Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138527
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Cristian Javier Leguizamón, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (conf. art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.527, "L. T., Y. M. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 38.010 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de diciembre de 2022, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa particular de Y. M. L. T. contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental que condenó al nombrado a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por resultar autor penalmente responsable del delito de desobediencia, la cual se tuvo por compurgada en virtud del tiempo cumplido en detención por el justiciable.
El defensor particular del imputado -doctor Cristian Javier Leguizamón- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 1-II-2023), el que fue concedido por la Sala interviniente (v. resol. de 16-III-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 27-X-2023), dictada la providencia de autos (v. proveído de 31-X-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Conforme la resolución de admisibilidad del recurso extraordinario incoado (v. resol. de 16-III-2023), el mismo ha sido concedido al solo fin de abordar los agravios de pretensa índole federal postulados por la parte.
II. En dicho marco de análisis, el defensor particular denunció que el órgano revisor confirmó de manera arbitraria el encuadre legal del caso en la figura de desobediencia (art. 239, Cód. Penal), con transgresión al principio de culpabilidad y de la doctrina legal del derecho penal de acto (arts. 18, Const. nac. y 9, CADH).
Alegó que la Cámara descartó el argumento de la defensa en favor de la atipicidad del hecho bajo examen sosteniendo que esa parte había omitido considerar el contexto donde se produjo la conducta reprochada. El recurrente precisó no haber incurrido en la omisión que se le atribuyó, sino que tales datos contextuales -en su parecer- no podrían ser considerados en un juicio penal sin violentar los más elementales derechos del imputado, protegidos por la Constitución nacional y los tratados internacionales con tal jerarquía.
II.1. Sentado ello, como primer agravio y con la finalidad de evidenciar la atipicidad del hecho imputado en los términos del art. 239 del Código Penal, criticó la valoración de conductas que entendió como ajenas al hecho juzgado.
Tras efectuar una reseña de lo decidido por el tribunal intermedio acerca de circunstancias que se tuvieron como contextuales, el recurrente sostuvo que, "...descartados el acta de procedimiento y la decisión del Juzgado de Familia de imponer la restricción cautelar como 'otras circunstancias' ajenas al hecho de que el imputado fue a ver a su hijo ante la proximidad de un viaje", los sucesos valorados en ambas instancias para verificar la tipicidad del delito se desprenden exclusivamente de la declaración de B. T., de cuyo relato -dijo- no emerge una desobediencia a la orden del juez de familia, ni se vinculan con el hecho concreto imputado sino con hechos anteriores, y que tampoco constituyen una ofensa al bien jurídico tutelado que es la autoridad pública.
A partir de una serie de consideraciones teóricas vinculadas con el mentado bien jurídico protegido y con el derecho penal de acto, señaló que los arts. 18 de la Constitución nacional y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "...vedan la posibilidad de considerar circunstancias personales del imputado o antecedentes ajenos al hecho imputado para considerarlo culpable de un delito".
En apoyo de su postura citó el fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II.2. Como segundo motivo de agravio, remitiendo a las mismas razones desarrolladas en el reclamo anterior, denunció la consideración de conductas que estimó irrelevantes como agravantes de la pena, las que deberían descartarse por resultar circunstancias ajenas al suceso y, además, porque no fueron probadas.
III. Coincido con el señor Procurador General: el recurso debe ser rechazado.
III.1. Llega acreditado a esta instancia extraordinaria que "...el día 14 de diciembre del año 2021 a las 11.20 horas, un sujeto de sexo masculino, a la postre identificado como Y. M. L. T., sobre quien pesaba una restricción de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia nro. 2 -vigente y notificada por violencia de género a favor de su ex pareja B. T.-, desobedeciendo dicha medida cautelar, se presentó en el domicilio de esta última sito en calle … entre … y … de La Plata con actitud amenazante, ello frente a su hijo menor de edad, siendo inmediatamente aprehendido por efectivos policiales convocados al efecto ya que la víctima accionó el botón antipánico que le había sido entregado para su protección" (pto. I primer párrafo, veredicto digitalizado).
Conforme resulta de los antecedentes, el suceso fue calificado como desobediencia a la autoridad (art. 239, Cód. Penal), imponiéndose una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, la que se tuvo por compurgada en virtud del tiempo cumplido en detención por el justiciable.
III.2.a. En lo que interesa destacar acerca de la atipicidad de la conducta postulada por la parte, el órgano revisor comenzó señalando que compartía con la defensa que no todo incumplimiento de orden de autoridad constituye por sí una desobediencia en los términos del tipo objetivo del art. 239 del Código Penal, así como que existen herramientas para el abordaje de los conflictos intrafamiliares en el fuero de familia, pero advirtió -como también lo afirmó la defensa- que "...el contenido de idoneidad de la desobediencia debe ser definido con estricta referencia al contexto dentro del cual se desarrolló, es decir, tomando en cuenta específicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde se habría producido la misma, lo que determinará la concreta lesividad de dicho suceso con relación al bien jurídico protegido por la norma". Para rechazar la impugnación señaló que es en ese punto en donde el apelante omitió referirse "...al contexto analizado por el Juzgador que da cuenta de un accionar en un marco de conflictividad que ya había sido abordado por el fuero de Familia en forma legal y que no diera resultado".
En ese sentido, recordó que el fallo de condena meritó lo descripto en el acta de procedimiento incorporada por lectura, en la que surge que "...el 14 de diciembre de 2021, siendo las 11:40 horas, los preventores Vega y Villalba toman conocimiento que en calle …, entre arterias … y …, La Plata, fue activado un pulsador por violencia de género y, al llegar al lugar, observan a un masculino [al que identifican como Y. M. L. T.] frente a las rejas de una construcción con varios departamentos, oportunidad en la que aparece una femenina quien manifiesta que hace varios días este sujeto la acosa y que posee una medida cautelar de prohibición de acercamiento otorgada por el Juzgado de Familia Nro. 2 de ese distrito".
Asimismo refirió que el juzgador originario ponderó la decisión dictada por el Juzgado de Familia n° 2 departamental en la causa "T., B. N. C/ L. T., Y. M. (LEY 12.569)", que se encontraba notificada y vigente, trayendo a colación el siguiente extracto del archivo que fue aportado por el Ministerio Público Fiscal, que reza: "... debiendo en lo sucesivo el denunciado abstenerse de protagonizar actos de hostigamiento, perturbación, intimidación y maltrato contra la denunciante, bajo apercibimiento de comunicar, ante una eventual violación de lo dispuesto, dicha circunstancia de manera inmediata a la justicia penal por la posible comisión del delito de DESOBEDIENCIA " (el destacado figura en el original).
Finalmente, expresó que la sentencia de condena consideró los dichos de la testigo B. T., quien dijo que "...el día de los hechos el aquí imputado se presentó en su domicilio, tocando el timbre [...] se hallaba exaltado, al tiempo que manifestaba que viajaba a Chile y que quería llevar al niño a la plaza. [...] que el vínculo que la uniera con el imputado perduró entre cinco y seis años, enunciando un episodio cuando L. T. la encerrara en su casa; en virtud de ello radicó la correspondiente denuncia por ante la Comisaría de la Mujer. También durante el mes de noviembre del año 2021, quien por entonces fuera su pareja la escupió y le gritó, dictándose en consecuencia sendas medidas cautelares en relación a ella y a su hijo menor de edad. [...] que una vez L. T. se apoyó un cuchillo en su propio cuello, tirándose al piso y amenazando que se suicidaría, además refirió constantes llamados telefónicos -siete veces por día-, concurrencias a su domicilio en las que permanecía parado frente a su casa o ingresaba al terreno y gritaba su nombre, también la seguía por la calle y le controlaba los horarios. [...] a cinco días de otorgársele la prisión domiciliaria, se puso en contacto con ella a través de un mensaje de texto. Dijo también haber sufrido violencia física y sexual, lo cual la afectó muchísimo tanto en lo personal como en lo laboral. [...] destacó que tanto ella como su hijo iniciaron tratamiento psicológico" y que "...según dichos del propio L. T., éste tenía conflictos con su ex pareja -madre de su hija- y había incumplido muchas veces las medidas perimetrales impuestas en tales causas. Afirmó que de este proceso esperaba ' protección ' pues 'no tenía por qué estar en su casa con un tipo tocándole el timbre catorce veces por día' , que el imputado 'no entendía de límites ' y que 'tenía miedo que Yerko recupere su libertad '".
El órgano revisor -según todo lo expuesto- expresó que "...el contexto en el que se produjo el evento, dista del referido por la defensa, en cuanto alude que la conducta consistió exclusivamente en concurrir al domicilio para saludar a su hijo ante la inminencia de un viaje y que sólo en ello consistió el incumplimiento de la manda judicial. [...] las circunstancias en las que se produjera el evento dan cuenta de un actuar que se compadece con la transgresión del bien jurídico protegido por la norma del art. 239 del C.P. y sus exigencias típicas", y que todo ello "...surge del análisis de las probanzas efectuadas por el Juez y del que no se ha hecho cargo el impugnante".
En definitiva, resolvió que el veredicto y sentencia impugnados se encontraban debidamente fundados y razonadamente motivadas las conclusiones con las que se conformó "...un plexo probatorio suficiente para dar por acreditados tanto la existencia de las exigencias del tipo objetivo y subjetivo de la figura imputada".
III.2.b. En respuesta a idéntica crítica vinculada con la consideración como agravante de conductas ajenas al hecho investigado, la Cámara resolvió que "...el juez a quo valoró correctamente, como circunstancia atenuante, la carencia de antecedentes condenatorios por parte del encausado" y que "...ello no impide -como se pretende- que se merite como agravante para la imposición de pena, la modalidad de ejecución del hecho. Y en esto, no hay motivo que impida valorar los dichos de la testigo beneficiaria de la medida protectoria. [...], la señora B. T. dio cuenta de una conflictiva de violencia de género que fue meritada por el Juez como circunstancia agravante de un contexto en el que fue ejecutado el hecho imputado en autos...", no advirtiendo en ello violación alguna de las reglas de la lógica ni arbitrariedad. Citó los arts. 210 del Código de rito; 40 y 41 del Código Penal.
IV.1. Frente a la decisión del revisor, el defensor particular se limitó a exponer una mera opinión discrepante con base en citas doctrinarias que no fueron acompañadas de argumentos que las vinculasen con las específicas particularidades de los hechos por los que L. T. fue condenado.
En efecto, la defensa técnica se desentendió de la fundamentación desarrollada por la Cámara, especialmente, en torno del marco de violencia de género en el cual se dictaron las medidas cautelares que se tuvieron por violadas por el imputado.
Cabe resaltar, conforme lo refirió el señor Procurador General, que esta Suprema Corte tiene dicho que para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la Convención de Belém do Pará, quien juzga debe analizar y ponderar necesariamente el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes al ilícito en juzgamiento (conf. causas P. 128.468, sent. de 12-IV-2017; P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 130.580, resol. de 11-VII-2018; P. 125.687, sent. de 23-X-2019; e.o.), todo lo cual resulta debidamente efectuado en el pronunciamiento en crisis.
En definitiva, los agravios traídos, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad y errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -meritadas como circunstancias de modo, tiempo y lugar que brindaron contenido de idoneidad a la conducta de desobediencia- dando para ello una particular interpretación de los mismos a efectos de lograr un pronunciamiento de atipicidad de la conducta imputada, pero esa pretensión exorbita el acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Es que, más allá de que la defensa expresa su oposición a la calificación legal impuesta, no evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia. No se advierte que la sentencia padezca de algún vicio que, bajo el prisma de la jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad denunciada.
Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234); y, en el presente caso, el defensor particular no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
En suma, la impugnación en análisis exhibe una manifiesta insuficiencia en sus planteos pues el recurrente no conmovió las consideraciones de derecho efectuadas por el sentenciante, con sustento en las especiales condiciones de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho, todo lo cual, a criterio del a quo , reafirmó que fue correcto el encaje legal impuesto en la sentencia de origen (art. 495, cit.).
IV.2. Por último, tampoco prospera lo alegado en derredor de los principios de culpabilidad y de la doctrina del derecho penal de acto relacionado con la ponderación de los dichos de B. T. en el nivel de las pautas agravantes, toda vez que la defensa se limitó a manifestar que las circunstancias a las que se refirió no se encontrarían probadas, en tanto solo surgirían del relato de la denunciante, y que ni siquiera pudo ser motivo de defensa por haberlas considerado de "...irrelevancia para el caso".
En definitiva, sin más argumentos, lo expuesto únicamente evidencia una mera opinión discrepante acompañada, tan solo, de una cita de jurisprudencia que ni siquiera fue vinculada con las específicas particularidades del caso, por lo que también será rechazado (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Cristian Javier Leguizamón, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (conf. art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2024 11:07:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2024 09:10:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 15:30:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 11:56:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 12:15:20 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/03/2024 13:20:30 hs. bajo el número RS-19-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia