Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137732
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.732, "Acosta, Héctor Hugo s/ queja en causa n° 94.900 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, el día 24 de octubre de 2018, condenó a Héctor Hugo Acosta a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por la causa (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
La defensa oficial de Acosta, interpuso un recurso de casación y a su turno, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 26 de mayo de 2020, lo rechazó, confirmando así la condena de primera instancia.
Frente a lo resuelto, el señor defensor adjunto de casación -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; que fue declarado inadmisible por el inferior.
La defensa interpuso queja ante esta Corte que, mediante la resolución del día 15 de julio de 2022, anuló la mencionada resolución y remitió a la Sala para que dicte una nueva decisión. Finalmente, mediante resolución del día 4 de octubre de 2022 el reclamo fue admitido por la mencionada Sala.
Oído el señor Procurador General (v. dict. digital de 17 de agosto de 2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció que hubo una falta de fundamentación y una revisión aparente de la sentencia de condena -en punto a la calificación legal-, que frustró el sistema de doble conformidad (arts. 1, 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1.2.h, CADH y 14.1.5, PIDCP).
Precisó que esa parte se agravió de la calificación legal determinada por el tribunal de juicio -homicidio calificado criminis causae , art. 80 inc. 7 del Código Penal-, y reclamó ante Casación la aplicación de la figura del art. 165 del Código Penal; pero que, con ese piso de marcha, la Sala revisora no analizó los fundamentos llevados en el recurso.
Tras transcribir porciones del fallo criticado, estimó que no pudieron conocerse las circunstancias que permitirían fundar la figura del art. 80 inc. 7 por la que resultó condenado Acosta, y que el tribunal casatorio se limitó a reproducir lo expresado en la sentencia del tribunal de la instancia.
Expuso algunos segmentos de la ponderación realizada por parte del Tribunal de Casación del testimonio de Maximiliano Gabriel Galarza y refirió que, a su entender, el mismo avalaba la postura de la defensa consistente en que el designio inicial fue un robo por lo que cabía la aplicación del art. 165 del Código Penal; o que, si no pudo determinarse si la agresión contra la víctima comenzó a ejecutarse antes, después o en simultáneo al apoderamiento ilegítimo, correspondía aplicar la regla del in dubio pro reo y también calificarlo con la figura indicada por ser la de menor entidad.
Agregó que el testimonio de la testigo Micaela Victoria Maldonado no modificaba el análisis propuesto, pues había arribado firme que Acosta ultimó a Maldonado y se hizo de algunas de sus pertenencias, pero se desconocieron los detalles de los acontecimientos por lo que propició considerar un dolo indeterminado.
En conclusión, le reprochó al tribunal revisor la tarea realizada, la tildó de "aparente" porque consideró que no realizó un examen vasto e integral y con cita de jurisprudencia y doctrina que -entiende- avala su tesis, afirmó en definitiva que el Tribunal de Alzada frustró la doble conformidad exigida como condición de validez de una condena penal.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso. Coincido con esa postura.
III. Tras el juicio oral y público llevado a cabo, el tribunal en lo criminal afirmó unánimemente (con el primer voto del magistrado Eduardo Lavenia a quienes adhirieron Gaig y Cohelo) acreditado que "...el día 6 de noviembre de 2016 Héctor Hugo Acosta se presenta entre las 06:00 y 07:00 horas en el lavadero de autos denominado RM, ubicado en la esquina de Ruta 26 y Nicaragua, de la localidad de Del Viso, partido de Pilar, quien era ex empleado del lugar, donde habría tenido un intercambio de palabras con el dueño Roberto Maldonado. Así las cosas y para procurarse impunidad y asegurarse el beneficio de su accionar, ya que su intención era sustraer valores del lavadero, es que le asesta al menos diecisiete puñaladas en distintas partes del cuerpo, las que ocasionaron la muerte de Maldonado, logrando llevarse del lugar entre otras cosas una caja de madera de habanos Far West, el DNI, y distintas tarjetas de crédito a nombre del occiso, una tarjeta VISA del banco Supervielle, un estuche de documento negro, la parte inferior de un rosario con crucifijo y una billetera de cuero".
El órgano de juicio calificó el suceso así descripto como constitutivo del delito de homicidio criminis causae , en los términos de los arts. 45 y 80 inc. 7 del Código Penal.
Para arribar a esa calificación previamente dio respuesta en detalle a los planteos de la defensa que, cabe referirlo, son idénticos a los que trae aquí en tercera instancia.
En efecto, la teoría del caso de la defensa consistió en controvertir únicamente la calificación legal, es decir, no discutió la participación de su asistido, ni tampoco que el mismo provocó la muerte mediante el reiterado apuñalamiento de la víctima en diversas partes del cuerpo, como así tampoco que en tales condiciones se apoderó de dinero en efectivo y demás efectos indicados en la sentencia.
Tampoco discutió las diferentes cuestiones referidas a: el conocimiento previo que Acosta tenía de la víctima por haber trabajado en el lavadero, el grado de confianza, el altercado anterior al hecho, ni las manifestaciones a terceros realizadas por el imputado sobre su deseo de robarle y matarlo.
El tribunal del juicio rechazó la propuesta de la defensa de que los hechos quedaran subsumidos como un robo con resultado homicidio, pues explicó que con la prueba testimonial y la restante incorporada por lectura (entre los cuales están las fotografías y la video grabación de las cámaras de seguridad que registraron el acometimiento y que se exhibió durante el juicio), había quedado acreditada la modalidad delictiva del ilícito contra la propiedad de la víctima y su muerte. Indicó que el propósito que inició el desarrollo causal fue el robo (conexidad causal) y el acometimiento desarrollado tuvo en miras consumarlo y asegurar la impunidad, y, por ende, excedió los márgenes del tipo previsto en el art. 165 del Código Penal, puesto que el desapoderamiento quedó consumido por el homicidio criminis causae que lo abarcó. IV. Al recurrir en Casación, el señor defensor oficial denunció una incorrecta calificación legal de la materialidad ilícita insistiendo en la modificación del encuadrarse como homicidio en ocasión de robo -art. 165 del Código Penal-.
Aludió a una tendenciosa descripción del hecho, y consideró que el dolo de la figura del art. 80 del Código de fondo no se probó, puesto que el propósito inicial fue el robo y el homicidio sobrevino a raíz de mediar resistencia, por lo que debía considerarse en ocasión de robo y no criminis causae .
Insistió en que al desconocerse "los detalles" debía estimarse un "dolo indeterminado" que decantara en la figura compleja del art. 165 del Código Penal.
V. El Tribunal de Casación a partir del voto del doctor Borinsky (a quien adhirió el doctor Violini), rechazó la reiteración de la tesis defensista y ratificó la postura del juzgador de la instancia.
Especificó que la conducta desplegada por Acosta, según las evidencias ponderadas por el tribunal de juicio, era efectivamente la contemplada en el inc. 7 del art. 80 del Código Penal, pues estaba acreditado que el imputado con el fin de asegurar los resultados del robo y procurar su impunidad, le asestó a Maldonado cuanto menos diecisiete puñaladas, quedando entonces probada la conexión ideológica entre el homicidio y el robo, por lo que ratificó la calificación legal.
Ello lo sustentó en la validación de la valoración probatoria realizada en la instancia, especialmente sobre la base del testimonio de Maximiliano Gabriel Galarza, quien manifestó que sabía que Acosta le tenía bronca a Maldonado incluso que lo escuchó cuando le dijo que iba a robarle y a matarlo.
Añadió que el día del hecho Acosta se había preparado para ese fin y que el testigo en cuestión ratificó que Acosta tenía, a esos efectos, una mochila negra, un pasamontaña y una réplica de pistola, que después lo vio con un cuchillo y que repetía "...a este viejo le cabe el robo, lo voy a matar".
Asimismo, se ratificó la evaluación probatoria realizada respecto de la información aportada por la testigo Micaela Victoria Maldonado, quien refirió que vio en el video de las cámaras de seguridad que Acosta ingresó y atacó por atrás a su papá -la testigo hizo durante el juicio el ademán de ataque con la mano derecha, de arriba hacia abajo-, y lo mató -supuso que con un cuchillo-.
También valoró el revisor que, exhibidas que le fueron las fotografías incorporadas por lectura (v. fs. 45 del expediente original) reconoció las cajitas de habanos donde su papá guardaba la plata o anillos, el rosario, la credencial del polideportivo y demás documentos personales.
VI. De todo lo antes transcripto surge con claridad que el tribunal del recurso, rememoró los elementos ponderados por la instancia para concluir en la ausencia de desvío lógico en el razonamiento del juzgador de grado.
Con lo expuesto, queda en evidencia que el órgano efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399), que incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias (conf. doctr. causa P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).
A su vez dio respuesta al agravio puntual referido a la aplicación de ley sustantiva llevado ante su sede que, como se dijo, reiteraba el ya rechazado por el tribunal de la instancia.
De esa manera el estándar que el sistema convencional ha establecido como garantía del inculpado para aventar el error judicial de la condena penal (doble conformidad, conf. art. 8.2.h, CADH en función del art. 75 inc. 22, Const. nac.), se encuentra abastecido.
En lo que resta, la referida subsunción jurídica formulada en el caso no presenta ninguna dificultad: los hechos que se tuvieron por probados y que la propia defensa no discute, están claramente comprendidos en la regla aplicada al caso, la del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
Es que, de acuerdo con la descripción formulada en los hechos y lo que viene acreditado con los datos disponibles, el imputado le asestó diecisiete puñaladas a la víctima para luego llevarse el dinero que sabía que guardaba el damnificado en una caja, junto con otros elementos, algunos luego recuperados.
Esto quedó registrado por las cámaras de seguridad, filmación exhibida en el juicio, con más las restantes pruebas producidas, por lo que, va de suyo que no tenía sentido para la defensa enarbolar disputa sobre tal extremo. Pero, además, se tuvo por probado que el propio imputado a diversas fuentes previamente había comunicado su intención de robarle y matar a Maldonado.
De manera que, frente a lo expuesto, en el caso que examinamos se encuentra efectivamente aclarada con suficiencia la hipótesis fáctica en relación con uno de los diversos supuestos previstos en el inc. 7 del citado art. 80, el cual, según el fallo de primera instancia y que obtuvo la doble conformidad aludida, Acosta ultimó a la víctima "...para procurarse impunidad y asegurarse el beneficio de su accionar", dándose así por probada la conexión con el otro delito: el robo.
El suceso quedó entonces comprendido en la citada norma, al probarse la conexión subjetiva final o impulsiva de dar muerte a otro (conf. causa P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; e.o.).
La defensa, para descartar la conexión ideológica final entre la muerte como medio para consumar el robo, brinda un mal argumento, pues se basa en una proposición descriptiva que empíricamente no viene demostrada. En efecto, lo hace sobre la base de conjeturar que, ante lo acontecido, no se podría disipar si su asistido mató para robar o si al robar mató a la víctima sembrando allí la incógnita de modo incidental y sin tener en vista que esa hipótesis no aparece respaldada en la evaluación razonada de los hechos concretos y comprobados de la causa y sí parece -por cierto-, sólo existente en la capacidad intelectual del litigante.
Por lo demás, la mención de que, ante una reacción de defensa de Maldonado, Acosta procedió a apuñalarlo reiteradamente, tampoco es un argumento válido. En primer lugar -y de nuevo- porque es un argumento descriptivo falso: no se corresponde con los hechos probados en doble instancia. En segundo lugar, y con independencia de lo anterior, porque esta Suprema Corte ya ha explicado que si la muerte se produce a consecuencia de la resistencia (o intervención) de la víctima (o terceros) esa circunstancia no obsta a la relevancia de la ultra finalidad típica constatada (conf. causas P. 117.199, sent. de 4-XI-2015; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 128.192, sent. de 9-V-2018; P. 133.946, sent. de 24-VIII-2021; P. 135.295, sent. de 11-IV-2023; e.o.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/04/2024 14:15:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/04/2024 20:38:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:11:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 20:00:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:24:30 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 09:03:01 hs. bajo el número RS-43-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia