Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136825
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.825, "Hoyos, Luis Gerardo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 106.852 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Genoud, Torres.
El Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, -con integración unipersonal y mediante trámite de juicio abreviado- por sentencia de 18 de junio de 2020, condenó a Luis Gerardo Hoyos a la pena de once años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, más la declaración de reincidencia, por haberlo hallado autor de los delitos de lesiones graves agravadas (hecho I), amenazas agravadas por el uso de arma de fuego (hecho II), homicidio agravado por el uso de arma de fuego (Hecho III) y abuso de armas (hecho IV), todos ellos en concurso real entre sí.
A su turno, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de noviembre de 2021, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa del imputado.
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado parcialmente admisible por la Sala recurrida, solo en cuanto denuncia infracción a la normativa sustantiva, esto es la inobservancia del art. 41 bis del Código Penal. Ello motivó la interposición de queja por la parcela denegada, que esta Corte rechazó por improcedente el día 3 de noviembre de 2022 (causa P. 136.782-Q).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En atención al alcance con el que fue admitido el recurso solo se reseñarán los agravios desarrollados por la defensa oficial vinculados a la errónea aplicación del art. 41 bis del Código Penal, sin referenciar las demás denuncias por haber quedado fuera del ámbito de competencia de esta Corte (conf. art. 486, CPP).
II. Sentado lo anterior, el recurrente plantea la errónea aplicación al caso del art. 41 bis en relación con el art. 79, ambos del Código Penal.
Asevera que tanto el homicidio como las lesiones causadas con arma de fuego -y sus respectivas tentativas-, tienen como figura subsidiaria al abuso de armas previsto en los arts. 104 y 105 del Código Penal.
Entiende que de ello y del análisis sistemático de nuestro código de fondo, deriva que, si el propio art. 41 bis del Código Penal está formulado de modo tal que expresamente impide su aplicación cuando la utilización del arma de fuego se encuentra prevista como un elemento del tipo -tal el caso del abuso de armas-, tampoco corresponde aplicar la agravante genérica a una figura más grave que absorbe en un concurso aparente la punición de los delitos receptados en los arts. 104 y 105 del Código Penal.
Agrega que el art. 41 bis del Código Penal no resulta de aplicación a los tipos penales de homicidio y lesiones más allá de que estos no contemplen expresamente la utilización de un arma de fuego, toda vez que sí lo hace la tipicidad que se encuentra por ellos absorbida (abuso de armas).
En ese carril argumenta que la agravante tampoco puede ser aplicada al art. 165 del Código Penal y que, como consecuencia de ello, tampoco resulta aplicable a la figura del homicidio simple, toda vez que su escala penal terminaría siendo más grave que la correspondiente a la figura compleja que comprende el homicidio y el robo.
Solicita que se anule el pronunciamiento atacado y se desagregue la severizante genérica, con la consiguiente reducción de la pena.
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
IV.1. El Tribunal de mérito tuvo por acreditado que:
1. el día 16 de mayo de 2016, aproximadamente entre las 21:30 y las 22:00 hs., en la vereda de la intersección de las calles San Luis y Firpo de la localidad de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, Luis Gerardo Hoyos, alias "Nego", tras discutir con Mauricio Esteban Gilbert, extrajo de entre sus ropas un arma de fuego con la cual le disparó al nombrado en el muslo derecho, provocándole una fractura en el fémur derecho, lesión esta que le produjo inutilidad para el trabajo por más de un mes.
2. En las mismas circunstancias témporo-espaciales que el anterior, luego de cometer el hecho descripto, Luis Gerardo Hoyos se acercó al menor L. G. y le apoyó el arma de fuego en el abdomen y cabeza, mientras le manifestaba: "...hay un tiro para vos, no te hagas el pillo", dándose luego a la fuga.
3. El día 19 de noviembre de 2017, siendo las 03:00 hs., Luis Gerardo Hoyos alias "Nego" junto a Gastón Gabriel Pérez, alias "Huevi", ingresaron a la vivienda sita en la intersección de las calles San Luis y Firpo de la localidad de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, donde Marcos Emiliano Impellizzieri se encontraba con su pareja Mayra Analía Trejo y le efectuaron varios disparos con un arma de fuego que afectaron la zona del tórax, abdomen y miembros inferiores, produciéndose su deceso en horas de la noche, luego de ser asistido en el Hospital Bocalandro.
4. En las mismas circunstancias de tiempo y espacio que el hecho antes descripto, Hoyos disparó con un arma de fuego hacia el suelo, impactando varios perdigones en las extremidades inferiores de Agustina Macarena Pizani Mosqueda, produciéndole lesiones.
La representante de la acción pública, el imputado y su defensora oficial, arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, en el que pactaron la pena de once años y ocho meses de prisión, en orden a los delitos de: lesiones graves agravadas, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso de armas.
El tribunal, con integración unipersonal, dictó sentencia y condenó al imputado en los mismos términos del encuadre legal y la pena acordados por las partes, declarando a Hoyos reincidente (arts. 40, 41, 41 bis., 45, 50, 55, 79, 90, 104, segundo párr., y 149 bis, primer párr., última parte, Cod. Penal, v. sentencia digital).
IV.2. Contra dicho pronunciamiento la defensa interpuso recurso de casación en el que denunció la errónea aplicación del art. 41 bis del Código Penal en relación al delito de homicidio. Sostuvo que, dado que la razón de ser de la agravante radica en el mayor poder intimidante y en el superior peligro que corre la vida del sujeto pasivo ante la utilización de un arma de fuego; cuando -como en el caso analizado- se concreta la lesión contra el bien jurídico protegido (la vida, en el homicidio), no tiene sentido agravar la conducta por la existencia de un mayor riesgo.
IV.3. El Tribunal de Casación, al tratar el agravio lo rechazó y consideró que debía confirmarse la aplicación de la agravante.
Para ello expresó que la calificación legal surgió en virtud de la libre y voluntaria propuesta formulada por las partes y declarada admisible por el magistrado de la instancia de origen.
Seguidamente en relación al concreto agravio planteado, hizo referencia a la doctrina plenaria de ese Tribunal de Casación Penal ( in re "R., F. A. s/Recurso de casación", causa n° 36.328, sent. de 19-IV-2013), que estableció que el art. 41 bis del Código Penal resulta aplicable a la figura contenida en el art. 79 del mismo cuerpo legal y que dicha regla actúa generando un tipo delictivo que se encuentra en relación de especialidad con varios tipos penales siempre que estos no incluyan el empleo de armas y que se trate de delitos dolosos que requieran la existencia de violencia o intimidación como modalidad de ejecución típica.
Entendió que esa doctrina era aplicable al caso, y especificó que el homicidio simple es un delito doloso, cuya acción típica exige que se despliegue violencia en contra de la víctima y que no contiene en su estructura la circunstancia consistente en el empleo de un arma de fuego, siendo que la misma le brinda al sujeto activo mayor seguridad, y al mismo tiempo anula las posibilidades defensivas de la víctima, revelando un mayor grado de injusto (v. sent. digital de 30-XI-2021).
V. Como lo adelantara, el recurso no prospera.
En primer término y tal como lo señaló el señor Procurador General, la defensa incurre en un viraje argumental que obsta a la procedencia de su reclamo (doctr. art. 451, CPP).
Nótese que en el recurso de casación planteó que la agravante genérica del art. 41 bis del Código de fondo no resultaba aplicable en el caso, por haberse concretado la lesión del bien jurídico protegido y, por tanto, carecía de sentido agravar la conducta por el mayor riesgo producido por el empleo del arma de fuego.
Sin embargo, nada dijo acerca de que la norma cuestionada resultaba inaplicable como consecuencia de un análisis global y sistemático de nuestro código de fondo, específicamente de la lectura de los arts. 104, 105 y 165 del Código Penal.
En cuanto al argumento concretamente llevado al órgano revisor, este brindó sólidos motivos para sostener la aplicación del art. 41 bis del Código Penal, entendiendo que dicha regla podía ser aplicada a aquellos delitos dolosos que no incluyan en su estructura el empleo de un arma de fuego y que impliquen la existencia de violencia o intimidación como modalidad de ejecución típica, tal como ocurrió en el caso.
La parte, en definitiva, insiste con un criterio discrepante del sustentado por el Tribunal de Casación, sin demostrar el error o equivocación en la interpretación de la norma aplicada al caso concreto. Y, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-XI-2009; P. 102.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; P. 134.058, sent. 27-XII-2022; e.o.).
Por lo demás, la doctrina legal de esta Corte establece que la agravante contenida en el art. 41 bis del Código Penal es aplicable al delito de homicidio (conf. causas P. 102.647, sent. de 19-VIII-2009; P. 110.202, sent. de 27-IV-2011; P. 109.090, sent. de 17-VIII-2011; P. 110.556, sent. de 21-XII-2011; e.o.).
En efecto, a la luz de los antecedentes parlamentarios resulta claro que la figura del art. 79 del Código Penal, fue especialmente considerada para la aplicación de la citada norma, justificada en la mayor contundencia y poder de vulnerabilidad sobre las víctimas de las armas de fuego.
VI. Por último, aun cuando ya indiqué que, el restante argumento, en rigor, se trata de un razonamiento que es inadmisible por novedoso (ya que no se lo llevó al tribunal revisor -pudiendo hacerlo-), cabe -de todos modos- hacer saber al recurrente que esa consideración fue objeto de análisis y rechazo en distintas oportunidades por esta Corte.
Efectivamente, la cuestión referida a que entre el abuso de arma de fuego (art. 104, segundo párr., Cód. Penal) y el homicidio (o las lesiones) con arma de fuego -y sus respectivas tentativas-, existe una relación de subsidiariedad, y por lo tanto, si bien estas últimas figuras no incluyen al "arma de fuego" expresamente, sí lo harían en razón de contener al tipo de abuso de arma que sí lo posee, ha sido fundadamente rechazado en una explicación del doctor Soria (a quien adherí oportunamente) que estimo que merece ser reproducida aquí:
" Es consabida la preocupación de la doctrina por la diferenciación entre estas figuras penales, ya a nivel del tipo objetivo, o en lo tocante a la relación entre el dolo del abuso de armas y la tentativa de homicidio o de lesiones graves o gravísimas. También que frente al carácter subsidiario de la primera (abuso de arma), su utilidad práctica es bien discutible (conf. por todos, Sancinetti, Teoría del delito y desvalor de acción, Hammurabi, Bs. As., 1991, p. 227 y sigs.; conf. P. 112.567, sent. de 3-V-2012).
Cierto sector concibe a la figura de abuso de armas como un delito de peligro, cuyo tipo objetivo, a diferencia del tipo objetivo del delito de homicidio, abarca riesgos de carácter remoto, o indeterminados, o menos concreto para la lesión al objeto de la acción: se trata de [...]'grados' de proximidad de la posibilidad de lesión (Sancinetti, ob. cit. p. 229; en el mismo sentido, Lerman, 'La distinción entre la tentativa de homicidio y el abuso de armas', Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, LexisNexis, n° 6, febrero 2005, págs. 102 y sigtes.).
En cambio, la tentativa de homicidio comprende comportamientos que introducen riesgos concretos y bien próximos para la vida del sujeto pasivo. Por ello no se trata de una diferencia en la estructura subjetiva del comportamiento del autor, sino en el alcance normativo-objetivo de cada una de las figuras penales. El dolo, en ambos casos, está dado por la representación de un riesgo diferente. Con ello decae el presupuesto sobre el que se estructuró el juicio de relación en cuanto a que el delito de abuso de armas encierra conceptualmente a la tentativa de homicidio, a efectos de apuntalar así su conclusión de que el elemento 'arma de fuego' se halla necesariamente ya valorado y volver a hacerlo importaría computarlo doblemente de modo prohibido.
El art. 79 como delito de lesión -o su tentativa: puesta en peligro concreto, próximo y determinado de que la lesión al objeto de bien jurídico efectivamente ocurra-, no contempla como medio comisivo específico la utilización de un arma de fuego.
La violencia es inherente al delito de homicidio -apartado primero del art. 41 bis- y, de otro lado, su ejecución a través del empleo de armas de fuego no está expresamente establecida como elemento fundante o calificante del tipo penal, de modo tal que pudiera tener operatividad la salvedad del segundo apartado de ese precepto" (conf. causa P. 120.686, sent. de 24-V-2016, voto del doctor Soria al cual adherí).
De igual modo en lo referente a la figura del art. 165 del Código Penal, más allá del viraje argumental puesto de relieve -y que ya se dijo que convierte al planteo en inadmisible por originario-, de todos modos esta Corte ya ha explicado la compatibilidad entre el art. 41 bis y la figura compleja en cuestión, interpretación legal que en la actualidad, forma parte del acervo doctrinal consolidado en materia de derecho común y que, evidentemente, no ha sido consultado por el recurrente para elaborar su planteo (conf. doctr. art. 41 bis y 165, Cod. Penal, en causas P. 108.548, sent. de 27-XI-2013 -min-; P. 110.620, sent. de 16-VI-2014 -min-; P. 111.421, sent. de 18-VI-2014; P. 117.092, sent. de 13-VIII-2014; P. 117.032, sent. de 30-IX-2014; P. 113.934, sent. de 17-XII-2014; P. 117.819, sent. de 19-II-2015; P. 115.117, sent. de 11-III-2015; P. 114.298 y P. 116.693, sents. de 1-IV-2015; P. 119.415, sent. de 15-IV-2015; P. 119.673, sent. de 9-XII-2015; P. 121.565, sent. de 21-IX-2016; P. 122.327, sent. de 10-X-2018; entre muchos otros a los que me remito).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:53:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:54:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2024 17:40:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:47:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:58:14 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 10:57:00 hs. bajo el número RS-85-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia