Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136232
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.232, "Bersi, Daniela -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 104.718 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a C., E. M.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Genoud, Kogan, Natiello, Violini, Kohan .
Del expediente digital y de la causa principal en formato papel remitida a esta Suprema Corte, surge que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 11 de agosto de 2021, hizo lugar al recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de E. M. C. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos que la había condenado a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autora penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de ministra de un culto reconocido o no, encargada de la guarda y por la convivencia preexistente. En consecuencia, casó el fallo y absolvió a la nombrada.
La señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Daniela Bersi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue concedido por el Tribunal de Alzada.
Oído el señor Procurador General, presentada la memoria, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la representante del Ministerio Público Fiscal refiere que los abusos sexuales se cometieron contra M.P.S. cuando contaba con tres años de edad (art. 1, CDN) lo que evidencia la doble condición de vulnerabilidad en tanto niña y en razón del género, perspectivas que no se tuvieron en consideración en el fallo en crisis. En apoyo de esa tesitura cita el caso "Campo Algodonero" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A continuación, transcribe tramos del pronunciamiento que impugna y denuncia arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, de la jurisprudencia de la Suprema Corte, del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los parámetros vinculados a la valoración de la prueba en este tipo de casos, lo que -según sostiene- ha importado la afectación del derecho de defensa y el debido proceso (conf. art. 18, Const. nac.).
Refiere que la absolución se fundó en un análisis fragmentado y parcializado de la prueba de cargo. Cita textualmente parte de la sentencia de este Tribunal en la causa P. 118.217.
Sintetiza que la arbitrariedad se advierte en los siguientes puntos: 1) el Tribunal de Alzada avanzó sobre competencia propia de los jueces de mérito; 2) se apartó de la doctrina legal de esta Suprema Corte, de la Corte nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de valoración de la prueba en casos de abuso sexual infantil, incurriendo en una fundamentación tan solo aparente; 3) efectuó una ponderación parcial de la prueba y prescindió de elementos decisivos para la adecuada solución del caso, merced a afirmaciones meramente dogmáticas.
Alega que en los delitos sexuales se impone una mayor flexibilidad en la apreciación de la prueba con el fin de evitar la impunidad en hechos que por sus particularidades cuentan con escasos testigos presenciales más allá de la propia víctima.
Luego de recordar las conductas por las que la imputada había sido acusada, explica que el a quo sustentó la absolución en cuatro ejes: a) las circunstancias concretas que llevaron a la señora M. a hacer la denuncia penal, b) la fiabilidad de la información que la niña transmitió a su madre, c) la información incorporada mediante la declaración de las psicólogas que entrevistaron a la menor y d) el resultado de los exámenes médicos.
Bajo tales presupuestos, se agravia, en primer lugar, del modo en que se ponderaron los dichos de la denunciante, I. E. M. (madre de la víctima), en cuanto la Casación sostiene que le hizo preguntas sugestivas a la niña que fueron llevando a que moldeara lo primigeniamente relatado.
Frente a ello, la fiscalía sostiene que el a quo desatendió tramos de la declaración de M. referidos a "actos" que realizaba la niña, tales como entrar al baño cuando otra persona se estaba duchando, buscar verla desnuda, que se tocaba, se masturbaba, que procuraba jugar con los pechos de su madre, que se llevaba a la zona vaginal el cepillo de dientes o su chupete como intentando introducirlo. Es decir, que no se tomaron en debida consideración las conductas sexualizadas de la niña, así como tampoco los problemas de salud de "P" de los que diera cuenta la madre: desmayos, espasmos de sollozo, manchas en la piel, dificultades para dormir, entre otros que dejaron de suceder cuando se interrumpió el contacto con la denunciada y su familia.
De otro lado, refiere que se incurrió en arbitrariedad al valorarse de manera fragmentada la declaración de la licenciada Moreira a quien se le achacó desconocimiento del concepto de "...contaminación del discurso". Pues, si bien la testigo reconoció esa situación, no obstante "...pudo identificar el proceso al cual se refería, descartando de plano que ello hubiese sucedido con la niña...", extremo que entiende luego ratificado por la perito psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (CTA).
A continuación, cita un tramo del voto del juez Carral y afirma que "...no es cierto que no se cuente con la declaración de la niña". Puesto que la infanta "P", "...sí pudo expresarse en aquellos ámbitos que le ofrecían seguridad para hacerlo, habiendo sido la perito Moreno quien desaconsejó la declaración en Cámara Gesell".
Insiste en descalificar por dogmática la afirmación sobre la contaminación del discurso pues tanto la denunciante como los familiares y profesionales que tuvieron los primeros contactos con la niña solo procuraron la obtención de datos a fin de no precipitar una denuncia penal. De igual modo, reputa inmotivado el cuestionamiento de la actitud proactiva de la psicóloga de la niña en la investigación judicial, siendo este un ámbito donde la víctima pudo ser escuchada (conf. art. 12, CDN).
En tercer lugar, tilda de arbitrario el modo en que se ponderó la pericia psicológica de la licenciada Moreno (psicóloga del CTA), dado que la experta fue conteste con lo relatado por la psicóloga de la menor, desprendiéndose también de su informe los indicios de abuso sexual, tales como las diversas conductas sexualizadas de la niña antes apuntadas.
Resalta que ambas psicólogas declararon durante el juicio bajo juramento de ley con el debido control de la defensa "...relatando aquello que percibieron por sus sentidos en las entrevistas que mantuvieron con la menor".
Afirma que es arbitrario dividir los dichos de las testigos, separando "...la valoración técnica de lo percibido. De ahí que lo que pasó por sus sentidos -dichos de la niña en el ámbito terapéutico y en el pericial- es inseparable de la interpretación científica de esa experiencia".
Considera que el órgano de mérito es el que debe ponderar la prueba testimonial (licenciada Moreira) y pericial (licenciada Moreno) a través de la inmediación.
Cita los fallos P. 133.075 y P. 118.217 de este Tribunal y reitera que la prueba debe regirse en estos casos conforme un criterio amplio.
En cuanto al argumento de la Casación de que ninguno de los testigos manifestó que la niña exteriorizara signos de temor o angustia hacia la acusada, alega que se desatendió que la licenciada Moreira explicó que esa actitud "...tenía justificativo en la necesidad de poner en palabras lo que le sucedía, que lo repetía para poder asimilarlo".
Agrega que tampoco se ponderaron debidamente los dichos de familiares, amigas de la madre, psicólogas en cuanto aseguraron que la niña se ponía mal y que no quería sacarse la bombacha cuando la bañaban.
También se agravia de la valoración que se hizo de los dichos de T. A. D. l. C., amiga de la madre de "P", que fue la primera en advertir y comentarle a la señora M. que algo raro pasaba entre la niña y la imputada.
De igual modo, tacha de arbitraria la ponderación de la prueba médica. En cuanto al doctor Ebbens, indica que la Casación hizo hincapié en las discordancias entre su testimonio durante la IPP y durante el juicio. Frente a ello, manifiesta que durante el debate fue contundente en la existencia de signos de desfloración en el himen de la niña que estaba cicatrizado al momento de su revisión y reconoce que "...si bien puede ser llamativo que al presentarse en la fiscalía no haya sido contundente respecto de este punto [...] en la historia clínica -incorporada por lectura al debate- el profesional dejó asentado que con fecha 29 de agosto de 2018 'El examen pericial muestra signos de desfloración no reciente'. De allí que mal puede concluir el a quo que recién en el debate introdujera esta cuestión", sin perjuicio del reconocimiento que se hizo a la deficiente actuación de la Ayudantía Fiscal en los primeros tramos de la investigación. Resalta que "...el doctor Ebbens revisó a la niña antes de radicarse la denuncia, de allí que no debe resultar extraño que luego se haya practicado dicha diligencia en sede judicial, y no por deficiencias en el informe anterior como sugiere el doctor Carral".
A su vez, indica que el doctor Di Rocco intervino como médico de la Asesoría Pericial y no pudo concurrir al juicio; ratificó la existencia de dos medias lunas en el himen de la niña no pudiendo precisar si eran de origen cicatrizal o congénito. En su reemplazo, concurrió al debate el doctor Iraola quien no pudo hacer aportes específicos del caso por no haber tenido contacto con la niña sin perjuicio de lo cual hizo consideraciones generales en las que se advierten "...ciertas discrepancias con la actuación de sus colegas".
Recuerda que ante esta situación (un profesional que revisó a la niña y fue al juicio; otro que realizó pericia, pero no concurrió al debate y un tercero que solo prestó declaración en juicio oral sobre generalidades de su saber técnico), el órgano de mérito dio prevalencia a los dichos del doctor Ebbens pues, de los tres médicos, era el único especialista en ginecología sumado a su extensa trayectoria profesional.
Por todo lo expuesto, concluye que la prueba de cargo se valoró de manera parcial y superficial, todo lo cual derivó en la revocación de la condena sin una base objetiva y crítica adecuada.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso (conf. dictamen de 4-X-2022).
III. El hecho que se tuvo por probado en la instancia del juicio, y que se reprodujo en la sentencia del órgano casatorio, fue el siguiente: la imputada "Siendo pastora de un culto evangélico donde interactuaba con personas de la comunidad, entre otras con la denunciante y su familia, en reiteradas oportunidades, abusó sexualmente de la menor M.P.S., hija de la denunciante I. E. M., nacida el 10 de marzo de 2015. Los hechos ocurrieron en fecha indeterminada pero anterior al 27 de agosto de 2018, cuando la menor tenía tres años de edad, aprovechándose para ello de la relación de convivencia preexistente con la niña y su condición de guardadora de la misma en los domicilios [...] consistiendo los abusos en tocamientos en la vagina de la niña para luego introducirle un objeto de color rosa en la vagina mientras la bañaba". Aunque cabe aclarar que de la propia denuncia surge que dejaron de frecuentarse con el matrimonio, cuya mujer sería la autora de los delitos referidos, algunos meses antes del 27 de agosto de 2018 cuando se radicó esa presentación, lo cual acorta también el lapso en que pudieron haber ocurrido.
Sentado lo anterior, indicó que el tribunal de mérito tuvo por probada la materialidad ilícita con base en el relato de I. M., madre de la niña víctima M.P.S., que luego se tuvo por refrendado con las manifestaciones de las "...'psicólogas que se entrevistaron con M.P.S., como asimismo con el ginecólogo que la revisó'".
En función de los agravios desarrollados por la defensa, el tribunal del recurso estructuró la revisión de la sentencia de condena sobre los siguientes ejes:
Circunstancias concretas que llevaron a la señora M. a realizar la denuncia penal del caso.
Fiabilidad de la información que la niña transmitió a su madre.
Declaración de las psicólogas que entrevistaron a la menor.
Resultado de los exámenes médicos que se le practicaron a la niña.
Refirió que "I. M. -progenitora de M.P.S.- relató en el juicio oral las circunstancias que la llevaron a convivir durante siete meses con E. [M.] C. y su grupo familiar, cuando la niña contaba con cuatro meses de vida. Describió una convivencia sin conflictos, la integración de ambas familias y cómo continuó la relación con [la imputada] luego de la mudanza, especialmente con M.P.S., quien siguió visitando a la nombrada y a su familia, en forma habitual. Según I. M., 'M.P.S. era la preferida de C.'". Agregó que un día su hija le dijo "...'M. me hace cosquillas en la chucha cuando me baña' [...] aclaró que la niña ya se lo había dicho, unos siete meses antes de realizar la denuncia y más de una vez".
De seguido, indicó que la denunciante también manifestó diversas situaciones que le llamaron la atención: "...su hija cuando tenía entre un año y medio y dos años de edad, tenía miedo y no quería dormir con la luz apagada, cuando se bañaba no quería sacarse la bombacha y que tenía desmayos y 'espasmos sollozos', también manchas en la piel, que -según manifestó- el médico atribuyó a sus nervios [...] que M.P.S. quería entrar al baño cuando ella o algún hermanito se bañaba, que buscaba verla cuando estaba desnuda y que 'se tocaba, se metía el dedo en la chucha, se masturbaba'. Explicó que como no se quería equivocar, lo conversó con sus amigas y le dijeron que consultara con una psicóloga, por ello fue al Hospital y conversó con Cecilia Moreira [...] a quien le contó todo el cuadro de situación, quien le dijo que si ella y su pareja no hacían la denuncia por abuso, lo debería hacer ella".
"Según su declaración en el juicio oral, ese mismo fin de semana, previo a hacer la denuncia, la niña le dijo que quería jugar con sus tetas como lo hacía con M. y que le preguntó ¿por qué no te diste cuenta antes?, recordando la declarante que se puso a llorar y abrazó a su hija, prometiéndole que nunca más le iba a pasar, ocasión en que la niña le dijo que M. le metía 'un plastiquito rosa en la chucha', 'un cosito'. Que también ese fin de semana la niña le contó a su pareja de entonces (G. T.) que M. 'le ponía shampoo en la cabeza y gel en la chucha'".
Luego, recordó que la defensa manifestó que la niña no le preguntó espontáneamente a su madre sobre "...'por qué no se había dado cuenta' (del supuesto abuso), ni le manifestó espontáneamente que 'además M. le había metido un plastiquito rosa en la chucha'. Al contrario, alegó que, de acuerdo a la declaración previa de la testigo, prestada el 2 de septiembre de 2018, fue I. M. quien le manifestó a M.P.S. el día sábado 25 de agosto (luego de haber mantenido la entrevista con la psicóloga Cecilia Moreira) ¿sabías que mamá se dio cuenta de lo que te pasaba con M.?, respondiendo la niña ¿por qué no te dabas cuenta antes? [...] Ciertamente, como lo invoca la defensa, no es posible conocer qué pudo llegar a interpretar la pequeña de tres años con la pregunta que le hizo su madre, de manera descontextualizada. Cabe recordar que hasta ese momento M.P.S. solo le había expresado que 'M. le hacía cosquillitas en la chucha mientras la bañaba'. En la misma declaración previa, conforme también lo señaló la defensa, I. M. manifestó que el domingo le vuelvo a preguntar a M.P.S. si se acordaba de cuando M. le hacía cosquillitas, si le ponía algo en la chucha y me dijo 'shampoo en la cabeza, gel en la chucha' y ahí no pude evitarlo y angustiada le pregunté si M. le metía algo en la chucha y me respondió 'que sí, un plastiquito rosa'".
Aclaró que coincide con la defensa en que no existe sospecha ni indicios de que I. M. haya realizado una manipulación dolosa sobre la niña orientada a preconstituir prueba para realizar una falsa denuncia, sino que estima que la nombrada hizo la denuncia de forma sincera y sin exageraciones, "...luego de entrevistarse con la psicóloga Cecilia Moreira, quien prácticamente le confirmó que la niña era víctima de abuso sexual".
Recordó que conforme los protocolos de actuación en casos de recepción de testimonios de niñas víctimas de abuso sexual, es importante conocer el contexto en que la niña revela el supuesto abuso y conocer lo más literalmente que se pueda en qué forma lo expresó: si fue espontáneo o si, por el contrario, ese primer receptor ya tenía una sospecha y empezó a indagar sobre el asunto, en su caso, qué preguntas le realizó y durante cuánto tiempo. Con dicho marco, refirió que el padre de la niña, R. R. S., "...recordó que I. M. le contó que [su hija] decía que 'M. le hacía cosquillas en la chucha (sic)' y que cuando fue a ver a la psicóloga (Cecilia Moreira) 'le afirmó que sí, que evidentemente había un abuso, que si no lo denunciábamos nosotros lo tenía que denunciar ella'".
De seguido, sostuvo que "...fue la primera entrevista con la psicóloga Cecilia Moreira (el día viernes 24 de agosto de 2018) no solo la que precipitó la realización de la denuncia penal, sino la que confirmó -al menos en la subjetividad de I. M.- que su hija había sido víctima de un abuso sexual, generando que ese mismo fin de semana la madre realizara diversas preguntas sugestivas a la niña, en medio de un alto monto de angustia".
Aclaró que no tiene dudas respecto a que efectivamente M.P.S. dijo a su mamá que "M. le hacía cosquillitas en la chucha mientras la bañaba" luego de lo cual, I. M. "...intentó orientarse con una profesional, quien sin siquiera entrevistarse con la niña (no lo hizo en el primer encuentro con M.) y aún cuando objetivamente la información que dio la niña no tenía un claro contenido sexual, le confirmó la existencia del abuso y la instó a realizar la denuncia. Así también lo recordó R. S.".
Indicó que "...la primera evaluación ginecológica que se le hizo a la niña en el hospital a instancias de la madre (que a resultas de la pericia oficial que se ordenó con posterioridad no era concluyente), incidieron en el convencimiento de la adulta sobre la existencia de un abuso sexual. Así lo declaró en el juicio I. M. cuando relató que el médico Ebbens le manifestó 'que M.P.S. no tenía himen, que tenía dos lunitas a los costados, que tenía el himen desflorado'".
A su vez, sostuvo que asiste razón a la defensa en tanto cuestiona la labor de la psicóloga Cecilia Moreira, terapeuta de M.P.S. pues no tenía experiencia ni formación especializada para abordar el presente caso, que no admitió otra posibilidad distinta al abuso, que se presentó en sucesivas oportunidades a prestar declaración en la IPP, incluso espontáneamente, sin haber sido relevada del secreto profesional y convirtiéndose en una especie de investigadora, para luego comportarse como perito en el juicio. Puntualizó que demostró poca preparación en la temática de ASI "...e incluso se puso a llorar durante su declaración en el juicio, poniendo en cuestión -en definitiva- cómo llevó adelante su labor profesional en las entrevistas con la niña, por las preguntas sugestivas que pudo hacerle en el consultorio y las interpretaciones que hizo en el debate".
En tal sentido, el a quo recordó que Cecilia Moreira declaró en el juicio oral cómo "...fue la primera entrevista con I. M. (el viernes 24 de agosto de 2018), donde la
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