Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136841
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.841, "A., J. I. en causa n° 98.859 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza mediante el fallo del 26 de junio de 2019, condenó a J. I. A. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado (en al menos dos oportunidades), agravado por resultar la víctima menor de edad y el autor encargado de la guarda de la misma, y absolvió al nombrado en orden al delito de corrupción de menores agravada por resultar el autor encargado de su guarda; y a R. S. M., en orden al delito de facilitación de la corrupción de menores agravada, por resultar la víctima su descendiente.
Recurrida esta decisión por la defensa del imputado y por la fiscalía, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 3 de diciembre de 2020, confirmó lo decidido.
La señora defensora adjunta ante dicha instancia, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el que fue declarado admisible por el órgano intermedio (v. resol. de 8-VI-2022).
Oído el señor Procurador General a través del dictamen del 17 de abril de 2023, dictada la providencia de autos (v. act. dig. de 18-IV-2023), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La recurrente denunció la errónea aplicación del tercer párrafo del art. 119 del Código Penal, arbitrariedad de la sentencia impugnada por apartamiento de las constancias de la causa y violación al principio de inocencia por inobservancia de la regla de in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 14.2., PIDCP y 1, CPP).
Sostuvo que el Tribunal de Casación Penal, en consonancia con lo resuelto por el tribunal de juicio, entendió acreditada tanto la materialidad ilícita como la autoría del imputado a partir de los dichos de la víctima en Cámara Gesell, el informe forense de la médica Elida Mariné, los dichos de los testigos A. A. y L. B. (abuelo y padre de la víctima, respectivamente) y las declaraciones de las licenciadas Ceva y Curbello.
Expresó que el revisor consideró que concurría un escenario probatorio armónico y contundente, que impedía el progreso de los agravios de la defensa, los que juzgó generales y conjeturales.
Pero, según su entender, más allá de la credibilidad otorgada a los dichos de la niña víctima y su corroboración por los testimonios obrantes en autos, del informe médico practicado por la doctora Mariné, en octubre de 2017, surge que las lesiones constatadas en la región anal resultaban ser de larga data. Y que sin perjuicio de que la mencionada profesional aclaró en el debate que dichas lesiones tenían más de un mes de antelación a la fecha de la revisión y que según su criterio debieron existir maniobras preparatorias (como la utilización de cremas y dedos para lograr la dilatación constatada y la posterior penetración), lo cierto es que ello no resulta coherente con el relato de la víctima, quien no detalló ningún tipo de maniobra previa y que se refirió a un solo hecho, en el que manifestó tener puesto tanto su pantalón como su remera.
Agregó que el tribunal intermedio se apartó de esas constancias para convalidar la materialidad ilícita y el encuadre legal y que el caudal probatorio en el que se fundó la sentencia de condena carece de la contundencia para tener por configurado el acceso carnal vía anal y por ende la figura receptada en el tercer párrafo del art. 119 del Código Penal por lo que, en virtud del principio de in dubio pro reo , se debió readecuar la calificación legal y la pena.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. El Tribunal de Casación reseñó los agravios sometidos a revisión y se abocó a analizar el modo en que el tribunal de instancia había acreditado la materialidad ilícita y la autoría de A. en los hechos atribuidos, y la validez y valoración de los elementos de prueba objetados.
Comenzó por señalar que, pese a lo afirmado por el recurrente, existía prueba suficiente y apta para tener por acreditados los extremos cuestionados, y no se advertía en ellos la concurrencia de arbitrariedad.
Precisó las circunstancias fácticas tenidas por corroboradas, esto es que "...En fecha indeterminada, en forma reiterada, en al menos dos oportunidades, en el interior del domicilio ubicado en [...], un sujeto de sexo masculino abusó sexualmente de la menor A., cuando la misma tenía siete (7) años de edad, con quien convivía esporádicamente, por resultar hija de su pareja y respecto de quien ejercía la guarda momentánea, colocándola sobre su miembro viril y penetrándola vía anal...".
Hizo expresa referencia a la directa imputación dirigida por la víctima en Cámara Gesell, destacando que de su relato surgía la descripción de un acto sexual en la que el imputado la accedía carnalmente. Explicó que ese relato había sido determinante en la construcción de la convicción alcanzada, dado que además de ser clara y precisa en los puntos centrales de la imputación, se extraía del veredicto que, a la hora de narrar los hechos, así como al aportar la identidad del agresor, sus respuestas fueron categóricas y se mantuvieron incólumes y encontró apoyo complementario en otros elementos probatorios.
Dio cuenta del informe forense realizado por la médica Elida Mariné, quien aludió a la existencia de lesiones anales en la víctima "...compatibles con la penetración total o parcial de un elemento duro y romo, como un dedo, pene erecto, etc., de larga data..." y que, ante maniobras específicas realizadas, aseguró que se había llevado a cabo de afuera hacia adentro, y en reiteradas ocasiones.
Refirió que también se valoraron los dichos de la testigo A., quien afirmó que había recibido en su vivienda a la menor, que había notado una actitud extraña en ella, que quería bañarse a cada rato, tenía enuresis, estaba angustiada, ansiosa, gritaba de noche y dormía con la luz encendida y la puerta abierta. Explicó que había tomado conocimiento de los hechos por parte de la víctima; y en similares términos, se expresaron A. H. y L. B., el abuelo y el progenitor de la niña.
Destacó que resultaron trascendentales para la formación de la convicción del a quo , los dichos vertidos por la licenciada Ceva, quien detectó una serie de secuelas psicológicas compatibles con los delitos denunciados, así como el testimonio de la licenciada Curbello, que dio cuenta de la existencia en la víctima de indicadores esperables en niños con signos de maltrato infantil y abuso sexual, además de estrés postraumático.
Luego, en lo que respecta a la prueba del extremo relativo a la autoría, aclaró que "[...] de manera conjunta con el señalamiento categórico de la víctima, han existido una pluralidad de indicios referidos a la intervención de A., que podrían resumirse del siguiente modo: al tiempo de los hechos convivía esporádicamente con la menor de edad; las personas de su entorno vieron un cambio significativo en su conducta. Además, en el caso, la niña contó de manera semejante a distintas personas y en distintos momentos lo ocurrido. Finalmente, existió prueba pericial que respaldó la credibilidad de sus dichos y dio cuenta de la afectación psicológica padecida como consecuencia de la situación denunciada [...]" (Sala II del Tribunal de Casación Penal, sent. de 3-XII-2020, apdo. VI).
Tras referirse a las dificultades en la investigación de este tipo de agresiones sexuales, insistió con la solidez del relato de la víctima y los demás elementos que lo corroboraron.
En cuanto a la aplicación del beneficio de la duda que también había propiciado el recurrente, el tribunal intermedio sostuvo que no advertía la afectación al principio de inocencia denunciado por la defensa, que la apreciación de la prueba efectuada por el tribunal de grado confluyó en un escenario probatorio armónico y contundente; que los jueces valoraron las pruebas de un modo inobjetable, brindando las razones de su convicción, y que a ello se arribó tras la celebración de un debate donde fueron respetados los derechos del imputado.
A partir de todo lo expuesto, consideró acreditada tanto la materialidad ilícita como la autoría en cabeza del imputado.
IV. De la reseña efectuada se advierte que el Tribunal de Casación Penal abordó análogos agravios, brindó un análisis crítico de los diversos elementos de prueba valorados por la instancia de mérito y coincidió por qué en el caso, el análisis global de toda la prueba permitió al sentenciante contar con suficientes elementos de signo cargoso respecto a la materialidad ilícita y la participación del acusado, y arribar a la certeza necesaria que requiere un fallo de condena descartando en los juzgadores una situación de duda, por el contrario, consideraron plenamente probados los presupuestos fácticos de la condena pronunciada.
En rigor, los agravios traídos bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, se encuentran dirigidos a cuestionar la valoración probatoria realizada en las instancias anteriores -dando cuenta de una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a fin de obtener un cambio en la calificación legal dada al suceso, y por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (conf. art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.725, sent. de 1-XII-2021; e.o.).
En el caso, la recurrente insiste con su postura y señala su opinión diversa sugiriendo interpretaciones alternativas de la prueba, sin controvertir adecuadamente lo decidido con arreglo a las circunstancias probadas de la causa; de tal manera, no consigue demostrar con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia. Viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
Por otra parte, tampoco logró evidenciar una situación de excepción por cuanto para las sentencias de mérito y de revisión no quedaron márgenes de duda alguna respecto a la acreditación de los extremos de la imputación (art. 495, CPP).
Si bien se sabe que la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 132.301, sent. de 23-II-2021; P. 133.109, sent. de 21-V-2021; P. 132.657, sent. de 23-V-2022; P. 135.101, sent. de 9-V-2023; e.o.); extremos que en el caso no han sido demostrados.
En definitiva, la defensa expuso un mero criterio divergente que pretendió sustentar en una ponderación fragmentada de la prueba que, como tal, resulta insuficiente para conmover lo decidido en el caso y -más aún- para evidenciar un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (conf. arts. 18, Const. nac. y 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/04/2024 14:15:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/04/2024 20:38:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:11:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 20:00:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:24:23 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 09:02:58 hs. bajo el número RS-41-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia