Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137459
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.459, "D' Gregorio, María Laura E. -Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 119.137 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a G., H. D.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan, Carral, Maidana.
Conforme surge del expediente digital, la Sala II del Tribunal de Casación, el 18 de agosto de 2022, rechazó por improcedente la queja presentada por el señor Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora, doctor Sebastián Scalera, contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de dicha departamental que confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo reiterado, imputado a H. D. G..
Frente a lo así decidido, la señora Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación, doctora María Laura D'Gregorio, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El órgano casatorio, mediante resolución de fecha 16 de septiembre de 2022, admitió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por considerar que las cuestiones federales se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Oído el señor Procurador General -que se pronunció por la procedencia del reclamo-, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la señora Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación, doctora María Laura D'Gregorio, denunció que la decisión en crisis -que confirmó la inadmisibilidad del recurso de casación- incurrió en arbitrariedad en la interpretación de los arts. 448, 450 y 452 del Código Procesal Penal y quebrantó la garantía del debido proceso.
En tal sentido, sostuvo que el recurso de casación incluyó planteos sobre la interpretación arbitraria de los arts. 2, 62 y 63 del Código Penal en lo que respecta al instituto de la prescripción y reclamos por una exégesis constitucional y convencional de dicha normativa.
Agregó que se impidió el tránsito de estos planteos de índole federal por ante esta Suprema Corte (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN).
De seguido, alegó que en el fallo en crisis se emplearon fórmulas genéricas para descartar la existencia de un supuesto de excepción que permitiera soslayar las reglas de admisibilidad, pues se dejaron sin respuesta los planteos vinculados al juego de principios constitucionales en pugna.
Recordó que "...el Ministerio Público Fiscal es titular de un interés legítimo frente al auto que declara extinguida la acción penal por prescripción, interés derivado del ejercicio de la acción penal que le es propio (arts. 6, 56 y 103 en función del art. 56 último párrafo, [CPP]) y de la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y la persecución del delito (art. 18 [Const. Nac.])".
Aseveró que en el caso "...no resultaba posible aplicar lisa y llanamente el régimen de prescripción de la acción penal previsto en el código de fondo sino que tal como lo postulaba el recurrente, el juzgador se hallaba obligado a realizar una interpretación armónica de dicho régimen con la normativa constitucional e internacional vigente al momento de los hechos y que impone un régimen especial respecto de las víctimas de violencia sexual teniendo en especial consideración su condición de mujer[es] y niña[s]".
A su entender, el plazo de doce años previsto en la normativa interna debe empezar a correr desde que la víctima menor de edad pueda, en función de lo dispuesto por el art. 72 del Código Penal, instar por sí misma la acción penal al alcanzar la mayoría de edad. En razón de ello, afirmó que todavía existe "...una acción penal por instar". Y añadió que el caso investigado "...se trató de un hecho de violencia sexual cometido por uno de sus progenitores, quien además victimizaba al otro".
Por otra parte, marcó que el fallo de Casación también incurrió en la causal de arbitrariedad por autocontradicción, pues si bien declaró inadmisible el recurso de la especialidad, se expidió sobre el fondo del planteo al afirmar que debía aplicarse el principio de legalidad (conf. art. 2, Cód. Penal) y que los delitos no encuadran en los supuestos de imprescriptibilidad. De todas maneras, consideró que este análisis fue "superficial e irrazonable".
En lo que concierne a las particularidades del caso, destacó que "...M.S.G denunció a sus 20 años (21/12/2018) los abusos sexuales padecidos a manos de su padre cuando ella tenía entre 7 y 9 años de edad, abusos que se enmarcaban en una separación violenta de sus progenitores. Relató en detalle numerosos hechos de acceso carnal en momentos en que se cumplía el régimen de visitas sea en el domicilio de su padre o de sus abuelos paternos, bajo amenaza de hacerle algo a su madre. Relató la joven la violencia ejercida por su padre sobre todo el grupo familiar, el incumplimiento de las medidas de restricción impuestas por el Juzgado de Familia n° 3 de Lomas de Zamora, como así también que por todo ello decidieron mudarse. Graves han sido las secuelas que estos abusos dejaron en la víctima quien llegó incluso a intentar suicidarse terminando internada en un neuropsiquiátrico. Declaró la joven que a sus 16 años pudo contarle a su madre los abusos sexuales padecidos y recién a los 20 pudo radicar la denuncia".
Asimismo, recordó la exigencia de los órganos jurisdiccionales de realizar el debido control de convencionalidad de las normas internas. Citó los casos "Almonacid Arellano vs. Chile" y "Gelman vs. Uruguay" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también "Mazzeo" y "Rodríguez Pereyra" de la Corte nacional. Con tal marco, afirmó que el art. 62 del Código Penal no se puede citar para incumplir con las obligaciones internacionales (art. 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; art. 31, Const. nac.).
Concluyó que se debe dirimir la tensión que existe entre el principio de legalidad -vinculado a la declaración de prescripción de la acción penal y con el derecho al juzgamiento en un plazo razonable- y el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva y el interés superior de la niña. "Se encuentran en pugna el principio de legalidad con base normativa en el art. 9 de la [Convención Americana sobre Derechos Humanos] y 15 del [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y el principio de acceso a justicia, de tutela judicial efectiva y del interés superior del niño estipulados en los art[s]. 8.1 y 25 [de la citada Convención] y art[s]. 3 y 19 de la [Convención sobre los Derechos del Niño]".
Finalmente, afirmó que el juzgador dio primacía a la garantía de legalidad sin atender al juego de principios explicitados en el recurso. Citó el precedente "González y otras ('Campo Algodonero') vs. México" y refirió que en este tipo de casos donde la víctima está en situación de vulnerabilidad (por ser mujer, niña y víctima de violencia sexual reiterada en el ámbito intrafamiliar), el Estado debe reforzar las garantías de protección durante la investigación y todo el proceso penal.
II. El señor Procurador General propuso hacer lugar a la impugnación. Coincido con la solución propuesta aunque por otros fundamentos.
III. El recurso procede, pues tal como afirmó la fiscalía, la Casación incurrió en arbitrariedad por defectos de fundamentación que descalifican el fallo como acto jurisdiccional válido (conf., mutatis mutandis , SCBA causas P. 90.213, sent. de 20-XII-2006; P. 88.382 y P. 91.483, sents. de 8-X-2008; P. 121.046, sent. de 13-VI-2018; P. 134.711, sent. de 25-XI-2021; CSJN Fallos: 294:376; 308:641; 310:1707; 314:1404; 315:449; 318:495; 324:1721; e.o.).
Previo a abordar el fondo del reclamo, corresponde efectuar una reseña de lo acontecido en el caso.
III.1. Según se advierte de las copias digitalizadas de la IPP remitidas a esta Suprema Corte, con fecha 21 de diciembre de 2018 , en el asiento de la UFIJ n° 3 descentralizada de Esteban Echeverría, M.S.G., a sus veinte años de edad, denunció a su p. H. D. G. por haber abusado sexualmente de ella mediante acceso carnal entre sus siete y sus nueve años (período que la acusación posteriormente fijó entre el 2005 y el 2007).
Tras ello, la fiscalía citó a S. K. P., madre de la denunciante, quien el 31 de enero de 2019 ratificó los dichos de su hija y dio cuenta de graves situaciones de violencia física y psicológica causadas por el denunciado tanto a ella como a sus hijos; relató que ello derivó en la tramitación de diversos expedientes en el fuero de familia por violencia familiar y de género en el marco de los cuales se restringió el acercamiento de H. D. G. a ella y a sus hijos, se fijó un régimen de alimentos, entre otras cuestiones. Asimismo, detalló las problemáticas de salud mental sufridas por su hija M., quien tuvo que ser internada en un neuropsiquiátrico a sus dieciséis años por un intento de suicidio, y a partir de ese momento inició tratamiento psicológico y psiquiátrico -acompañó documentación respaldatoria-. Expuso que a raíz del tratamiento su hija pudo revelar que había sufrido abusos sexuales a manos de su padre, y que recién tras radicar la denuncia pudo contarle a la testigo con más detalle en qué habían consistido esos abusos.
El 16 de septiembre 2019, la fiscalía solicitó fijar fecha para la realización de una evaluación pericial psicológica de la denunciante, que finalmente se llevó a cabo los días 17 y 20 de febrero de 2020.
El 30 de noviembre de 2020, la fiscalía requirió la realización de un peritaje psiquiátrico a M.S.G. El 12 de mayo de 2021 se realizó el mencionado estudio y sus resultados se plasmaron en el informe de fecha 1 de julio del mismo año: se concluyó, entre otras cosas, que existían "indicadores de abuso sexual" y se descartaron "indicadores de fabulación o mendacidad".
Por su parte, hay que notar que la damnificada envió diversos mails a la UFIJ n° 3 solicitando información sobre el estado de su causa (v. mail enviado el 26 de octubre 2020 con respuesta de fiscalía de fecha 30 de noviembre de 2020 manifestando que el expediente se encontraba en trámite, entre otros de igual tenor).
El 9 de diciembre de 2021 la fiscalía libró oficio al Centro de Asistencia a la Víctima para la realización de un informe victimológico; prueba que realizó el día 14 de ese mismo mes y año.
El 10 de mayo de 2022, la denunciante declaró por segunda vez en la sede la UFIJ n° 3 de Esteban Echeverría, oportunidad en la que relató nuevamente los hechos de abuso sexual y ratificó la denuncia formulada casi tres años y medio atrás ante ese mismo organismo (21 de diciembre de 2018).
El mismo 10 de mayo la acusación pública pidió la detención de H. D. G. en orden al delito de "...abuso sexual con acceso carnal agravado por perpetrarse por un ascendiente contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia previa y por encontrarse a cargo de la guarda, hechos reiterados".
III.2. El 17 de mayo 2022, el Juzgado de Garantías n° 2 de Monte Grande hizo lugar al pedido de detención contra el nombrado que, finalmente, se hizo efectivo dos días después.
III.3. De las copias digitalizadas no se advierte la pieza en la cual se fijó la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal, sino que directamente surge el asesoramiento de la defensa oficial y la realización de la audiencia con fecha 20 de mayo de 2022.
Ese mismo día, la defensa presentó una excepción de falta de acción por prescripción.
III.4. Corrida vista a la fiscalía, esta se opuso a la petición de la defensa.
Inicialmente, señaló que la pena en expectativa del delito imputado era de ocho a veinte años de prisión. Luego, notó que el art. 67 del Código Penal (t.o. según ley 27.206) se reformó cuando la víctima aún era menor de edad. A su vez, señaló que la reforma legal se hizo para cumplir con diversos tratados internacionales suscriptos por la Argentina en lo atinente a la tutela de las víctimas de abusos sexuales en la infancia; compromisos que estaban vigentes ya para el nacimiento de la damnificada. Trajo a colación la obligación de priorizar el "interés superior del niño" en todas las medidas que lo involucren.
Explicó que su postura se fundaba en la búsqueda de la verdad y en la consecuente aplicación de la ley sustantiva, ante un caso en que una persona en situación de vulnerabilidad, por ser niña y mujer, se encontró impedida hasta su mayoría de edad de solicitar y obtener respuestas estatales ante los abusos sexuales padecidos, justamente porque el autor de los hechos era su propio padre, circunstancia que claramente la colocó en situación de desprotección e indefensión.
Consideró que imposibilitar que el caso avance mediante la invocación de obstáculos de orden interno como la prescripción podría lesionar el derecho de la víctima de acceder a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva respecto de una grave lesión a un derecho fundamental como es su libertad e integridad sexual.
Entendió que, en el caso concreto, como la niña se encontraba bajo la tutela de su progenitor y sometida a la violencia que el nombrado ejercía contra ella y todo el grupo familiar, no tuvo al alcance la contención necesaria, la fuerza, los elementos o herramientas para poder exteriorizar los abusos padecidos; y que recién pudo denunciar una vez cumplida la mayoría de edad.
En función de ello, y de otros argumentos adicionales, solicitó el rechazo del planteo de la defensa.
III.5. Por su parte, el Juzgado de Garantías n° 2 de Monte Grande hizo lugar a la excepción de falta de acción por prescripción.
De manera preliminar, resaltó que "La Fiscalía cae en error [...] en varios de sus argumentos, primero, y fundamental, las disposiciones de la ley 27.206 [...] solo [son] aplicable[s] a los hechos cometidos a partir de su sanción [...] por la simple razón del principio de irretroactividad de la ley penal (art. 2 del [Cód. Penal] y 18 de la [Const. nac.])". Por otra parte, "...aunque los hechos por los cuales se ha recibido declaración a tenor del art. 308 del CPP al imputado en esta causa posean una pena máxima de 20 años de prisión, por imperio de la norma del art. 62 inciso 2, el plazo máximo de prescripción es de 12 años".
De seguido, explicó que -según la imputación- los hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado por los que se investigaba a G. habrían ocurrido entre 2005 y 2007, por lo que los doce años de plazo máximo de prescripción vencieron el 31 de diciembre de 2019 .
III.6. Frente a lo así decidido, la fiscal Verónica Pérez dedujo recurso de apelación y planteó que el instituto previsto en el art. 62 del Código Penal debía computarse desde el día en que la damnificada, adquirida la mayoría de edad, efectuó la denuncia que dio origen a la investigación; ello en miras a garantizar el acceso a la justicia de quien fue víctima de abuso sexual siendo una niña, en un contexto de violencia de género.
Notó que el magistrado garante se había pronunciado sobre la presunta afectación de la garantía constitucional prevista por el art. 18 de la Constitución nacional respecto del imputado, pero sin hacer mención alguna a las garantías que tutelan a las víctimas.
III.7. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, por mayoría, rechazó el recurso de la especialidad.
Se afirmó que las leyes 26.705 y 27.206 que modificaron el Código Penal no se encontraban vigentes al momento de la comisión de los hechos, por lo que no era posible aplicarlas retroactivamente por ser más gravosas (conf. art. 2, Cód. Penal).
III.8. El señor Fiscal General Adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, doctor Sebastián Scalera, presentó recurso de casación.
Trajo a colación la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), haciendo especial referencia al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias (conf. art. 3, Convención de Belém do Pará) y a que las autoridades, funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esa obligación (art. 7.a., íd.), así como "...[a]l deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer" (art. 7.b., 7.f. y 7.g., íd.). Asimismo, citó la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 19 y concs.) y la ley 26.061.
En este contexto, afirmó que el Estado debe actuar con la debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones de derechos humanos, y que la decisión de la Cámara se contraponía con esa obligación. En su apoyo, citó los casos "Velásquez Rodríguez", "Rosendo Cantú" y "Campo Algodonero", entre otros, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También invocó el fallo "Simón" de la Corte nacional.
Destacó que "...sin perjuicio de que las leyes modificatorias del art. 67 del [Código Penal] no se encontraban vigentes al momento de la comisión de los hechos denunciados, lo cierto es que las mismas encuentran basamento en normativa internacional ya vigente, con supremacía constitucional, los cuales resguardan los derechos de las mujeres y niños".
Concluyó que "...la resolución dictada por la [...] Cámara de Apelación y Garantías Departamental, por la cual confirma la declaración de extinción de la acción por prescripción de la acción penal dictada por el juez de grado, se ha basado en la aplicación errónea del precepto legal contenido en los arts. 2 del [Código Penal] y 18 de la Constitución nacional, toda vez que se ha colocado al principio de irretroactividad de la ley penal por encima de los derechos constitucionales que amparan la niñez, a la mujer y la integridad sexual".
III.9. La Cámara declaró inadmisible el recurso de casación, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal.
IV. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Mancini, a quien adhirió la jueza Budiño, declaró admisible la queja y la rechazó por improcedente, por estimar que el recurso de casación se había declarado correctamente inadmisible.
Sostuvo que el pronunciamiento que decidió la prescripción de la acción penal ya había sido revisado y confirmado por la Cámara, configurándose un supuesto en el que las dos instancias anteriores han resuelto en el mismo sentido (arts. 421 párrafo cuarto y 450, CPP). En función de ello, indicó que la decisión de la Cámara no resultaba un supuesto revisable.
Aclaró que tampoco se advertía ninguna situación de excepción. En tal sentido, recordó que las instancias previas afirmaron que las leyes 26.705 y 27.206 no podían aplicarse retroactivamente pues ello quebrantaba el principio de legalidad (art. 2, Cód. Penal).
Añadió que "El delito investigado no constituye ninguno de los supuestos declarados imprescriptibles de conformidad a las Convenciones que así lo determinan; tampoco configura un caso especial en los que cabría realizar un análisis más pormenorizado (v. dictamen Procuración General en CSJN, 'Funes, Gustavo Javier y otro s/ encubrimiento, etc. -incidente de excepción por extinción de la acción penal- recurso extraordinario' y la jurisprudencia de la Corte Interamericana allí analizada)". "De tal forma, está claro que el Estado tiene el deber de investigar hechos como los sucedidos en la presente, pero eso no implica que lo pueda hacer a cualquier costo; dicho con mayo
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