Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137827
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.827, "P., M. F.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 97.513 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan , Soria , Genoud .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de julio de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de M. F. P. contra el auto del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, que lo halló autor responsable de los delitos de abuso sexual agravado por la existencia de acceso carnal vía anal y abuso sexual simple -dos hechos-, todos ellos en concurso real entre sí, difiriendo la evaluación acerca de la necesidad o no de imposición de pena hasta que el joven alcanzara la mayoría de edad.
Frente a lo así resuelto, la señora defensora oficial adjunta ante aquella instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo adjunto en oficio digital del 14 de noviembre de 2022), el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio por resolución del 10 de noviembre de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 4 de julio de 2023), dictada la providencia de autos el 6 de julio de 2023, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley formulando un único agravio.
Denuncia arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación, con afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal, los principios de inocencia e in dubio pro reo y el derecho al recurso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1. y 8.2."h", CADH; 14.5., PIDCP y 168 y 171, Const. prov.).
Sostiene que en el recurso de casación se había cuestionado la acreditación de la autoría y participación del joven P., por haberse basado en prueba de cargo arbitrariamente ponderada, y se dijo que la convicción sobre tales extremos carecía de respaldo (porque solo existían testimonios de oídas).
Recuerda que oportunamente había señalado durante el debate que la perita psicóloga no pudo afirmar que la víctima le diera el nombre del agresor. Asimismo, puntualizó que al momento del hecho no había luz en el predio, y que en esto fueron contestes desde la propia médica hasta la directora del instituto. Señaló que la directora y el tribunal mencionaron que el damnificado sin lentes no veía nada, y que se acreditó también que la capilla a la hora del hecho estaba con llave, con las ventanas cerradas por orden de la propia directora, y que estas se abrían desde el lado de adentro. Tampoco se pudo acreditar con certeza que P. estuviese en la capilla, que el educador controlara a los niños, ni que los jóvenes que declararon no fabularan.
Concluyó la defensa en que se vio impedida de controlar la prueba y formular preguntas aclaratorias con respecto a los extremos dudosos (los antes señalados), afectando ello la contradicción y en definitiva, el derecho de defensa y el principio in dubio pro reo.
Refiere que la Casación, al abordar el tratamiento del agravio referido a la ausencia de acreditación de la autoría del abuso sexual con acceso carnal, nuevamente se apoyó en lo declarado por los testigos de oídas, sin hacer referencia alguna a los interrogantes planteados oportunamente por la defensa.
Tilda así de arbitrario el pronunciamiento recurrido, por tratarse de una mera afirmación dogmática carente de sustento válido y que no brinda suficientes respuestas a los planteos de la parte.
Ergo, razona que el tribunal intermedio no logró destruir el cuadro de duda imperante a ese respecto.
Considera, asimismo, que en la acreditación del dolo requerido por el art. 119, primer párrafo, del Código Penal tampoco cuenta la sentencia de grado con suficiente motivación ni certeza, y que por ende la conducta es atípica.
Por todo lo expuesto, entiende la defensa que corresponde descalificar el pronunciamiento de Casación, pues sus consideraciones no abastecen el requisito de fundamentación necesaria para estimarlo como válido. Solicita que se aplique el beneficio de la duda y en función de ello se absuelva a su asistido.
Afirma que estamos en presencia de una revisión aparente, porque el Tribunal de Alzada solo efectuó un análisis formal de la prueba, sin reparar en la hipótesis concreta planteada por la defensa, restringiendo inadecuadamente la capacidad de rendimiento del recurso contra la sentencia de condena.
En ese sentido, dice que la conclusión del órgano revisor, en cuanto descartó los planteos articulados por no detectar vicios en el razonamiento del tribunal de la instancia, desconoció la vigencia del límite impuesto por el principio in dubio pro reo , al resultar necesaria la certeza apodíctica para fundar la condena.
Advierte en la decisión impugnada una reedición de las circunstancias analizadas sin una valoración crítica o, al menos, de la incidencia de cada elemento probatorio, o mejor aún, sin demostrar cómo se acreditan los extremos y falencias señaladas por la defensa.
Por lo expuesto, peticiona la nulidad de la sentencia intermedia y la absolución de su asistido por aplicación del principio de inocencia o, en su defecto, el reenvío de la causa al tribunal anterior para que, debidamente integrado, dicte un nuevo fallo acorde a derecho.
II. El señor Procurador General postuló el rechazo del recurso interpuesto. Comparto lo dictaminado en cuanto a que el planteo no es de recibo.
III.1. El tribunal de mérito tuvo por acreditado que "...el día 14 de abril de 2018, siendo aproximadamente la hora 22:00, una persona de sexo masculino menor de edad condujo a pie a J. A. V., de 14 años de edad en ese entonces, a la capilla del Instituto San Isidro Labrador, ubicado en la calle 27 y circunvalación 14 de la ciudad de Verónica, partido de Punta Indio, donde ambos se encontraban alojados ingresando por una ventana que se encontraba abierta, no obstante que ese lugar se encontraba clausurado para los jóvenes allí alojados".
"Una vez en el interior de la capilla, aquella persona menor de edad se bajó los pantalones y previo colocarse un preservativo, introdujo su pene en forma violenta en el ano de J. A. V., a quien antes le había bajado sus pantalones, amenazándolo de muerte para que no contara nada de lo sucedido".
De otro lado, también tuvo por acreditado el tribunal que "...entre los días 10 y 15 de abril del año 2018, sin poder precisar la fecha exacta, en el Instituto San Isidro Labrador ya mencionado, la misma persona de sexo masculino menor de edad que atacara a J. A. V., más precisamente en la cancha de fútbol donde se desarrollaba la clase de educación física, efectuó tocamientos con la palma de su mano en los glúteos de C. W., quien se defendió golpeando a su agresor".
"Asimismo, se ha probado en autos que entre los días 10 y 15 de abril del año 2018, sin poder precisar la fecha exacta, en el mismo Instituto San Isidro Labrador, la misma persona de sexo masculino menor de edad que atacara a J. A. V., más precisamente en la cancha de fútbol mientras jugaban a la pelota, efectuó tocamientos con la palma de su mano en los glúteos de J. G., defendiéndose la víctima propinándole un golpe a su agresor".
En la segunda cuestión del veredicto, el tribunal del juicio consideró que en el caso se había acreditado la intervención de M. F. P. en los hechos mencionados. Para arribar a esa decisión tuvo en cuenta la prueba producida en el debate y la que fue incorporada por lectura y reproducción. Comenzó el análisis señalando que "Las víctimas y los testigos lo han sindicado en forma directa. Ello sin perjuicio [de] que cuando declararon C. P., R. M. y J. P. D., M. P. no estuvo presente en la sala de audiencias, sí en sala contigua por resolución del Tribunal a pedido de los nombrados".
"1. En relación con el hecho del que resultara [damnificado] J. A. V., la Dra. Ane Priscila Drews expresó en forma espontánea que éste, sabía perfectamente quién era su agresor; es importante remarcar el recuerdo espontáneo de los hechos de la Dra. Drews, porque era de su pueblo, recordaba perfectamente el dato del corte de la luz el día del hecho". En esa dirección, el tribunal destacó que en el informe que elaboró y ratificó en el juicio, la médica consignó como presunto agresor a M. P., alojado en el mismo instituto que la víctima.
Asimismo, el juzgador invocó como segundo elemento: "La declaración testimonial de Adriana Graciela Alarcón, vicedirectora del Hogar San Isidro Labrador, quien se mostró creíble y sincera. La misma relató que J. V. le contó que fue el aquí imputado M. P. quien lo ingresó a la capilla y abusó de él, en sus palabras 'me cogió'".
"También señaló la testigo A. que luego [de] que se conociera este hecho, tomó conocimiento por dichos de los chicos, sin poder precisar quiénes lo decía[n], que M. P. había realizado conductas de índole sexual con otros chicos alojados en el Instituto".
En tercer término, el tribunal mencionó "La declaración testimonial de Noelia Soledad Villanueva, empleada del Instituto San Isidro Labrador, quien se mostró creíble y sincera. La misma manifestó que el día que salió a la luz el hecho del cual resultó víctima J. V., uno de los jóvenes C. P. le dijo a M. P. que se dejara de manosear a los chicos y en ese instante J. V. refiere 'a mí me...', se queda ahí refiriéndose a que no dijo más palabras y se va hacia la habitación".
Asimismo, se consideró "La documental correspondiente a los listados de los jóvenes alojados en el Instituto San Isidro Labrador de la ciudad de Verónica, como así también del personal que prestaba servicios en la mencionada institución en la misma época, incorporado por lectura en los términos de los artículos 363 y 366 del Código Procesal Penal", y se sostuvo: "De los listados se desprende que la única persona entre los jóvenes alojados y el personal del Instituto San Isidro Labrador cuyo nombre de pila es M., resulta ser el aquí imputado M. F. P.".
Como quinto elemento citó la declaración testimonial de L. R. A. M., quien se encontraba alojado en el Instituto al momento del hecho, el cual se mostró veraz y sincero.
"Narró que estaban afuera del Instituto luego de jugar al fútbol y vino un pibe que le había contado que había pasado algo con J. V., con un chico nuevo, en la capilla del Hogar. Que se enteró que fue M. P. quien había abusado de J. V.".
A continuación se ponderó la declaración testimonial de C. P., alojado también en el Instituto al momento del hecho, quien "Recordó que un día a la tarde en horas de la merienda salió un tema y J. V. dijo 'yo sé algo', y subió a la habitación corriendo, R. M. salió corriendo detrás de él y luego bajó e increpó a M. P. diciéndole que había violado a J. V.".
Luego, se reparó en la declaración testimonial de J. P. D., también alojado en el Instituto, quien manifestó que "...habían terminado de jugar a la pelota y cuando estaban merendando un joven le recriminó a M. P. que no volviera a tocar a ninguno de los chicos y J. V. dijo 'a mí me tocó' y se fue llorando".
Los dichos de C. W. en su declaración en cámara Gesell, incorporada por reproducción por acuerdo de partes de conformidad con lo normado por los arts. 366, segundo párrafo, apartados sexto y séptimo del Código Procesal Penal y 55 de la ley 13.634, también formó parte del plexo cargoso.
W. "Relató que estaban en la cancha de fútbol del Hogar San Isidro Labrador jugando, cuando M. le toca la cola, y que entonces se da vuelta, le aplica un golpe y le dice '¿qué te pasa?'".
"También refirió que en su presencia, M. les tocó la cola a Á. C. y R. O., esto ocurrió en Educación Física"; "Sobre J. V. dijo que no sabía muy bien, pero creía que lo habían violado".
Además, se valoró la declaración testimonial de J. G., víctima de autos, en cámara Gesell, quien "...relató que en el Hogar San Isidro Labrador de la ciudad de Verónica, donde estaba viviendo, R. le contó que M. de 16 o 17 años de edad violó a un 'pibe' llamado J. V.". "Que M. a él le había 'tocado el culo por arriba de la ropa', que esto fue antes de lo de J.".
En cuanto a la persona señalada como M., el tribunal reiteró que de la prueba documental incorporada surgía claramente que en ese momento había una sola persona en el Instituto, tanto sea entre la población como entre los trabajadores, cuyo nombre era M., y esa persona era M. F. P..
Por otra parte, se valoró la denuncia efectuada por Adriana Graciela Alarcón, que dio cuenta de la fuga del Instituto de M. F. P. y del hecho que damnificó a V..
Por último, se mencionó la declaración testimonial de V. H. G. mediante la modalidad de cámara Gesell, quien dijo que se enteró por Rodrigo que M. "había violado a un pibito" llamado J. V.. A ello agregó: "Que M. a él le había tocado la cola y le había pedido que le dé un beso a R. O.".
Respecto del damnificado V., la licenciada María Andrea Hernández Masón dijo que aquel "...se negó a hablar del hecho del cual resultó ser víctima; que presentó un nivel intelectual descendido para su edad y escolarización deficitaria, [...] un estado anímico sombrío, triste, abúlico, desganado, dictaminando que no se encontraba en condiciones psíquicas de prestar declaración testimonial".
Se argumentó que "Es posible sostener que M. F. P., tal como lo alegara la señora Agente Fiscal, escogió entre todos los jóvenes alojados en el instituto a aquel que por sus condiciones físicas y psíquicas no se podía defender y a quien intimidó para que no contara lo sucedido, al punto que al cabo de dos entrevistas con la Lic. Hernández Masón no hizo referencia a ese episodio".
En definitiva, concluyó el juzgador de origen que "...es posible afirmar a la luz de los elementos colectados en autos, y reseñados precedentemente, que el joven M. F. P. al detentar el dominio del hecho, reviste el carácter de autor en relación con los hechos descriptos...".
Los sucesos fueron calificados como abuso sexual agravado por la existencia de acceso carnal vía anal, en los términos del art. 119, tercer párrafo, del Código Penal, y abuso sexual simple, dos hechos, en los términos del art. 119, primer párrafo, del Código Penal, todos ellos en concurso real entre sí.
En esta cuestión, el tribunal del juicio sostuvo que el acceso carnal fue violento, y que ello se probó "...con el testimonio y el informe de la Dra. Ane Priscila Drews quien expresó que la lesión que presentaba J. A. V. en la zona anal, fue producida por un objeto contuso, duro y romo que puede ser un pene en erección, un dedo o un objeto similar". "Que la lesión era importante de tal magnitud que produce un shock en el músculo y hace que la piel se aplane; que era una lesión aguda y muy dolorosa al momento de la producción, al punto que pudo provocar un fenómeno vasovagal con desenlace fatal".
III.2. La defensa impugnó el fallo ante el Tribunal de Casación y denunció la violación de garantías constitucionales, toda vez que -a su juicio- respecto del hecho de abuso sexual con acceso carnal se inobservó el derecho consagrado en los arts. 18 de la Constitución nacional, 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Regla 7 de Beijing, porque la víctima no prestó declaración y por ende no se pudieron controlar sus dichos.
Se agravió por la absurda valoración de la prueba, ya que solo se ponderaron testigos de oídas, lo que según la doctrina viola el derecho de defensa en juicio.
Adujo que no quedó probado en el debate que el niño le haya dicho a la perita Drews el nombre de su presunto agresor.
Con respecto a los dos hechos de abuso sexual simple, afirmó que eran atípicos.
III.3. El Tribunal de Casación Penal abordó el recurso y rechazó los cuestionamientos contenidos en él.
En lo que importa destacar para la solución del caso, con relación a la autoría del joven P. en el hecho de abuso sexual con acceso carnal, explicó que el tribunal del juicio había formado su convicción sobre tal extremo a partir de los elementos de prueba obrantes en la causa y los argumentos de las partes, para lo cual también tuvo en cuenta la normativa de jerarquía constitucional, convencional y local que rige en la materia, de la cual realizó un detallado análisis (del voto del juez Mancini con la adhesión simple de la jueza Budiño).
Sobre tal razonamiento, el tribunal intermedio no advirtió yerro alguno y observó que "...en esencia los argumentos defensistas son una reiteración de los expuestos en la audiencia celebrada en la instancia, pero sin desvirtuar las sólidas razones dadas por el Tribunal sobre la cuestión".
Seguidamente, analizó los diversos elementos de prueba que fueron tenidos en cuenta por el sentenciante de origen para acreditar el extremo vinculado con la autoría responsable:
La declaración de la doctora Drews, quien "...expresó en forma espontánea que éste [V.] sabía perfectamente quién era su agresor, que tenía un recuerdo espontáneo de los hechos, porque era de su pueblo, y recordaba el día del hecho por un dato relacionado con un corte de luz"
La declaración de la vicedirectora del Hogar San Isidro Labrador, Adriana Alarcón, quien se mostró creíble y sincera. Dijo "Que J.V. le contó que fue M. P. quien lo ingresó a la capilla y abusó de él [...] también recordaba que J.V. estaba muy asustado porque M. lo amenazó diciéndole que si contaba algo lo iba a matar. La misma testigo señaló que tomó conocimiento por dichos de los chicos, que M. P. había realizado conductas de índole sexual con otros chicos alojados en el instituto"
En el mismo sentido, el testimonio de Noelia Villanueva, empleada del Instituto, quien expresó que "...el día que salió a la luz el hecho, uno de los jóvenes alojados en el Instituto le dijo a P. que se dejara de manosear a los chicos, diciendo en ese instante J.V. 'a mí me...', luego se quedó ahí, no dijo más palabras y se fue a su habitación. Que otro chico, M., fue detrás de J.V. y regresó, fuera de sí, con intenciones de golpear a P., porque decía que había violado a la víctima. Que le gritaba vos lo violaste o algo así. Hizo saber además que P., aprovechando que la testigo había ido a ver a la víctima y a M., se fugó de la Institución"
Los listados de los jóvenes alojados y del personal que prestaba servicios en el Instituto en la misma época, de los que surgía que el único cuyo nombre de pila era M., es quien resultó imputado, M. F. P.
Las declaraciones de los testigos M., P. y D., todos alojados en el Instituto en la época del hecho, quienes "...fueron contestes en señalar a P. como quien había abusado de J.V.; M. se enteró a través de un pibe que le contó, P. presenció una situación previa al hecho, entre el imputado y la víctima, enterándose también luego por dichos de un tercero, y D. vio a J.V. llorando porque P. lo había tocado. Que P. tocó a varios chicos. Que éste aclaró que M., era P.. Todos ellos resultaron para el a quo , testigos totalmente sinceros y creíbles"
Por último, consideró que el tribunal de grado tuvo para sí, "...evaluando los dichos de los peritos y demás testigos, que J.V. fue escogido por el victimario, ya que por sus condiciones psíquicas y físicas no se podía defender, a quien intimidó para que no contara lo sucedido, haciendo referencia a que igualmente en este tipo de hechos, únicamente están presentes víctima y victimario".
Así, a juicio de
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