Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136919
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.919, "Danese, Gabriel Ángel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 110.120 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" y su acum. causa P. 136.457-Q, caratulada "D'Gregorio, María Laura E. -Fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires- s/ Queja en causa n° 110.120 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Genoud , Torres, Kogan.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 21 de diciembre de 2021, rechazó los recursos homónimos interpuestos por la señora Fiscal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos del Departamento Judicial de La Matanza, contra el veredicto del Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental, que absolvió a Nadia Antonella Fernández, en orden a los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado criminis causa ; y por la defensa particular de Gabriel Ángel Danese, contra el decisorio del mencionado tribunal, que lo condenó a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia y multa de cuarenta y cinco unidades fijas, comprensiva de la pena impuesta en la presente por resultar autor de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa (hecho I); y coautor del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro reiterado en dos sucesos (hechos III y IV), en concurso real entre sí; y de la impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales, costas del proceso y multa de cuarenta y cinco unidades fijas, por ser considerado autor de los delitos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra.
Frente a lo así decidido, la señora Fiscal interina ante dicha instancia, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Y lo propio hizo el señor defensor oficial adjunto ante el aludido órgano, doctor Nicolás Agustín Blanco, quien articuló idéntica vía a favor del imputado Gabriel Ángel Danese.
El Tribunal de Casación Penal declaró inadmisible el presentado por la Fiscalía (v. resol. de 11-III-2022). Ello motivó la interposición de queja ante esta Corte, la cual fue resuelta de modo favorable por resolución del día 18 de agosto de 2022 concediendo el recurso deducido por la señora Fiscal interina (causa P. 136.457-Q).
Asimismo, el órgano recurrido declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario deducido por la defensa, solo en orden a la denuncia vinculada con la inobservancia de la ley sustantiva (errónea aplicación del art. 80 inc. 7, Cód. Penal e inaplicación del art. 165) y de la doctrina legal edificada sobre dicha norma (v. resol. de 7-VI-2022). Surge del informe del día 4 de octubre de 2023 que contra la parcela denegada la defensa oficial no dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General, presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal por la señora defensora adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora Fiscal interina de Casación?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la defensa oficial a favor de Gabriel Ángel Danese?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La representante del Ministerio Público Fiscal denuncia que la sentencia impugnada es arbitraria. Sostiene que el Tribunal de Casación no brindó tratamiento a ninguno de los agravios llevados, siendo su respuesta dogmática y con fundamentación aparente, al haber postulado que los planteos de la Fiscalía solo constituyeron una convicción diferente a la que arribó el tribunal del juicio.
Afirma que el revisor se limitó a transcribir la sentencia de primera instancia sin abordar los concretos agravios de naturaleza federal planteados, constituyendo un tránsito aparente.
Puntualiza que nada se dijo en relación con ciertos elementos probatorios que permitirían arribar a la certeza positiva de la participación en grado de coautoría de Nadia Fernández, en lugar de concluir a su favor por el beneficio de la duda. En esta senda indica que se valoró de manera arbitraria y autocontradictoria el relato del testigo Giménez Escalada, piedra angular de la acusación fiscal.
Luego de efectuar un repaso del razonamiento realizado por el órgano de juicio, confirmado por el órgano casatorio, sostiene que es irrazonable postular que el testimonio de Cristian Adrián Giménez Escalada no tuvo fisuras y resultó creíble para acreditar la autoría de Danese y, al mismo tiempo, no fue suficiente para tener por configurada la coautoría de Nadia Antonella Fernández.
Tacha de dogmática la afirmación de los casacionistas relativa a que no pudo confirmarse con el suficiente grado de probabilidad, la tesis sostenida por la Fiscalía relativa a la materialidad del hecho llevado a juicio y a la culpabilidad de la acusada.
Explica que los órganos preopinantes soslayaron pronunciarse sobre la declaración de Rosa Zalazar, madre de la víctima, quien refirió que su hijo antes de ingresar al quirófano le contó acerca de Nadia Fernández y de la circunstancia de que aquel no quiso entregar la billetera.
Entiende arbitraria la confirmación del veredicto absolutorio por imperio de la duda, en tanto no se trataron los agravios de la parte acusadora, robusteciendo el temperamento que objeta con los dichos de Jesica Mabel Barrientos quien solo mencionó nombres aportados por terceras personas, cuya inexactitud y ausencia de corroboración menguan su relevancia probatoria.
Finalmente cuestiona que nada se haya dicho en relación con el indicio de coautoría que surge del encuentro entre Danese y Fernández, cuatro días después del hecho, a bordo de un rodado Fiat Siena rojo, con pedido de secuestro activo.
En segundo lugar, insistiendo con la denuncia de que el a quo solamente reiteró los argumentos erróneamente expuestos por el tribunal de grado, dejando de lado las críticas efectuadas por la señora Fiscal, refiere que no solo se incurrió en absurdo respecto de la valoración del testimonio de Giménez Escalada, sino que también el fallo porta términos autocontradictorios.
Aduce que los extremos de la imputación pueden probarse por cualquier medio, siempre que no se violen garantías constitucionales, siendo -en su opinión- suficiente el testimonio de Giménez Escalada para probar la autoría de Nadia Fernández. Pues, a esa declaración juramentada deben adunarse los dichos de la progenitora de la víctima, quien también la ubicó en el lugar de los hechos, de acuerdo a lo que le relatara su hijo al momento de ingresar al nosocomio.
Concluye postulando que existe prueba de cargo suficiente, que destruye el estado de inocencia de Fernández y que fue arbitrariamente valorada tanto por el órgano de juicio como el revisor.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto (v. dictamen digital).
III. Sin embargo, el recurso resulta insuficiente para revertir lo decidido.
Las alegaciones que porta la pieza impugnativa -y que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad por fundamentación aparente- no logran superar una mera discrepancia con el criterio establecido por el juzgador y confirmado por la Casación, sin evidenciar los déficits de motivación que le reprocha al pronunciamiento.
Contrariamente a lo sostenido por la parte, la decisión cuenta con fundamentos suficientes que descartan esa tacha (conf. doctr. CSJN Fallos: 301:909; 319:1728; e.o.) en la medida en que la totalidad de los agravios fueron tratados y resueltos por el tribunal del recurso, sin que se logre evidenciar un error grosero o palmario cubierto por la doctrina del absurdo o la arbitrariedad (conf., por muchos, doctr. CSJN Fallos: 331:447).
IV. Así, convalidando lo actuado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza en cuanto concluyó que correspondía absolver a Nadia Antonella Fernández, en orden a los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado criminis causa , por la duda beneficiante, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, en respuesta a los reclamos de la acusación, consideró -a través del voto del señor juez Natiello, que concitó la adhesión simple del señor juez Kohan- que la recurrente "...sólo ha presentado una convicción diferente" a la del tribunal del debate que, "...sin quebrantar el 'iter' desarrollado", puso el foco en "...una duda categórica acerca de la autoría material de Fernández".
Relató que el órgano de juicio en orden a la materialidad infraccionaria enrostrada a la encartada manifestó que la Fiscalía no había logrado demostrar la responsabilidad penal de la imputada en el evento delictivo identificado como hecho I en las presentes actuaciones.
Se refirió a que el único testigo de los hechos Giménez Escalada, manifestó en el debate que "...la primera vez que acudió a la sede policial declaró no conocer a los autores del evento que culminara con la vida de su amigo Zalazar. Luego en una segunda oportunidad reconoció por fotos a 'Nadia' como la persona de sexo femenino de cabello colorado que se encontraba con el gordo León ese día, y que luego reconoció a 'Nadia' en la diligencia de rueda de reconocimiento, como 'la piba' que estaba con Danese".
Explicó que, en este caso, en relación con la encausada y a diferencia de lo ocurrido con Danese, se dan ciertas circunstancias que impiden otorgar valor convictivo a sus dichos. Ello en tanto, señaló, el testigo sostuvo que el nombre de Nadia lo supo a raíz de que se lo mencionaron en la comisaría -circunstancia muy diferente a lo acontecido con Danese, en tanto a este lo conocía de antes y sabía su apodo y apellido-, que en esa oportunidad le mostraron una foto y allí la identificó. Luego participó en un reconocimiento en rueda y reconoció a "Nadia".
Destacó que "...la exhibición de la fotografía en sede policial como foto única llevan a la duda", al no poderse discernir si efectivamente Giménez reconoció a la mencionada Nadia o la sindicó en virtud de la indicación de la foto y de los dichos del personal policial en relación con la joven. Y añadió: "...nótese que a 'Nadia', a diferencia de lo dicho por Danese, no la conocía de antes, no sabía su nombre ni apodo y solo señaló que la vió en una oportunidad con el gordo León. Mas ello no es concluyente, por cuanto no hay ningún otro elemento que la coloque en el lugar de los sucesos y siquiera se corroboró que efectivamente para ese entonces la imputada tuviera el pelo colorado".
Entendió que no podía valorar debidamente dicha identificación, sumado a que su participación no viene corroborada por ningún otro elemento probatorio, cuando los solitarios dichos de Giménez Escalada aparecen "...en el confuso escenario y contexto descripto".
En esa senda transcribió que "En el debate prestó testimonio Jesica Mabel Barrientos, hermana de la víctima, quien toma conocimiento de lo sucedido por una amiga -Jennifer- quien le avisa que a Rodrigo le habían pegado un tiro. Al anoticiarse del hecho, se dirigió al hospital Balestrini, donde se encuentra con una de sus hermanas, y le cuenta que Rodrigo estaba con un amigo de nombre 'chiqui' cuando pasaron los hechos. Manifestó que, a ella conocidos le hablaban del gordo León y una gorda colorada, primero le hacían referencia de 'Erica' y después le muestra una amiga suya una foto del facebook y le dice es esta, haciendo alusión que era la mujer del ex de esa mujer. Dijo que esta chica se llama 'Lili' y que 'estos chicos vendían droga ahí, y el gordo León era cuñado de un narcotraficante. No sabe si fue Rodrigo o chiqui el que le relató que el que disparó fue el gordo León".
Explicó que del testimonio se desprende que, al describir a una persona colorada, supuestamente como el tinte de pelo de la coautora del hecho I, se la relaciona con distintos nombres, ya sea "Erica" o "Lili", pero nunca se hace referencia a Nadia o Antonella.
Finalmente, el tribunal manifiesta que concluir de una manera diversa a la propuesta, fuerza el razonamiento lógico-jurídico que debe primar a los fines de formar convicción sobre el extremo en análisis. Tal proceder tornaría en arbitraria la decisión condenatoria. Ello así, tuvo por no probada la materialidad infraccionaria vinculada a los hechos que se le enrostraran a Fernández, por lo que dispuso su absolución.
Subrayó que los extremos relatados por el juzgador "...no provocan la certeza necesaria para que se endilgue a la encartada el hecho reprochado, es más, la duda generó en el Tribunal sentenciante la decisión absolutoria conforme lo establecido en el art. 18 de la Const. nac. y el art. 1 del CPP".
Afirmó que "...con la prueba disponible en el presente caso no se ha podido confirmar con el suficiente grado de probabilidad, la tesis sostenida por la Fiscalía relativa a la materialidad del hecho traído a juicio y, consecuentemente, a la culpabilidad de la acusada en la misma".
Agregó que se ha imputado la coautoría con base en una posibilidad de ocurrencia, "...pero luego de la evaluación del plexo probatorio, sólo surgen sospechas, hipótesis o posibilidades, mas no la certeza convictiva necesaria para imponer una sentencia condenatoria".
Con cita de doctrina aseveró que "...la exigencia de que la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena sólo puede estar fundada, en certeza de que el tribunal que falla, lo hace acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado. Precisamente, la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución".
Concluyó el revisor que "...una lectura divergente de los hechos, no invalida la operación lógica de pensamiento efectuada por el Tribunal de juicio, lo que lleva a homologar el veredicto [al] que éste llegó" (sent. digital).
V. Como adelanté la impugnante no ha logrado evidenciar -en el marco de excepcionalidad de la doctrina de arbitrariedad que invoca- que la sentencia en crisis no aparezca fundada, con especial consideración y realce de las constancias de la causa que pormenorizadamente el señor juez ponente del Tribunal de Casación se encargó de examinar.
Las críticas del recurrente se asientan en la denuncia de arbitrariedad por fundamentación aparente, pero se desentiende de los argumentos brindados por la Casación para confirmar la absolución de la imputada, tras un análisis puntual y abarcativo de las constancias del caso. Todo lo cual lo llevó a confirmar la aplicación del principio del in dubio pro reo (art. 1, CPP).
Por lo que se lleva dicho no se ha acreditado la autocontradicción endilgada en el mérito otorgado al testimonio prestado por Giménez Escalada en cuanto dejó en claro que, a diferencia de lo ocurrido con Danese (a quien el testigo conocía por haberlo visto en otra oportunidad, sabía su apodo y su apellido), a Fernández no la conocía de antes, solo dijo haberla visto una vez con el gordo León, lo cual no resultó concluyente y explicó las circunstancias que rodearon el reconocimiento por la exhibición fotográfica en sede policial.
Entonces, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento atacado, no logra evidenciar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Cabe recordar lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto sostuvo que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado".
De tal modo la impugnación no logra demostrar que lo decidido configure un caso de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Dado el alcance de la resolución de admisibilidad del recurso extraordinario en análisis, solo corresponde analizar la denuncia de infracción de una norma sustantiva, ya que los agravios referidos a la arbitrariedad, errónea revisión de la sentencia de condena, violación de la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa en juicio, han quedado marginados de dicho examen y la defensa no interpuso recurso de queja contra esa decisión.
Con esos lindes serán abordados los agravios.
I.2. La defensa denuncia errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, y requiere se encuadre la conducta de Danese en los términos del art. 165 del referido digesto sustantivo.
Afirma que los hechos no ocurrieron como los describió el único testigo presencial Giménez Escalada, sino que el disparo fue efectuado mientras se desarrollaba el forcejeo entre la víctima y Danese, "...así lo indica la trayectoria e inclinación que se aprecia del disparo, el tatuaje de disparo y la falta de constatación de accidentes balísticos en la escena (no se constat[aron] impactos en el piso)".
Postula que el homicidio se produjo durante la comisión o en ocasión del robo, siendo la propiedad el bien jurídico que se pretendió afectar y no la vida, debiendo calificarse conforme la figura del art. 165 del Código Penal.
Señala que el órgano revisor validó la calificación legal del fallo de grado, pese a que no se ha logrado demostrar la ultrafinalidad del homicidio calificado, sobre el cual campea, a su criterio, "...la subsistencia de la duda".
A ello suma "...la ausencia de elementos que permitan probar la ultraintención típica", y que los indicios utilizados no conducen inequívocamente a la subsunción atribuida, pues carecen de los atributos de gravedad y precisión, "...ya que es menester acreditar un dolo específico del sujeto respecto de la muerte".
En ese marco, denuncia que el órgano casatorio confirmó una sentencia que no logró demostrar la ultrafinalidad del homicidio calificado, por imperio de la duda, constituyendo una sentencia arbitraria.
II. El señor Procurador General dictaminó aconsejando el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III.1. En las instancias anteriores la determinación -en lo que aquí concierne- del identificado como hecho I quedó establecida de la siguiente manera: "...el día 15 de Junio del año 2018 aproximadamente a las 23:30 hs al frente de la finca sita en la calle [...] de la Localidad de Ciudad Evita Partido de La Matanza, un sujeto del sexo masculino junto a una mujer, se presentaron en el lugar indicado, por lo que luego de increpar a la víctima diciéndole el masculino 'Yo soy El Gordo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.