Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137818
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Maximiliano Darío Castillo o Bartolomé Nicolás Ferreira Peralta, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.818, "Castillo, Maximiliano Darío o Ferreira Peralta, Bartolomé Nicolás s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 108.106 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Genoud, Torres .
La Sala IV del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el 31 de mayo de 2021, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la señora defensora oficial de Ejecución Penal n° 5 de Quilmes, doctora Irma de la Fuente, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de dicho departamento judicial que impuso a Maximiliano Darío Castillo o Bartolomé Nicolás Ferreira Peralta la pena única de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo su declaración de reincidente; comprensiva de la condena de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia por segunda vez, dictada en causa n° 693/2011 por el mencionado tribunal y la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, más la declaración de reincidente, dictada en causa n° 7430 por el Tribunal Criminal n° 2 del mismo departamento judicial.
La señora defensora adjunta, a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Casación admitió la vía por considerar que se cumplieron los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal tanto en lo que se refiere al monto de la pena como a la naturaleza de los agravios pues la parte denunció la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con que fue admitida la impugnación (conf. art. 486, CPP) del recurso en examen se advierte que la defensa oficial denunció la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal.
Puntualizó que la sentencia por la que Castillo fue juzgado en primer término, pasó en autoridad de cosa juzgada el 18 de junio de 2014, y habría vencido el 26 de abril de 2019, a lo que agregó que al momento en que se unificaron, estaba vencida por lo que no se configuró el supuesto de unificación de penas ni de condenas. En su apoyo, citó doctrina.
De seguido, alegó que la problemática del presente caso radica en que se resolvió como si se tratara de un supuesto de unificación de condenas cuando, en rigor, se trata de un caso de unificación de penas.
Indicó que el juez no está autorizado a revisar una pena cumplida con anterioridad conforme a derecho. Argumentó que en la unificación de penas, se impone que las consecuencias de las condenas coexista.
Trajo a colación lo oportunamente resuelto por esta Suprema Corte en la causa P. 117.966 y en "Romano" de la Corte nacional y afirmó que de estos se desprende la imposibilidad de unificar frente a condenas cumplidas o extinguidas.
Por último, argumentó que para el caso de proceder su reclamo, la condena vencería el 1 de septiembre de 2023, de lo contrario, su asistido debería cumplir una pena más gravosa que recién vencería en el año 2026, de acuerdo con el cómputo provisorio practicado.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso. Coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es improcedente (conf. art. 496, CPP).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario reseñar los antecedentes del caso:
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, mediante sentencia dictada el 10 de octubre de 2019, luego de correr vista a las partes, procedió a la unificación de penas dictadas en contra de Maximiliano Darío Castillo o Bartolomé Nicolás Ferreira Peralta.
En tal sentido, recordó que el nombrado, con fecha 9 de abril de 2012, fue condenado por ese tribunal, en el marco de la causa n° 693, a la pena de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra, cometidos en el día 27 de octubre de 2010, con más la declaración de reincidencia por segunda vez. De conformidad con el cómputo de pena, dicha pena venció el día 26 de abril de 2019.
De seguido, señaló que el Juzgado de Ejecución Penal n° 1, en fecha 5 de noviembre de 2014 le concedió la prisión domiciliaria; el día 6 de abril de 2016 se dispuso su inmediata captura por haber quebrantado la prisión domiciliaria.
Por otra parte, recordó que el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, mediante sentencia dictada el 7 de marzo de 2018, en el marco de la causa n° 7430, lo condenó a la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo con arma de fuego con aptitud incierta para el disparo, robo con arma de fuego, abuso de armas -dos hechos- y violación de domicilio, todos en concurso real, cometidos el día 2 de marzo de 2016, declarándolo nuevamente reincidente. Resaltó que este pronunciamiento también se encontraba firme, con fecha de vencimiento de la pena fijada para el día 1 de septiembre del año 2023.
Sentado ello, explicó que "...tomando en consideración que el acusado registra dos sentencias condenatorias firmes, correspond[ía] analizar la procedencia del procedimiento de unificación de penas. Corrida la vista de ley, a tenor de lo establecido en el art. 18 el Código de rito, el titular de la acción pública consideró que corresponde unificar las penas impuestas al condenado, debiendo aplicarse el método de suma aritmética de las escalas penales [...] Por su parte, la Defensa técnica de Ferreira (o Castillo), manifestó que debe ser de aplicación el método composicional por ser el sistema más respetuoso de la Constitución Nacional".
De seguido, afirmó que correspondía unificar las penas aplicando el sistema de suma aritmética computándose luego todos los tiempos de detención cumplidos en ambos procesos a los efectos de determinar el vencimiento de la misma.
Explicó que la unificación de penas impide la duplicación de condenas fijándose una única pena a cumplir y dado que no hay violación a las reglas del concurso, el primer hecho no desaparece, por lo que la primera pena no debe unificarse bajo la fórmula de sumar lo que queda por cumplir con la impuesta en segundo término puesto que se desnaturalizaría.
Por tales motivos, sobre la base de las circunstancias atenuantes y agravantes valoradas en las respectivas sentencias de condena, lo condenó a la pena única de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas.
III.2. Por su parte, la Sala IV del Tribunal de Casación, mediante el voto del juez Natiello a quien adhirió el juez Kohan, afirmó que el proceso de unificación se practicó conforme a derecho.
Recordó que el encausado fue condenado por el Tribunal Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes (sent. de 7-III-2018; en causa n° 7430), a la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, con la declaración de reincidente, en función de un hecho cometido el 2 de marzo de 2016. Es decir, antes del vencimiento de la pena impuesta en el marco de la causa n° 693/2011 del registro del Tribunal Criminal n° 1 de la misma circunscripción judicial, donde el nombrado fue condenado -el 9 de abril de 2012- a la pena de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidente por segunda vez, por un hecho cometido el día 27 de octubre de 2010, y el vencimiento de dicha pena operaba el 26 de abril de 2019.
Agregó que uno de los efectos naturales de la sentencia es dejar fijada con precisión la fecha de comisión del delito por el que recayó esa condena.
Afirmó que la fecha de comisión del nuevo ilícito se erige como factor relevante de la conducta externa de quien hubiese sido condenado, independientemente de cuándo se emite el acto jurisdiccional que se pronuncia sobre la existencia cierta de ese delito.
En tal sentido, indicó que debe tenerse en cuenta la fecha del segundo delito y no la de la sentencia dictada por este. En consecuencia, afirmó que antes del vencimiento de la pena, el imputado ya había cometido el segundo hecho por el que fue condenado a la pena de siete años y seis meses de prisión, o sea que el segundo ilícito fue precisamente cometido mientras la primera sanción aún estaba vigente -7 de marzo de 2018-, con lo cual, ambas sentencias debían unificarse.
Recordó que tanto la unificación de penas como de condenas es un imperativo legal que surge del art. 58 del Código Penal cuya finalidad es hacer cumplir el principio de injerencia penal única del Estado, por intermedio de la aplicación de una única condena (principio de unidad de la reacción penal o de pena total).
Concluyó que al no encontrarse vencida la pena impuesta por el Tribunal Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes al momento que Castillo cometió un nuevo ilícito, los hechos ventilados en esta, resultaban materia de unificación con aquellos verificados en el marco de la causa n° 7430 del Tribunal Criminal n° 2 de la misma departamental.
Por último, afirmó que el caso analizado se corresponde con un supuesto de unificación de penas previsto en el primer párrafo -primer caso- del art. 58 del Código Penal por lo que consideró acertado el temperamento adoptado por el tribunal de mérito.
IV. Como se adelantó, el recurso no puede progresar, tal como lo propicia la Procuración General en su dictamen, cuyos fundamentos comparto (conf. art. 496 cit.).
IV.1. Como primer punto, no puede dejarse de señalar que de la reseña efectuada se advierte una contradicción en los planteos de la defensa oficial en las diversas instancias en contra del principio de unidad de actuación que la rige (art. 3, ley 14.442).
En efecto, de la reseña efectuada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 (v. punto III.1.) se advierte que al evacuar la vista del art. 16 del Código de rito, la defensa oficial solicitó la aplicación del método de composición, sin que surja cuestionamiento alguno a la aplicación de las reglas del art. 58 citado.
Por el contrario, al deducir recurso de casación, planteó la imposibilidad de aplicar las reglas del art. 58, modificando la estrategia de defensa, en contra del principio de unidad de actuación que debe regir a dicho organismo (conf. art. 3 cit.). Sin perjuicio de ello, el Tribunal de Alzada, tal como se expuso previamente, abordó y rechazó dicho planteo.
IV.2. Más allá del déficit técnico expuesto en el punto anterior, lo cierto es que la defensa oficial no demostró que el Tribunal de Alzada, al confirmar la pena única dictada por el órgano de mérito -bajo la modalidad unificación de sentencias por encontrarse firmes ambos fallos de condena al momento de practicar la unificación-, hubiera incurrido en una errónea aplicación del art. 58 del Código Penal (conf. en lo pertinente mi voto en causa P. 133.974, sent. de 23-XII-2021).
En efecto, la decisión objetada determinó que para la fecha en que Castillo o Ferreira Peralta cometió el segundo delito por el que fue condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes (causa n° 7430; hecho cometido el 2-III-2016; sent. de fecha 7-III-2018), ya revestía calidad de penado por un hecho cometido con anterioridad por el que se encontraba cumpliendo pena privativa de libertad impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 1 (causa n° 693; hecho cometido con fecha 27-X-2010; sent. de 9-IV-2012; fecha de vencimiento de la pena fijada para el día 26-IV-2019).
Así, se afirmó que al momento de cometer el hecho objeto de condena en la causa n° 7430 se encontraba cumpliendo una pena anterior no vencida y que, por ello, correspondía el dictado de una pena única.
IV.3. La insuficiencia de la impugnación radica, en este aspecto, en que se sostiene que una de las penas integrantes de la unificación se encontraba extinguida al momento de dictarse el fallo unificador, sin llegar a rebatir la tesis que ambas instancias establecieron, según la cual, para la procedencia del procedimiento unificatorio lo relevante es considerar el momento de comisión del hecho.
La doctrina mayoritariamente ha interpretado esta cuestión del mismo modo en que lo han hecho ambas instancias, esto es, que la regla del art. 58 exige "...que la condena no esté cumplida o extinguida en el momento de la comisión del hecho por el que se debe juzgar nuevamente a la persona" (Núñez, Ricardo; Manual de Derecho Penal Parte General , cuarta edición, Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1999, pág. 268; conf. causa P. 126.665, sent. de 6-XII-2017).
Ello resulta coherente con la propia letra del art. 58 del Código Penal, "...que alude al caso en que después de una condena por sentencia firme deba juzgarse a la misma persona por otro hecho distinto, y no que se sentencie o condene por ese hecho. La obligación de juzgar nace con la comisión del hecho, en tanto que la de dictar sentencia surge una vez tramitado y concluido el proceso" (conf. Caramuti, Carlos S.; Código Penal de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y Jurisprudencial , coordinado por Marco Antonio Terragni, dirección Baigún y Zaffaroni, segunda edición, Tomo 2 B, Hammurabi, 2007, pág. 65).
No parece lógico hacer depender el principio de unidad de la pena del momento en que se dicte la segunda condena o, como en este caso, el momento en que se dicta la pena única como lo pretende el recurrente, pues ese momento "...es incierto, variable conforme a múltiples factores, e incluso supeditado a la eventual duración irrazonable del proceso. Más justo y razonable parece tomar como punto de partida para la unificación el momento de comisión del nuevo delito, que puede determinarse con precisión en el tiempo" (ob. cit.).
Estos sólidos fundamentos por los que la doctrina generalmente sostiene que la obligación de unificar pena surge desde la comisión del delito y no desde el momento en que se dicte la segunda condena -ni tampoco el tiempo en que se falle unificando-, no han sido desvirtuados con la argumentación ensayada por el impugnante (art. 496, CPP; conf. causas P. 126.665, sent. de 6-XII-2017; P. 129.994, sent. de 9-X-2018; P. 129.995, sent. de 24-X-2018 y más recientemente causa P. 132.491, sent. de 28-V-2020).
IV.4. Finalmente, la manifestación genérica de la parte relativa a que el a quo aplicó las reglas de la unificación de condenas cuando, en rigor, se trató de un caso de unificación de penas no resiste el menor análisis.
Por un lado, dicha manifestación no fue acompañada de argumentos que le dieran sustento y, por el otro, de la lectura tanto del fallo de mérito como del de Casación, se advierte que en ambos se afirmó con claridad que las reglas del art. 58 se aplicaron en la modalidad de unificación de penas y no de condenas.
Para más, consecuencia lógica de ello, al momento de individualizar la pena única, el órgano de mérito -temperamento luego refrendado por la Casación- se remitió a las atenuantes y agravantes ponderadas oportunamente en las respectivas sentencias de condena, cuya autoridad de cosa juzgada se mantuvo, precisamente por tratarse de un caso de unificación de penas y no de condenas (conf. art. 55 en sentido contrario).
Por todos estos argumentos es que, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Maximiliano Darío Castillo o Bartolomé Nicolás Ferreira Peralta, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2024 15:09:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2024 08:09:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2024 09:20:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/04/2024 12:08:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2024 12:13:03 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/04/2024 13:51:32 hs. bajo el número RS-53-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia