Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138415
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de César David Izaguirre, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.415, "Izaguirre, César David s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 120.417 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro declaró la inconstitucionalidad del art. 14 inc. 5 del Código Penal e incorporó a Cesar David Izaguirre al régimen de libertad condicional (v. resol. digital de 9-VI-2022).
La Fiscalía apeló esa decisión y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental revocó la resolución impugnada (v. resol. digital de 13-VII-2022).
Deducido recurso de casación por la defensa oficial, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de noviembre de 2022, por mayoría, lo rechazó y confirmó lo decidido por la Cámara.
Contra lo así resuelto, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por la Sala recurrida (v. resol. digital de 15-XII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 26-IX-2023), dictada la providencia de autos en la misma fecha, presentado el memorial por la defensa de Izaguirre (v. presentación de 25-X-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, del Código Penal en cuanto establece que la libertad condicional no se concederá en los casos de los delitos previstos en los arts. 165 y 166 inc. 2, segundo párrafo, del mismo cuerpo legal -art. 14 inc. 5 del Código Penal (texto según ley 27.375)-.
Entendió que la norma cuestionada prohíbe la concesión del mencionado beneficio anticipado por el solo hecho de haber sido condenado por alguno de los delitos allí especificados -en el caso de autos: robo en los términos del art. 166 inc. 2 del Código Penal-, sin importar ningún dato relativo sobre el modo en que se ha comportado la persona durante el período que estuvo privada de libertad bajo el correspondiente tratamiento.
I.1. En ese marco, en primer lugar, denunció la afectación del derecho a la resocialización como fin de la pena.
Luego de efectuar diversas consideraciones teóricas acerca de la finalidad de la pena, conforme los postulados de la prevención especial positiva y de citar diversos precedentes de la Corte federal en sustento de su postura, adujo que "No resulta lógico que [su] asistid[o] sea impedid[o] de acceder a la última etapa del régimen de ejecución de la pena, pese a que se encuentra demostrado en la causa que adquirió todas las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad, basándose dicho impedimento en el mero hecho de haber cometido determinado delito, aspecto objetivo de la ley penal que de ningún modo puede prevalecer sobre el fin último de la pena privativa de libertad".
Adunó que la interpretación del cuestionado art. 14 del digesto sustantivo efectuada por el tribunal intermedio "...se enfrenta a la engorrosa situación de ponderar una presunción anticipada y abstracta respecto de la prognosis de reinserción del hombre penado, dejando de lado la posibilidad de evaluación empírica y concreta tras años de encierro".
Explicó que la variable para avanzar en la readaptación social del condenado no puede ser otra que las mejoras obtenidas en sus condiciones personales, con lo cual "...el tipo de delito por el cual se lo condenó nunca podrá constituirse en el dato definitorio para que se decida si se debe avanzar en el tratamiento o no. En todo caso será un dato más entre todos los que deberán tenerse en cuenta para definir el tratamiento más adecuado, pero nunca, podrá funcionar como única variable para quitar una de sus etapas fundamentales".
También señaló que "...este tratamiento diferente que se propone incumple con la manda constitucional[,] pues el fin de resocialización deja de ser el 'esencial', como marcan el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y la Convención [Americana sobre Derechos Humanos], ya que, como se ha demostrado resulta imposible lograr dicho fin desde una situación de encierro".
Con relación al propósito de la reforma legislativa introducida al art. 14 del Código sustantivo por la ley 25.892 destacó que "...no fue [...] para acentuar el derecho constitucional a la readaptación social sino, por el contrario, existió una clara intención de utilizar la pena sólo para excluir a los 'delincuentes' de la sociedad y así poder defender, proteger y amparar a las víctimas de las personas 'peligrosas', tal la palabra del legislador".
Por último, alegó que el órgano revisor "...dejó de lado la finalidad resocializadora como argumento esencial al momento de evaluar la procedencia o no de la libertad [condicional] y se inclinó por la justificación exclusiva en el tipo de delito cometido", apartándose de ese modo de la manda constitucional que lo ampara a fin de obtener el beneficio liberatorio en cuestión.
I.2. En segundo término, denunció la violación del principio de igualdad ante la ley.
En prieta síntesis, con invocación de diferentes precedentes de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y del Máximo Tribunal nacional -entre ellos el caso "Nápoli" (CSJN Fallos: 327:2868)-, destacó que: "...restringir [en el caso bajo estudio] el régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos [...] haciendo fincar tal restricción en el delito cometido, no sólo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable" y que "La selección es arbitraria porque no guarda ninguna relación con el derecho que se va a modificar".
Sostuvo que "Sólo se habla de gravedad de los hechos como factor común a todos los delitos, pero ese dato además de no resultar razonable para privarlos de la libertad condicional y del resto de los institutos del periodo de prueba [...], tampoco supera el filtro de razonabilidad debido a que sigue siendo violatorio del principio de igualdad ya que por más que en su mayoría ellos sean delitos graves no son los únicos que el Código [Penal] contempla".
En suma, requirió se case la decisión recurrida y se conceda la libertad condicional a César David Izaguirre o bien, subsidiariamente, se reenvíen los autos a la sede intermedia para que resuelva conforme las pautas contenidas en la presentación recursiva.
II. Coincido con el señor Procurador General: el recurso debe ser rechazado.
III. Frente a similares cuestionamientos que la defensa llevó a conocimiento del tribunal intermedio mediante el recurso de casación oportunamente deducido, la mayoría de dicho organismo -conformada por el voto del juez Maidana, a quien adhirió el juez Borinsky- rechazó el agravio referido sobre la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal.
En ese quehacer, partió de considerar que una declaración de tal naturaleza como la reclamada "...constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia [...que] debe ser estimada como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino en casos de estricta necesidad"; se sustentó en doctrina que citó de la Corte federal en cuyo marco entendió que la defensa no había demostrado la denunciada incompatibilidad constitucional ni tampoco que la aplicación del art. 14 del Código Penal resultase particularmente problemática en el caso (v. fs. 11 y 12 de la resolución digital).
De seguido, refirió que según los antecedentes del debate parlamentario de la ley 25.892 "...el legislador tuvo en cuenta razones de política criminal para suprimir o restringir beneficios a quienes han cometido determinados delitos, mecanismo cuya arbitrariedad no se [advierte] sino que, al contrario, ha considerado circunstancias que por su entidad, gravedad y magnitud, conmueven a la sociedad. El legislador ha tenido en cuenta la necesidad de que los condenados por determinados delitos graves, no accedan a la libertad condicional, como un modo de propender a que internalicen la gravedad de la lesión social que han [provocado], y de esta manera, lograr los fines de la resocialización de la pena..." (fs. 12).
Destacó que en igual dirección la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...el distinto tratamiento dado por la ley a aquellas personas que cometen ciertos delitos, con respecto a otras cuyo accionar resulta violatorio de figuras penales diferentes, así como hacer una distinción entre quienes se conducen de una manera diversa en la comisión de un ilícito por el que son condenados, actuando con mayor violencia o provocando una lesión a un bien jurídico de mayor importancia, respecto de quienes no lo hacen, no es violatorio de las normas constitucionales, y tiene su fundamento razonable en la facultad del legislador de establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime para cada caso (cfr. CSJN causa 'L'Eveque, Ramón Rafael s/robo', rta. 16/8/88, Fallos 311:1451)" (fs. 13).
Con relación al supuesto de autos, precisó que "...la gravedad del delito [...] es un parámetro válido diferenciador que no vulnera el principio de igualdad, pues es una pauta indicativa de que ella se aplica no 'por lo que es', sino 'por lo que hizo', adecuándose así a un derecho penal de acto" (fs. cit.).
Asimismo, el a quo desestimó el reclamo de la defensa en cuanto a la incompatibilidad de la norma cuestionada con la finalidad resocializadora delineada por el bloque federal constitucional.
En tal sentido, razonó que la liberación anticipada del condenado no es un derecho absoluto, que debe otorgarse sin restricciones, sino que es uno de los tantos dispositivos que las normas que rigen la ejecución de las penas privativas de la libertad consagra a los efectos de alcanzar ese objetivo bajo el régimen de progresividad, pero no es el único. Destacó que, frente a la imposibilidad de acceder a la liberación anticipada, no obstante, se permite al penado la inclusión en otros beneficios que flexibilizan el modo de cumplimiento de la pena, como ser su ingreso en el régimen abierto o salidas transitorias, prisión discontinua o semidetención toda vez que el impedimento rige exclusivamente respecto del art. 13 del Código Penal, pero que no es válido razonablemente hacerlo extensivo a aquellas otras hipótesis.
El tribunal intermedio concluyó: "...si bien la ley intensifica el tratamiento resocializador al negarle la obtención de la libertad condicional a quienes cometieron ciertos delitos (art. 14 'segunda parte', C.P.); ello no impide al penado el avance en el tratamiento resocializador en aras de obtener su acceso al medio libre" (fs. 13 y 14).
IV. Lo así decidido no ha sido debidamente impugnado por la parte (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, los cuestionamientos traídos por la defensa oficial para objetar lo resuelto por el a quo no pasan de constituir una interpretación distinta sobre la validez de la norma en cuestionamiento, que no logra demostrar de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional.
Cabe recordar que esta Corte ha rechazado, en reiteradas ocasiones, objeciones de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, del Código Penal basadas en argumentos similares a los que trae el recurrente (conf., mutatis mutandis, doctr. causas P. 135.058, sent. de 13-IV-2022 -voto del distinguido colega doctor Torres al cual presté mi adhesión -; P. 127.747, sent. de 4-VII-2018; P. 131.225, sent. de 17-IV-2019; P. 131.703, sent. de 18-XII-2019; e.o.).
En ese sentido, este Tribunal ha expresado que el régimen de la libertad condicional (arts. 13 a 17, Cód. Penal) es una manifestación de la política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario; tanto la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprochables, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretende evitar y las penas con las que se intenta conseguirlo son potestad exclusiva del legislador, quien goza de un amplio margen de libertad; es por ello que el control constitucional difuso que posee la jurisdicción al respecto debe ser muy cauteloso (conf., en lo pertinente, causa P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016 -voto de la doctora Kogan al cual adherí-).
La decisión normativa que aquí se cuestiona fue adoptada por el legislador nacional de manera legítima y ratificada con la sanción de la ley 27.375 (B.O., 28-VII-2017), que amplió el listado de delitos impedidos de acceder a la liberación anticipada.
En definitiva, el art. 14 del ordenamiento penal, en cuanto establece la pérdida de la posibilidad de acceder a la libertad condicional lo que hace, en palabras de la Corte federal, es determinar "...la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional" (conf. CSJN Fallos: 334:559).
Eso no es distinto de lo que ocurre con la reincidencia, cuya constitucionalidad ha sido ratificada en varias oportunidades por el Máximo Tribunal federal y por esta Corte (conf. CSJN Fallos: 308:1938; 311:1451; 329:3680 cons. 12° a 18° del voto del señor juez Petracchi y 337:637; SCBA causas P. 106.677, resol. de 25-XI-2009; P. 103.293, resol. de 17-II-2010; P. 112.597, resol. de 16-II-2011; P. 135.058, cit.; P. 136.045, sent. de 4-VIII-2023; P. 136.990, sent. de 24-VIII-2023; e.o.).
Precisamente, la garantía constitucional de la igualdad no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que consideren diferentes, siempre que concurran objetivos motivos de diferenciación que no sean irrazonables.
La referencia del recurrente al fallo "Nápoli" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pone en jaque este razonamiento, puesto que aquel fue dictado en función del principio de inocencia que ampara a todas las personas procesadas, lo cual es bien distinto a la problemática aquí planteada.
En otro orden, que los condenados por alguno de los delitos enumerados en el art. 14 no puedan aspirar al régimen de libertad condicional tampoco implica que el Estado haya abandonado la finalidad esencial de reforma y readaptación social (arts. 5 inc. 6, CADH y 10 inc. 3, PIDCP).
Es que la imposibilidad de acceso a la libertad condicional no obsta a la resocialización del condenado, pues existen otras herramientas para garantizar la ejecución progresiva de la pena. Es preciso destacar especialmente la atenuación en cuanto a la rigurosidad del régimen introducida en el art. 56 quater de la ley 24.660 a partir de la ley 27.375 -ver art. 32- (B.O., 28-VII-2017), porque el magistrado interviniente deberá resolver -en su caso y en tiempo oportuno- la adecuación de la situación de César David Izaguirre a la legislación vigente (conf. doctr. causas P. 132.969, sent. de 25-VIII-2020; P. 133.520, sent. de 5-II-2021; P. 136.990, sent. de 24-VIII-2023; e.o.).
Entonces, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de manera que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo.
Eso es lo que ocurre en el caso bajo análisis, puesto que el señor defensor desoyó el razonamiento seguido por la Casación para desestimar el pedido de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, del Código Penal sin que su impugnación ofrezca razones con la aptitud necesaria para habilitar una declaración de la gravedad institucional de la peticionada (art. 495, cit.).
Además, no ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes como para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, como sería declarar la inconstitucionalidad reclamada (doctr. causas P. 100.754, sent. de 9-IV-2009; P. 99.833, sent. de 29-XII-2008; P. 100.072, sent. de 12-XI-2008; P. 109.700, sent. de 15-VI-2011; P. 128.646, sent. de 20-XI-2019; P. 132.755, sent. de 25-XI-2020; P. 133.212, sent. de 13-VIII-2021; e.o.).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de César David Izaguirre, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2024 11:07:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2024 09:10:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 15:30:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 11:56:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 12:15:20 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/03/2024 13:19:14 hs. bajo el número RS-18-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia