa podría continuar en libertad pues con el tiempo cumplido en el marco de la IPP 25699/11 ya se encontraba en condiciones de acceder a la libertad asistida o a la condicional.
d) El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, mediante resolución de fecha 21 de mayo de 2021, rechazó por extemporáneo el recurso de casación.
En tal sentido, recordó que mediante sentencia dictada el 27 de noviembre de 2019, condenó a Carlos Manuel Sosa a la pena de dos años y seis meses de prisión, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de extorsión en grado de tentativa.
Agregó que dicho pronunciamiento adquirió firmeza el día 17 de diciembre de 2019 "...toda vez que la última notificación, luciente en la misma, es la de la Sra. Defensora Dra. Palomino el 9 de diciembre del 2019 (fs. 123), y que al momento de ser notificado el imputado y su defensa no efectuaron reserva de recurrir a Casación".
"Habiendo adquirido firmeza la sentencia se procedió a dictar y aprobar el cómputo de pena en fecha 20 de diciembre. Que en oportunidad de ser remitida la causa a la Defensoría Oficial n° 3 departamental, con motivo de notificar el cómputo de pena el 6 de febrero del 2020, la misma es devuelta en el día de la fecha con la interposición de recurso de casación efectuado por la Sra. Defensora Oficial Dra. Victoria Palomino también en el día de la fecha [...] conjuntamente con la presentación de un acta de asesoramiento de la Defensa a su asistido, en la cual él mismo manifiesta su voluntad recursiva y que fuera celebrada el 9 de marzo del 2020".
En consecuencia, desestimó por inadmisible el recurso de casación por haberse presentado fuera de los plazos del art. 451 del Código Procesal Penal y por no haber hecho la reserva correspondiente.
e) Contra ello la defensa oficial dedujo queja, la que fue desestimada mediante la decisión en crisis.
f) Para así resolver, la Sala II del Tribunal de Casación, con voto de la señora jueza Budiño, que concitó la adhesión simple del señor juez Mancini, recordó que "El 27 de noviembre de 2019 el Tribunal de grado dictó sentencia en la causa nro. 5219 y al momento de ser notificado el imputado -en fecha 27 de noviembre de ese año- no manifestó voluntad recursiva alguna, mientras que el 9 de diciembre de ese mismo año se notificó la Defensora oficial, sin efectuar reserva de recurrir en casación. Así las cosas, la decisión adquirió firmeza el 17 de diciembre de 2019. En fecha 20 de diciembre del mismo año se dictó y aprobó el cómputo de pena. En oportunidad de notificarse de dicha resolución, el día 20 de [mayo] de [2021], la Defensora oficial interpuso recurso de casación contra la sentencia de fecha 27 de noviembre de 2019 y acompañó copia del acta de asesoramiento al imputado de fecha 9 de marzo de 2020".
Sentado lo anterior, confirmó la decisión de mérito en cuanto a la extemporaneidad del recurso "...al encontrarse holgadamente vencido el plazo previsto en el art. 451 del Código Procesal Penal".
Luego de analizar las circunstancias del caso, entendió que "...el imputado no estuvo en estado de indefensión pues, tal como refirió el a quo, se le notificó de la sentencia tanto a él como a su defensa, sin efectuar manifestación alguna en cuanto a su intención de recurrir el fallo, como tampoco lo hizo su abogada defensora. Al adquirir firmeza la sentencia, se practicó y aprobó [el] cómputo de vencimiento de pena".
De seguido precisó que Sosa "...fue notificado debidamente de la sentencia recaída y no formuló tal voluntad impugnativa en tiempo y forma". Si bien añadió que "el imputado se encontraba en libertad", en mi criterio, tal circunstancia no hubiera constituido un obstáculo para proceder a constatar la situación excepcional alegada (conf. mi postura en causa P. 129.765, resol. de 27-XI-2019; e.o.).
Y agregó: "Las explicaciones que pretende brindar la defensa a esta altura para justificar la admisibilidad de su recurso implicaría tanto como aceptar que el plazo para interponer el recurso respectivo nunca expire, sino que, frente a la expresión de esa voluntad recursiva, el Tribunal debe activar los mecanismos necesarios para que ella sea técnicamente canalizada por la defensa. Pero dicha voluntad fue recién expresada al momento de conocer el cómputo de pena y no antes, cuando la sentencia condenatoria ya había adquirido firmeza, pasando en autoridad de cosa juzgada; y por otra parte, no se evidencia que la extemporaneidad determinada por el a quo aparezca como el resultado de un excesivo rigor formal ni que el causante se haya visto en un estado de indefensión que justifique la demora en la presentación recursiva"; concluyó en la "...ausencia de elementos que convaliden la violación al derecho de defensa del encartado, toda vez que contó con el debido asesoramiento legal...", para confirmar el rechazo de la vía pretendida por encontrar "...inadmisible el recurso de casación articulado por la defensa, por resultar extemporáneo".
IV. Frente a lo así decidido por el Tribunal revisor, advierto que en la impugnación traída a esta instancia la parte se limitó a reiterar los argumentos casatorios mediante los cuales intentaba la revisión del fallo que había condenado a Sosa en el marco de un procedimiento abreviado, pronunciamiento que accedió a lo acordado pero rechazó la aplicación del art. 58 del Código Penal solicitada por las partes, pretensión que formuló una vez vencidos los plazos legales que habilitaban a la defensa para hacerlo, mas no se hizo cargo de la respuesta brindada por el a quo al desestimar por extemporánea la articulación llevada a su instancia, técnica que resulta ineficaz para conmover la decisión cuestionada (conf. art. 495, CPP).
En rigor, bajo la denuncia de arbitrariedad por exceso de rito y por haberse provocado un estado de indefensión, el recurrente solo desarrolló una opinión divergente al criterio sostenido en el fallo casatorio para desestimar sus planteos, pero con ello no aportó elementos que exhiban la excepcional doctrina de indefensión alegada.
Resulta oportuno recordar - mutatis mutandis- que este Tribunal ha sostenido que por vía de principio no compete a los jueces subsanar deficiencias técnicas de los abogados en sus presentaciones, salvo cuando las irregularidades constatadas evidencien absoluta falta de idoneidad en el ejercicio del ministerio que importe un menoscabo al derecho de defensa (causas P. 92.837, sent. de 5-XI-2008; P. 106.881, resol. de 19-V-2010; P. 118.298, resol. de 20-VIII-2014; P. 109.247, sent. de 21-XII-2012; P. 127.637, sent. de 27-IX-2017; P. 129.256, sent. de 3-X-2018; e.o.), ello no ha sido demostrado en el caso, en tanto ni de los argumentos del recurrente ni de la reseña efectuada se advierte que el imputado se hubiese encontrado en una situación de indefensión como se alegó.
Por lo demás, concuerdo con el señor Procurador General en que tampoco prospera la denuncia de apartamiento del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Maidana, Ricardo", desde que el impugnante no se hizo cargo de las diferencias causídicas existentes entre el citado fallo y las circunstancias concretas de estas actuaciones (conf. doctr. causas P. 121.209, sent. de 2-III-2017; P. 124.559, sent. de 13-VII-2016; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en favor de Carlos Manuel Sosa, con costas (conf. art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2024 11:07:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2024 09:10:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 15:30:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 11:56:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 12:15:17 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/03/2024 13:22:42 hs. bajo el número RS-21-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia