Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137987
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular de Aníbal Oscar Alberti, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Hugo Gabriel Castañares (conf. art. 31 y concs., ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.987, "Alberti, Aníbal Oscar s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 16.195/21 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
Conforme surge del expediente digital, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, el 15 de mayo de 2019, hizo lugar al recurso de la especialidad presentado por el entonces defensor particular de Aníbal Oscar Alberti, doctor Javier Mauricio Petrirena, contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 que lo condenó a la pena de tres años y seis meses de prisión y diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo doblemente agravado por la pluralidad de víctimas (cinco personas) y por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor. En consecuencia, revocó la condena y lo absolvió.
Contra lo así decidido, el señor Fiscal General Reemplazante del Departamento Judicial de Azul, doctor José Ignacio Calonje, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Esta Suprema Corte, mediante sentencia dictada el 22 de junio de 2021, en el marco de la causa P. 132.582, hizo lugar al recurso extraordinario, casó el pronunciamiento recurrido y devolvió las actuaciones a la instancia anterior para que, con la integración que correspondiera, se dictara un nuevo fallo conforme a derecho.
Como consecuencia de ello, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, previa notificación de la radicación, con fecha 1 de febrero de 2022, en virtud del impulso revisor de la defensa del imputado, confirmó la sentencia de condena oportunamente dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 2.
Con posterioridad a que la sentencia de condena adquiriera firmeza, el nuevo defensor particular de Alberti, doctor Hugo Gabriel Castañares, dedujo una acción de revisión en los términos de los arts. 467 incs. 2, 4 y 8, 468 y concordantes del Código Procesal Penal.
Por su parte, la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, mediante sentencia dictada el 27 de septiembre de 2022, rechazó la acción de revisión.
Frente a lo así decidido, el defensor particular, doctor Castañares, dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley. La Cámara desestimó el primero y admitió el segundo por reputar que la denuncia de violación al debido proceso y la tacha de arbitrariedad se plantearon con la suficiencia necesaria para superar la etapa de admisibilidad.
Conforme se advierte del informe de fecha 27 de diciembre de 2022, la defensa particular no dedujo queja contra la desestimación de la vía del art. 491 del Código de rito.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el defensor particular, doctor Hugo Gabriel Castañares, recuerda que la firmeza de la sentencia de condena operó el día 22 de febrero de 2022, quebrantando los derechos de debido proceso y defensa en juicio de su asistido a consecuencia del estado de indefensión en que -a su entender- lo expuso el defensor que lo asistía para entonces -doctor Javier Mauricio Petrirena-, "...quien no sólo no presentó el recurso ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, violentando de esta manera el derecho de Alberti a una revisión amplia del fallo condenatorio, sino que renunció a la defensa de Alberti luego de vencido dicho plazo, y al día posterior en que [su] ahora asistido fuera detenido" (el destacado figura en el original).
De seguido, destaca que en la acción de revisión también se cuestionó que Alberti, en ocasión de ser notificado el día 3 de febrero de 2022 del fallo en causa 16.195/21, no fue informado de su derecho a impugnar la sentencia, ni del plazo para hacerlo, por lo que había carecido del asesoramiento técnico necesario para defenderse correctamente, así como haberse violentado lo normado por el art. 121 inc. 3 del Código Procesal Penal.
En función de ello, afirma que no se le garantizó el efectivo ejercicio del derecho de defensa, todo lo cual le provocó un gravamen irreparable pues se encuentra cumpliendo pena de prisión ante la ausencia de una defensa técnica efectiva durante el trámite recursivo. En su apoyo, cita los fallos "Maidana, Ricardo Alejandro s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" (sent. de 24-V-2022, CSJN) y P. 133.153 , "Ogas Smith" (sent. 20-VIII-2020, SCBA), entre otros (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 inc. 2, CADH; 14, PIDCP; 89 y concs., CPP).
Alega que es irrazonable el argumento de la Cámara relativo a que pudo haber correspondido a una estrategia de defensa de su anterior abogado la falta de interposición de un recurso pues la ausencia de impugnación significó la detención inmediata de Aníbal Alberti como consecuencia de la firmeza de la sentencia.
De seguido, hace referencia a las obligaciones profesionales que se desprenden de la ley 5.177 (conf. arts. 58 incs. 7 y 8 y 73 incs. 2 y 3) y del Código Procesal Civil y Comercial. Cita jurisprudencia e insiste en que la defensa técnica que para ese entonces tenía Alberti fue inexistente, colocándolo en un estado de indefensión.
Sostiene que el fallo en crisis "...se desentiende del derecho constitucional de [su] defendido a la revisión del fallo condenatorio y de la pena por un juez o tribunal superior" (conf. art. 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
Por todo lo expuesto, concluye que la falta de actuación de su anterior defensor particular -doctor Javier Mauricio Petrirena- que no presentó en tiempo y forma el recurso pertinente contra el fallo de Cámara, luego del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte, derivó en la detención de su asistido y en la ejecución inmediata de la sentencia impuesta.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso. Coincido con tal temperamento.
III. De la lectura del fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen que desestimó la acción de revisión intentada -más allá de la desprolijidad de que en un tramo del voto del ponente se concluye que resulta "improcedente" a tenor de las exigencias de la "...interpretación conjunta de los artículos 467 y 470 del Código Procesal Penal", para de seguido finalizar con que propicia al acuerdo "...que se declare inadmisible (o improcedente)", resolviendo finalmente rechazarla por "improcedente"-, se evidencia que, con sustento en el carácter estrictamente excepcional de ese remedio y "la naturaleza taxativa de sus supuestos habilitantes, toda vez que..." se dirige contra una decisión jurisdiccional que reviste la calidad de cosa juzgada, la vía emprendida fue examinada y rechazada por los argumentos que agravian a quien aquí recurre.
Dijo el Tribunal de Alzada, en su carácter de órgano jurisdiccional de la acción de revisión que en ningún caso ella puede presentarse "...como un medio alternativo del que pueda valerse quien se disconforma con una sentencia condenatoria, para el caso en que hayan precluido sus posibilidades impugnativas...", tal el caso que nos convoca.
Luego, aunque sin indicar en qué inciso de los tres invocados por la defensa respecto del art. 467 del Código Procesal Penal encajaba el reclamo, se refirió a la invocada situación de indefensión en que dice haber quedado el condenado Alberti, recordando que, al notificarse de la confirmación del fallo de condena, no hizo ninguna manifestación en torno a la supuesta intención de recurrir.
Agregó que "Si como fuera expresado por la defensa actual, cada notificación cursada generaba una consulta a su letrado para consultar el temperamento a seguir, y la defensa continuó su representación hasta el vencimiento de los plazos recursivos pertinentes, no puede seguirse de ello que existió un estado de indefensión del causante, pues tal vez dicha decisión haya formado parte de la estrategia defensiva".
De seguido, se encargó de explicar los motivos por los cuales el precedente P. 133.153 de esta Suprema Corte, caratulado "Ogas Smith", citado por la parte, no resultaba aplicable al presente, lo cual contribuyó a concluir en la improcedencia señalada.
Sentado ello, la defensa no logra justificar que el recurso de inaplicabilidad intentado contra esa decisión demuestre a cabalidad las cuestiones de pretenso cariz federal que invoca en el marco de la específica acción de revisión intentada.
Cabe recordar, como señaló el a quo , que de las normas del Código de rito surge que la acción de revisión está limitada a supuestos específicos, que son claramente distintos de los más amplios que pueden alegarse mediante los recursos oponibles a la decisión que todavía no está firme (art. 467 y concs., CPP; conf. mutatis mutandi mi voto en P. 126.574, sent. de 23-V-2017).
Por ello, aun cuando el Tribunal revisor, sin un análisis exhaustivo en cuanto a la correspondencia del reclamo con alguno de esos supuestos taxativos, igualmente abordó la queja y la rechazó por improcedente, atento a la mención específica de los arts. 467 y 470 del Código Procesal Penal, lo cierto es que la defensa solo opone su parecer discrepante con lo decidido, sin demostrar los agravios constitucionales que invoca.
Como se señala en el dictamen de la Procuración General, lo cierto es que tanto el imputado como quien ejercía su defensa en ese momento fueron notificados del pronunciamiento de la Cámara departamental que, producto del reenvío dispuesto por esta Corte al acoger el recurso fiscal, debió nuevamente examinar el interpuesto por la defensa contra el fallo de condena, esta vez convalidándolo en todos sus términos, abasteciendo con ello el doble conforme (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
La decisión de la defensa de no impugnar lo resuelto estando debidamente notificada, cuando por lo demás el imputado en libertad también fue anoticiado, con la expresa entrega de copias xerográficas de la decisión que convalidaba la condena y sin manifestar en ningún momento útil su voluntad impugnativa, como señaló el a quo , dejan a este supuesto al margen del precedente que se cita dadas las diversas circunstancias causídicas.
Insistiendo la parte en los mismos reclamos que fueran desestimados, sin aportar argumentos que puedan revertir la sentencia firme que pesa sobre Aníbal Oscar Alberti, corresponde su rechazo.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular de Aníbal Oscar Alberti, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Hugo Gabriel Castañares (conf. art. 31 y concs., ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/02/2024 10:06:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2024 11:36:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2024 13:07:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 11:54:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 12:14:37 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/03/2024 13:12:24 hs. bajo el número RS-16-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia