Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137414
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.414, "R., H. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 102.831 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas y de las copias extraídas del sistema de Mesa de Entradas Virtual (MEV) se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 16 de febrero de 2022, rechazó por improcedente el recurso interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca que, en lo que resulta pertinente destacar, condenó a J. H. R. a la pena de treinta (30) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años y por haber resultado un grave daño en la salud de la víctima, cometido en forma reiterada; abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años y por haber resultado un grave daño en la salud de la víctima, cometido en forma reiterada, en concurso real de delitos, los que concurren en forma ideal con el delito de promoción de la corrupción de menores agravada por ser el autor conviviente con la víctima -hechos cometidos contra B. A. N., entre los años 2006 y 2012- (arts. 45, 54, 55, 119 párrafos segundo, tercero y cuarto incs. "a", "b" y "f", y 125 tercer párrafo, Cód. Penal -individualizados en la sentencia como "HECHO I"-); y de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años, cometido en forma reiterada y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años, cometido en forma reiterada en concurso real de delitos -hechos cometidos en perjuicio de B. D. R., entre los años 2007 y 2009- (arts. 45, 55 y 119 párrafos segundo, tercero y cuarto incs. "b" y "f", Cód. Penal -individualizados en la sentencia como "HECHO II"-; v. sent. digital).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 22-VI-2022), que fue declarado parcialmente admisible por el tribunal intermedio solo en lo que se refiere a la errónea aplicación de la ley sustantiva, sin que la parte formulara contra ello recurso de queja (v. informe digital de 12-X-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 19-IV-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, y que del informe aludido en los antecedentes surge que la parte no dedujo queja, se reseñarán los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. resol. digital de 6-IX-2022).
I.1. En primer lugar, el recurrente denuncia la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal por considerar que, en el caso, se configuró un "delito continuado".
Aduce que la respuesta del órgano revisor ante dicho reclamo solo traduce una postura subjetiva, sin sustento en las constancias comprobadas de la causa, y desentendida de los argumentos de la defensa.
Estima que de la materialidad ilícita acreditada resulta contundente que lo allí descripto se refiere a un "delito continuado", pues -en su criterio- se dan los requisitos que esa conducta exige, tales como "...a) la presencia de un dolo unitario, b) la repetición en la afectación típica del mismo bien jurídico, además que en el caso resulta el mismo bien jurídico y que pueda resultar afectado gradualmente -de hecho en el caso lo fue, pues en algunos supuestos no medió acceso carnal sino sólo tocamientos-, c) la afectación a ese bien jurídico lo ha sido en forma similar, y por último d) como también ocurre en el presente caso, se da además la identidad física del titular del bien jurídico afectado".
En tal sentido, añade que "...los hechos imputados siempre consistieron en una conducta homogénea, periódica, que siempre se llevaron a cabo en el domicilio de la familia, aprovechando la ausencia temporaria de los convivientes, y del mismo [...] desarrollando un menoscabo de la integridad sexual de la víctima [...] hasta llegar al acceso carnal".
En suma, alega que se trata de un solo injusto que se rige por la regla y la escala punitiva del art. 54 del Código Penal.
Finalmente, para sostener su argumentación, compartió y transcribió diversas consideraciones formuladas al respecto por el señor juez Sal Llargués en las causas 22.179, 22.183 y 56.895, con relación a que "...ante la imposibilidad de precisar cuántos delitos individuales se han perpetrado, se acude a la figura del delito continuado que se considera único. Esto necesariamente ha de tenerse en cuenta a la hora de tasar la pena porque no se trata de premiar a los autores de este tipo de conductas pero de evitar la irrazonabilidad de acudir a la acumulación de máximos que lleva ahora a la no menos irracional cifra de cincuenta años la mayor amenaza penal".
I.2. En segundo término, denuncia la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por haberse desconsiderado como pauta atenuante de la sanción penal al buen concepto presunto del procesado.
Luego de efectuar un repaso de lo decidido por el a quo sobre dicho extremo, aduce que resulta arbitrario haber descartado su aplicación con fundamento en que el recurrente no explicó cómo tal circunstancia podría justificar en el caso un menor grado de reproche para el imputado, pues "...si bien no fue acreditado, tampoco fue desvirtuado por la acusación".
Agrega que la inexistencia de un informe ambiental referido al concepto del acusado no puede pesar en su contra, debiendo presumirse por aplicación del beneficio de la duda que goza de buen concepto vecinal y que ello se deberá tener por circunstancia atenuante.
Finalmente, en aval de esa interpretación citó los precedentes P. 76.528 (sent. de 19-VII-2006) y P. 66.304 (sent. de 14-IV-2004) de esta Corte.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General.
III. La crítica relativa a la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal, no procede.
III.1. En lo que aquí importa, cabe precisar que la materialidad ilícita fijada en la instancia de mérito tuvo por acreditados "...los reiterados hechos de violencia física y abuso sexual que sufrió B. D. R. durante un año y medio, por parte de su padre en el baño del domicilio de [...] de esta ciudad de Bahía Blanca en el que convivían, cuando aquella tenía entre 12 y 13 años de edad, es decir entre 2007 y 2009, en ocasión en que el imputado se bajaba los pantalones, y le efectuaba tocamientos en los pechos, le introducía los dedos en la vagina, y periódicamente la sometía carnalmente accediéndola vía vaginal"; como así también "...los hechos en perjuicio de B. A. N. [...] entre los años 2006 y 2012 en el interior del [mismo] domicilio [...], en el que de niña convivía con el imputado, y en circunstancias que este quedaba al cuidado de la menor. [...] el imputado le efectuó [...] tocamientos en la vagina por debajo de la ropa y obligó a la niña a masturbarlo, conductas se repitieron hasta que la joven tuvo entre 13 y 14 años. Asimismo, entre los 10 y los 12 años de la víctima, el procesado -aprovechando que su pareja no se encontraba en la casa- obligaba a la joven B. A. N. a que se bañara junto a B. D. R. -hija del imputado-, ingresaba al baño con ellas y, encontrándose ambas desnudas, le efectuaba tocamientos en los pechos y en la vagina de la víctima, introduciéndole los dedos en la misma; situaciones que se repitieron en varias oportunidades y, en una de ellas, la joven N. vio como el imputado penetró con su miembro viril, vía vaginal, a su hija B. R. [...] En este mismo contexto, en reiteradas oportunidades y, aproximadamente hasta que la joven N. cumplió 12 años de edad, J. H. R. le exhibió pornografía a la joven víctima en una computadora, a la vez que se masturbaba hasta eyacular sobre el cuerpo de la joven. Finalmente, cuando la joven N. cumplió 15 años de edad -en las circunstancias de lugar antes referidas-, J. H. R. la penetró con su miembro viril vía vaginal. Estas situaciones de penetración se repitieron hasta que cumplió 16 años y ocurrían tanto en el dormitorio de la víctima, como en el del imputado. Y que como consecuencia de todas estas acciones se produjo un grave daño a la salud mental de la joven B. A. N. toda vez que la misma evidenció, al momento de la pericia psicológica, presencia de trastorno disociativo, sensaciones de despersonalización, ideas suicidas, pesadillas, flashbacks y perturbaciones de la intimidad sexual".
El sentenciante de juicio encontró que los distintos hechos perpetrados configuraron un concurso real de delitos, y no un delito continuado como postulara la defensa en los alegatos "...pues probada la reiteración de los hechos abusivos, los que incluso han ocurrido en distintas modalidades -gravemente ultrajantes y accesos carnales- deben concurrir en forma material porque ante cada oportunidad que se le presentó, R. renovó su decisión de someter sexualmente a las niñas, siendo todos independientes y autónomos unos de otros".
Al dar respuesta a similar planteo al aquí esgrimido, el órgano intermedio -con voto del señor juez Kohan, que concitó la adhesión simple del doctor Natiello- efectuó inicialmente una serie de consideraciones teóricas con cita de doctrina de autores y jurisprudencia de ese tribunal acerca de los requisitos objetivos y subjetivos que importan a la configuración de un delito continuado, así como acerca de la incorrección resultante de confundir unidad de resolución o designio con resoluciones idénticas, ni con el designio de cometer una serie de delitos.
Luego, refirió al voto de la doctora Kogan en causa P. 129.377, sentencia de 12-XII-2018 de este Tribunal y, puntualmente, con relación al caso, dijo que "...las conductas sexualmente abusivas desplegadas por el incuso son diferenciables, constituyendo delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, no guardando semejanzas de una entidad tal, tanto objetiva como subjetivamente, lo que impide su consideración jurídica conjunta".
Expresó que "...los abusos endilgados fueron diferenciados en tiempo y también en lo que hace a sus modalidades y circunstancias de realización". Para dar cuenta de ello, repasó las diferentes situaciones descriptas por B. D. R. y por B. A. N., y destacó que "...ni la mecánica de los hechos ni la secuencia temporal permiten concluir continuidad en la determinación de su conducta".
Explicó que no puede pensarse un dolo de continuación como exige la doctrina para la noción del delito continuado, pues la voluntad del imputado apareció renovada en cada ocasión que se le presentara sin que se acredite en tales circunstancias una solución unitaria de comisión.
En resumen, estimó que la fundamentación del agravio resultaba insuficiente y dogmática, pues aun cuando el recurrente enumeró ciertos requisitos que afirmó estar presentes en el sub lite , no logró refutar la conclusión de que en el supuesto en análisis no haya habido una "...unidad de resolución o designio única".
Sostuvo, asimismo, que la simple referencia de cometer conductas homogéneas que implican una unidad de determinación, sin recurrir a datos concretos, fácticos y objetivos, se exhibe insuficiente como para revertir la argumentación desplegada por el a quo .
Además, citó un extracto del precedente P. 121.641, sentencia de 31-VIII-2016, de esta Suprema Corte, en el que se ha sostenido que ante la falta de consagración legal expresa del supuesto de delito continuado, debe exigirse la mayor meticulosidad posible en la justificación de su aplicación, puesto que no existe total consenso de la doctrina y la jurisprudencia respecto a qué hipótesis delictivas se extiende, como así tampoco cuáles son los requisitos de mínima y de máxima que se exigen para afirmar su concurrencia.
Concluyó que, de acuerdo a las consideraciones efectuadas no existe ninguna regla que impida aplicar las reglas del concurso real respecto de la figura de delito continuado, pues las acciones llevadas a cabo por el imputado aparecen diferenciadas para considerarlas como un único delito, y que en consecuencia no se advertía transgresión alguna a las reglas contenidas en el art. 55 del Código Penal.
III.2. Frente a lo así decidido, las argumentaciones expuestas en el recurso en trato no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el tribunal intermedio desestimó el planteo formulado y, en lo que resulta pertinente destacar, resolvió confirmar la decisión de subsumir los hechos enjuiciados dentro de los contornos del concurso real de delitos. En rigor, las postulaciones de la parte solo trasuntan una mera opinión discrepante a la del sentenciante que no logra evidenciar la errónea aplicación de la ley sustantiva -art. 55 del Código Penal-, ni las vulneraciones legales denunciadas (art. 495, CPP).
Aun cuando el impugnante enumere ciertos requisitos que -entiende- conciliables con la figura del "delito continuado", deja en pie la conclusión del a quo relativa a que en el supuesto en análisis los abusos endilgados fueron diferenciados en tiempo y también en lo que hace a sus modalidades y concretas circunstancias de realización (por ejemplo, algunos tuvieron lugar con cada una de las víctimas por separado; pero en ocasiones con ambas víctimas juntas e incluso una de ellas ser testigo del acceso carnal perpetrado contra la otra niña). En tal sentido, la Casación estimó que ni la mecánica de los hechos ni la secuencia temporal permiten concluir continuidad en la determinación de la conducta del imputado, descartando asimismo que en el caso hubiera existido "...unidad de resolución o designio única".
En efecto, tal como fue señalado por el órgano revisor, el delito continuado requiere unidad de dolo o resolución, lo que desde antaño ha exigido esta Corte, lo que no se da "...cuando se juzga una pluralidad de acciones y de designios independientes" (conf. causas Ac. 6.133, resol. de 16-VII-1963, "Acuerdos y Sentencias", 1963-II, págs. 359-362; Ac. 7.416, resol. de 11-V-1965, "Acuerdos y Sentencias", 1965-I, págs. 1006-1009).
En suma, la defensa opone su opinión discrepante, sin demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva ni la violación de doctrina legal referida a esta, a tenor de las concretas connotaciones del caso antes referenciadas. Media pues insuficiencia impugnativa (arg. art. 495, CPP; doctr. causas P. 107.961, sent. de 11-III-2013 -a contrario sensu-; mi voto en P. 129.377, sent. de 12-XII-2018; e.o.).
Por lo demás, la crítica del recurrente con apoyo en lo sostenido por el doctor Sal Llargués acerca de la imposibilidad de precisar cuántos delitos individuales se han perpetrado y la consecuente afectación del derecho de defensa, no fue sometida, tal como ahora se la intenta, a la decisión de las instancias anteriores (v. recurso de casación, en particular, fs. 158/160 -de las copias digitales-), a pesar de que tal planteo ya tenía actualidad a ese momento (art. 451, CPP).
IV.1. El reclamo vinculado con la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, tampoco es de recibo.
Sobre dicho extremo, el órgano revisor expresó que "...El denominado 'buen concepto vecinal' -que en el caso en estudio no aparece probado ni se explica cómo debe operar en el mismo- es un aspecto que remite a un cierto apego a concepciones íntimamente ligadas con un derecho penal de autor, opuesto y totalmente ajeno al derecho penal de acto o culpabilidad que impera en el ordenamiento penal argentino".
Con cita de doctrina de autor, añadió que "...debería dejarse fuera del análisis toda valoración relativa a la conducta del autor con anterioridad al hecho, aunque sí [...] desde la óptica de la prevención especial se acepta que los antecedentes y condiciones personales (edad, educación, conducta precedente) permitan reconocer si el autor tuvo mayor o menor autodeterminación (Cfr. Ziffer, P. Lineamientos de la determinación de la pena, Ed. Ad-Hoc, segunda edición inalterada, 1999, p. 153 y ss.)".
Sostuvo que, sin perjuicio de ello, el agravio decae por insuficiente pues la parte no explicó siquiera cómo la circunstancia antepuesta puede justificar, en el caso, un menor grado de reproche para el imputado, o por qué ante un eventual informe positivo, su asistido sería merecedor de una menor cuantificación de pena.
Y concluyó que aún si se tuviera un informe ambiental favorable "...sin una debida argumentación, en sí mismo no bastaría para que opere a modo atenuante del reproche".
IV.2. Se advierte que la reedición del mismo agravio llevado ante la Casación respecto de la desconsideración de esa pauta atenuante (v. recurso de casación, en particular, fs. 160 y vta. -de las copias digitales-), sin rebatir adecuadamente los fundamentos brindados por aquel órgano intermedio, solo espeja la formulación de una opinión discordante, ineficaz para conmover lo decidido (conf. causa P. 127.349, sent. de 14-VI-2017). Porque ninguna refutación idónea expresa sobre las consideraciones vertidas en el pronunciamiento en crisis susceptibles de modificar lo decidido en sentido contrario a la pretensión de la parte.
También resulta infructuosa la cita de los aludidos precedentes "P. 76.528" y "P. 66.304" de esta Suprema Corte, pues la defensa -aun cuando reconoce que lo tratado en aquellos no se refería estrictamente al caso en estudio- se limitó a transcribir parcelas de dichos pronunciamientos sin relacionarlos con las concretas circunstancias de esta causa de manera de demostrar por qué resultarían aplicables al presente caso, a pesar de las notorias diferencias fácticas existentes entre aquellos y este (art. 495, CPP).
Con todo, el recurrente limita su reclamo a la expresión de un mero disenso con el grado de incidencia que las circunstancias valoradas o descartadas por el juzgador habrían tenido sobre la pena, y tal criterio divergente no implica ni significa violación legal alguna (conf. causa P. 74.318, sent. de 7-V-2003; e.o.; doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Concuerdo con el sufragio emitido por el doctor Soria en orden a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial no puede prosperar (arts. 451 y 495, CPP).
Solo he de señalar, en relación con el primer motivo de agravio, vinculado con la denuncia de errónea aplicación del art. 55 del Código Penal por considerar que -en el caso- se configuró un supuesto de "delito continuado", que comparto las razones brindadas en el voto del Ministro ponente en orden a que las argumentaciones del recurrente, expuestas como una mera opinión discrepante a la del sentenciante, no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el Tribunal de Casación rechazó la pretensión de la defensa de tener a los hechos imputados como constitutivos de un delito continuado y no de un concurso real de delitos como quedó establecido en la condena (art. 495, CPP).
Asimismo, coincido en que,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.