Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137509
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.509, "Carrizo, Isaías Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 100.008 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes -en lo que interesa destacar- condenó a Isaías Gabriel Carrizo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, en los términos del art. 80 inc. 1 del Código Penal.
Frente a ello, el señor defensor oficial del imputado interpuso recurso de casación, que fue rechazado por la Sala III del Tribunal de Casación Penal mediante sentencia pronunciada el día 3 de marzo de 2022.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia intermedia, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor del imputado, que fue concedido parcialmente por el tribunal intermedio en lo que se vincula con el planteo de errónea aplicación del art. 80 inc. 1 y la inaplicación del art. 81 inc. 1 apartado "b", ambos del Código Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el limitado alcance con el que fue admitida la impugnación, se reseñarán los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fueron concedidos por el tribunal intermedio.
En dicho marco, el recurrente denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 y la inobservancia del art. 81 inc. 1 apartado "b", todos del Código Penal, que conllevó al dictado de una sentencia arbitraria.
Luego de efectuar una reseña del trámite procesal de la causa, alegó que ni de la descripción de los hechos efectuada en la sentencia ni de la prueba producida durante el debate y allí valorada, surgía fehacientemente acreditada la intención homicida atribuida a Isaías Gabriel Carrizo.
En ese entendimiento, adujo que la plataforma fáctica sobre la que se asentó el fallo no permitía calificar los hechos de acuerdo a las previsiones del art. 80 inc. 1 del Código Penal, pues el dolo homicida requerido por esa figura fue arbitrariamente justificado por el sentenciante en base a indicios que de ningún modo resultaban indubitados, violentando el principio in dubio pro reo .
La defensa precisó que su planteo fue desestimado arbitrariamente por el órgano revisor, dado que solo dedicó un párrafo de la sentencia a contestar el agravio en cuestión, en el que reiteró sucintamente el criterio del tribunal oral, evidenciando así que la revisión de la condena fue meramente aparente.
A partir de ello, señaló que el tribunal intermedio afirmó la existencia "cuanto menos" de un dolo eventual, evidenciando de tal modo que no pudo establecerse un dolo directo, pero a la hora de explicar de qué modo encontró acreditado tal extremo solo hizo alusión a las circunstancias de la pelea infiriendo, aunque sin precisar debidamente la base de esa presunción, que los imputados debían saber que podían matar, presupuesto necesario para hablar de un dolo eventual.
Así, cuestionó lo resuelto por el juzgador al hablar de dolo eventual argumentando que le bastó con suponer que los acusados debían conocer la potencialidad homicida de su actuar para dar por acreditada esa particular intención homicida, sin importar entonces si efectivamente se quiso matar, sino que en su opinión debieron conocer que su actuar podía provocar la muerte. Sin embargo, la defensa insistió con que ni la descripción fáctica del evento ni la prueba recabada permitieron demostrar que efectivamente Carrizo hubiera podido dimensionar que la agresión dirigida hacia su padre podía causarle la muerte y que, ante tal conocimiento, hubiese de todos modos aceptado el resultado posible. Adujo que ninguna acción previa ni posterior del imputado permitía inferir que hubiera deseado dar muerte a su padre, pues todos los testigos refirieron que tenían una buena relación y no medió palabra entre ambos que permitiera dilucidar la real intención de Carrizo al golpear a su padre.
Por demás, la defensa argumentó que quedó acreditado que Carrizo siempre embistió a su padre con golpes de puño, a excepción del golpe que le efectuó con la pala, mas -según su criterio- ninguna de esas agresiones tuvo potencialidad homicida. Refirió que nada permitió afirmar de modo indubitado que Carrizo hubiera logrado advertir que el coimputado Taboada golpeó a su padre con un ladrillo en la cabeza; y, si incluso lo hubiera hecho, restaría acreditar que efectivamente tuvo la capacidad de comprender en el momento que ese golpe podía ser potencialmente mortal y consentir la posibilidad de tal desenlace.
Así, puntualizó que la muerte de Juan Carlos Carrizo resultó una consecuencia sorpresiva y claramente no querida para su asistido, quien obró con dolo de causar lesiones, pero de ningún modo con intención de matar.
En resumen, estimó que en el caso se verificaban todos los recaudos típicos necesarios para subsumir la conducta de su defendido en el art. 81 inc. 1 apartado "b" del Código Penal, en virtud de no hallarse probado el dolo homicida, ni tampoco presumirse un dolo eventual a partir de la descripción de los hechos efectuada en la sentencia.
II. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso, postura con la cual coincido.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que: "El día 27 de diciembre de 2015, siendo cerca de las 9:00 hs., en la vivienda emplazada en la calle [...] se inició una discusión entre Isaías Gabriel Carrizo y su padre Juan Carlos Carrizo quienes allí habitaban, toda vez que éste pretendía utilizar una motocicleta de su propiedad, mientras que su hijo tenía la misma intención. Fue en ese contexto que Isaías G. Carrizo -quien había estado bebiendo alcohol gran parte de la noche, y por ello se encontraba en estado de ebriedad- comenzó a agredir a su progenitor con golpes de puño en distintas partes del cuerpo. Lejos de repeler los ataques, Carrizo padre salió del interior del inmueble e intentó subir a la motocicleta materia de disputa que se encontraba en el frente de la vivienda, siendo seguido por su hijo que continuó allí propinándole golpes con sus manos, impidiendo que su padre se suba a la moto".
Prosiguió: "En ese momento se sumó a la agresión Carlos Eduardo Taboada, amigo de Isaías Gabriel, quien hasta ese momento aguardaba fuera de la vivienda- golpeando ambos en distintas partes del cuerpo a Juan Carlos Carrizo, quien nada relevante hacía para defenderse más que intentar huir de la golpiza. En un momento en que la agresión llegó hasta la vía pública, y Carrizo (padre) se encontraba caído por los golpes, Taboada tomó un ladrillo y se lo impactó en la cabeza, ello mientras Isaías Gabriel continuaba dirigiéndole trompadas. Luego de eso Juan Carlos Carrizo logró ingresar nuevamente en su domicilio y cerró la puerta, dejando a los dos agresores afuera. Peroéstos, no conformes con lo hasta ese momento ocurrido, comenzaron a forzar la puerta, haciéndolo Carrizo con una pala, rompiendo parte de la misma, logrando abrirla. De ese modo Isaías Gabriel Carrizo ingresó a la vivienda y continuó atacando a su padre, ahora con la pala que llevaba en sus manos, con la que le dirigió -al menos- un golpe de punta hacia el cuerpo, ataque que Juan Carlos Carrizo pudo desviar con sus brazos. Este nuevamente salió fuera de la vivienda y cayó al piso, donde ambos agresores continuaron golpeándolo, esta vez con patadas en su cuerpo".
El tribunal de la instancia continuó relatando que "En ese momento llegó al lugar un móvil policial. Ante ello Taboada se descartó de un pedazo de ladrillo que tenía en sus manos y salió raudamente de la escena. Mientras que Isaías Gabriel Carrizo, indiferente ante la presencia de los uniformados continuó atacando a su padre con golpes de puño, agresión que cesó exclusivamente por la intervención del Oficial Ismael Ulises Pérez Romero, quien debió interponer su cuerpo para evitar que aseste un golpe de puño a su padre, y hacer uso de la fuerza para lograr reducir al mentado con motivo de la resistencia que ofreció".
Finalmente, señaló que "Mientras Romero y su compañera Melina Saucedo ingresaban a Isaías Gabriel Carrizo en el móvil policial, Juan Carrizo cayó desplomado en el piso, falleciendo en el lugar con motivo de un paro cardiorrespiratorio traumático causado por un edema cerebral con hemorragia subaracnoidea y hematoma intra-parenquimatoso en hemisferio cerebral izquierdo, producto de la golpiza que recibiera momentos antes de manos de su hijo Isaías Gabriel Carrizo y de Carlos Eduardo Taboada".
Dicho suceso fue calificado como homicidio agravado por el vínculo (art. 80 inc. 1, Cód. Penal).
En lo que resulta pertinente destacar, el tribunal de mérito descartó el reclamo subsidiario de la defensa del imputado por el que postulaba la aplicación de la figura de homicidio preterintencional. Sobre el punto, resolvió que "...ambos acusados obraron con dolo eventual de homicidio. Desplegaron conductas que pusieron en riesgo la vida del damnificado. Riesgo que se concretó lesionando el bien jurídico tutelado. Y en última instancia, pues no puede afirmarse, tal como exige la figura, que el medio empleado no debía razonablemente causar la muerte. Hablamos aquí de una persistente embestida de dos personas con golpes de puño, patadas, ladrillos y una pala. Las características del ataque hacían probable un resultado letal".
III.2. En respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos, el Tribunal de Casación Penal confirmó tal rechazo expresando que "...tampoco progresa la petición de la defensa de Carrizo de enmarcar el suceso en los términos de homicidio preterintencional de quien agredió a su padre con golpes de puños, patadas, tomó una pala, continuó golpeándolo luego de que haya recibido un golpe con un ladrillo en la cabeza, y solo mermó en su actitud cuando fue subido por la fuerza pública al patrullero, pues todo ello demuestra, cuanto menos, la existencia de dolo a título eventual en el accionar homicida" (del voto del juez Violini con la adhesión del juez Borinsky).
De esta manera, la Casación no advirtió "...perturbación en el razonamiento del juzgador, debiendo destacar entonces que la defensa reedita ante esta Sede, un recurso plasmado de discrepancias con la prueba producida y valorada, que sólo permiten afirmar su disconformidad con la solución de origen, aunque sin desarticular la natural, lógica y legítima línea de pensamiento que, enlazando los contundentes y concordantes elementos recabados en la investigación y reproducidos en la audiencia, permitieron formar la convicción necesaria en el juzgador de origen y en quien suscribe, sobre la formación del cuadro probatorio para así sostener que tanto Carrizo como Taboada, acabaron con la vida de la víctima".
IV. De la reseña efectuada, se advierte que el tribunal revisor se pronunció por la desestimación de encuadrar la conducta reprochada en el art. 81 inc. 1 apartado "b" del Código Penal y brindó las razones que lo llevaron a mantener la subsunción jurídica escogida por el tribunal de juicio con fundamentación de lo resuelto en las constancias probatorias reunidas en autos.
El agravio traído bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo está dirigido a cuestionar aspectos vinculados con los hechos y la prueba valorada en las instancias anteriores, desarrollando a ese efecto una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta, con la finalidad de lograr un cambio en la calificación legal asignada a los hechos y con relación a la acreditación del elemento subjetivo de la figura en trato (dolo), cuestiones que escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, no corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 135.568, sent. de 20-IX-2023; e.o.).
En el caso, la defensa se limitó a exponer una opinión discrepante con el abordaje efectuado por el tribunal intermedio, sostenida nada más que en una particular interpretación sobre la realidad de lo acontecido y en ello asentó su postura sobre la falta de acreditación del dolo de homicidio en la figura aplicada, pero de esa forma incurrió en la insuficiencia de no refutar las determinaciones probatorias efectuadas en sentido contrario por el sentenciante, mediante alguna crítica seria y razonada que justifique su revisión extraordinaria. Así entonces, corresponde su rechazo (art. 495, CPP).
La defensa no ha podido evidenciar que hubiera sido irrazonable concluir que el imputado tuvo dolo de matar en el marco de las condiciones apreciadas por las instancias anteriores; en definitiva, no logra desmerecer la aplicación al caso del tipo penal de homicidio calificado por el vínculo (art. 80 inc. 1, Cód. Penal) por el cual su asistido llega condenado.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:39:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:05:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 09:57:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:12:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:40:39 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 07:49:45 hs. bajo el número RS-60-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia