Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136999
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.999, "J., C. J. y B., A. -particular damnificada- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.968 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a Noguera del Valle, Fabio Ramón", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
Conforme surge del expediente digital, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 30 de noviembre de 2021, desestimó el recurso de la especialidad presentado por el abogado de confianza de las particulares damnificadas, A. S. B. B. y C. J. J. contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza que, en el marco de un procedimiento de juicio abreviado, luego de declarar la procedencia formal del acuerdo, sobreseyó a Fabio Ramón Noguera del Valle respecto de los hechos presuntamente ocurridos entre el 29 de octubre de 1996 y el 28 de octubre de 1997 y entre el 29 de octubre de 2002 y el 28 de octubre de 2003, en perjuicio de A. S. B. B. y entre el 27 de marzo de 1999 y el 26 de marzo de 2000, en perjuicio de C. J. J., calificados como abuso deshonesto (conf. art. 127, Cód. Penal, t.o. según ley 23.077), abuso sexual y abuso sexual gravemente ultrajante (conf. art. 119, primer y segundo párrafo, Cód. Penal, t.o. según ley 25.087) en concurso real entre sí (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 9, CADH; 2, 59 inc. 3, 62 inc. 2 y 67, Cód. Penal).
Frente a lo así decidido, las particulares damnificadas, con el patrocinio letrado de los doctores Walter Weisswein y Luis Ángel Galeano, presentaron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley.
El órgano casatorio, mediante resolución de fecha 4 de julio de 2022, por un lado, desestimó el carril extraordinario de nulidad y, por el otro, admitió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por considerar que las cuestiones federales se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Contra la desestimación de la vía del art. 491 del Código Procesal Penal, las particulares damnificadas no hicieron presentación alguna (conf. informe de fecha 9-IX-2022).
Oído el señor Procurador General, que se pronunció por la procedencia del reclamo, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de las particulares damnificadas?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los doctores Walter Weisswein y Luis Ángel Galeano, patrocinantes de las particulares damnificadas, luego de recordar los hechos por los que fue acusado el imputado, citan la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y afirman que el instituto de la prescripción de la acción penal no puede ser aplicado para incumplir con obligaciones asumidas internacionalmente por el Estado.
Puntualizan que "Aceptar la prescripción como un principio absoluto contra la persecución penal en estos supuestos generaría la total indefensión en la víctima, e incluso se estaría desnaturalizando al convertirlo, en manos de quien decidiera cometer un delito, en un instrumento legal para lograr su propia impunidad, máxime [frente a] personas vulnerables que indudablemente no pueden reclamar por sí mismos sus derechos, fundamentalmente por su edad, o por el ámbito en que los sucesos se desarrollan".
De seguido, traen a colación las leyes 26.705 y 27.206 y alegan que corresponde privilegiar el interés superior del niño, más aún "...cuando las víctimas en el caso tuvieron una clara intención de denunciar y sostuvieron la acusación durante todo el proceso. Es decir, que el Señor Juez incurrió en su resolución en una arbitrariedad manifiesta al no aplicar los tratados" de mención.
Indican que debe aplicarse el principio de "operatividad" en función del cual desde el momento en que un Estado asume un compromiso internacional los derechos regulados en los respectivos instrumentos internacionales son inmediatamente exigibles sin que sea necesaria la reglamentación interna. En su apoyo, citan el caso "Bueno Alves vs. Argentina" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Refieren que "La complejidad de este legajo radica, entonces, en decidir si debe atenderse el pedido de quienes fueran menores al padecer el hecho a ser oídos en un juicio, frente a la prescripción de la acción penal". Por eso, insisten en la prevalencia de las previsiones de la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño por sobre la prescripción de la acción penal.
De seguido, citan precedentes de esta Suprema Corte y refieren que el Tribunal de Casación no falló con la adecuada perspectiva de género que exigía contemplar el "...contexto fáctico y jurídico". Enfatizan que el abuso sexual configura una de las formas específicas de violencia contra la mujer y recuerdan las dificultades que, muchas veces, tienen las mujeres para denunciar este tipo de hechos. Asimismo, resaltan que en estos supuestos deben aplicarse estándares probatorios específicos para garantizar el acceso a la justicia libre de estereotipos de género.
Concluyen que el fallo de Casación se sustentó en conceptos jurídicos carentes de una lógica razonable.
II. El señor Procurador General propuso hacer lugar a la impugnación.
III. No comparto ese temperamento.
El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido no procede (conf. art. 495, CPP; causas P. 109.447, sent. de 8-IV-2013; P. 114.826, sent. de 27-XI-2013; P. 122.554, sent. de 7-III-2018; P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; P. 134.270, sent. de 14-X-2021; P. 133.198, sent. de 28-XII-2021; P. 134.019, sent. de 30-XII-2021, SCBA, mutatis mutandi ).
III.1. Previo a abordar el fondo del reclamo, corresponde efectuar una reseña de lo acontecido en el caso.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza, luego de declarar admisible el acuerdo de juicio abreviado celebrado por las partes, analizó de oficio la vigencia de las respectivas acciones penales.
En tal sentido, recordó los hechos por los que venía acusado:
"a. En fecha y hora indeterminada, pero entre el 29 de octubre de 1996 y el 28 de octubre de 1997, en horas de la tarde, en la vivienda sita en la calle … y …, de la localidad bonaerense de Rafael Castillo, Partido de La Matanza, un sujeto masculino abusó sexualmente de la menor A. S. B. B. -de por entonces 5 años de edad- al tomarle la mano y metérsela por debajo de su ropa interior, provocando que la niña le tocara el pene, para luego proceder a bajarle los pantalones y la bombacha a la menor B. B., abriéndole las piernas y besándole la vagina mientras le preguntaba si le gustaba".
"b. En el mismo lugar, en fecha no determinada pero entre el 29 de octubre de 2002 y el 28 de octubre de 2003, en horario de la tarde, el mismo sujeto activo manoseó los pechos de la misma víctima, la que en ese momento contaba con 11 años de edad".
"c. En reiteradas oportunidades, en fecha no determinada pero comprendidas entre el 27 de marzo de 1999 y el 26 de marzo de 2000, los días de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 5:15 y 7:30 horas, en el domicilio sito en la calle … y …, de la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza, el mismo sujeto activo abusó sexualmente de la menor C. J. J., de por entonces seis años de edad, mientras se encontraba a su cuidado, metiendo su mano por debajo de la bombacha y tocándole la vagina".
"d. En el mismo lugar, en fecha y hora no determinada pero comprendida entre 27 de marzo del año 2002 y el 26 de marzo del año 2004, el mismo sujeto activo abusó sexualmente de la referida menor quien contaba con 8 o 9 años de edad, procediendo a alzar por detrás a la niña, mientras metía sus manos por debajo su remera tocándole los pechos y con su pene rozaba la cola de la niña, encontrándose vestido".
Sentado lo anterior, el órgano de mérito, luego de reseñar la prueba producida durante la IPP (declaraciones testimoniales, pericias psicológicas, entre otras) recordó que los hechos "...fueron denunciados el 18/11/2013. Oído el acusado en los términos del art. 308 del rito [...], la elevación a juicio de estos obrados se requirió el 11/4/2019, elevándose finalmente el 20/5/2020, quedando el expediente radicado por ante este Tribunal en lo Criminal N° 5, quien procedió a citar a las partes a juicio el 19/6/2020".
De seguido, afirmó que las acciones penales prescribieron antes de que las víctimas formularan la denuncia en el año 2013:
-Con relación al primer hecho, calificado como abuso deshonesto, la acción penal se extinguió el 28 de octubre de 2001.
-El segundo hecho, calificado como abuso sexual simple, la acción penal prescribió el 28 de octubre de 2007.
-En lo que respecta al tercer hecho, "...aún considerando que su adecuación típica debe ser más gravosa que la pactada (las partes en el acuerdo lo calificaron como abuso sexual simple, conforme copias digitales del acuerdo de juicio abreviado), esto es, abuso sexual gravemente ultrajante en los términos del art. 119 primer y segundo párrafos del Código Penal -por aquello de la reiteración de abusos simples- en tanto se habría cometido, a lo sumo, hasta el 26 de marzo de 2000, su prescripción operó el 26/3/2010, conforme la escala penal prevista por dicha calificación más gravosa que la acordada".
-Finalmente, en lo que concierne al cuarto suceso, calificado como abuso sexual simple, afirmó que prescribió el 26 de marzo de 2008.
Sentado lo anterior, aclaró que la ley 26.705 no resulta aplicable al presente pues ello implicaría quebrantar el principio de legalidad, siendo que dicha ley entró en vigor luego de transcurrida la prescripción de las acciones penales (conf. art. 9, CADH).
Refirió que si bien las damnificadas al momento de los hechos denunciados se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad por su condición de niñas y por el género a lo que se agrega que para ese entonces estaban vigentes la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará, lo cierto es que no resulta argumento suficiente para dejar sin efecto el instituto de la prescripción, que solo puede ceder frente a delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos (conf. jurisprudencia de la CIDH).
En tal sentido, explicó que "Sin dejar de reconocer la naturaleza aberrante de este tipo de hechos de agresión sexual contra mujeres menores de edad, lo cierto es que la jurisprudencia emanada de la propia Corte Interamericana es clara al afirmar que no escapan a las reglas comunes cuando ellos son perpetrados por particulares, sin vinculación directa o indirecta con el aparato estatal".
En cuanto a la importancia y necesidad de las víctimas de buscar la verdad, citó el fallo "Funes" de la Corte nacional y afirmó que en el supuesto que nos convoca, las víctimas accedieron a la justicia, fueron escuchadas a lo largo de la investigación penal y contaron con la posibilidad de arribar a la verdad de lo ocurrido. Aseveró que "...ello aparece cumplido, de algún modo, en el curso del presente caso, si consideramos la etapa investigativa desarrollada, la participación de las víctimas como parte a partir de su rol como particulares damnificadas que, incluso, en tal condición intervinieron en el acuerdo de juicio abreviado presentado ante el tribunal para su consideración".
En función de lo expuesto, dictó el sobreseimiento de Fabio Ramón del Valle respecto de "...los hechos ocurridos entre el 29 de octubre de 1996 y el 28 de octubre de 1997 y entre el 29 de octubre de 2002 y el 28 de octubre de 2003, en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, en perjuicio de A. S. B. B. y entre el 27 de marzo de 1999 y el 26 de marzo de 2000, en la misma localidad, en perjuicio de C. J. J., que fueran calificados como constitutivos de los delitos de abuso deshonesto -cfr. art. 127 del Cód. Penal según ley 23.077-, abuso sexual y abuso sexual gravemente ultrajante -conf. art. 119, primer y segundo párrafo, del Cód. Penal según ley 25.087- los cuales concurren en forma material entre sí (art. 55, [Cód. Penal; 9, CADH; 2, 59 inc. 3º, 62 inc. 2º y 67, Cód. Penal])".
III.2. Por su parte, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto de la jueza Budiño al que adhirió simplemente el doctor Mancini, rechazó el recurso de casación deducido por las particulares damnificadas y confirmó el sobreseimiento por prescripción de las acciones penales.
Como primer punto, afirmó que en el caso se constató la triple condición de vulnerabilidad de las recurrentes por su condición de víctimas, por el género y por su calidad de niñas al momento de los hechos (conf. CDN, CEDAW, Convención de Belém do Pará; CIDH caso "V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua", sent. de 8-III-2018).
Sentado lo anterior, con cita de los casos "Bueno Alves vs. Argentina", "Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia" y "Suárez Peralta vs. Ecuador" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, argumentó que "...resulta incorrecto pretender que, en todo caso sometido a la Corte, por tratarse de violaciones de derechos humanos, no procedería aplicar la prescripción" pues ello solo es posible frente a delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos a manos de agentes estatales y personas particulares avaladas o sostenidas por el Estado respectivo.
En función de lo expuesto, estimó que "...la Corte Interamericana, aun reconociendo y poniendo en valor la extrema vulnerabilidad de los niños víctimas de abusos sexuales, y acentuando el énfasis cuando se trata de una 'niña', no ha considerado que los mentados delitos perpetrados a este colectivo (niños y mujeres) escapen a las reglas comunes, cuando son perpetrados por sujetos particulares que no tienen vinculación directa o indirecta con el aparato estatal, como es el caso bajo estudio".
Luego, descartó que las leyes 26.705 y 27.206 impliquen "...la concreción escrita y explícita" de los citados tratados internacionales vigentes a la fecha de comisión de los hechos.
A su vez, recordó que en el precedente "Funes, Gustavo Javier y otro" de la Corte nacional se afirmó que "...no podría oponerse en tal clase de casos una regla internacional que obste a la declaración de prescripción, sin perjuicio del deber de las autoridades estatales de investigar la verdad de lo sucedido".
En cuanto a la vinculación del instituto de la prescripción con el derecho del acusado a que se cumplan sus garantías de ser juzgado dentro de un plazo razonable, al respeto del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, citó el fallo "Farina, Haydée" del Máximo Tribunal nacional.
Concluyó que "...los argumentos utilizados por el tribunal a quo en cuanto a la normativa aplicable resultan válidos y suficientes para declarar la prescripción de la acción penal con relación a los hechos por los que la causa fue elevada a juicio, y consecuentemente dictarse el sobreseimiento de Noguera Del Valle. En efecto, no se advierten falencias interpretativas ni vicios lógicos que permitan su reproche legal. Tampoco los recurrentes han demostrado la arbitrariedad o irrazonabilidad de tal decisión, ni sus argumentos, como antes indiqué, logran conmover mínimamente lo resuelto por la instancia".
IV. Ahora bien, como se adelantara, el recurso no procede (art. 495, cit.).
Dejando a salvo las consideraciones que cabría efectuar respecto a la cita que tanto el órgano de mérito como la Casación hicieron del caso "Funes" de la Corte nacional -punto sobre el cual la recurrente nada dijo-, lo cierto es que la denuncia de arbitrariedad vinculada a la afectación de los derechos receptados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, no trasciende de una mera alegación dogmática que -como tal- no resulta eficaz para conmover el sobreseimiento por prescripción de las acciones penales.
En tal sentido, cabe recordar que tal como lo puso de manifiesto el Tribunal de Casación, y conforme tiene dicho esta Suprema Corte en numerosos precedentes, las leyes que regulan la prescripción de las acciones penales están alcanzadas por el principio de legalidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15.1., PIDCP; 2, Cód. Penal; causa P. 118.546, sent. de 6-V-2015; entre muchas otras, con especial sustento en arraigada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente "Mirás" -Fallos: 287:76-, especialmente, cons. 6° y 7°; "Arancibia Clavel" -Fallos: 327:3312-; e.o.).
Asimismo, el Tribunal de Alzada resaltó que conforme las condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso no se dan los requisitos necesarios para excepcionar las reglas de la prescripción de la acción penal y junto con ello el principio de estricta legalidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15.1., PIDCP). Afirmó que de la interpretación conjunta de los casos "Vélez Restrepo", "Suárez Peralta", "Vera Vera y otros", "Bueno Alves", entre otros, se desprende que para que no se aplique el instituto de la prescripción es necesario que la responsabilidad internacional del Estado se origine en hechos cometidos por agentes estatales que impliquen graves violaciones a los derechos humanos o que se trate de delitos de lesa humanidad; circunstancias que no se configuraron en el sub lite .
Ante lo así resuelto, las recurrentes dejan completamente incontrovertido este extremo de la sentencia y no hacen ningún esfuerzo por evidenciar de qué manera, pese a que en el caso los hechos investigados no se endilgaron a agentes estatales ni se trató de delitos de lesa humanidad -conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- , habría que soslayar las reglas de la prescripción.
En efecto, las particulares damnificadas traen a colación el precedente "Bueno Alves vs. Argentina" sin demostrar la correspondencia entre lo allí decidido con las circunstancias del presente. Repárese, precisamente, que los hechos investigados en ese caso fueron cometidos por agentes estatales, sin que tal nota o similar tenga presencia en los hechos en abordaje, tal como lo afirmó el Tribunal de Casación Penal. Por ello, consideró que no correspondía excepcionar las reglas de prescripción, decisión esta que la recurrente -en lugar de remover- terminó reafirmando con la invocación de esa cita jurisprudencial.
Para más, mientras en dicho precedente se cuestionó la deficiente actuación de los órganos del Estado encargados de investigar por incurrir en mora y desinterés, en el sub lite ello no sucedió pues la prescripción de la acción penal se originó antes de que la víctima instara la acción penal (v. punto III.1.).
V. Finalmente, en función de los motivos expuestos en el punto anterior, el reclamo relativo a la pretensa aplicación retroactiva de las modificaciones introducidas al art. 67 del Código Penal por la ley 26.705, o la actualmente vigente ley 27.206, tampoco puede ser atendido (conf. mutatis mutandi causa P. 134.270, sent. de 14-X-2021).
En efecto, debió demostrar los motivos por los cuales, en función de las particularidades de los hechos, el régimen de ejercicio y extinción de las acciones penales aplicado (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15, PIDCP; 2, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 119 y concs., Cód. penal, t.o. seg
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.