Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136742
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.742, "Ortiz Tabárez, Miguel Damián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 102.691 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 29 de marzo de 2021, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Miguel Damián Ortiz Tabárez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por la relación de pareja y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género (hecho I), en concurso real con encubrimiento agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro (hecho II) -conforme arts. 80 incs. 1 y 11 y 277 inc. 3 "b" del Código Penal-. Sin perjuicio de ello, conforme los arts. 435 y 460 del Código de forma, la Casación corrigió el encuadre legal del hecho II y lo subsumió en la figura de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro en los términos del art. 277 incs. 2 y 3 "b" del Código sustantivo, "...sin que ello pueda tener incidencia alguna en la prisión perpetua".
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El defensor oficial, doctor José María Hernández, en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, luego de reseñar los antecedentes del caso, en primer lugar, denunció la revisión aparente del fallo de condena y arbitrariedad por apartamiento de las constancias del caso -conforme arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 75 incs. 18 y 22 de la Constitución nacional-.
Alegó que la Casación no abordó la denuncia relativa a que la pena de prisión perpetua quebranta el principio de culpabilidad por no permitir contemplar las particularidades del caso -conforme arts. 18 y 19 de la Constitución nacional- y agregó que tal situación, además de configurar un supuesto de arbitrariedad por apartamiento de las constancias del caso, viola el derecho a ser oído, derivado del derecho de defensa en juicio. En su apoyo, citó el fallo "Casal" de la Corte nacional, entre otros.
I.2. Como segundo punto, tildó de arbitrarios los argumentos expuestos en el fallo en crisis para desestimar la denuncia de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta a su asistido.
En tal sentido, indicó que si bien las Convenciones Internacionales "...no se refieran expresamente a la pena perpetua, ello no significa que no exista por parte del derecho internacional una preocupación particular y actual respecto de este tipo de sanciones, pudiendo resultar incompatibles con los principios que se mencionan en el art. 5 inc. 2 de la CADH y el art. 5 de la CEDH, por resultar desproporcionadas, así como también incompatibles con el art. 5.6 de la CADH, por impedir el fin de resocialización que debe guiar la pena (principio coincidentemente con el art. 10.3 del PIDCP y 18 de nuestra CN)".
A continuación, alegó que no resulta válida la afirmación de que la pena impuesta a Ortiz Tabárez no puede ser considerada un trato cruel inhumano o degradante, por ser consecuencia de una sanción legítima -conforme arts. 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 16.1. de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-. En aval de su postura, citó el caso Mendoza vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se declaró responsable al Estado argentino por aplicar una pena de prisión perpetua legítima y tildó de "...parcial, descontextualizada e inatingente" la aplicación que de dicho precedente realizó el fallo en crisis.
A su entender, la forma en que el tribunal casatorio abordó el agravio referido a la infracción al art. 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "...arroja un pronunciamiento arbitrario y que -nuevamente- en modo alguno satisface la doble instancia (8.2.h CADH), al fundarse en una afirmación que carece de todo sentido y sustento".
Cuestionó la aplicación que el fallo en crisis pretendió hacer de los precedentes "Gramajo" de la Corte nacional y "Mendoza" -este último antes mencionado-, pues no guardan vinculación alguna con el presente. En tal sentido, destacó que la condena impuesta en el caso a su defendido "...no se basa en un juicio de peligrosidad, sino que fue impuesta bajo los principios de culpabilidad por el acto cometido, y con el fin de que se reinserte en la sociedad a partir de su reforma y readaptación a través de la pena [...]. En función de ello, en nada se asemejan las condiciones que debe cumplir [su] asistido -a criterio del juez de la causa- para acceder a la libertad condicional y aquellas que deben ser garantizadas -según la jurisprudencia del TEDH que se cita- para declarar compatible con la CEDH encierros por tiempo indeterminado".
