Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138276
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.276, "Amarilla, Raúl Ezequiel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causas n° 108.510 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Juzgado de Ejecución Penal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal (modif. por ley 25.892) y denegó el beneficio de la libertad asistida en términos de libertad condicional en favor de Raúl Ezequiel Amarilla (v. resol. digital de 14-XII-2020).
Deducido recurso de apelación por la defensa oficial, la Sala de Feria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del mismo departamento judicial confirmó el auto impugnado en todo cuanto fuera materia de recurso (v. resol. digital de 28-I-2021).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial interpuso recurso de casación y la Sala IV del Tribunal de Casación Penal lo rechazó por improcedente (v. sent. digital de 17-VI-2021 y aclaratoria de 14-VI-2022).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 22-IX-2022), el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. resol. digital de 29-XI-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 21-IX-2023), dictada la providencia de autos (v. proveído de 22-IX-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 14 segunda parte del Código Penal y 100 de la ley de ejecución penal provincial 12.256, en cuanto establecen la imposibilidad de obtener la libertad condicional y las salidas transitorias, respectivamente, a aquellas personas que fueran condenadas por determinados delitos.
I.1. En primer lugar, denunció la afectación del derecho a la resocialización como fin de la pena impuesta (arts. 18, Const. nac.; 7 y 10.3., PIDCP y 5, CADH).
Luego de efectuar diversas consideraciones teóricas acerca de la finalidad de la pena conforme los postulados de la prevención especial positiva, adujo que "No resulta lógico que [su] asistido sea impedido de acceder a la última etapa del régimen de ejecución de la pena, pese a que se encuentra demostrado en la causa que adquirió todas las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad, basándose dicho impedimento en el mero hecho de haber cometido determinado delito, aspecto objetivo de la ley penal que de ningún modo puede prevalecer sobre el fin último de la pena privativa de libertad".
Adunó a ello que la interpretación de las normas que se cuestionan efectuada por el tribunal intermedio "...se enfrenta a la engorrosa situación de ponderar una presunción anticipada y de naturaleza apodíctica respecto de la prognosis de reinserción del hombre penado, dejando de lado la posibilidad de evaluación empírica y concreta tras años de encierro".
Explicó que la variable para avanzar en la readaptación social del condenado no puede ser otra que las mejoras obtenidas en sus condiciones personales, con lo cual "...el tipo de delito por el cual se lo condenó nunca podrá constituirse en el dato definitorio para que se decida si se debe avanzar en el tratamiento o no. En todo caso será un dato más entre todos los que deberán tenerse en cuenta para definir el tratamiento más adecuado, pero nunca, podrá funcionar como única variable para quitar una de sus etapas fundamentales".
Agregó que "...este tratamiento diferente que se propone incumple con la manda constitucional pues el fin de resocialización deja de ser el 'esencial', como marcan el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y la Convención [Americana sobre Derechos Humanos], ya que, como se ha demostrado resulta imposible lograr dicho fin desde una situación de encierro".
Con relación a la reforma legislativa introducida por la ley 25.892, destacó que "...no fue [...] para acentuar el derecho constitucional a la readaptación social sino, por el contrario, existió una clara intención de utilizar la pena sólo para excluir a los 'delincuentes' de la sociedad y así poder defender, proteger y amparar a las víctimas, tal la propia palabra del legislador".
Por último, dijo que el órgano revisor "...dejó de lado la finalidad resocializadora como argumento esencial al momento de evaluar la procedencia o no de la libertad y se inclinó por la justificación exclusiva en el tipo de delito cometido".
I.2. Luego, denunció la violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16, Const. nac. y 24, CADH).
Tras referirse a normativa y doctrina sobre el citado principio constitucional, argumentó que "...restringir el régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos [...] haciendo fincar tal restricción en el delito cometido, no sólo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable" y que "La selección es arbitraria porque no guarda ninguna relación con el derecho que se va a modificar".
Alegó que "Sólo se habla de gravedad de los hechos como factor común a todos los delitos, pero ese dato además de no resultar razonable para privarlos de la libertad condicional y del resto de los institutos del periodo de prueba [...], tampoco supera el filtro de razonabilidad debido a que sigue siendo violatorio del principio de igualdad ya que por más que en su mayoría ellos sean delitos graves no son los únicos que el Código [Penal] contempla".
Por los fundamentos expuestos, requirió se case la decisión recurrida y se conceda la libertad asistida en términos de condicional de Raúl Ezequiel Amarilla o bien, subsidiariamente, se reenvíen los autos a la sede intermedia para que resuelva conforme las pautas contenidas en la presentación recursiva.
II. El señor Procurador General emitió su dictamen propiciando el rechazo del remedio en examen. Coincido con él.
III. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal especificó -aclaratoria mediante- que Raúl Ezequiel Amarilla había sido condenado a la pena única de veintiún (21) años y nueve (9) meses de prisión, comprensiva de la impuesta en autos a diecisiete (17) años y nueve (9) meses de prisión, accesorias legales y costas, en orden al delito de homicidio en ocasión de robo; y de la dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental en causa 1813/2290 a cinco (5) años de prisión, accesorias legales y costas, en orden al delito de robo calificado por el uso de arma, robo con arma en grado de tentativa y tentativa de robo con efracción.
Frente a similares cuestionamientos llevados a su conocimiento, recordó que en numerosas oportunidades ese tribunal ya había rechazado planteos en orden al art. 14 segunda parte del Código Penal y citó los argumentos brindados en un precedente de esa Sala para descartarlo.
Con sustento en doctrina de esta Suprema Corte y de la Corte federal, expresó que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, con lo cual debe ser considerada la ultima ratio del orden jurídico; y que la suficiencia de una impugnación de este carácter exige la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquella y estas.
Explicó que "...nada de ello ocurre en el caso en estudio, dado que no se violenta principio constitucional alguno con una mera norma en la que entran en juego -para una sana discreción del legislador- razones de política criminal y por ende, excede el ámbito del examen 'la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones' ('Pupelis, María', C.S.J.N. 14/5/91)".
Luego de reiterar que la redacción de la norma cuestionada obedece a una cuestión de política criminal y de técnica legislativa, dijo que "...al estructurarse en nuestro país la división de poderes y de funciones, inherente a nuestro sistema constitucional de gobierno, aceptándose que el Poder Judicial es el guardián de la constitucionalidad, para así asegurar la supremacía de la Carta Magna, se abre de inmediato una excepción, puesto que el ejercicio por parte de cada uno de los poderes de competencias que le son privativas, es estrictamente político, y en su ámbito no puede penetrar la revisión judicial".
Continuó afirmando que "El efecto de esta construcción es que las decisiones adoptadas en tales materias por el ejecutivo o el legislativo se agotan en la propia instancia de la que emanan, sin que puedan ser llevadas a través de una cuestión de constitucionalidad ante las cortes judiciales. Así, la estructuración, organización y delimitación de competencias a través del dictado del ordenamiento legal procesal, es una facultad política inherente al órgano legislativo, conforme lo dispuesto en los artículos 75, inciso 20 de la Constitución Nacional y 166 de la Constitución de la Provincia -sin perjuicio de las eventuales posibilidades reglamentarias concedidas al ejecutivo, o en algunos casos, al judicial-, que se encuentra exenta de todo control judicial, en tanto se respeten las normas básicas contenidas sobre el punto por la Constitución Nacional".
Trajo a colación doctrina legal de la Corte federal en el aludido precedente "Pupelis, María", en cuanto a que "...la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula sea manifiesta, clara e indudable. La Corte Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto a la Carta Fundamental, con carácter privativo a los otros poderes".
En lo particular, resolvió que "...la libertad condicional es un derecho establecido a favor del condenado que modifica la forma de cumplimiento de la pena, pero no permite su acortamiento. Sentada la base que consiste en el reconocimiento del instituto como una forma de cumplimiento de pena, [...] no se verifica la alegada violación al principio de igualdad ante la ley que emana del art. 16 de la Constitución Nacional desde que nada impide que se otorguen a unos -los condenados a otros delitos- ciertas concesiones que no se confieren a quienes no están en análoga situación" y que "...resulta imposible sostener la violación a la garantía invocada toda vez que no hay distingos en el universo de sujetos que revistan iguales calidades".
Explicó, además, que "...lo que buscó el Congreso Nacional a través de la reforma legislativa -ley 25.892- fue ajustar el tratamiento penitenciario, como un modo de propender a que el encausado internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado con su conducta ilícita y, de esa manera, lograr los fines de la resocialización de la pena".
Por otra parte, señaló que "...así como con el caso de la reincidencia, estamos frente a una postura de política penitenciaria establecida por el legislador, que fija un determinado tratamiento resocializador para los autores de conductas delictivas determinadas (de altísima gravedad), que no aparece como lesiva a principio constitucional alguno y, por tanto, sometida a control judicial".
Trajo a colación la opinión de Sebastián Soler sobre este instituto: "'...la libertad anticipada es una modalidad que, dentro del sistema progresivo que adopta nuestra ley, asume la pena privativa de libertad y es perfectamente lícito y constitucional que el legislador haya dispuesto cuáles son las condiciones y requisitos que ese beneficio necesita para ser concedido. Además de ser legítimo y razonable privar de ese privilegio a quien por su conducta ha demostrado no ser merecedor de él, parece entonces válida la crítica de que los tribunales no pueden por su cuenta y riesgo, arrogándose facultades que no tienen, modificar un importante aspecto de la política criminal delineada por el legislador'".
A renglón seguido, destacó que "Por tanto, existe un fundamento razonable para hacer la distinción contenida en la segunda parte del art. 14 del Código Penal, la que prevé la prohibición respecto a que no podrá otorgarse el beneficio de la libertad condicional a los condenados por el delito [...] por lo cual el legislador se encuentra facultado para establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime conveniente para cada caso y como cimiento de sus bases esenciales" y que "Las normas en cuestión no obstan a la resocialización del condenado, toda vez que del art. 1 de la ley 24.660 surge que 'La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad'. Así las cosas, se desprende que durante el transcurso de tiempo en que el condenado permanezca privado de su libertad, es función del Estado arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad; ya que tal como se expusiera más arriba, todo condenado a pena privativa de la libertad cuenta con la posibilidad de recuperarla".
Sumó que "...el condenado podrá lograr una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena, al obtener un cambio de sección o grupo dentro del establecimiento penitenciario o su traslado a otro (art. 14 de la ley de ejecución penal nacional 24.660)" y que "...en los últimos seis meses de su condena previos al otorgamiento de la libertad condicional si correspondiere, será pasible de adquirir salidas transitorias a razón de un día (1) por cada año de prisión o reclusión cumplida en los cuales haya efectivamente trabajado [o] estudiado (art. 100 párrafos 5, 6, 7 y 8 de la ley de ejecución penal provincial 12.256)".
En definitiva, la Casación consideró que el agravio de la defensa en orden a que el art. 14 del Código Penal atenta contra la resocialización de la persona condenada constituía un enunciado dogmático vacío de contenido, y afirmó que esa finalidad resocializadora es esencial pero no excluyente. Así, sostuvo que las modificaciones a la ley nacional 24.660 -como el caso de la ley 25.948- relativizaron el propósito resocializador al introducir "...un componente inocuizador que no puede ser soslayado en la interpretación integral de ese cuerpo normativo".
Por lo expuesto, concluyó que correspondía rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 segunda parte del Código Penal.
IV. Lo así decidido no ha sido debidamente impugnado por la parte (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, los cuestionamientos traídos por la defensa para objetar lo resuelto por el tribunal intermedio no pasan de una interpretación distinta de la figura en trato y no demuestran de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional.
Cabe recordar que esta Corte ya ha rechazado, en reiteradas ocasiones, objeciones de inconstitucionalidad del art. 14 segunda parte del Código Penal basadas en argumentos similares a los que trae el recurrente (conf. mutatis mutandi mi voto en causas P. 135.058, sent. de 13-IV-2022; P. 136.045, sent. de 4-VIII-2023 y P. 136.445, sent. de 3-X-2023 y doctr. causas P. 127.747, sent. de 4-VII-2018; P. 131.225, sent. de 17-IV-2019; P. 131.703, sent. de 18-XII-2019; e.o.).
El régimen de la libertad condicional (arts. 13 a 17, Cód. Penal) es una manifestación de la política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario. Tanto la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprochables, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretende evitar y las penas con las que se intenta conseguirlo son potestad exclusiva del legislador, quien goza de un amplio margen de libertad; es por ello que el control constitucional difuso que posee la jurisdicción al respecto debe ser muy cauteloso (causa P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016, voto de la doctora Kogan).
La decisión normativa que aquí se cuestiona fue adoptada por el legislador nacional de manera legítima y ratificada con la sanción de la ley 27.375 (B.O., 28-VII-2017), que amplió el listado de delitos impedidos de acceder a la liberación anticipada.
El art. 14 del Código Penal, en cuanto establece que los condenados por alguna de las figuras tipificadas en los arts. 80 inc. 7, 124, 142 bis anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo, no pueden acceder a la libertad condicional, lo que hace, en palabras de la Corte federal, es determinar "...la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional" (CSJN Fallos: 334:559).
Eso no es distinto de lo que ocurre con la reincidencia, cuya constitucionalidad ha sido ratificada en varias oportunidades por el Máximo Tribunal federal y por esta Corte (CSJN Fallos: 308:1938; 311:1451; 329:3680 cons. 12° a 18° del voto del señor juez Petracchi y 337:637; SCBA causas P. 106.677, resol. de 25-XI-2009; P. 103.293, resol. de 17-II-2010; P. 112.597, resol. de 16-II-2011; e.o.).
Precisamente, la garantía constitucional de la igualdad no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que consideren diferentes, siempre que concurran objetivos motivos de diferenciación que no sean irrazonables. En el caso del art. 14 -insisto, en su redacción de acuerdo a la ley 25.892-, el legislador eligió determinados delitos que comulgan en la consecuencia de la muerte de la víctima (considerados "atroces" y "aberrantes" de acuerdo al debate legislativo) y los excluyó de la liberación anticipada.
Más allá de que el criterio de distinción sea opinable, no puede en modo alguno tachárselo de arbitrario. Y resulta claro que el régimen más severo se impone no por lo que el condenado es, sino por lo que hizo.
En otro orden, que los condenados por alguno de los delitos enumerados en el art. 14 no puedan aspirar al régimen de libertad condicional tampoco implica que el Estado haya abandonado la finalidad esencial de reforma y readaptación social (arts. 5 inc. 6, CADH y 10 inc. 3, PIDCP).
En este sentido, la defensa no rebate eficazmente el argumento del tribunal intermedio, según el cual la imposibilidad de acceso a la libertad condicional no obsta a la resocialización del condenado pues existen otras herramientas para garantizar la ejecución progresiva de la pena. Es preciso destacar especialmente la atenuación en cuanto a la rigurosidad del régimen introducida por el art. 56 quater a partir de la ley 27.375 (B.O. de 28-VII-2017), porque el magistrado interviniente deberá resolver -en su caso y en tiempo oportuno- la adecuación de la situación de Raúl Ezequiel Amarilla a la legislación vigente (conf. causas P. 132.969, sent. de 25-VIII-2020; P. 133.520, sent. de 5-II-2021; P. 135.058 y P. 136.045, cits.).
Según arraigada doctrina de la Corte federal -que también invocó el Tri
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