Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138059
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.059, "C., J. L. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 85.465 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a J. L. C. a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, reiterado.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 28 de julio de 2020, rechazó el recurso interpuesto por la defensa del imputado; e hizo lugar a los recursos deducidos por el señor agente fiscal y la particular damnificada; casó parcialmente la sentencia impugnada y condenó al nombrado C. como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso ideal con corrupción de menores agravada por el vínculo, y devolvió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que determine la pena a imponer.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, con fecha 17 de noviembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto, impuso a J. L. C. la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas en orden a los delitos antes mencionados.
Contra esa decisión, atendiendo a la revisión integral requerida, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, con fecha 19 de mayo de 2022, rechazó el recurso de la defensa y confirmó el pronunciamiento que lo condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso ideal con corrupción de menores agravada por el vínculo (v. Sala II del Tribunal de Casación Penal, sent. de 19-V-2022).
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, Ignacio Juan Domingo Nolfi, que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. Sala II del Tribunal de Casación Penal, resol. de 15-XI-2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Juez doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal, en tanto a su modo de ver, no se acreditó la intención de C. de "promover o facilitar" la corrupción de la víctima, circunstancia que -según dijo- amplió los límites de la legalidad estricta en materia penal (arts. 18 y 19, Const. nac.).
Sostuvo que a los efectos de tener por acreditada la figura atribuida no solo se requiere tener en cuenta la entidad o capacidad corruptora del acto, sino también la intencionalidad del sujeto activo pues -adujo- no hay corrupción de menores sin el dolo específico del autor.
Agregó que las distintas modalidades abusivas no exceden el tipo penal del abuso sexual y, en consecuencia, no pueden tenerse por acreditados los extremos típicos del delito en cuestión.
Expresó que la corta edad de la víctima y la ejecución de un acto con contenido sexual respecto de aquella, no son suficientes a tal fin, ya que el autor debe conocer y querer que la acción que ejecuta provoque o facilite el estado de corrupción.
Estimó así que el análisis conglobado del cuadro probatorio dio cuenta únicamente de actos de carácter sexual que, por su índole no apuntan a la corrupción del sujeto pasivo, entendido como el estado contrapuesto de la normalidad del desarrollo de la sexualidad de las personas.
Concluyó que se transgredió el principio de máxima taxatividad legal al interpretarse que "automáticamente" los actos de abuso sexual consumados contra un menor de edad resultan potencialmente idóneos para facilitar su corrupción sexual.
Por ello, solicitó que se case el fallo impugnado y se absuelva a su defendido por el delito de corrupción de menores.
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General: el recurso no prospera.
III.1. De un breve derrotero de la causa surge que en la instancia de origen se tuvo por debidamente acreditado que "...en fechas y horarios no determinados con precisión, pero sí los días sábados y domingos comprendidos entre los meses de enero y junio del año 2.012, en la vivienda ubicada en [...] de la localidad de La Tablada, Partido de La Matanza, J. L. C., abusó sexualmente de su hijo S. I. C. G., teniendo a esa fecha el menor entre 3 y 4 años de edad, efectuándole tocamientos inverecundos sobre sus partes pudendas e introduciendo su pene entre las nalgas del pequeño; configurándose de este modo un sometimiento sexual gravemente ultrajante, dada la reiteración de los hechos, la modalidad y características de los mismos".
El tribunal calificó el hecho como abuso sexual agravado reiterado, y rechazó la pretensión de la fiscalía y la particular damnificada, respecto de la concurrencia del delito de corrupción de menores.
III.2. Apelado el fallo por las partes, la Sala III del Tribunal de Casación, integrada por los señores jueces Violini y Borinsky, rechazó el recurso de la defensa e hizo lugar a los deducidos por la fiscalía y la particular damnificada; casó parcialmente la sentencia, modificó la calificación legal y condenó a C. como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y reiterado en concurso ideal con el de corrupción de menores agravada por el vínculo, y devolvió las actuaciones a fin de que se determinase la pena a imponer conforme lo resuelto.
III.3. Reabierta la competencia, el tribunal de primera instancia impuso a C. la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas; y previo recurso de la defensa solicitando la revisión integral del fallo, la Sala II pronunció el fallo en crisis.
III.4. Los magistrados precisaron que el tribunal tuvo por acreditado que el niño sufrió los padecimientos descriptos -y probados- a manos de su progenitor, los que incluyeron "...tocamientos en sus zonas íntimas, frotamiento del pene en la cola del menor, exhibición de pornografía y enseñanza de prácticas masturbatorias".
Agregaron que se tuvo en cuenta que el delito analizado requiere algo más que el mero abuso, "...un 'plus' en relación a los ataques sexuales de base" puesto que resulta necesario para su configuración que los actos llevados a cabo por el autor tengan real capacidad corruptora o lo que es lo mismo, que tengan entidad para "...deformar el desarrollo natural de una persona respecto de su sexualidad, ya sea por el momento de su iniciación, por las razones de su realización o por los modos, formas o prácticas de su ejecución".
Explicaron que no desaparece la diferencia que el legislador marcó entre los delitos de corrupción y las distintas formas de abuso y figuras afines. Así, aseveraron que correspondía analizar los actos llevados a cabo por el autor en forma conjunta, para poder evaluar la capacidad corruptora de aquellos en forma autónoma, es decir, independientemente del significado que cada práctica o acción sexual pueda tener.
También reiteraron que oportunamente los magistrados habían señalado que el art. 125 del Código Penal no describe a los actos con capacidad corruptora ni especifica el resultado por lo que se hacía necesaria una evaluación cautelosa y prudente para su aplicación.
Tras ello, juzgaron -de las circunstancias fácticas reseñadas- que las variadas acciones de contenido sexual ejercidas sobre la víctima, el imputado llevó a cabo conductas consistentes en el ejercicio de enseñanzas y prácticas idóneas para deformar el sentido naturalmente sano de la sexualidad de la víctima, torciendo los normales instintos, que también, en función de la edad del niño, resultaron prematuras.
Y que, en la calidad y cantidad de los ataques sexuales padecidos por S., radica el "plus" que la figura requiere y que, en el caso, además, existe también en virtud del vínculo entre víctima y victimario, pues, la violación de la prohibición de incesto, resulta una circunstancia objetivamente idónea para torcer la natural, libre, sana, biológica y progresiva evolución sexual del sujeto.
Luego de efectuar esa reseña y análisis, coincidió con su antecesor en que los hechos encuadraban, además del abuso sexual, en el delito de corrupción de menores.
Precisó que la norma en cuestión solo exige la comprobación de una efectiva conducta del imputado idónea para promover o facilitar la corrupción, identificando la misma con la alteración misma de la salud sexual, y también en cuanto a que para que el tipo subjetivo del delito previsto en el art. 125 del Código Penal se encuentre abastecido resulta suficiente que el autor conozca la edad de la víctima y que los actos que realiza, por su naturaleza, sean capaces de corromperla, circunstancias éstas que resultaron cabalmente acreditadas en el caso, destacando que, permanece inalterada la porción del decisorio en el que se tuvo por demostrado que las prácticas sexuales llevadas a cabo por el acusado, poseían entidad objetiva e idoneidad suficiente para interferir en el proceso evolutivo natural de la sexualidad del menor.
Agregó que en lo que respecta al aspecto cognoscitivo de la figura en cuestión, que pertenece al conocimiento normal, de conformidad con el sentido más llano del acontecer ordinario de las cosas, el dato a partir del cual favorecer esta clase de prácticas sexuales con un menor de entre tres y cuatro años de edad al tiempo de los hechos, supone un condicionamiento inapropiado en el curso natural y libre de su sexualidad por resultar prematuro y excesivo, y a partir de ello se desprende que no existen circunstancias que permitan afirmar que el sujeto aquí juzgado no fuera consciente de las consecuencias que su obrar podía acarrear para el menor, dado que a partir del análisis de la totalidad de las circunstancias emergentes de los hechos acreditados, la calidad de las prácticas abusivas desplegadas, su reiteración en el tiempo, junto a la precocidad, dada la corta edad de la víctima, permiten válidamente inferir el carácter doloso de las conductas asumidas por el imputado, que requiere el delito de corrupción de menores del art. 125 del Código Penal.
IV. Frente a lo así resuelto, el recurrente simplemente insiste con su tesis acerca de que no se probó el dolo directo de su defendido de "promover o facilitar" la corrupción de la víctima y, de tal modo, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 125 del Código Penal, ya que en rigor, pretende una reinterpretación de los hechos y de los elementos probatorios a partir de los cuales se convalidó la calificación legal, y ello se encuentra por fuera del marco propio de conocimiento de esta Corte (art. 494, CPP y su doctr.).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conducir a una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad claramente invocados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, la regla determina que no corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 111.032, sent. de 10-VII-2013; P. 110.347, sent. de 23-XII-2013; P. 127.974, sent. de 21-II-2018; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 132.813, sent. de 13-IV-2021; e.o.).
En definitiva, los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el Tribunal de Casación, opuesto a su pretensión. Y, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-XI-2009; P. 102.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; P. 134.058, sent. de 27-XII-2022; e.o.).
Tampoco rebatió los fundamentos brindados de un modo eficaz a los efectos de impedir convalidar la configuración del marco de tipicidad de la figura prevista en el art. 125 del Código Penal, con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa.
La alusión a una posible afectación del principio de máxima taxatividad legal e interpretativa (arts. 18 y 19, Const. nac.), más allá de toda otra reflexión posible, no trasciende de un mero enunciado dogmático desprovisto de toda vinculación con lo resuelto (art. 495, CPP).
V. De cualquier forma, cabe destacar que lo resuelto por el tribunal intermedio es coincidente con la inveterada doctrina legal de esta Corte que, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que el art. 125 del Código Penal no tiene por núcleo de referencia a quien corrompiere, sino a quien "promoviere" o "facilitare" la corrupción, por lo cual el tipo no requiere que se produzca la concreta corrupción (causas P. 128.666, sent. de 20-III-2019; P. 132.773, sent. de 27-VIII-2020; P. 132.644, sent. de 1-XII-2020 y P. 134.873, sent. de 12-XI-2021).
Se trata de un delito que pretende reprimir esencialmente la comisión de actos de contenido sexual con aptitud suficiente para adelantar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima.
En lo que hace a las acciones típicas, "promover" significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo "procurando su logro", "mover", "llevar hacia delante". Por lo tanto, para que se perfeccione este supuesto no es necesario que se concrete la corrupción como resultado lesivo, sino que se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia delante) actos suficientemente idóneos tendientes a desviar el normal desarrollo psicosexual del sujeto pasivo.
Por su parte, "facilitar" significa crear las condiciones para que algo sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad".
Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación que esta Corte viene sosteniendo que la figura de corrupción de menores se trata de un delito doloso en el que el autor debe conocer la edad de la víctima y el contenido potencialmente corruptor de su conducta, así como también tener la voluntad de producir el acto idóneo para corromper (causas P. 132.773, cit. y P. 133.550, sent. de 9-XII-2020).
Por todo lo expuesto y de conformidad con la plataforma fáctica que arriba firme a esta instancia, el recurso no prospera pues no logra desbaratar la calificación legal asignada.
Por lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2024 11:28:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 19:52:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2024 11:58:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:01:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:35:41 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/03/2024 12:16:49 hs. bajo el número RS-37-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia