Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137721
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.721-RC, "D' Gregorio, María Laura E. -Fiscal Titular interina ante el Tribunal de Casación Penal- S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa N° 110.318 del Tribunal de Casación Penal -Sala II- seguida a Aguirre, Kevin Noel", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Genoud , Torres .
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Juzgado en lo Correccional n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, declaró la extinción de la acción penal y sobreseyó a Kevin Noel Aguirre en el marco de la suspensión del juicio a prueba que se tuvo por cumplida.
El representante del Ministerio Público Fiscal apeló esa decisión y, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, hizo lugar a la apelación y revocó la resolución.
Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso de casación y la Sala II del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el 2 de septiembre de 2021, dejó sin efecto la resolución de la Cámara y confirmó el sobreseimiento de Kevin Noel Aguirre (conf. arts. 76 bis y ter, Cód. Penal).
La señora fiscal adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D' Gregorio, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por resolución del 28 de octubre de 2022.
El señor Procurador General dictaminó con fecha 16 de agosto de 2023, dictada la providencia de autos el 17 de agosto de 2023, la señora defensora oficial interinamente a cargo de la defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, acompañó la memoria con fecha 23 de agosto de 2023, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Inicialmente corresponde señalar que el recurso ha sido admitido por el Tribunal de Casación al otorgar la apertura únicamente a efectos de tratar los planteos de raigambre federal involucrados, en el caso, la arbitrariedad de la sentencia por apartamiento de la letra expresa de la ley.
Consecuentemente, solo en esos términos serán abordados los planteos de la parte recurrente (conf. doctr. causas Ac. 80.570, resol. de 17-VII-2003; Ac. 87.203, resol. de 22-IX-2004; Ac. 96.735, resol. de 24-V-2006; Ac. 101.238, resol. de 5-XII-2007 y P. 124.987, resol. de 5-VIII-2015).
II. La señora fiscal de Casación denunció ante esta Corte la configuración de un caso de arbitrariedad normativa por interpretación inadecuada y desnaturalizadora del art. 76 ter, cuarto párrafo, del Código Penal, invocando -a su vez- gravedad institucional.
Relató que la Sala II del Tribunal de Casación -en coincidencia con el titular del juzgado de primera instancia- entendió que para revocar la suspensión del juicio a prueba debe -durante el período de prueba-, recaer una sentencia condenatoria en contra del inculpado por un hecho típico cometido también en ese lapso, sin que sea suficiente la imputación por un hecho delictivo.
Según la recurrente, la arbitrariedad en el caso analizado radicó en exigir un requisito no contemplado por la norma.
Explicó que la norma establece que debe revocarse la suspensión de juicio a prueba cuando el imputado "comete un nuevo delito", sin exigir que respecto del nuevo delito haya recaído una condena pasada en autoridad de cosa juzgada dentro del término de la suspensión.
Argumentó también que no debe conceptualizarse a la comisión de un nuevo delito con los mismos parámetros que se aplican para la prescripción de la acción penal (art. 67, Cód. Penal), pues -a su juicio- en el caso de la suspensión de juicio a prueba no se trata de una falta de diligencia del Estado para llevar a juicio al imputado.
Por todo lo expuesto, consideró que el fallo recurrido tuvo una motivación arbitraria al interpretar erróneamente la normativa aplicable al caso, que concluyó en el sobreseimiento del imputado y solicitó a esta Corte que establezca la hermenéutica correcta de aquel precepto, en línea con la que propuso.
III. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso interpuesto (v. dictamen digital de fecha 16-VIII-2023).
IV. La señora defensora oficial ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, acompañó una memoria y solicitó el rechazo del recurso.
V. Para permitir un correcto entendimiento del caso corresponde hacer un breve racconto de lo acontecido.
V.1. El 28 de mayo del 2019 se otorgó a Kevin Noel Aguirre la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. Se establecieron como obligaciones: la entrega de mil pesos a la víctima en concepto de reparación (que no fueron aceptados por aquella), con más el cumplimiento de las reglas de conducta previstas en el art. 27 bis inc. 1 del Código Penal.
El 25 de junio del 2020, el titular del Juzgado en lo Correccional n° 5 de San Martín tuvo por cumplidas las reglas de conducta impuestas dado que, eximido Aguirre de realizar el depósito ante la negativa de la víctima de aceptarlo, se constató que no mantuvo contacto con aquella y se ponderó a su vez el informe de cierre expedido por la Delegación La Matanza del Patronato de Liberados respecto a la realización de sus presentaciones ante ese organismo, en forma regular.
Con respecto al informe de antecedentes penales que indicó que, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aguirre registraba un proceso como imputado en orden al delito de robo simple, iniciado el 28 de agosto del 2019 y en pleno trámite (dado que no había recaído un pronunciamiento definitivo), el magistrado consideró que no podía predicarse la condición prevista en el cuarto párrafo del art. 76 ter del Código Penal para tener por acreditada la comisión de un delito, puesto que así hacerlo implicaría el desconocimiento de la presunción de inocencia, acompañando extractos de jurisprudencia sobre el punto.
En consecuencia, declaró la extinción de la acción penal (punto III de la resolución).
V.2. El Ministerio Público Fiscal apeló la decisión y la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, hizo lugar al planteo y revocó el sobreseimiento por extinción de la acción penal.
Entre los fundamentos expuestos, el magistrado ponente, el doctor Schiavello, afirmó que para considerar cumplida la comisión de otro delito, no correspondía exigir el dictado de una sentencia firme con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de la suspensión, pues ello importaba dejar en letra muerta la prohibición de cometer delitos; y que del mismo texto del art. 76 ter del Código Penal surgía la posibilidad de diferir el pronunciamiento sobre la extinción de la acción, pues la previsión de esta causal de revocación del beneficio sería incompatible con la exigencia de una sentencia firme en el término exiguo de la suspensión.
Afirmó que no debía confundirse la comisión del delito durante el término de la suspensión que es la condición que determina la revocación de la misma, con la sentencia firme que declare su existencia durante ese período, requisito que la ley no menciona. A su vez, señaló que lo establecido en los arts. 62 y 67 inc. 1 [debió decir, inc. "a"] del Código Penal, no resulta análoga a la disposición en análisis, no solo porque el término de la suspensión del juicio a prueba es significativamente más breve sino también porque la prescripción se establece en función de la garantía del imputado de ser juzgado dentro de un plazo razonable, mientras que el instituto del art. 76 bis del Código Penal es una oportunidad para que el imputado demuestre, mediante el cumplimiento de las obligaciones, que no es necesaria la imposición de una pena.
Por otra parte, destacó que en razón de que la sentencia condenatoria declara la existencia de un hecho delictivo pretérito, los efectos jurídicos de tal declaración tienen alcances retroactivos a la fecha de comisión del delito, tal como lo había sostenido esa Sala en numerosos precedentes.
V.3. Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso de casación y el Tribunal de Casación Penal, acogió de modo favorable el reclamo, revocó la decisión anterior y confirmó el resolutorio dictado por el juzgado de origen en cuanto sobreseyó a Kevin Noel Aguirre.
Luego de realizar una breve síntesis de los antecedentes del caso, de la fundamentación ensayada por el Ministerio Público Fiscal y de lo normado por el art. 76 ter cuarto párrafo del Código Penal, el Tribunal de Casación destacó como dato cierto que Aguirre estaba imputado por un delito presuntamente cometido dentro de aquel período; y que no era posible afirmar sin quebrantar seriamente el principio de inocencia (art. 18, Const. nac.) que, al tiempo en que el órgano jurisdiccional fue requerido, Aguirre habría cometido ese hecho ilícito, dado que no constaba una condena firme que lo declare.
Con ese marco, afirmó que la reanudación del juicio correspondería ante un delito cometido durante el período de prueba y para ello debería haberse dictado una sentencia condenatoria previo a decidirse respecto de la acción suspendida. Razonó entonces que, en todo caso, aquella condición tendría lugar fuera del momento en el que el órgano de la instancia había dispuesto resolver el caso, por lo que no había posibilidad de revocar lo decidido.
En ese sentido, indicó que no compartía lo resuelto por la Cámara por cuanto importaba dilatar la resolución de una causa sin ningún respaldo legal, sin que fuera posible acudir a las normas reguladoras del instituto de la prescripción para integrar el régimen de la suspensión de juicio a prueba que no prevé aplazamiento del período de prueba en aquellos para condicionar el dictado de una resolución final en perjuicio del imputado.
Por lo expuesto, al no haberse verificado la comisión de un nuevo delito, correspondía declarar extinta la acción penal en los términos del art. 76 ter del Código Penal tal como hizo el juzgado de instancia.
VI. Considero que el recurso es insuficiente (art. 495, CPP), de conformidad con las razones que a continuación se expondrán.
El pleito -según lo plantea la impugnante- discurre respecto de la interpretación del cuarto párrafo del art. 76 ter del Código Penal en cuanto establece que:
"Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito , repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal".
Del párrafo transcripto -del cual surgen tres circunstancias que el órgano judicial debe verificar como condición para el dictado del sobreseimiento por extinción de la acción penal- la recurrente cuestiona el alcance del enunciado resaltado.
Sin embargo, en su argumentación, la señora fiscal coincide con el criterio del fallo cuestionado -y con el juez de primera instancia- en cuanto a que, la condición impeditiva " comisión de un delito" , entraña el dictado de una condena firme que así lo establezca.
Expresamente sostiene que: "... el único modo de establecer que el imputado cometió [...] un delito y que ello ha ocurrido durante el lapso de la suspensión de juicio a prueba es por medio de una sentencia judicial firme, pues la certeza sólo opera cuando la sentencia ha sido pronunciada y ya no puede ser revocada, mientras tanto, no hay certeza sino presunción de que pudo haber cometido el delito inculpado" .
En tal sentido, no hay disputa: solo una sentencia de condena firme, acredita la condición impeditiva para avanzar hacia la extinción de la acción penal.
La discrepancia se relaciona con el momento en que debe quedar cristalizada esa aserción, y a tal fin, la impugnante plantea un escenario binario, de dos tesis opuestas: la primera sostiene que la sentencia de condena firme tuvo que haber recaído dentro del tiempo de prueba fijado por el juez/tribunal que otorgó la suspensión del proceso; mientras que la segunda acepta que la condena pueda dictarse y adquirir firmeza luego del plazo de suspensión.
En ese marco, por un lado, argumenta que solo la segunda tesis es la correcta y es derivación de la norma, mientras que, por otro lado, le achaca al fallo casatorio haber adoptado la primera, incompatible con el derecho positivo vigente.
Pues bien, la recurrente sostiene que para revocar la suspensión de juicio a prueba "...alcanza con que el nuevo hecho haya sido cometido durante el período de concesión de la probation, independientemente de la fecha en que se dicte y adquiera firmeza la condena respecto del mismo" .
En sustento de su pretensión, además de la invocación de las finalidades del legislador, incorpora ciertos elementos descriptivos, como ser el plazo que por lo común se insume en un proceso para arribar a una decisión definitoria firme que determine la comisión efectiva de un delito. Cuestiona, además, que se haya utilizado como argumento -para el caso, por el juez de la instancia- la norma del art. 67 inc. "a" que establece como acto interruptor de la prescripción de la acción a "la comisión de otro delito" -redacción similar a la aquí analizada-.
Pero, por otro lado, la Fiscalía -y aquí radica el déficit principal del agravio- le achaca al fallo recurrido haber adoptado el temperamento criticado. Precisamente le reprocha el haber exigido que "...previo al plazo de expiración por el que la misma fue concedida, se hubiere pronunciado una sentencia condenatoria por la comisión de un [...] delito cometido en ese lapso" .
Sin embargo, del fallo casatorio no surge tal postura. Recordemos que Aguirre había sido sobreseído en primera instancia porque el señor juez verificó que estaban cumplidas las condiciones establecidas por la norma del art. 76 ter del Código Penal. Apelado el fallo por la acusación, la Cámara departamental, revocó ese sobreseimiento al considerarlo "prematuro", dado que estimó que, ante la imputación que Aguirre registraba ante un tribunal de la Capital federal, correspondía esperar el resultado final de aquella.
Esta decisión, recurrida por la defensa, es la que el Tribunal de Casación evaluó y dejó sin efecto. Para ello consideró que, al momento en que el juez de primera instancia estuvo en condiciones de resolver , Aguirre no registraba una sentencia de condena firme, por lo que la decisión de la Cámara que condicionaba el dictado de la resolución sobre la suspensión de juicio a prueba, a las resultas del fallo final a dictarse en el otro proceso, no encontraba respaldo en el ordenamiento legal. Por tal motivo, la dejó sin efecto y confirmó el sobreseimiento primigenio.
En ninguno de los párrafos del voto de la doctora Budiño se advierte la circunstancia que la recurrente le reprocha al fallo, esto es, que Casación haya exigido que, "...previo al plazo de expiración" de la suspensión del juicio a prueba, "... se hubiere pronunciado una sentencia condenatoria por un delito cometido en ese lapso" .
Esto muestra la deficiencia de la justificación del agravio con respecto a lo concretamente resuelto en el fallo (art. 495, CPP).
VII. Asimismo, lo relatado deja en evidencia que no se trata entonces de un caso de discrepancia en la interpretación de la regla del art. 76 ter del Código Penal.
En efecto, de acuerdo con lo ya dicho, la Fiscalía coincide en que el enunciado normativo "no cometer delitos" supone la existencia de un fallo de condena que así lo acredite. No hay entonces un problema vinculado con el alcance semántico de un término, o que su uso empírico genere dificultades en el caso. Lo que subyace como objeto del recurso es la pretensión de que esta Corte adopte, de lege ferenda , una solución reguladora para un universo de casos que presenten la circunstancia de que el imputado sometido a probation , registra otra causa penal en trámite por una imputación acaecida durante el período de prueba.
Empero, ello no es posible. En primer lugar, porque desborda el objeto de la impugnación en examen, ceñido a determinar la suficiencia argumentativa del agravio concedido en términos de la excepcional doctrina de la arbitrariedad de sentencias (por arbitrariedad normativa).
En segundo lugar, porque inciden múltiples variables que impiden articular una pauta genérica. Así, cumplido el plazo por el cual el imputado se sometió a prueba, se inicia un procedimiento de recolección de informes, documentos y demás elementos convictivos tendientes a posicionar al juzgador en condiciones de verificar el cumplimiento de las obligaciones que le permitan decidir la cuestión. Y esa tarea demanda la articulación de diferentes actos procesales y, por lo tanto, insume tiempos disímiles, de acuerdo con las características propias de cada caso.
A modo de ejemplo, la información sobre la existencia de otra causa penal en trámite contra el mismo imputado, podría generar como premisa básica, la necesidad de acumular ambos procesos por razones de competencia y conexidad, lo que habilitaría -a diferencia del caso aquí analizado que era de extraña jurisdicción- los consecuentes trámites de inhibitoria o declinatoria.
Es decir que ante la circunstancia de que el imputado sometido a probation registre otra causa penal en trámite por una imputación acaecida durante el período de prueba, los órganos judiciales adoptan diferentes decisiones con sustento en cuestiones circunstanciales. En otras palabras, se trata de un conjunto de casos abierto a múltiples posibilidades y a variables interpretativas y valorativas diversas que impiden articular una pauta general a cumplir.
Es por ello que el análisis debe ser particularizado y no como -a contrario- la parte recurrente pretende: que una puntual práctica judicial (consistente en paralizar un proceso a la espera de la definición en el otro) sea interpretada como regla integradora del texto legal.
Es esa ansia interpretativista la que lleva a la Fiscalía a proponer -en definitiva- un argumento "productor", es decir, un argumento que busca producir una norma nueva, norma que no puede ser imputada a la disposición del art. 76 ter, cuarto párrafo, del Código Penal puesto en examen. Y en tal sentido, "...una cosa es atribuir significado a una disposición preexistente y otra es formular una norma inédita" (v. Guastini, Riccardo Estudios sobre interpretación jurídica , UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, p. 29).
En conclusión y con sustento en las razones expuestas, propongo rechazar por insuficiente el recurso interpuesto.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Coincido con la solución propiciada por la colega ponente.
Como señala la doctora Hilda Kogan, la competencia del Tribunal quedó ceñida a determinar la suficiencia argumentativa del agravio concedido en términos de la excepcional doctrina de la arbitrariedad de sentencias (en el caso, por apartamiento indebido de la expresa letra de la ley).
En la aplicación al pleito del cuarto párrafo del art. 76 ter del Código Penal en cuanto establece que: "Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito , repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal" , la Casación, en concordancia con lo oportunamente decidido por el señor juez de grado -y en lo que concierne al enunciado resaltado- consideró que, al momento en que aquel magistrado estuvo en condiciones de resolver sobre tales extremos, Aguirre no registraba una sentencia de condena firme -sino una causa penal en trámite ante la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- por lo que la decisión de la Cámara que condicionaba el dictado de la resolución sobre la suspensión de juicio a
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