Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136901
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.901, "P., J. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.395 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres, Carral, Mancini, Budiño.
En el marco del reenvío ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que suspendió el trámite de la queja contra la sentencia de condena en razón de que podría encontrarse prescripta la acción penal en los autos principales- (causa CSJN 1796/2017/RH1, sent. de 3-V-2018), la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 13 de abril de 2022, por mayoría, hizo lugar al recurso fiscal y rechazó el de la defensa oficial de J. E. P. contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro que -en cumplimiento del reenvío ordenado por la Casación- declaró extinguida la acción penal respecto del delito de robo simple, quedando subsistentes los restantes delitos por los que P. venía condenado (violación en grado de tentativa -tres hechos-, violación reiterada -ocho hechos- y violación).
En consecuencia, el órgano casó el fallo de cámara y declaró la vigencia de las acciones penales de los delitos por los cuales el encausado había sido condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro a la pena de veintiocho años de reclusión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia.
Frente a lo así decidido, la defensa oficial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el Tribunal de Alzada.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley desarrolló los siguientes agravios:
I.1. Como cuestión previa sobreviniente, solicitó la extinción de la acción penal por violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable (conf. arts. 8.1., CADH; 9.3. y 14.3.c., PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. y 2, CPP).
Citó los casos "Mattei", "Mozzatti", "Kipperband", "Podestá", "Espíndola" y "Escudero" de la Corte nacional y resaltó la obligación de adoptar "medidas conducentes" para hacer cesar la problemática de demora irrazonable del proceso penal.
Puntualizó que la situación procesal de P. evidencia la flagrante violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable (conf. arts. 8.1., CADH y 9.3., PIDCP).
Mencionó la ley 24.390 y el art. 141 del Código Procesal Penal y sostuvo que, a pesar de los plazos allí establecidos, P. lleva procesado más de veintiún años (tomando el inicio de la IPP 24-IV-2001 por hechos cometidos entre el 25-XI-1999 y 8-II-2001) sin que la causa haya presentado complejidades en la investigación.
Resaltó que a la fecha no finalizó la vía impugnativa contra la condena que se encuentra actualmente suspendida por la Corte nacional hasta tanto se resuelva si las acciones penales prescribieron; tampoco finalizó la sustanciación y revisión de la decisión sobre la vigencia o extinción de las acciones penales de los delitos por los que viene condenado.
En función de ello, alegó que debe ponerse fin a la incertidumbre soportada por el inculpado, próximo a alcanzar el cumplimiento de la condena no firme a veintiocho años de reclusión.
A continuación, recordó los parámetros establecidos por la Corte Interamericana a ponderar para dirimir este tipo de problemáticas y afirmó que, en el caso, no se da ninguno de ellos ("Complejidad del asunto"; "Actividad procesal del interesado"; "Conducta de las autoridades judiciales"; "Afectación actual en la situación jurídica de la persona"), expresándose sobre tales ítems.
Argumentó también que su asistido está privado de su libertad desde el 24 de mayo de 2001 a la espera de la resolución definitiva de su expediente.
Alegó que el plazo de prescripción de doce años previsto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal constituye una guía útil para verificar una demora procesal intolerable. Frente a ello, resalta que el presente proceso "...excedió casi en diez años aquel plazo, ya de por sí extenso".
En función de lo expuesto, requirió que se realice un control de convencionalidad y se declare la prescripción de la acción penal por violación al plazo razonable de duración del proceso.
Indicó que, contrariamente a lo expuesto por el Tribunal de Casación Penal respecto de la extemporaneidad del planteo, un agravio de estas características debe ser tratado en cualquier estado del expediente.
I.2. Como segundo agravio, denunció arbitrariedad por desobediencia de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que con fecha 3 de mayo de 2018, en el marco del expediente CSJ 1796/2017/RH1, suspendió el trámite del recurso de queja en el marco de la revisión del fallo de condena "...en razón de que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales" .
Ante tal situación, recordó que la Sala III de la Cámara declaró la extinción de la acción penal únicamente respecto del delito de robo, sin examinar la vigencia de las acciones penales de los restantes ilícitos por los que su defendido había sido condenado.
Recordó que la defensa oficial en la queja, como cuestión previa, había planteado la prescripción de la totalidad de los delitos, de ahí que -a su entender- el reenvío dispuesto por el Máximo Tribunal nacional exigía analizar la vigencia de la acción penal de la totalidad de los ilícitos. En su apoyo, citó el voto en minoría del doctor Violini.
Sostuvo que los jueces que conformaron la mayoría no se pronunciaron sobre la cuestión, aunque implícitamente la descartaron al afirmar la vigencia de la acción penal. Alegó que el revisor debió verificar la carencia de motivación de la decisión de la Cámara que declaró la extinción de la acción penal solo respecto de una parte de los delitos. Estimó que, subsanada la desobediencia señalada, debió remitirse nuevamente el expediente a la Cámara para el dictado de una nueva decisión motivada con el límite de la " reformatio in pejus ".
En definitiva, solicitó la anulación de la sentencia, retrotrayéndose las actuaciones hasta el dictado de un fallo ajustado a derecho en el que se observe lo dispuesto por la Corte federal.
I.3. Como tercer embate, denunció arbitrariedad por exceso de jurisdicción, violación al principio de imparcialidad judicial y violación de las garantías de debido proceso y defensa en juicio.
Para el caso de que no prosperen los planteos anteriores, sostuvo que el Tribunal de Casación penal mostró un evidente interés persecutorio pues no trató los agravios desarrollados por la fiscalía y por fuera de los argumentos desarrollados por la acusación pública, "de modo exorbitante, expresó su propio criterio por fuera de los contornos [...] del agravio llevado a su conocimiento" .
Indicó que el perjuicio ocasionado era manifiesto al impedirse el ejercicio del derecho de defensa en el marco del debido proceso, frente al "sustancial" viraje argumental que le atribuyó al Tribunal de Casación respecto de los fundamentos del recurso fiscal, el cual había ceñido su planteo a que las acciones penales estaban vigentes pues existía una cuestión de violencia de género en los delitos que generaba obligaciones especiales respecto del Estado (conf. CEDAW y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer).
Destacó que, en función de ello, el Tribunal de Casación Penal quebrantó el principio de imparcialidad por lo que, para el caso de no hacer lugar a los planteos anteriores, requirió la anulación del fallo en crisis.
I.4. Por último, se agravió de la violación del debido proceso, del derecho de defensa, del principio de legalidad y del plazo razonable (conf. arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1., 9 y 25.1., CADH; 14.1. y 15.1., PIDCP).
Asimismo, denunció la inobservancia de los arts. 59, 62 inc. "a", 67 cuarto párrafo inc. "e" y 239 del Código Penal y el apartamiento de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un pronunciamiento arbitrario por apartarse injustificadamente de la doctrina legal del Máximo Tribunal federal, in re "Farina" (CSJN Fallos: 342:2344) así como también de las constancias de la causa.
Luego de reseñar la respuesta del Tribunal de Casación Penal que afirmó que no correspondía declarar la prescripción de las acciones penales por existir cosa juzgada parcial en virtud de que los delitos no fueron cuestionados por la defensa, la parte alegó que el fallo casatorio no poseía fundamento normativo alguno pues -a su entender- la mera invocación del art. 67 del Código Penal, en sentido contrario, resultaba insuficiente.
Adujo que ese criterio no era legal y compelía al imputado o su defensa a impugnar en todos los casos por la totalidad de los delitos por los que recayera una condena ante la eventual prescripción de la acción por uno de ellos en el trámite de la etapa recursiva, lo cual suponía un contrasentido procesal.
En su apoyo, citó el fallo "Sanz" de la Corte nacional, entre otros, y argumentó que al no existir condena firme en contra de su defendido y "...sin perjuicio de los motivos de agravio del recurso de casación" , el revisor debió declarar prescrita la acción penal respecto de la totalidad de los delitos.
Asimismo, trajo a colación las causas P. 106.146; P. 108.962 y P. 110.736 y afirmó que los cuestionamientos en torno a la determinación judicial de la pena, conllevaban indirectamente que se recurran todos los delitos.
Indicó que los agravios oportunamente formulados en el recurso de casación estaban dirigidos a cuestionar la concurrencia material entre los hechos y el monto y especie de pena por lo que, indirectamente, los delitos en estudio se encontraban controvertidos, contradiciendo así la cosa juzgada parcial esgrimida por la Sala.
En función de ello, sostuvo que debía aplicarse el precedente "Farina" de la Corte nacional, de seguimiento obligatorio para todos los tribunales del país. Agregó que dicho fallo fue invocado por la defensa pese a lo cual el Tribunal de Casación nada dijo.
En tal sentido, explicó que el último acto con virtualidad para interrumpir el término de la prescripción era la sentencia de condena dictada el 23 de febrero de 2003. En razón de ello, concluyó que el plazo de doce años con relación a la totalidad de los delitos por los que viene condenado su defendido transcurrió "holgadamente".
Finalmente, insistió con la aplicación del fallo "Farina" y recordó que esta Suprema Corte tiene dicho que la prescripción es una cuestión de orden público que puede y debe ser declarada de oficio en cualquier momento.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso.
Coincido con lo dictaminado pues el recurso porta argumentos insuficientes para revertir lo decidido (conf. art. 495, CPP).
III.1. Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario hacer una reseña de los hitos relevantes del caso.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Isidro, mediante sentencia de fecha 26-III-2003 , condenó a P. a la pena de veintiocho años de reclusión, accesorias legales y costas, más su declaración de reincidencia por resultar autor penalmente responsable de los delitos de violación en grado de tentativa reiterada (tres hechos), violación reiterada (ocho hechos) y violación y robo simple reiterado (cuatro hechos).
Ante el recurso deducido por la defensa, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 4-XII-2008, declaró admisible la impugnación y confirmó el fallo de condena.
Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Como agravio principal solicitó la absolución por violación al plazo razonable de duración del proceso quebrantado durante la etapa recursiva . En subsidio, denunció la errónea aplicación del art. 50 del Código Penal, asimismo, tachó de inconstitucional dicha norma junto con los arts. 14 y 41 del citado cuerpo de leyes. Por otra parte, cuestionó la aplicación de la pena de reclusión y criticó el monto total de pena impuesto. Finalmente, requirió la inconstitucionalidad de los arts. 119, 164 y 55 del Código Penal en lo que respecta al tope máximo de la escala penal conformado por el concurso real de tales delitos.
Con posterioridad a ello, la defensa requirió la prescripción de la acción penal del delito de robo simple.
III.2. Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 13-VII-2011 , por un lado, declaró admisible el recurso y, por el otro, suspendió su trámite y reenvió para que, por donde correspondiera, se tratara el planteo de prescripción de la acción (causa P. 107.756).
En función del reenvío, el Tribunal de Casación Penal, con fecha 7-II-2012, desestimó el pedido de prescripción respecto del delito de robo por considerar que el fallo dictado con fecha 4-XII-2008 configuraba un acto interruptivo.
Contra el rechazo de la prescripción en orden al delito de robo, la defensa oficial dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, con fecha 4-VII-2012 fue desestimado por esta Suprema Corte. La defensa oficial dedujo recurso extraordinario federal que también fue desestimado por este Tribunal con fecha 17-XII-2014 (causa P. 107.756 y su acumulada P. 117.838).
III.3. El 1-VII-2015, esta Suprema Corte reanudó el trámite del expediente P. 107.756 y con fecha 4-V-2016, desestimó el carril extraordinario oportunamente deducido por la defensa oficial contra el fallo de casación que confirmó la sentencia de condena. Ante tal situación, la defensa oficial dedujo recurso extraordinario federal que fue desestimado mediante resolución dictada con fecha 5-VII-2017.
Ello originó la presentación de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, mediante pronunciamiento dictado el 3-V-2018, resolvió "Que en razón de que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales, corresponde ordenar la suspensión del presente recurso de queja a las resultas de la decisión que al respecto tomen los jueces de la causa" .
III.4. Pronunciamientos dictados como consecuencia del reenvío ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para examinar la vigencia de la acción penal.
III.4.a. En función de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Isidro, el 18-VI-2019, declaró la vigencia de las acciones penales respecto de los delitos atribuidos a P..
III.4.b. Ante el recurso presentado por la defensa oficial, la Sala II de la Cámara, el 7-X-2019 confirmó la sentencia de mérito por estimar que la sentencia dictada por esta Suprema Corte con fecha 4-V-2016 interrumpió el curso de la prescripción, con sustento en la doctrina de la Suprema Corte respecto del alcance que corresponde darle al art. 67 inc. "e" del Código Penal.
La defensa dedujo recurso de casación.
III.4.c. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, con fecha 24-XI-2020, mediante el voto del señor juez Borinsky al que adhirió el señor juez Violini, hizo lugar a la impugnación y reenvió las actuaciones a la Cámara para que dictara un nuevo fallo conforme a derecho.
De modo preliminar, recordó el trámite de las actuaciones y destacó que el planteo de prescripción de la acción penal en orden al delito de robo -originado con anterioridad a la presente incidencia- "...se decidió (por resolución que a la postre devino firme con el rechazo de las impugnaciones presentadas) la vigencia de la acción y se devolvió la causa al Alto Tribunal Provincial".
Sentado lo anterior, afirmó que debía tenerse presente la doctrina del fallo "Farina" de la Corte nacional en cuanto al modo en que debe interpretarse el art. 67 inc. "e" del Código Penal, a la luz del principio de legalidad y a la imposibilidad de tomar como actos interruptivos del curso de la prescripción las sentencias dictadas por los Tribunales intermedios.
Por tales motivos, hizo lugar al recurso y devolvió las actuaciones a la Sala II de la Cámara para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
III.4.d. En función del reenvío ordenado, la Cámara hizo lugar al recurso y declaró la prescripción de la acción penal del delito de robo simple.
El señor juez Herbel, afirmó que conforme el fallo "Farina" de la Corte nacional, el último acto interruptivo fue la sentencia de condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Isidro el 23-VI-2003.
Por su parte, el señor juez García Maañón sostuvo que "Sin perjuicio de adherir a la propuesta del colega que [lo] precede, en orden a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa 'Farina'", dejó a salvo su opinión en cuanto a que participa de la tesis que sostiene que "...las resoluciones de las instancias superiores en cuanto confirman una sentencia condenatoria o declaran inadmisible un recurso contra aquella condena, revisten todas las características de una nueva sentencia definitiva con aptitud suficiente para interrumpir el curso de la prescripción".
Contra lo así decidido la defensa oficial dedujo acción de revisión solicitando la prescripción respecto de todos los delitos por los que P. había sido condenado. La Cámara no hizo lugar a la acción.
Tanto la defensa oficial como el Ministerio Público Fiscal presentaron recurso de casación.
III.5. La sentencia de la Sala III del Tribunal de Casación Penal de fecha 13-IV-2022.
De la lectura del fallo dictado por la Sala III del Tribunal de Casación Penal (sent. de 13-IV-2022) se desprende que, mediante el voto del señor juez Borinsky al que adhirió el señor juez Maidana, se desestimaron los planteos de extinción de la acción penal por violación del plazo razonable de duración del proceso así como también el pedido de prescripción de las acciones penales. En consecuencia, se hizo lugar al recurso fiscal y se rechazó la impugnación de la defensa, manteniendo la vigencia de la totalidad de las acciones penales respecto de los delitos por los que fue condenado.
Por su parte, el señor juez Violini, en minoría, propuso desestimar el recurso fiscal y hacer lugar a la impugnación de la defensa.
- El voto mayoritario de los señores jueces Borinsky y Maidana.
De modo preliminar, el juez Borinsky reseñó los antecedentes del caso, entre los cuales, recordó que esa misma Sala, el 24-XI-2020, devolvió la causa a la instancia para el dictado de un nuevo pronunciamiento por no haberse considerado la doctrina del fallo "Farina" de la Corte nacional.
Sentado ello, afirmó que si conforme se desprendía del fallo dictado por ese Tribunal con fecha 4-XI-2008, los únicos agravios desarrollados por la defensa oficial estaban dirigidos a cuestionar la concurrencia material entre los hechos, el monto y especie de pena impuesta y la declaración de reincidencia, sin rebatir la existencia material de los hechos, existía cosa juzgada parcial por lo que no podía considerarse extinguida la acción penal.
Por otra parte, indicó que del expediente surgía que la defensa no había planteado, al momento de solicitar la prescripción de los hechos ante el Tribunal en lo Criminal de San Isidro, -así como tampoco lo hizo en los recursos de apelación y casación-, la afectación al plazo razonable de duración del proceso. En función de ello, sostuvo que dicho agravio, introducido recién en el recurso de casación, resultaba extemporáneo.
Sin perjuicio de dicho déficit, agregó que el m
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