Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137680
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.680, "Leguiza, Rodrigo Alberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 106.707 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria, Genoud .
De las copias digitalizadas del legajo casatorio surge que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, con fecha 22 de diciembre de 2021, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa de Rodrigo Alberto Leguiza contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, que lo condenó a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de robo agravado por el uso de arma de fuego reiterado -dos hechos- y homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por su comisión criminis causa en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí (arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 45, 55, 80 inc. 6 y 166 inc. 2, segundo párrafo, Cód. Penal).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue admitido, por mayoría, por la Sala recurrida (v. resol. digital de 12-X-2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial denuncia la violación al debido proceso, al derecho de defensa en juicio y a la garantía de imparcialidad del juzgador como consecuencia de la violación del principio acusatorio que, a su juicio, surge de la aplicación de oficio del art. 41 bis del Código Penal (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1., CADH y 14.1., PIDCP).
En esa senda, asevera que la actuación del tribunal se encuentra limitada a lo requerido por el acusador público y, habida cuenta que en el caso la fiscalía no solicitó la aplicación de la agravante genérica mencionada (uso de arma de fuego), no correspondía su utilización.
Afirma que no es posible emplear la máxima iura novit curia como pretexto para desvirtuar el sistema acusatorio y violar garantías constitucionales.
Explica que la respuesta brindada por el órgano revisor se relaciona con la violación al principio de congruencia, en tanto la defensa se agravió, oportunamente, de la vulneración al principio acusatorio.
Por último, destaca que la eventual exclusión de la agravante prevista en el art. 41 bis del Código Penal conllevaría la reducción de la escala penal aplicable en un tercio del mínimo y del máximo, por lo cual necesariamente se debería disminuir la pena impuesta a Leguiza.
En función de lo expuesto, solicita que se haga lugar al recurso, se declare la nulidad del fallo y se reenvíe el caso al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte una nueva decisión conforme a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación.
Coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín tuvo por debidamente acreditados los hechos que se detallan a continuación.
Hecho I: "...el día 9 de marzo del año 2017, en el horario aproximado de las 9 hs, en circunstancias en que la víctima de autos, Aurelio Rivas, descendió por las calles Rolland y Amenábar de Los Polvorines, Pdo. de Malvinas Argentinas, Pcia. de Bs. As., del rodado VW modelo Vento dominio AA547QQ que conducía, fue sorprendido por dos sujetos del sexo masculino, quienes arribaron al lugar a bordo de una motocicleta marca Honda de color bordó, y mediante intimidación con arma de fuego que el consorte de Leguiza portaba se apoderaron en forma ilegítima del rodado conducido por la víctima, de una cadenita de oro de 18 quilates y de su teléfono celular Samsung modelo Grand Prime de la empresa Movistar, obligando a la víctima a recostarse en el suelo, antes de irse del lugar el consorte de Leguiza efectuó un disparo hacia la persona de Rivas, causándole lesiones calificadas como leves, para luego darse a la fuga del lugar, uno de ellos a bordo del rodado -el que contenía en su interior la documentación del mismo- y el restante en la moto en la que habían llegado al lugar".
Hecho II: "...el día 14 de marzo de 2017 siendo aproximadamente las 22:00 horas, en inmediaciones del domicilio sito en la calle Francisco Beiró nro. 2127 esquina Valparaíso de la localidad bonaerense de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, dos sujetos del sexo masculino circulaban a bordo de una motocicleta Honda XR 150 color rojo y blanca sin patente en momentos en que interceptaron a Alejandro Sebastián Pérez Fernández y a Sabrina Rebeca Montero, a quienes intimidaron con las armas de fuego que ambos portaban, descendieron del vehículo en que circulaban y mientras uno de los agresores apuntó a Montero en la cabeza le dijo a Fernández 'dame las llaves porque la mato', el otro apuntó con el arma de fuego en dirección al pecho de las víctimas, mediante dicha maniobra, los desapoderaron ilegítimamente de una (1) motocicleta marca Honda modelo Twister 250 color blanca dominio 655-KBA -que poseía el damnificado-, una (1) billetera que tenía inscripto el número '46' de tela, color azul, con velcro, que contenía un DNI, registro de conducir, cédula verde de la moto, dos tarjetas de crédito Visa del Banco Santander a nombre de Fernández y $ 8.500 pesos en efectivo, objetos todos propiedad de Alejandro Sebastián Pérez Fernández, tras lo que incrementaron su accionar lesivo propinándole un golpe con la culata de una de las armas que portaban en la cabeza a Fernández, logrando así la libre disposición de los bienes sustraídos".
Hecho III: "...inmediatamente después de ocurrido el 'Hecho II' en idénticas circunstancias espaciales, la víctima Alejandro Sebastián Pérez Fernández le propinó una patada en la pierna izquierda a Leguiza, quien huía con sus pertenencias, haciendo que cayera de la motocicleta Honda XR 150 de color rojo y blanca sin patente que conducía y dejándola en el lugar junto a su teléfono celular, en ese momento Braian Nicolás Bolaño y Rodrigo Alberto Leguiza con las armas de fuego que portaban, intentaron darle muerte con la finalidad de asegurar el resultado del hecho a Alejandro Sebastián Fernández a quien le efectuaron al menos un disparo y a Esteban Sotelo a quien le dispararon al menos en cinco oportunidades, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad, toda vez que las víctimas al momento que los apuntaron al cuerpo se tiraron al piso y luego salieron corriendo hacia su domicilio. Seguidamente, en vistas de que no pudieron recuperar la motocicleta en la que circulaban ni el teléfono celular de uno de los agresores volvieron hacia el lugar donde se encontraban los damnificados y su grupo familiar, es decir, su vivienda y nuevamente intentaron darles muerte efectuando disparos hacia las víctimas, todo ello por no haber conseguido concretar el fin propuesto en el robo, y con la finalidad de procurar su impunidad, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad toda vez que las víctimas se tiraron al piso".
Luego de celebrarse el debate, la fiscalía entendió que los hechos debían ser encuadrados como robo calificado por el uso de arma de fuego ("Hecho I") robo calificado por el uso de armas de fuego ("Hecho II") y homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa ("Hecho III"), todos en concurso real entre sí, en los términos de los arts. 42, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, párrafo segundo, del Código Penal.
A su turno, el órgano de mérito encontró a Rodrigo Alberto Leguiza coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma reiterado -dos hechos-, y homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por su comisión criminis causa en grado de tentativa, todos ellos en concurso real entre sí.
Como se advierte, el tribunal incluyó la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal con relación al suceso identificado como "Hecho III". En ese carril, expresó "Esta circunstancia no violenta en un ápice el principio de congruencia" dado que "No ha existido sorpresa, ni estado de indefensión para Leguiza ni su asistencia técnica".
Resaltó que, desde el inicio del proceso, en el primer acto de defensa material del imputado (art. 308, CPP), y hasta los alegatos finales de la fiscalía, se le describió e imputó el delito contra la vida agravado ("Hecho III") como efectuado con la utilización de un arma de fuego, con la cual múltiples testigos manifestaron la realización de numerosos disparos.
Con cita de doctrina y jurisprudencia concluyó que "...no se violenta -con la introducción a esta altura de la figura legal del art. 41 bis del [Código Penal]- el principio de congruencia, derivado de los principios generales de defensa en juicio y debido proceso" (v. sent. digital de 17-II-2020).
III.2. Frente a ello, la defensa de Leguiza presentó recurso de casación donde, en lo que importa, denunció violación al sistema acusatorio, ya que, sin requerimiento previo de la fiscalía, el tribunal optó por incluir la agravante genérica contemplada en el art. 41 bis del Código Penal de manera oficiosa.
III.3. La Sala III del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto.
Para así decidir, inicialmente recordó los hechos que se tuvieron por debidamente acreditados en la instancia de juicio.
De seguido, en lo que aquí interesa, sostuvo que "...lleva razón la defensa cuando señala que la aplicación de la agravante genérica contenida en el artículo 41 bis del Código Penal no fue oportunamente requerida por el acusador, aunque paralelamente cabe notar que el uso de un arma de fuego fue un elemento suficientemente conocido por la parte que ahora se agravia y debidamente ventilado en el debate". Asimismo, subrayó que, en función del principio iura novit curia , el empleo de armas de fuego en los casos de homicidio resulta un parámetro valorable por el legislador como agravante calificativa.
Explicó que en el caso, "...habiendo solicitado la fiscalía la imposición de una pena de veinticuatro (24) años de prisión, el 'a quo' condenó a Leguiza a una sanción sensiblemente menor, esto es, a diecisiete (17) años de pena de la misma especie".
Señaló que las mutaciones en la calificación, en sí mismas consideradas, resultan "...inhábiles para lesionar el principio de congruencia (artículo 18 de la Constitución nacional), tal como parece exponer el recurrente en su presentación". Citó en apoyo distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Ferraro, Vicente" (Fallos: 295:400), "Olmos, José Horacio y otro s/ estafa" (Fallos: 329:1447), y "Escudero, Maximiliano Daniel s/ robo calificado -causa n°39-88-" (Fallos: 330:1478).
Agregó que debe razonarse en base a que "...la lesión a garantías de rango superior se produce cuando se agrava la situación del justiciable, y tal agravamiento solo puede darse cuando la decisión del tribunal altera o modifica el monto de pena a imponerse...".
Indicó que por ello "...y sin perjuicio de la veracidad del agravio, su insuficiencia se impone, toda vez que la pena impuesta no ha sido modificada 'in pejus', desde que aun comprendiendo a la agravante cuestionada, resulta significativamente menor a la que, sin valorarla, había peticionado el acuse".
Añadió que la parte "...no explica ni fundamenta el modo en que la supresión de la agravante que cuestiona importaría necesariamente una reducción del monto punitivo que, en definitiva, resulta ser el eje del reclamo enarbolado".
IV. Frente a lo así resuelto por la Casación, se develan inidóneos los cuestionamientos del recurrente vinculados con la afectación del debido proceso, la defensa en juicio y el sistema acusatorio por haberse aplicado de oficio el art. 41 bis del Código Penal, pues -en rigor- solo trasuntan una opinión discrepante, sin rebatir adecuadamente los fundamentos dados para confirmar su inclusión (art. 495, CPP).
Conforme lo señaló el señor Procurador General, la queja traída por la defensa resulta ser la misma que la llevada al tribunal intermedio y que, en esencia, se asienta sobre la calificación legal asignada al "Hecho III".
Y de lo reseñado en el punto III.3. se advierte que el órgano casatorio abordó el agravio al especificar que, si bien asistía razón a la defensa al señalar la inclusión de la agravante genérica de oficio, el empleo de armas de fuego resulta un parámetro valorable conforme al principio iuria novit curia , así como que dicha severizante surgía de la materialidad ilícita conocida por el imputado y su defensa.
Frente a ello, los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por la Casación, opuesto a su pretensión. Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del recurso intentado (conf. causas P. 102.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; e.o.).
Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que, en la reglamentación del principio acusatorio, el sistema implementado por el Código Procesal Penal no asigna al Ministerio Público Fiscal la atribución, a modo de señorío absoluto, de establecer el monto máximo de la pena eventualmente imputable al acusado de un delito, ni tampoco la de vincular al juzgador respecto de la calificación jurídica que quien ejerce la pretensión le otorgue al hecho. Antes bien, fija como límite "el hecho materia de acusación", "o sus ampliaciones" (arts. 374, anteúltimo párrafo y 375, segundo párrafo, inc. 1, CPP; conf. causas P. 103.920, sent. de 27-VI-2012; P. 113.616, sent. de 9-IV-2014; P. 127.403, sent. de 28-XII-2016; P. 135.191, sent. de 10-X-2023). Esa doctrina se alinea con lo resuelto por la Casación en relación con el agravio referido a la inclusión de la agravante genérica de la pena por parte del órgano de mérito.
Desarticulado entonces el planteo referido a la vulneración del principio acusatorio, queda desvirtuada la denuncia de transgresión de las garantías constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio y la imparcialidad del juzgador, enlazadas intrínsecamente con aquel.
Por todo ello, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2024 14:50:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2024 20:11:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2024 11:46:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/03/2024 09:11:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 09:17:26 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/03/2024 10:39:40 hs. bajo el número RS-34-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia