Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137591
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.591, "M., H. E. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 116.450 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 26 de agosto de 2022, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial de H. E. M. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por su comisión con ensañamiento y alevosía (Hecho 1), en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por el encargado de la guarda y en perjuicio de una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente reiterado, en concurso ideal en dos ocasiones con el delito de corrupción de menores agravada (Hecho 2). En consecuencia, casó la sentencia al nivel de la calificación legal asignada al "Hecho 1", descartó la aplicación de la agravante referida a la comisión con ensañamiento y lo recalificó como homicidio calificado por alevosía (art. 80 inc. 2, Cód. Penal), manteniendo intactas el resto de las declaraciones del veredicto y la sentencia (v. sent. digital).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado parcialmente admisible por la mencionada Sala I, en cuanto a la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal (v. resol. digital de 6-X-2022).
Ello motivó la interposición de queja ante esta Suprema Corte por la parcela denegada, que la admitió, declaró mal denegado el recurso articulado y lo concedió en orden a la denuncia de violación a la revisión amplia de la sentencia de condena vinculada con la violación del derecho de defensa y debido proceso, así como la arbitrariedad por inadecuado tratamiento a la errónea aplicación de la ley sustantiva (v. resol. digital de 7-XII-2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En la impugnación bajo estudio, el señor defensor oficial formuló dos agravios.
I.1. En primer lugar, denunció la violación a la garantía de revisión amplia de la sentencia condenatoria, a la defensa en juicio y al debido proceso (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
A modo de introducción, expresó que el tribunal revisor dispuso la exclusión probatoria de dos testigos (conf. art. 211, CPP), pese a lo cual sostuvo la autoría de su defendido por entender que el resto de la prueba obrante en autos bastaba para eso.
Adujo que los elementos probatorios excluidos constituían la "columna vertebral" sobre la que reposaba la acreditación de la autoría de M., por lo cual -en su criterio- se lo debería haber absuelto o, en todo caso, haber remitido las actuaciones a la instancia de grado para que se determine si la prueba era suficiente para dar sustento a dicho extremo.
Estimó que la falta de inmediación de la Casación para apreciar la prueba condicionó sus posibilidades reales de determinar la fuerza convictiva de esos elementos, máxime tratándose casi en su totalidad de declaraciones testimoniales.
Explicó que si la defensa no había cuestionado el valor o la fuerza probatoria que se dio a esas declaraciones de testigos de oídas fue porque la sentencia de origen no le dio mayor trascendencia y concluyó que, al determinarse este nuevo esquema probatorio, se privó a su defendido de realizar una revisión amplia de la condena, pues "...nos encontramos con una nueva sentencia que le dio una novedosa trascendencia a elementos probatorios que, en la sentencia de la primera instancia, habían tenido un rol despreciable".
En aval de su postura, invocó el precedente "Telleldín" de la Corte federal.
Por otra parte, en cuanto a la violación de la defensa en juicio y el debido proceso, alegó que no había razones para que el estándar del fallo "Benítez" de la Corte nacional utilizado por el órgano revisor para excluir la referida prueba, no se traslade asimismo a las declaraciones efectuadas por los testigos de oídas.
En tal sentido, señaló que dichos testigos "...son un medio para incorporar información respecto del hecho fatídico aún más vulnerante de la defensa en juicio que las declaraciones en el marco de un procedimiento de Cámara Gesell que excluyó el TCP ya que en este segundo caso, al menos, hay registro fiel de cuál fue, puntualmente, el contenido de lo declarado por los niños y de cómo se desarrolló dicha declaración, en cambio, al incorporar esas declaraciones mediante dichos de terceros -testigos de oídas-, no podemos saber hasta qué punto el relato se vio alterado por la intervención de esos sujetos o ha sido modificado por su subjetividad".
En adición, trajo a colación diversos extractos del aludido precedente "Benítez".
I.2. En segundo término, postuló la incorrecta aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal, atribuyendo arbitrariedad por inadecuado tratamiento a dicho tópico, con afectación a la garantía de revisión amplia de la sentencia condenatoria (conf. arts. cits.).
Adujo que, aun teniendo por probado en el caso que había mediado indefensión de la víctima y que aquella era conocida y provocada por el imputado, no resultaba aplicable la calificante en la medida en que no se probó en autos que esa indefensión hubiera operado como una determinante de la conducta homicida.
Sostuvo que la Casación convalidó la calificación del hecho como homicidio alevoso sin preguntarse si estaba acreditado el referido elemento subjetivo diferente al dolo, "...entendiendo que los requisitos subjetivos de dicha norma estaban abastecidos con la acreditación del conocimiento de parte del sujeto activo en torno a la situación de indefensión".
Añadió que ni siquiera había dedicado una línea a explicar por qué, a pesar de lo planteado por esa parte, bastaba con la constatación del señalado elemento cognitivo para la aplicación de la agravante.
Concluyó que, si se entendiera que el abordaje de los planteos de la defensa no presentaba la gravedad necesaria para teñir de arbitrariedad al pronunciamiento impugnado, era suficiente para entender que no satisfacía la doctrina del agotamiento de la capacidad del rendimiento del recurso establecida en el fallo "Casal" de la Corte nacional.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III. En primer lugar, la decisión del Tribunal de Casación Penal respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. En lo que resulta de interés para resolver la impugnación en examen, el tribunal del juicio tuvo por acreditado con relación al denominado "Hecho 1" que "...en la vivienda sita en la calle … entre … y … … de la localidad de Matheu, H. E. M. en tiempo indeterminado pero no antes del mes de diciembre de 2.018, sometió al niño G. U. R. a distintos y reiterados malos tratos, torturas y castigos corporales, consistentes en propinarle golpes en todas las partes del cuerpo, con sus propios puños, con elementos contundentes o por medio de sus propios hermanos, a quienes obligaba; ahorcamientos; bañarlo con agua fría y dejarlo desnudo a merced de las bajas temperaturas; privarlo de la ingestión de comidas y bebidas durante varios días; y obligarlo a permanecer parado durante largas horas y privándolo del sueño, con la intención de generarle un sufrimiento independiente y particular, con una saña y crueldad instaladas y repetidas contra el niño, a sabiendas que generarían el consecuente debilitamiento agudo de su organismo, y contribuirían a la anunciada muerte del mismo, que sucedió el día 17 de agosto de 2.019, cuando M. aprovechando la indefensión en la cual se encontraba G. y a sabiendas que actuaba sobre seguro, le impartió un violento golpe en la cabeza, que produjo una fractura en su parietal derecho y desembocó en la muerte por trauma encéfalo craneano grave".
En cuanto a la calificación legal, subsumió tal suceso como homicidio agravado por su comisión con ensañamiento y alevosía (art. 80 inc. 2, Cód. Penal).
III.2. Al interponer el recurso de casación, el señor defensor oficial -también en lo que es materia de análisis- cuestionó la acreditación de la autoría de su asistido en el homicidio con sustento en que las declaraciones testimoniales de la niña M.S. y del niño R.S. que habían sido utilizadas como prueba de cargo, nunca pudieron ser controladas por esa defensa, con el consecuente menoscabo al derecho de defensa en juicio, solicitando en definitiva su exclusión probatoria.
Añadió que dicho cuadro probatorio se integró con la declaración de la madre de los niños, T. P., cuyo testimonio iba a ser investigado ante su posible participación por acción y omisión en el hecho contra la vida.
Concluyó que tal panorama probatorio no podía construir certeza para la determinación de los hechos, de modo que correspondía absolver a su asistido.
Por otra parte, criticó la significación jurídica del aludido "Hecho 1" bajo el entendimiento de que no se encontraban dados los elementos que acreditaban la existencia de las agravantes ensañamiento y alevosía, estimando que se lo debía recalificar como homicidio simple.
III.3.a. A su turno, el juzgador intermedio resolvió que, si bien la solicitud de exclusión probatoria de los aludidos testimonios de los niños era procedente, el resto de la evidencia permitía validar el razonamiento del tribunal de juicio al dar por acreditada la autoría de M..
En lo medular, con relación a la exclusión probatoria, sostuvo que "...las circunstancias señaladas por el tribunal al decidir la incorporación, relativas a que 'era indistinto qué defensor asistió a M. en ese acto' o que el que estuvo 'podría haber formulado preguntas', no bastaban para impedir la lesión al derecho de defensa que implicaba, para el acusado, no haber contado con la posibilidad de controlar la prueba de cargo relativa al homicidio. El hecho de que los niños no estuvieran en condiciones de afrontar una nueva declaración para garantizar el contradictorio, por el riesgo de re-victimización, también carece de relevancia para resolver la cuestión, pues de acuerdo a los criterios interpretativos de la CSJN en el precedente 'Benítez', lo que se encuentra en discusión en estos casos 'no es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lectura, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se respete el derecho de defensa del acusado' (considerando 13); objetando -en definitiva- la decisión del tribunal de juicio que fundó la condena en prueba de cargo 'que la defensa no tuvo oportunidad adecuada de controlar' (considerando 11)".
Agregó que "Establecido ese estándar, la prohibición de valoración derivada de un precepto constitucional no cede frente a las argumentaciones 'contradictorias' del litigante, ni ante la variación de las posibilidades probatorias de la acusación o sus esfuerzos por garantizar el contradictorio" y concluyó que "...si no se ha ofrecido a la defensa una oportunidad útil y efectiva para interrogar al testigo de cargo, que tampoco está disponible en la audiencia de juicio, su declaración no controlada por la defensa no puede ser tomada como base del veredicto, encontrándonos -en rigor- ante un supuesto de exclusión probatoria (art. 211, CPP), que por las particularidades del caso se extiende solo a los tramos en que M.S. y R.S incorporan prueba de cargo del homicidio, pues sobre la adquisición de la prueba relativa a los abusos sexuales no pesa objeción alguna".
Luego, se ocupó de evaluar si con dicha exclusión probatoria se afectaba la suficiencia probatoria de la autoría del homicidio.
Para ello, reseñó inicialmente la declaración de la testigo Andrea Becerra, quien "...recordó que estando de guardia recibió un llamado de la comisaría de Matheu, donde le informaron que había un menor de 14 años en un local, que decía que era víctima de violencia familiar y que el padrastro había matado a su hermanito. Que llegó al lugar y habló con la empleada del comercio, Karina del Valle y también con el niño R.S. Que del Valle le explicó que el niño iba a pedir comida y plata al comercio, 'que lo había visto golpeado y él le daba excusas increíbles', que llegaron a tener confianza y cuando le preguntó si tenía hermanos, contestó que 'ahora eran tres' pues su hermanito había muerto y al interrogarlo sobre qué le había pasado, 'le dijo que su padrastro lo había matado a golpes' y que luego lo enterraron, hacía aproximadamente tres meses".
Adicionó que esa testigo había conversado con R.S., quien le dijo "...que 'el hermanito parecía un monstruo de los golpes en la cabeza y en el cuerpo; que el padrastro lo golpeaba, eran piñas; que cuando se hacía pis tenían que pegarle; que los dejaba hasta las 6 de la mañana que no se podían dormir, parados contra la pared', 'que no le podían dar de comer a G.; que cuando se hacía pis no lo dejaban tomar nada'" y que "...el día que falleció su hermano llegó a la casa luego de salir a pedir 'y se encontró con su mamá abrazada a su hermanito G. [...] que su padrastro los hizo hacer el pozo para enterrarlo, a él y a su hermana M.S., de doce años'. Que mediante las indicaciones del niño llegaron a un descampado y efectivamente, encontraron el cuerpo del niño". Añadió que "...según R.S., el acusado les pegaba piñas, a todos y que 'si la madre interfería él se ponía peor, más violento y le pegaba a la madre'; 'que G. ya no caminaba los últimos días por los golpes, que no lo dejaba comer ni tomar nada; y que cuando enterraron al hermanito dijo que si hablaban iban a terminar como G.'".
Continuó señalando que en similar sentido se había expedido la testigo Vanesa Castellanos, trabajadora social del Servicio Local, quien recordó que "...ante el equipo técnico, R.S. manifestó que M. lo golpeaba, que los obligaba a estar toda la noche sin dormir, a pegarse entre los hermanos, bajo amenaza de otros castigos, y que estaba ensañado particularmente con el más pequeño, G.. Sobre el día del hecho, R.S. recordó que 'llegó de su rutina de pedir y lo encontró a M. en la puerta y a [su] hermana M.S. llorando diciendo que G. había fallecido; que en ese momento M. lo obligó a cavar el pozo, que M.S. lo depositó ahí y él lo tapó, y lo obligó a no decir nada porque el próximo iba a ser él'. El niño también le manifestó a la testigo que 'G. ya no caminaba, que hacía varios días que no comía ni tomaba agua, porque M. no les dejaba que le den'".
Sobre el relato de M.S., la profesional refirió que "[l]a niña 'contó que M. le había dado una paliza, un golpe en la cara fracturándole la nariz' y que G. se desvaneció e 'intentó reanimarlo dándole un té, pero a esa altura no pudo hacer nada'. Que otra de sus hermanas, G.R., de 7 años, también estuvo presente durante la agresión" y que "...los chicos relataban los maltratos recibidos como algo natural, al igual que naturalizaron que su madre no hiciera nada. Que 'según decían los chicos la madre estaba presente, pero no hacía nada, sin poder dar cuenta del porqué' y ante preguntas aclaratorias, respondió que 'los golpes eran de M., pero que la madre no los protegía'".
En línea con los argumentos expuestos, repasó los testimonios de la licenciada en psicología Emilse Basaldúa y de Abel Rodríguez, padre de la víctima G. y la niña G.R.
También ponderó el informe de las profesionales Castellanos y Basaldúa que señalaron las manifestaciones de la niña G.R., cuando "...relató con detalle el día que M. asesinó a su hermano G., y dijo que si bien maltrataba física y verbalmente a todos, estaba ensañado con su hermano menor [...] reafirmando que en los últimos tiempos G. ya no podría caminar ni estar parado de lo débil que estaba".
Así, luego de destacar que ninguno de dichos testimonios fue controvertido por la defensa, estimó acreditada "...la existencia de prueba independiente al testimonio de T. P., que da suficiente apoyo empírico a la reconstrucción judicial del homicidio, circunstancia que impide atribuirle a esa testifical el valor dirimente que le asigna el recurrente".
Añadió que la información que incorporó la nombrada al declarar en el debate se encuentra corroborada por datos externos a su relato y así se constató en el veredicto.
En suma, concluyó que, aun descartando dichos testimonios, "...el resto de la evidencia que señala el veredicto permite validar el razonamiento que siguió el tribunal al dar por probada la autoría de M. y, por ello, el veredicto de culpabilidad en el denominado Hecho 1 debe mantenerse".
III.3.b. Respecto al cambio de calificación legal pretendido por la defensa, el Tribunal de Casación Penal hizo lugar al reclamo concerniente a la acreditación del ensañamiento.
En esa senda, dijo que "...la hipótesis de la fiscalía, en el tramo relativo a la existencia del ensañamiento, no fue sometida a corroboración por parte del tribunal, pues aun cuando los jueces consignaron que la agravante abarcó 'incluso la conducta adoptada luego de provocarle el golpe mortal [al] impedir que el mismo sea asistido médicamente y por contra volver a golpearlo, cuando [...] el deterioro de su cuerpo y organismo era notorio', también estimaron que no era relevante examinar si hubo sobrevida o no, ignorando por completo los elementos esenciales que discutieron las partes, como antecedentes fácticos para la justificación de la agravante; razón suficiente para invalidar su aplicación".
En cuanto al planteo sobre la restante agravante, recordó que la defensa había criticado la aplicación de la alevosía por entender que M. no había actuado sobre seguro y sin riesgo para sí, pues T. P. pudo intervenir en defensa del niño.
Al respecto, el órgano revisor sostuvo inicialmente que "...las partes discutieron si P. era víctima del círculo de violencia que instaló M. en el ámbito familiar, principalmente como explicación a la inactividad de la mujer frente a las violencias sistemáticas que el acusado ejerció sobre sus hijos; planteos que generaron un voto dividido del tribunal".
Luego expresó que "...limitada la discusión a la comprobación del aspecto subjetivo de la agravante, en particular sobre el conocimiento del acusado de que actuaba sin riesgo para sí (cuando decidió golpear a G. [ rectius : G.] en la cabeza y no cesar en su agresión, aun frente al notorio debilitamiento de su salud), constato que el tribunal comprobó que M. contaba con la pasividad de la mujer, pues no había intervenido en defensa de G. [ rectius : G.] con anterioridad".
Finalmente, resolvió que "La inferencia probatoria que realizan los jueces en este punto cuenta con suficiente apoyo empírico, pues parte de un conocimiento cierto del acusado (sustentado en sus experiencias anteriores) y permite confirmar, con alta probabilidad, que su expectativa era que P. se ajustara al comportamiento que había a
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