De seguido, realizó extensas consideraciones sobre las implicancias que, a su entender, la ley 26.200 -referida a la implementación del Estatuto de Roma, ley 25.390- debería tener en la interpretación del art. 13 del Código Penal, y concluyó -de tal modo- que la ley mencionada en primer término restableció en veinticinco años el límite previsto en el art. 55 del citado Código así como también el monto de veinte años requerido para acceder a la libertad condicional en caso de penas perpetuas, derogando implícitamente los límites punitivos establecidos por las leyes 25.928 y 25.892. En sostén de su planteo, citó los casos "Méndez, Nancy Noemí" de la Corte federal e Hilaire vs. Trinidad y Tobago de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a la imposibilidad de aplicar penas fijas.
Para el caso que esta Suprema Corte no admita que las penas perpetuas deben tener un límite numérico y, en el supuesto de autos, una reducción puntual en virtud del menor grado del injusto reprochable, dejó planteada su inconstitucionalidad -conforme arts. 1, 4, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-.
I.3. Como tercer punto, sostuvo que la pena de prisión perpetua impuesta es desproporcionada y que el argumento relativo a la posibilidad de acceder a la libertad condicional que fue empleado en la instancia revisora para desestimar este reclamo, no logra superar las tensiones constitucionales de este tipo de sanción -conforme arts. 18, 75 inc. 22; 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-.
Puntualizó que la Casación incurrió en arbitrariedad al convalidar "...una pena estrictamente perpetua: por un lado, porque la posibilidad de obtener la libertad condicional no le quita el carácter perpetuo a la pena, sino que -en el mejor de los supuestos- su efectiva concesión permite ponerle fin al encierro y eventualmente a la pena luego del transcurso de diez años sin que la libertad sea revocada. Por el otro, la sentencia atacada no logra descartar que bajo la pena impuesta es posible que Ortiz Tabárez nunca recupere su libertad, sea porque la misma le puede ser rechazada, sea porque no logre sobrevivir hasta el momento en que pueda ser solicitada, aceptando así que en esos caso[s] el fin resocializador de la pena resultará una aspiración imposible e inútil".
A continuación, con cita del fallo "Verbitzky" de la Corte nacional, hizo referencia a la situación de grave sobrepoblación carcelaria que existe en la Provincia de Buenos Aires y a las dificultades de las personas detenidas de acceder a libertad condicional así como también a la educación y al trabajo durante el tiempo de encierro por falta de cupos.
En función de ello, afirmó que "...una pena de tales características desconoce la finalidad resocializadora que el art. 5.6 de la Convención Americana y el art. 10.3 del PIDCP (reglas de rango normativo supremo, arts. 31 y 75 inc. 22 CN)".
Agregó que "...nada ha afirmado la sentencia atacada que permita asegurar que el encierro en algún momento de la vida de Ortiz Tab[á]rez cesará, independientemente de su comportamiento, aprovechamiento y capitalización de las distintas propuestas tratamentales [sic] que pudiesen brindársele durante el encierro. La pena bien puede nunca agotarse -básicamente de eso se trata el carácter perpetuo [...]-, y la decisión atacada no se hace cargo de ello".
Afirmó que debe aplicarse el holding del aludido caso Mendoza y otros vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos más aún en casos de personas mayores de dieciocho años -como es la situación particular de su defendido-, en tanto "...la vida de los adultos se extinguirá antes de la de los menores. No es igual privar de su libertad a un condenado menor de edad 'por un tiempo mayor al que vivieron antes de cometer el delito' (como ocurrió en 'Mendoza') pero que podrá agotar la pena a los 42 años de edad (edad resultante, en la hipótesis de 'Mendoza' [...]), que condenar a un adulto a una pena -nominalmente perpetua, o nominalmente temporal pero de una duración inusitada- que ineludiblemente y conforme a la experiencia común se agotará sólo después de la extinción de la vida del condenado. En definitiva: la finitud de un adulto se encuentra necesariamente más próxima en términos temporales; y la materialidad de la perpetuidad es absolutamente más segura en el caso de los adultos y particularmente en el sub lite , que en el caso 'Mendoza'".
Citó, en orden al alcance de la noción de la perpetuidad de las penas, el caso "Giménez Ibáñez" de la Corte nacional y diversos precedentes de esta Suprema Corte sobre ese tópico y aclaró que en el caso de mención "...se ha juzgado la imposición de una pena perpetua con más la declaración de reincidencia (que importaba la imposibilidad de acceder a la libertad condicional como antecedente del agotamiento de la pena perpetua en los términos del art. 16 [del] CP), y que en eso es distinto del sub lite . Sin embargo, estim[ó] aplicables en un todo esas razones al sub lite porque de lo que se trata es de que la pena impuesta es 'realmente perpetua', pues [...] será en el caso concreto de imposible cumplimiento, en vinculación con la expectativa de vida del condenado" (la cursiva figura en el original).
En función de lo expuesto, manifestó que la pena de prisión perpetua impuesta a su asistido es contraria a los arts. 5.6. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 10.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
I.4. Finalmente, denunció que la condena impuesta resulta cruel, inhumana y degradante a la luz de la expectativa de vida de su defendido -conforme arts. 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-.
Argumentó, en ese marco, que "La pena es, entonces, materialmente una pena perpetua en sentido estricto[,] pues no se puede afirmar que el cálculo que indica que podrá acceder a la libertad condicional a los 62 años constituya una especulación conjetural. El sólo hecho de que la pena no se agote sino con la productividad del condenado, y que le niegue la posibilidad de tener un proyecto de vida da la pauta de todo ello".
Manifestó, en ese mismo orden de ideas, que la pena privativa de la libertad realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana en razón de que genera graves trastornos de personalidad, incompatibles con la manda del art. 18 de la Constitución nacional.
En definitiva, sostuvo que ello se contrapone a los arts. 10.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.6. de la Convención Americana de Derechos Humanos que establecen que la pena privativa de la libertad tendrá por finalidad la reforma y readaptación social de los condenados, siendo que -a su modo de ver- resulta evidente que la imposibilidad de que su defendido recupere su libertad algún día de su vida, transgrede todos y cada uno de los principios y derechos constitucionales enunciados en el remedio en trato.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación (conf. dictamen de fecha 9-II-2023).
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
De modo preliminar, resulta necesario hacer una reseña de los hitos relevantes del caso:
III.1. De la lectura del recurso de casación surge -en lo que resulta pertinente destacar- que la defensa oficial solicitó en esa oportunidad la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua -conforme arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (v. punto 4, recurso cit.).
Afirmó que la prisión perpetua quebranta el principio de racionalidad de la pena que exige que esta sea proporcional a la magnitud del injusto y a la culpabilidad.
De seguido, indicó que las sucesivas reformas al art. 14 del Código Penal impiden el acceso a la libertad condicional a los delitos sancionados con pena de prisión perpetua, entre otros.
En lo que respecta al fin resocializador de las penas, recordó lo establecido en el art. 18 de la Constitución nacional y afirmó que la persona condenada debe tener la posibilidad de recuperar su libertad y reinsertarse en la sociedad.
Explicó que no puede haber pena sin culpabilidad y aquella no puede sobrepasar la medida de esa culpabilidad, siendo entonces que el "principio de culpabilidad" es el fundamento y límite de la pena, como así también constituye el cimiento de la responsabilidad penal y funda el principio de proporcionalidad, entendido como la adecuación que debe darse entre la culpabilidad y la pena.
Alertó que quienes son condenados a pena de prisión perpetua no tienen la posibilidad de acceder a la libertad condicional salvo que sean condenados por los delitos de traición, desaparición forzada de personas agravada y los contenidos en la ley 26.200.
De seguido, se agravió de la violación del principio de culpabilidad, pues las penas indivisibles no permiten analizar las particularidades del hecho ni del autor -conforme arts. 40 y 41 del Código Penal- .
Criticó las restricciones al ingreso a la libertad condicional y al período de prueba de delitos como el reprochado a su defendido -arts. 14 del Cód. Penal y 56 bis de la ley 24.660-, pues ello demuestra que se pretende excluir de la sociedad a estas personas.
A su vez, indicó que se incumple con la prohibición de aplicar penas crueles, inhumanas y degradantes que emerge tanto del sistema interamericano como universal de protección de los Derechos Humanos, en la medida que al impedir al condenado acceder en algún momento a la libertad anticipada, ello importa una presunción sin prueba en contrario que la ejecución de la pena pueda alcanzar el fin resocializador. Con ello se vulneran deliberadamente derechos fundamentales del ser humano y se deriva que la privación de libertad sería de por vida, a su criterio.
Por fuera de lo expuesto, afirmó que este tipo de penas de incierto cumplimiento violan el principio de racionalidad, como así también que lo único que puede oponerse a la amenaza de perpetuidad es la certeza de la finitud, de que la pena tiene una duración determinada y que "...un día previamente conocido el encierro acabará. Ello no sucede en el caso, pues [...] existen serias divergencias doctrinarias y jurisprudenciales al momento de fijar el vencimiento de una pena perpetua, existiendo quienes colocan su vencimiento a los 25 años, quienes la ubican a los 35 años de duración y quienes, como posición extrema, la sitúan al cumplirse los 50 años de encierro". A su entender, esta incertidumbre convierte la pena en cruel, inhumana y degradante y, al mismo tiempo, quebranta el principio de razonabilidad.
Aseveró que no alcanza con afirmar que las penas deben tener fin "en algún momento", pues si este no se precisa con antelación, se vacían de contenido las normas constitucionales y convencionales, en particular el principio del nullum crimen nulla poena sine lege .
Luego, trajo a colación el principio de proporcionalidad y destacó que la cantidad y calidad de la pena son parámetros que deben guardar relación con la naturaleza y gravedad del delito. En cuanto a la determinación judicial de la cantidad de la pena, entendió que su fijación deberá atender las particularidades del hecho y del autor, y explicó que ello no es posible cuando se trata de penas indivisibles, fijas e invariables como es la impuesta al encausado Ortiz Tabárez, todo lo cual quebranta -bajo su óptica- los principios de proporcionalidad y culpabilidad por el acto. En su apoyo, citó el fallo "Gramajo" de la Corte nacional, entre otros.
Afirmó que la pena de prisión perpetua es inconstitucional en términos generales y en el caso en concreto, pues quebranta los principios de razonabilidad, proporcionalidad, culpabilidad, igualdad, prohibición de exceso y mínima suficiencia y de penas crueles, inhumanas y degradantes -conforme arts. 16, 18, 19 y 28 de la Constitución nacional-.
En función de lo expuesto, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua prevista en el art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal y, tomando en consideración las características del hecho, las condiciones personales del imputado (inmadurez y estado de intoxicación al momento de los eventos) que condicionaron su capacidad de motivarse en la norma y controlar su conducta, así como también, su calidad de padre de dos hijos menores de edad, se determine el monto de pena privativa de libertad a cumplir.
III.2. Por su parte, el fallo emitido por la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Maidana a quien adhirió el juez Violini, luego de recordar que la declaración de inconstitucionalidad de leyes es un recurso de ultima ratio , afirmó que "...la crítica a la 'perpetuidad' debe contextualizarse con lo impuesto por los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.2, 5.2, 5.3, 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.2, 10.1, 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a nuestra CN por el artículo 75 inc. 22, en virtud de los cuales se ratifica que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los reos (art. 18 CN), y se ha definido con mayor precisión la finalidad de la pena bajo términos de prevención especial positiva. Por eso, la ejecución al orientarse a la readaptación y reforma de los condenados, con resguardo del concepto de persona y dignidad humana, excluye en todo aspecto legitimar un encierro de por vida, el que por propia naturaleza no cumpliría con la reintegración social. En definitiva, debe rechazarse toda acepción literal del término, pues ello haría trocar esa finalidad por otra y asignarle a la privación de libertad un componente de inocuización, retributivo y/o de defensa social vedado constitucional y convencionalmente" (esp. sent. de Casación, segunda cuestión, puntos V.a./V.b.).
Luego, indicó que "...una interpretación dinámica del tópico impone un análisis que compatibilice y armonice el sentido y alcance de la pena a perpetuidad, negándole una duración sine die pues, de ser así, además, se atentaría contra el fundamento de proporcionalidad que rige respecto de la reacción penal del Estado, por aplicación del principio de
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