Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137625
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.625, "Recondo, Juan Pedro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 117.415 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca condenó a Juan Pedro Recondo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por hallarlo autor responsable del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, perpetrado el día 16 de agosto de 2019 en la localidad de Villalonga, partido de Patagones, en perjuicio de Patricia Ilgner (v. sent. digitalizada de 4 de abril de 2022).
Contra esa decisión la defensa oficial interpuso un recurso de casación y la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 2 de agosto de 2022, lo rechazó.
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal interpuso entonces un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el tribunal intermedio (v. resol. de 13 de octubre de 2022).
Oído el señor Procurador General (v. dict. digitalizado de fecha 9 de mayo de 2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor defensor oficial adjunto propició la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua atribuyendo arbitrariedad al pronunciamiento recurrido en virtud de resolver la desestimación de las infracciones constitucionales y convencionales denunciadas a partir de la negación del carácter perpetuo de la pena impuesta.
Precisó el recurrente que el análisis de la cuestión por parte del Tribunal de Casación resultó particularmente limitado y sesgado en cuanto al alcance que pretende asignarle a la pena de prisión perpetua, toda vez que negó cualquier colisión con las normas constitucionales y convencionales invocadas por la defensa al destacar una eventual posibilidad de que en la etapa de la ejecución de la pena de prisión perpetua el condenado obtenga la libertad condicional a los treinta y cinco años de encierro, aun pese a que las particularidades del caso lo podrían impedir. Así -afirmó- se pretende concebir a la pena que la ley de fondo llama "perpetua" como una que no es estrictamente a perpetuidad.
Puntualizó luego que la sentencia parte de una premisa totalmente válida e indiscutible: que la ejecución de la pena debe orientarse a la readaptación y reforma del condenado (arts. 18, Const. nac.; 5.6, CADH y 10.3, PIDCP), con lo que queda excluido todo encierro de por vida, pues una duración de la pena sine die atenta contra el principio de proporcionalidad que rige respecto de la reacción penal del Estado.
Pero alertó que, a partir de allí, las consideraciones formuladas en el fallo atacado incurren en arbitrariedad. En ese orden, el decisorio afirma que no existe en el ámbito del derecho internacional norma alguna que impida la aplicación de una pena perpetua, y que la mayoría de los tratados internacionales establecen la prohibición del sometimiento a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, citando el fallo Mendoza y otros vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
I.1.a. Adujo la parte que, si bien las convenciones internacionales sobre derechos humanos no se refieren expresamente a la pena perpetua, ello no significa que no exista por parte del derecho internacional una preocupación particular y actual respecto de este tipo de sanciones, por resultar desproporcionadas e incompatibles con el art. 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al impedir el fin de resocialización que debe guiar la pena.
I.1.b. De otro lado, cuestionó lo dicho en cuanto a que la pena impuesta a Recondo no puede ser considerada como un trato cruel, inhumano o degradante, por ser consecuencia de una sanción legítima.
En ese sentido, precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Mendoza evidenció que una pena perpetua, aun siendo calificable como legítima, puede resultar contraria a los derechos fundamentales del individuo, análisis que el fallo en crisis se privó de efectuar bajo argumentaciones generales y arbitrarias, privando a lo resuelto de todo sustento. Así, la mención de tal precedente resultó -a su juicio- parcial, descontextualizada e inatingente para dar apoyo a lo finalmente resuelto.
Tampoco resulta atinente la mención del precedente "Gramajo", pues los principios en juego no son los mismos que se invocan en el caso para reclamar la inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta. La única similitud es la indeterminación del encierro, ya que la prisión impuesta a Recondo no se sabe con certeza si alguna vez finalizará, salvo, luego de transcurridos diez años desde que le sea concedida la libertad condicional -que por las particularidades del caso deviene aún más incierta-, o con el acaecimiento de su muerte.
Por oposición a los precedentes citados en "Gramajo" -voto del señor juez Petracchi-, notó que la pena de prisión perpetua impuesta a Recondo no se basa en un juicio de peligrosidad, sino que fue impuesta bajo los principios de culpabilidad por el acto cometido y con el fin de que se reinserte en la sociedad a partir de su reforma y readaptación a través de la pena.
En suma, advirtió el señor defensor que el rechazo del planteo de inconstitucionalidad se apoyó en interpretaciones y citas jurisprudenciales arbitrarias, con lo cual se guardó silencio sobre cómo se supera la literalidad del régimen perpetuo en casos como este, en que se ha impuesto prisión perpetua con la imposibilidad de acceder a la libertad condicional, se omitió determinar el alcance de la pena y, en consecuencia, la cantidad de afectación de derechos que importa la sentencia que debe cobrar la cosa juzgada. Consideró arbitraria la respuesta que afirma la temporalidad de la pena y omite las explicaciones pertinentes acerca de esa determinación temporal, para concluir con afirmaciones genéricas que por dicha temporalidad no se corroboran las infracciones constitucionales denunciadas.
I.2. De otro lado, consideró que la pena impuesta a su asistido resultó desproporcionada con los fines establecidos constitucional y convencionalmente para ella, como obligación estatal de perseguirlos (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5.6, CADH y 10.3, PIDCP).
Ello así habida cuenta de que no hay modo de negar -ni la sentencia atacada lo hace- que la sanción impuesta resulta efectivamente una pena de prisión de por vida, con la posibilidad de que no lo sea, pues ello está previsto legalmente al supeditar el vencimiento de la misma a que le sea concedida la libertad condicional, aspecto que la sentencia omite considerar en su análisis, al poner énfasis solo en un aspecto eventual e incierto, radicando en esa circunstancia -entre otras- la inconstitucionalidad de la pena que se reclama.
Entonces -reflexionó la defensa- la supuesta "temporalidad" de la pena perpetua afirmada en el pronunciamiento que se ataca, exclusivamente a la luz del art. 13 del Código Penal y sin ninguna consideración del caso concreto, no es sino el ocultamiento de la suposición razonable, rayana a la certeza, de que Recondo transcurrirá el resto de su vida en encierro, que se lo ha eliminado definitivamente de la convivencia social hasta su muerte, y se le ha restado todo valor posible a su existencia futura.
Mencionó el documento elaborado por el Tribunal de Casación Penal -RC 2301/2018- y el fallo "Verbitsky" de la Corte federal a fin de poner de resalto la problemática de la superpoblación carcelaria y la situación crítica de las condiciones de detención de las personas detenidas, procesadas y condenadas en la Provincia de Buenos Aires.
Reafirmó que bajo un aspecto sesgado -la posibilidad de que la prisión perpetua cese en algún momento- se intenta ocultar una pena que no puede ser legítima en nuestro ordenamiento, pues siempre que sea negada la libertad condicional seguirá vigente y nunca alcanzará el momento de su vencimiento.
En esos términos, dijo que una sanción de tales características desconoce la finalidad resocializadora que los arts. 5 inc. 6 de la Convención Americana y 10 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran como derecho para todo condenado y obligación del Estado. Así, en los términos propuestos por la sentencia, el fin resocializador que constitucional y convencionalmente debe tener la pena se desvanece, al depender de un suceso incierto, hipotético y futuro, que con cierto grado de seguridad nunca acaecerá.
I.3. Por último, aseveró que la pena perpetua impuesta resulta cruel, inhumana y degradante a la luz de la expectativa de vida del condenado (arts. 5.2, CADH y 7, PIDCP).
Enfatizó el recurrente que, dadas las características personales de su asistido, es posible afirmar con grado de certeza que la pena de prisión perpetua acabará con la etapa productiva de su vida y, probablemente, se agotará con su muerte. Y, tales condiciones descriptas, importan desconocer el carácter de persona humana del condenado porque se le trata como una cosa peligrosa, solo susceptible de neutralización mediante el encierro sine die , pero incapaz de asumir para su futuro -y como reglas para su vida- las reglas más básicas de convivencia, es decir, de introyectar y comportarse conforme a pautas éticas mínimas.
En definitiva, importa la negación de la autonomía moral y ética del condenado, de toda capacidad reflexiva en el plano valorativo. Y eso no es sino la negación del carácter mismo de persona, que tanto el principio republicano (art. 1, Const. nac.) como la regla del art. 1 de la Convención Americana y el fundamento general del sistema internacional iushumanista imponen respetar.
De tal modo, insistió en que la degradación de su asistido a la condición de cosa "peligrosa", que deriva del carácter materialmente perpetuo de la pena impuesta, conduce, así, a afirmar el carácter cruel, inhumano y degradante de la sanción.
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo deducido. Coincido con él.
III. La denuncia de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua no es de recibo.
IV.1. Cabe señalar que el tribunal de origen tuvo por acreditada la materialidad ilícita correspondiente al hecho aquí bajo examen en los siguientes términos: "...en fecha 16 de agosto de 2019, en la localidad de Villalonga, partido de Patagones, siendo aproximadamente las 11.30 hs., en el sector de acceso a un taller mecánico sito en la intersección de las calles 17 de agosto y Sarmiento de la localidad mencionada (lugar al que llegó en persecución de la víctima), una persona causó la muerte de manera intencional a la señora Patricia Ilgner (con quien estaba legalmente casada y separada desde unos meses atrás), al efectuarle varias heridas con un cuchillo en distintas partes del cuerpo, provocándole herida punzo cortante en cara lateral derecha de cuello, dos heridas punzo cortante en pared anterior del extremo superior del hemitórax derecho (a la altura del primer y del segundo espacio intercostal), dos heridas punzo cortantes en la zona del ombligo y múltiples heridas cortantes de carácter defensivo en miembros superiores. Estas heridas, principalmente las de la zona toráxica, comprometieron órganos internos, lo que ocasionó el deceso de la víctima por hemorragia masiva aguda, habiendo mediado en el caso violencia de género".
Tal suceso fue calificado legalmente como homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal).
IV.2. La Sala I del Tribunal de Casación Penal rechazó el planteo que, en subsidio, fue llevado por la defensa, referido al pedido de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua. A través del voto del señor juez Maidana, que contó con la adhesión simple del señor juez Carral, el tribunal expresó que el análisis de la validez de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y que la declaración de inconstitucionalidad debe estimarse como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe acudirse a ella sino en casos de estricta necesidad.
Argumentó de seguido que se trata de un remedio extremo, que solo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la Constitución nacional y los tratados que la integran, lo que no fue acreditado por el recurrente pues el argumento presentado sólo atacó la cuestión bajo un aspecto sesgado del alcance de la perpetuidad que ha de asignárseles a las penas en nuestro ordenamiento y que ha sido el resultado del ejercicio de facultades propias del Congreso de la Nación y del ámbito de discrecionalidad que posee al cumplir con ese quehacer.
Sostuvo que la exégesis del término "perpetuidad" debe ser conformada con los postulados constitucionales que imprimen una finalidad determinada a las penas en nuestro derecho represivo, en tanto las leyes deben aplicarse buscando la armonización entre estas y teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan, porque la inconsecuencia o falta de previsión en el legislador no se supone y por ello se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efectos.
Explicó que la ejecución, al orientarse a la readaptación y reforma de los condenados, con resguardo del concepto de persona y dignidad humana, excluye en todo aspecto legitimar un encierro de por vida, el que por propia naturaleza no cumpliría con la reintegración social. En definitiva, entendió que debe rechazarse toda acepción literal del término "perpetuidad", pues ello haría trocar esa finalidad por otra y asignarle a la privación de libertad un componente de inocuización, retributivo y/o de defensa social vedado constitucional y convencionalmente.
Enfatizó que, sin embargo, una interpretación dinámica del tópico impone un análisis que compatibilice y armonice el sentido y alcance de la pena a perpetuidad, negándole una duración sine die pues, de ser así, además, se atentaría contra el fundamento de proporcionalidad que rige respecto de la reacción penal del Estado, por aplicación del principio de culpabilidad que impide que la pena sea una sanción desmedida que transforme la privación en castigo o retribución.
Añadió luego que en el ámbito del derecho internacional no existe una norma que impida la aplicación de una pena perpetua, ya que la mayoría de los tratados en la materia solo establecen fórmulas más o menos similares, que "...nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes", conforme los arts. 5 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos y 5 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CIDH caso Mendoza y otros vs. Argentina , sent. de 14-V-2013).
De seguido, aludió al caso en análisis destacando que la pena aplicada a Recondo no constituye un acto cruel, inhumano ni degradante de los que prohíbe el art. 16 inc. 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud de que no se consideran tales, aquellos dolores o sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas (conf. art. 1.1 de esa norma).
Notó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la compatibilidad de sentencias de condena a encierro por tiempo indeterminado con la respectiva Convención Europea de Derechos Humanos, solo bajo la premisa de que se asegure debidamente el control judicial de las condiciones de liberación y de que haya existido un examen concreto de la situación de los afectados (conf. citas en el cons. 44° del voto del señor juez Petracchi en CSJN Fallos: 329:3680 "Gramajo").
Concluyó así el tribunal revisor que las penas a perpetuidad son admisibles en la medida que el Estado autorice una revisión periódica del encierro que sufre el condenado, de modo que -más allá de su denominación- exista la posibilidad de acceder a una liberación anticipada y que, en caso de denegación, la misma esté supeditada a un control regular.
Así, advirtió que en nuestro derecho no es aceptable un encierro vitalicio, primero porque el mandato constitucional y convencional así lo impide; y segundo, ninguna sanción es ejecutable de por vida de acuerdo a nuestra normativa, habida cuenta de que, incluso en los casos de reclusión o prisión perpetua, está reglado el derecho a favor del penado de obtener una libertad condicional, bajo una serie de requisitos que hacen a la progresividad del tratamiento hacia la inclusión de la persona en la sociedad (conf. art. 13, Cód. Penal).
V. Como ya lo adelanté, el reclamo no procede.
Es que las consideraciones dogmáticas efectuadas por la defensa en torno a los principios de culpabilidad, igualdad ante la ley y proporcionalidad no logran remover los argumentos vertidos en el fallo en crisis (art. 495, CPP).
Sobre todo, la parte no se ha dedicado a explicar que la pena impuesta al procesado resultase desproporcionada en relación con la conducta probada y sancionada -ver plataforma fáctica reseñada en el acápite IV.1.-, ni violatoria del principio de culpabilidad por el hecho o del fin de la pena, desde que no implica verdaderamente el encierro de por vida del condenado sin real posibilidad de acceso en algún momento al medio libre. Así, conforme lo expuso esta Corte en la causa P. 120.347, sentencia de 14-X-2015, entre otras, puede añadirse que el argumento relativo a que la pena perpetua afectaría el principio de culpabilidad por el acto resultaría acertado si la impuesta no guardara relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad, lo cual aquí no ha sido en modo alguno demostrado (art. 495, cit.).
El pronunciamiento recurrido se ajusta, en lo sustancial, a la doctrina legal de esta Corte en cuanto sostiene, siguiendo jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional, que aun para el caso de las penas perpetuas que no admiten el acceso a la libertad condicional (por ejemplo, por la condición de reincidente del penado, que no es el caso de autos) estas no son realmente tales -porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (conf. doctr. CSJN causa "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 126.330, sent. de 29-III-2017; P. 126.658, sent. de 26-IX-2018; P. 133.191, sent. de 10-VIII-2021; P. 133.212, sent. de 13-VIII-2021; e.o.).
Asimismo, esta Suprema Corte sostuvo que es necesario proporcionar un hito temporal que habilite el acceso al paulatino avance hacia la libertad del condenado a perpetuidad, conforme los institutos de la ley de ejecución penal disponibles ante la improcedencia de la libertad condicional (art. 14, Cód. Penal), y también de la asistida, debido a la imposibilidad de determinar la fecha de agotamiento de la pena perpetua, pues esta supone la existencia del dies ad quem para el cómputo de los últimos seis meses (art. 54, ley 24
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.