Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137710
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.710, "Monjez Sandoval, Miguel Ángel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 114.017 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante el pronunciamiento del 20 de octubre de 2021, confirmó el auto de la instancia en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, conforme la modificación introducida por ley 27.375 y, por ende, no hizo lugar al pedido de excarcelación en términos de libertad condicional solicitado en favor de Miguel Ángel Monjez Sandoval o Monjes Sandoval (arts. 1, 5, 16 y 31, Const. nac.; 13 y 14, Cód. Penal; 21 inc. 1, 209, 210, 421, 433, 434, 439, 442 y concs., CPP).
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial dedujo recurso de casación, cuyo rechazo por parte de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, motivó la interposición de recurso de queja en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de febrero de 2022, lo declaró admisible y lo rechazó por improcedente.
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado admisible por ese tribunal intermedio (v. resol. n° RR-313-2022 del registro del mencionado órgano).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial cuestionó que el Tribunal de Casación haya ratificado la validez constitucional del art. 14 segunda parte del Código Penal aplicado en el caso para denegar la libertad condicional de su asistido y, en ese contexto, denunció violados los principios de igualdad ante la ley y progresividad de la pena derivado del postulado de resocialización (arts. 16 y 18, Const. nac. y 5.6, CADH).
Argumentó que al fundarse la imposibilidad de acceder a la liberación anticipada del encierro, en la comisión de ciertos delitos "...se hace prevalecer la ley penal por sobre el fin último de la pena, quebrantándose el principio de progresividad del régimen penitenciario, derivado del principio de resocialización", pues de tal forma se "...condicion[a] de antemano la futura evolución de la persona detenida y [se] la priv[a] de obtener la posibilidad de un reintegro anticipado a la sociedad antes del vencimiento de la pena".
Destacó que el dictado de las leyes 12.256 y 24.660 significaron la adopción del referido "régimen de la progresividad", al igual que lo previsto en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos -art. 60.2-, como así también en lo referido a las medidas no privativas de libertad -arts. 9.1, 9.2 y 9.4, Reglas de Tokio-.
Consideró que el imputado mediante la aplicación del art. 14 del Código Penal se vio privado de acceder a la libertad condicional en razón de los específicos delitos cometidos -entre ellos, el homicidio calificado en los términos del art. 165 del Código Penal-, en infracción a la finalidad constitucional y convencionalmente asignada a la pena.
De allí que, a criterio de la defensa, dicha disposición sustantiva viola el derecho a la igualdad del encausado, pues "...cristaliz[a] un criterio de distinción arbitrario en la medida en que no obedece a los fines propios de la competencia del Congreso, pues en lugar de utilizar las facultades que la Constitución Nacional le ha conferido para la protección de ciertos bienes jurídicos mediante la criminalización de determinadas conductas [...], niega el objetivo o fin de la pena contra lo dispuesto por nuestra Ley Fundamental".
Solicitó, en definitiva, por las razones antedichas que se declare la invalidez constitucional del art. 14 del Código Penal.
II. El señor Procurador General propuso el rechazo de la impugnación por su insuficiencia, al considerar que los planteos traídos por la parte no pasan de una interpretación diversa de la normativa en trato, que no demuestra de modo inequívoco su contrariedad con el principio de resocialización invocado y el de igualdad ante la ley. Coincido con él.
III. El tribunal a quo abordó y rechazó similares argumentos a los ahora expuestos por la defensa en aval de la pretendida declaración de inconstitucionalidad del art. 14 del Código sustantivo.
En ese quehacer, partió de considerar que el impugnante "...sólo expresa el fundamento dogmático de la solución propiciada, pero en modo alguno evidencia que las circunstancias particulares del caso habiliten la solución propiciada, todo lo cual demuestra la ineficacia del planteo al limitarse a comparaciones en abstracto y a citas jurisprudenciales, inhabilitando así el ingreso de un procedimiento de excepción".
Resumió que "...para dejar expedita la posibilidad jurisdiccional de inaplicar una ley por entenderla inconstitucional en el caso, es menester precisamente- que se expliciten y demuestren las peculiaridades objetivas o subjetivas que el suceso muestra para ser extrañado de la cobertura que la generalidad de la norma, por definición, atrapa".
Señaló a continuación que "...corresponderá puntualizar, además, los motivos por los cuales ese desajuste entre la previsión general y el caso concreto terminan por evidenciar que un acontecimiento así encapsulado, ubica a la ley que lo está englobando en un enfrentamiento de incompatibilidad (contradicción) con una disposición constitucional, lo cual provocará entonces que, en la medida de dicha oposición, la norma inferior sea inaplicada por inconstitucional".
Añadió que "...habrá que exponer los datos que hacen que la previsión general de la ley se muestre distorsionada al bajar al caso concreto, el cual, aunque nominalmente no deje de pertenecer a aquello que genéricamente se pretendió regular, materialmente, en cambio, aparece desacomodado en la especie".
Con relación al caso en estudio sostuvo que "...no se logra explicar por qué motivo o de qué forma el cumplimiento de la pena impuesta a Miguel Ángel Monjez Sandoval, consecuencia del delito de homicidio en ocasión de robo desatendería a la meta resocializadora que, como aspiración, se asigna a la pena privativa de la libertad, el cual sólo se cristalizaría -a criterio del impugnante- en caso de hacerse lugar a una soltura anticipada por medio de la libertad pretendida".
En esa dirección, dijo que "...no ha quedado demostrado [...] de qué modo se le niega al condenado la progresividad en el régimen y la resocialización, quien tiene oportunidad concreta y firme de reintegrarse a la sociedad, a partir del uso de otros institutos y herramientas como progresividad en el régimen de detención, acceso a trabajo y estudio, salidas a prueba y demás beneficios previstos en la ley de ejecución".
Definió que el legislador reguló la figura de libertad anticipada, siendo parte de sus facultades reglamentar razonablemente las condiciones para su procedencia, así como los supuestos de exclusión, siempre que tal criterio resulte atendible y justificado. Además, se explayó sobre el principio de igualdad con cita de diversos fallos de la Corte federal (conf. CSJN Fallos: 299:146; 300:1049 y 1087; 301:1185), descartó que el caso se encuentre por fuera de esos criterios y trajo a colación lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas P. 126.187 y P. 130.112, con cita puntual sobre la temática de la reinserción social en sustento de su postura.
Concluyó, de tal modo, en que la decisión del Tribunal de Alzada departamental no confrontaba el principio de igualdad o el de resocialización en la ejecución de la pena.
IV.1. El cotejo del referido sustrato argumental de la sentencia intermedia objeto de revisión con el contenido impugnativo de la pieza en estudio, da cuenta de que el conjunto de fundamentos en que hizo pie el Tribunal de Casación para descartar el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 14 del Código de fondo, no ha sido aquí cuestionado por el señor defensor oficial de manera suficiente y adecuada, como tampoco realizó un confronte serio y razonable de los principios que reputa vulnerados con la disposición cuya validez constitucional ha puesto infructuosamente en jaque en las instancias previas. Sentado ello, acuerdo con el criterio vertido por el señor Procurador General en que la invalidación de la norma sustantiva señalada por la parte se funda en rigor en una visión dispar sobre la conveniencia política de una decisión parlamentaria que excede el ámbito de competencia de los órganos jurisdiccionales (art. 495, CPP).
IV.2. Por otra parte, el órgano revisor hizo mérito de lo resuelto por esta Corte en la causa P. 126.187 (sent. de 4-VIII-2016), ocasión en que expresé mi voto de adhesión al de la doctora Kogan, cuyas reflexiones son de utilidad para fallar el presente, en la medida que aquí se indica.
El régimen de libertad condicional (arts. 13 a 17, Cód. Penal), es una manifestación de la política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario. No debe olvidarse que tanto la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprochables, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretenden evitar y las penas con las que se intenta conseguirlo son potestad exclusiva del legislador, quien goza de un amplio margen de libertad; es por ello que el control constitucional difuso que posee la jurisdicción al respecto debe ser muy cauteloso.
La norma del art. 14 del Código Penal (texto conf. ley 25.892; B.O. de 26-V-2004) en cuanto establece la pérdida de la posibilidad de acceder a la libertad condicional para el caso de los condenados por alguna de las figuras del Código Penal tipificadas en los arts. 80 inc. 7, 124, 142 bis anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo, lo que hace, en palabras de la Corte, es determinar "... la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional" - el destacado figura en el original- (v. CSJN Fallos: 334:559).
Tampoco la parte pone en evidencia que el impedimento de acceder a otras instituciones del régimen penitenciario, a tenor de las reformas introducidas a los arts. 56 bis de la ley 24.660 y 100 de la ley 12.256 de ejecución provincial, como excepciones al régimen general de progresividad de la pena establecido en el art. 6 y concordantes de aquella ley nacional, constituya un argumento idóneo para sostener la invalidez del art. 14 del Código Penal.
Según arraigada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho constitucional invocado (conf. CSJN Fallos: 328:4542; 327:831; 321:441; entre tantos otros).
En estos términos, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de manera que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo (conf. CSJN Fallos: 306:1597 y, en especial 325:1201, in re , "T.V. Resistencia S.A.I.F. v. L.S. 88 T.V. Canal 11 Formosa s/daños y perjuicios", sent. de 28-V-2002, disidencia del doctor Adolfo R. Vázquez, cons. 8°; SCBA causas P. 100.629, sent. de 6-V-2009; P. 70.498, sent. de 29-XII-2004; P. 87.309, sent. de 13-IX-2006; P. 73.200, sent. de 15-III-2006; P. 96.825, sent. de 26-XII-2007; P. 103.293, resol. de 17-II-2010; P. 108.276, sent. de 11-V-2011; P. 135.752, sent. de 29-XII-2022; P. 138.758, sent. de 25-X-2023; P. 138.621, sent. de 8-IV-2024; e.o.).
Tal la situación suscitada en estos autos, en que el señor defensor oficial del procesado Monjes Sandoval o Monjez Sandoval desatiende el razonamiento seguido por el Tribunal casatorio para desestimar el pedido de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, sin que su impugnación ofrezca razones con la aptitud necesaria para habilitar de modo incuestionable una declaración de la gravedad institucional de la peticionada, ultima ratio del ordenamiento jurídico.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:51:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2024 18:21:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:35:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:46:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:48:50 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 09:08:49 hs. bajo el número RS-81-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia