Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135994
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.994, "Ruiz, Fernando. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 102.110 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan, Soria, Torres.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de diciembre de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la resolución de fecha 26 de diciembre de 2019 de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón que declaró inadmisible el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 13 y 55 del Código Penal y -por mayoría- confirmó la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental que aprobó el cómputo de pena que estableció que la pena única de prisión perpetua impuesta Fernando Ruiz se extinguirá una vez transcurridos diez años desde la obtención de la libertad condicional, cuyo requisito objetivo referido al lapso que demanda el art. 13 del Código Penal se cumplirá el día 30 de marzo de 2044, sin perjuicio de las correcciones que pudiere suscitarse en punto a la efectiva obtención de la libertad condicional atento al cumplimiento de los restantes requisitos -arts. 5, 13, 16, 24 y 55 del Código Penal- (v. resol. de 16-V-2019 -cómputo de pena practicado por el actuario- y sents. en formato digital de fechas 26-XII-2019 -Sala II de la Cámara departamental interviniente- y de 10-XII-2020 -tribunal intermedio, Sala III-).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado admisible por resolución del Tribunal casatorio de fecha 13 de octubre de 2021.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 22-IX-2022), dictada la providencia de autos con fecha 26 de septiembre de 2022, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa denuncia la existencia del vicio de arbitrariedad en la sentencia recurrida, violación al principio de legalidad por afectación del mandato de certeza (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 5.6, CADH) y errónea interpretación de los arts. 13 y 16 del Código Penal.
Considera, en ese marco, que la transgresión al principio de legalidad se concreta en la falta de determinación de la fecha en la que la pena -única- a perpetuidad impuesta a su defendido se considerará cumplida.
Alega que lo resuelto por el órgano casatorio reviste gravedad extrema, puesto que perpetúa el tiempo de encierro del condenado Ruiz y que su reincorporación al medio libre quedaría a merced de la valoración que formulen los órganos jurisdiccionales intervinientes con base en la información brindada por el Servicio Penitenciario Bonaerense, desconociéndose así el real alcance del ejercicio de la potestad punitiva estatal a su respecto, elemento esencial que debe contener la ley penal, a su criterio.
Indica que una escala penal excesivamente amplia incumple con el requisito de certeza que es inherente a la norma punitiva, puesto que queda indeterminada su duración en el tiempo.
Repasa, seguidamente, los antecedentes legislativos en la materia (leyes 11.179, 25.892 y 25.928) y destaca que el legislador acudió al concepto de perpetuidad y no divisibilidad de la sanción para fijar una especie de pena que puede extinguirse en el tiempo con el cumplimiento de determinados requisitos, pero dejando sin determinar de manera cierta y unívoca su alcance, inobservando así la obligación estatal de otorgar un límite claro al ejercicio de la potestad punitiva que le es propia.
Señala que el legislador nacional ha incumplido con su tarea de precisar la pena y hasta tanto ello no se corrija a través de los mecanismos legales, es el Poder Judicial quien, en ejercicio de su función, debe resolver la cuestión dotando de certeza al derecho aplicable al caso concreto; y aclara que no se trata de interpretar el texto de la ley, sino de dotar de contenido a la norma ante la falta total de previsión legislativa sobre el modo de dar por concluida la intervención punitiva estatal.
Adita que el principio de legalidad fija ciertas reglas al legislador para la creación de la ley penal, reglas que el Poder Judicial debería también tener en cuenta al momento de la alegada integración del derecho, determinando cuándo la persona condenada a una pena de prisión perpetua agota la misma, solución que en modo alguno debe perjudicar al procesado (prohibición de la analogía in mala partem ).
Asevera que la decisión confirmatoria de la Casación en cuanto estableció que el encausado Ruiz agotaría su pena una vez transcurridos diez años desde la efectiva concesión del beneficio liberatorio (libertad condicional), puso en práctica el aludido procedimiento de integración del derecho pero acudiendo a las reglas de los arts. 13, 14 y 16 del Código Penal, incumpliendo de esta manera la obligación de fijar el límite temporal de la pena y la de satisfacer el derecho del imputado a divisar certeramente la finalización de la intervención punitiva del Estado.
Explica que esta forma de decidir incumplió dos premisas fundamentales contenidas en el principio de legalidad: otorgar certeza a las consecuencias jurídicas producto de una conducta disvaliosa y respetar la división de poderes; ello así en tanto quedó indeterminada la potestad punitiva estatal producto de haber sido condicionada dicha potestad a la existencia de otro suceso (la concesión de la libertad condicional y el cumplimiento de las reglas de conducta por un período de tiempo) que depende de la actuación de dos poderes del Estado ajenos a la creación del derecho (los poderes Judicial y Ejecutivo).
Observa que la libertad condicional, pese a presentarse como un derecho del condenado, depende en la práctica del contenido de los informes que elabora el Servicio Penitenciario provincial sobre la evolución del detenido en el establecimiento carcelario y que ello es demostrativo de la denunciada delegación de facultades legislativas en los restantes poderes del Estado y se traduce en la violación al principio de legalidad bajo análisis que requiere del legislador la existencia de certeza sobre la consecuencia jurídica del ilícito.
Formula diversas alegaciones en torno al tratamiento del condenado (proceso de resocialización) denunciando que sus pormenores son desconocidos por el condenado y su defensa. Refiere, asimismo, a la situación general del desarrollo de la ejecución de la pena en las cárceles de esta Provincia, las vincula con el tratamiento penitenciario que los internos deben realizar en ese escenario que luego se traduce en los informes técnicos elaborados por el Servicio Penitenciario Bonaerense y que son base fundamental en la decisión de los juzgadores al momento de otorgar o denegar el beneficio liberatorio mencionado, y afirma que todo ello aumenta la denunciada indeterminación del agotamiento de la pena, a lo que debe sumarse la emergencia constante que atraviesa la referida institución penitenciaria con extensos períodos de hacinamiento y superpoblación como los que vive actualmente y que impactan en la vida del detenido, según lo expresa con cita del precedente "Verbitzky" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Refiere, en suma, que la libertad condicional no puede seguir siendo el instituto habilitante del agotamiento de la pena, toda vez que su otorgamiento depende de circunstancias aleatorias y azarosas que, como tales, pueden o no darse.
Solicita, con cita del fallo "Acosta" de la Corte federal, una interpretación de las disposiciones legales en la materia que permitan fijar expresamente el límite temporal de la potestad punitiva estatal en condenas a prisión perpetua. Analiza el proceso de determinación final de las penas temporales (donde la pena tiene un único plazo final) y traslada ese razonamiento al análisis sobre el plazo máximo de la pena perpetua, aseverando que los arts. 13 y 16 del Código Penal marcan el límite temporal para las penas perpetuas de manera similar al de las temporales.
Postula que debe fijarse como límite temporal de la pena perpetua, conforme la legislación vigente al momento del presente hecho, el tope de cuarenta años de prisión, oportunidad en que el sujeto recuperará su libertad de manera definitiva; y critica por inconsistente que el tribunal intermedio haya echado mano al art. 55 del Código Penal para fijar ese límite temporal de pena en cincuenta años, ya que este es solo el límite para el supuesto del instituto del concurso de delitos -según lo aduce-.
En ese andarivel, sostiene que la cantidad de años no debe ser el único elemento a sopesar en cuanto a proporción entre gravedad de delitos y gravedad de pena.
Concluye que el Tribunal casatorio para dar solución al caso acudió a la aplicación del art. 55 del Código sustantivo, equiparándolo a un supuesto que este no prevé, a fin de salvar supuestas inconsistencias en el cómputo de pena que el propio legislador dentro del Título II ("De las Penas") del Código sustantivo abordó y se mantiene vigente.
Solicita se revoque el fallo impugnado y se disponga el reenvió al órgano intermedio para el dictado de una sentencia acorde a derecho.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso.
III. Coincido con su opinión.
Para una mejor comprensión del caso, corresponde que inicialmente efectúe una reseña del derrotero procesal de la causa.
III.1. De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón, el 17 de mayo de 2019, aprobó el cómputo de pena practicado por secretaría en autos (causa n° 3.356 del registro del tribunal de origen). En lo que importa destacar para la solución del caso, allí se estableció que la pena única de prisión perpetua impuesta Fernando Ruiz "...podrá vencer, una vez transcurridos diez años desde la obtención de la libertad condicional, cuyo requisito objetivo referido al lapso que demanda el art. 13 del Código Penal, lo cumpliría el día 30 de marzo de 2044" -siendo que en estos autos se encontraba el nombrado privado de su libertad ambulatoria ininterrumpidamente desde el día 30 de marzo de 2009-; y aclaró que lo expuesto resultaba así "...sin perjuicio de las correcciones que, con punto de origen en la alteración de ese 'dies a quo', se pudiere generar en los cálculos, en la medida que no alcanzase juntamente las demás condiciones impuestas por la disposición legal (requisito subjetivo)", razón por la que estimó que si la libertad condicional no fuese revocada "...la pena perpetua quedará extinguida a los diez años a contar desde el día de concretarse efectivamente (arts. 13 'in fine' y 16 del CP), todo lo cual, resultará materia decisoria exclusiva y excluyente de la competencia originaria del órgano de ejecución penal interviniente (art. 25, inc. 2°, del CPP)" (v. esp. cómputo de pena practicado por el actuario del tribunal de origen de fecha 16-V-2019 y resol. del tribunal interviniente de 17-V-2019).
A fin de establecer el vencimiento de la condena a perpetuidad, se remitió a lo establecido en los arts. 13 y 16 del Código sustantivo, en cuanto a que las penas perpetuas se extinguen luego de obtenida la libertad condicional, si se cumpliesen los requisitos establecidos en el último párrafo del citado art. 13. En tal sentido, resaltó que "...dicho artículo establece que todo condenado a penas perpetuas que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena, estará en condiciones temporales de acceder al instituto de la libertad condicional y que transcurrido un plazo de diez años desde su concesión sin que dicho beneficio haya sido revocado, la pena a perpetuidad quedará extinta" (resol. del tribunal originario de 17-V-2019, segundo acápite, cit.).
Expresó, en función de ello y siendo que el causante se encuentra detenido desde el 30 de marzo de 2009, que "...entiendo que [Ruiz] estará en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional el 30 de marzo de 2044 y que la pena podrá considerarse extinguida transcurrido un plazo de diez años desde el otorgamiento de dicho beneficio, tal corno taxativamente lo indica el art. 13 en su último párrafo".
Señaló, con cita de doctrina de esta Corte, que la temática "...'concierne a la etapa de ejecución de la condena', ámbito, en el que finalmente 'deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento', con arreglo al sistema de la libertad condicional que resulta inherente a la competencia propia de los órganos de la ejecución penal".
Refirió, seguidamente, a la interfuncionalidad de los arts. 13 último párrafo (según texto de la ley 25.892) y 16 (conf. redacción dada por la ley 11.221), donde advirtió que existe una falta de armonización normativa entre estos artículos en función de la reforma operada por la ley 25.892, que dispuso que en esta clase de penas perpetuas las condiciones previstas por ese art. 13 y las reglas de conducta previstas por el art. 27 bis regirán hasta diez años más, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional (v. resol. cit., apdo. tercero).
Aseveró, con apoyo en doctrina de autores, que la solución adecuada es aquella que entiende que la ley 25.892 implícitamente modificó el art. 16 del Código Penal por cuanto, tratándose de una ley posterior, prevalece sobre la redacción originaria de aquella norma y que, de esta forma, debe entenderse que el citado art. 16 se refiere a los diez años que fija el nuevo art. 13 del Código sustantivo.
Por todo ello, coligió que estando "...el condenado [Ruiz] privado de su libertad en forma ininterrumpida desde el 30 de marzo de 2009, deviene que el presupuesto temporal para la obtención de la libertad condicional (art. 13 del CP), lo cumplirá a partir del día 30 de marzo de 2044; y sin perjuicio de las correcciones que, con punto de origen en la alteración de ese 'diez a quo' (requisito objetivo), se pudiere generar en los cálculos, en la medida que no alcanzase justamente las demás condiciones impuesta por la disposición legal (requisito subjetivo), lo cierto es que, si la libertad condicional no fuese revocada, la pena perpetua quedará extinguida a los diez años a contar desde el día de la libertad condicional (arts. 13 'in fine' y 16 del CP)".
III.2. Frente a ese pronunciamiento, la defensa oficial del condenado dedujo recurso de apelación en el que postuló la necesidad de fijar un vencimiento respecto de las penas perpetuas, dado que -según entendió- no definir esta cuestión podría prolongar su encierro, puesto que más allá de la condición temporal establecida para que acceda a la libertad condicional, ello podría ocurrir con posterioridad en razón del alcance de las demás exigencias legalmente establecidas. Adujo, también, que aun en el supuesto que la misma sea concedida, deben adicionarse cinco años para el cumplimiento de las condiciones a las que dicha libertad quede sujeta.
Peticionó, a su vez, se declare la inconstitucionalidad de los arts. 55 y 13 del Código Penal en el entendimiento de que el régimen allí previsto para el vencimiento de la pena contraviene las previsiones del Estatuto de Roma -ley 26.200-, en tanto este previó la pena de treinta años de encierro para el delito de genocidio como la sanción más gravosa, por lo que -a su criterio- debería tomarse ese quantum como "...máximo de pena" para cualquier delito que pretenda legislarse y aseveró que ninguna figura puede tener en expectativa un monto que exceda dicho ilícito. Es así que, con sustento en la aplicación de la ley más benigna, requirió -como planteo principal- que debía establecerse el vencimiento de la pena perpetua a los treinta años de detención.
Subsidiariamente, para el caso de no darse favorable acogida al planteo anterior, requirió se establezca que la pena vencerá una vez transcurridos cinco años desde el otorgamiento de la libertad condicional, basándose para ello en la letra del art. 16 del Código Penal.
III.3. A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, no hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 13 y 55 del Código Penal, y por mayoría, confirmó la resolución que aprobó el cómputo de pena cuestionado (v. sentencia digital de fecha 26-XII-2019).
Para así resolver destacó que no resultaba procedente evocar el Estatuto de Roma toda vez que no tenía jerarquía constitucional, habiendo sido aprobado por una ley con posterioridad a la reforma del año 1994 sin que se haya asignado tal rango y sin perjuicio de tener una jerarquía superior a las leyes internas (conf. art. 75 inc. 24, Const. nac.).
Sumó a ello que dicho Estatuto contiene previsiones que autorizan en determinadas hipótesis la reclusión a perpetuidad, por lo que no advertía conflicto normativo alguno ni la inconstitucionalidad que la parte alegó.
Con cita del fallo "Álvarez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -sentencia de 22-VIII-2019-, resaltó que el vencimiento de la pena perpetua debe fijarse siempre con posterioridad al otorgamiento de la libertad condicional, con el debido contralor judicial en punto al cumplimiento de las condiciones de la misma.
En orden al agravio subsidiario mencionó que "...para determinar el vencimiento de la pena única de prisión perpetua dictada respecto de Ruiz (por los hechos ocurridos el 6/4/2007 y 28/3/2009), deben tenerse en cuenta las previsiones del art. 13 del digesto de fondo, que luego de la reforma legislativa introducida por la Ley N° 25.892 (B.O. 26/5/2004), establece que luego de cumplidos treinta y cinco (35) años de encierro, los condenados a reclusión o prisión perpetua, pueden obtener su libertad (siempre que se verifique el resto de los requisitos exigibles), con lo que su vencimiento operará transcurridos diez años (10) de dicho momento, siempre previo cumplimiento de las obligaciones que le hubieren sido impuestas".
Destacó que si bien advertía que el art. 16 del Código Penal literalmente dice "... transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el art.13 [...], también lo es que a partir de la reforma citada, el plazo aludido en el art. 13 del digesto de fondo -último párrafo-, en cuanto a la duración de las condiciones que se impongan, quedó estipulado en diez años, por lo que siendo evidente la deficiencia legislativa cuya modificación sólo alcanzó las previsiones del citado artículo 13, tal disposición debe considerarse teniendo en cuenta el plazo que finalmente resultó modificado, esto es diez años" -el destacado figura en el original-.
Por las razones brindadas, concluyó en que debía confirmarse la decisión impugnada en cuanto aprobó el cómputo de pena practicado, que estableció que la pena única de prisión perpetua impuesta a Ruiz podrá vencer, transcurridos diez años desde la obtención de la libertad condicional, cuyo requisito objetivo referido al plazo que demanda el art. 13 del Código Penal, lo cual sucederá el día 30 de marzo de 2044, siempre que se observasen el resto de las condiciones exigibles y mientras no sea revocada.
III.4. Contra esta decisión, la defensa oficial dedujo recurso de casación llevando agravios de idéntico tenor a los articulados en la apelación, centrados -esencialmente- en la inconstitucionalidad de los arts. 13 y 55 del Código Penal, con sustento en que dichas normas establecen un límite para el vencimiento de la pena y la posibilidad de obtener la libertad condicional que excede los treinta años que f
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