Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137915
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la particular damnificada, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales de la doctora Lourdes Castiglioni, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.915, "S., M. A. -particular damnificada- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 110.389 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, Seguida a D., W. A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Torres, Kogan, Soria .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de octubre de 2021, rechazó por improcedente la queja articulada por la particular damnificada contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín que confirmó la resolución dictada en primera instancia por la que se declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto del encausado W. A. D. en orden a los delitos de corrupción de menores, exhibición de material pornográfico a menores de edad y abuso sexual mediante acceso carnal vía vaginal y anal, agravado por aprovecharse de la convivencia previa y de que la niña era menor de edad, todos de manera reiterada, por hechos ocurridos entre el 17 de junio de 2005 y el 16 de junio de 2006 en General San Martín (v. sent. digital).
Contra lo así decidido, la particular damnificada junto a su letrada patrocinante, doctora Lourdes Castiglioni, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 20-X-2021); el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio por auto del 15 de noviembre de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 16-VIII-2023), dictada la providencia de autos en igual fecha, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La particular damnificada, con patrocinio letrado, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció que al confirmarse la extinción de la acción penal se afectó la Convención sobre los Derechos del Niño y se vulneraron los arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; a la vez consideró "aberrante" la impunidad del imputado por la utilización de un tecnicismo legal que desconoce "...el daño moral que produce a un ser humano el abuso sexual cuando era una niña indefensa".
Luego de efectuar un análisis sobre la razonabilidad del plazo de duración del proceso y el reconocimiento a esa garantía a través de distintos pronunciamientos judiciales, sostuvo que en el fallo recurrido no se reconoció la "...primacía del Derecho Internacional por sobre el Derecho Interno". De seguido expresó que "...cuando una niña, adolescente o mujer denuncia un abuso sexual, su cuerpo se transforma en el territorio de prueba, física y psíquica, a lo que se suman la re victimización y el trauma de afrontar un proceso judicial y que por miedo, vergüenza, y otros factores de una sociedad machista y patriarcal, es recién en este momento que me siento preparada para afrontar el calvario que sufro a diario como víctima de abuso sexual infantil en un mundo machista y ante una justicia carente históricamente de perspectiva de género".
Sostuvo que en estas actuaciones el momento de la prescripción debió ser tomado a partir del día en que la víctima tuvo la posibilidad cierta y real de denunciar los hechos, circunstancia que ocurrió el 28 de junio de 2019; a su vez, se refirió a la postura de la defensa tendiente a la prescripción de conformidad con lo normado en el art. 62 inc. 2 del Código Penal, en tanto transcurrieron más de doce años desde el último hecho, y la propiciada por esa parte en el sentido de no analizar el instituto de la prescripción solo a través del derecho interno, sino a la luz de los tratados y convenciones internacionales que garantizan a la víctima menor, que padeció abusos sexuales, el acceso efectivo y concreto a la justicia, a la verdad y a que tales hechos no queden impunes.
Aclaró que no pretende la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y 27.206 -por ser una ley penal más perjudicial para el imputado- "...sino que se tome conciencia de los principios y fundamentos que motivaron al legislador nacional a sancionarlas, ya que se encontraban vigentes desde varias décadas atrás -antes del hecho investigado-, cuando el Estado Argentino subscribió y adhirió a los distintos tratados y convenios internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, y por ende, superior a la normativa interna". En tal sentido, recordó la entrada en vigencia de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Solicitó que, en virtud de aquellos principios jurídicos de derecho internacional, los "aberrantes hechos reprochados al imputado" no queden sin investigar ni tampoco impunes por el solo paso de los años; por ello, entendió que el plazo de la prescripción debió haber comenzado a correr desde que la víctima tuvo la fuerza para acudir a la fiscalía a realizar la denuncia contra su padrastro.
Asimismo, alegó que la cuestión planteada evidencia la tensión entre el derecho de toda persona sospechada de haber cometido un ilícito a que se respete el principio de legalidad que contiene el instituto de la prescripción, que se relaciona con el principio de juzgamiento en un plazo razonable, y el de las víctimas a una tutela judicial efectiva y a la protección a los niños (conf. arts. 8.1. y 25, CADH y 3 y 19, CDN); sumó a lo expuesto que en este tipo de delitos (abusos sexuales sufridos por menores de edad) se afecta la vida privada de una persona y que el Estado no solo tiene un deber negativo de contención de su poder punitivo sino también un deber de garantía de acuerdo a los arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1. y 2.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, máxime al ser la víctima una persona menor de dieciocho años de edad, a la que el Estado tiene el deber de proveer medidas de protección especial.
Por todo lo expuesto, reclamó que se deje sin efecto la resolución que declaró la extinción de la acción penal del encartado W. A. D.; para procederse a su juzgamiento, con la consecuente condena, por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual calificado reiterado, que concurren materialmente entre sí y con el delito de promoción de la corrupción de una menor de nueve años, calificado por haber mediado violencia y amenazas, y por tratarse de la persona conviviente o encargada de su educación o guarda (conf. arts. 45, 54, 55, 119 último párrafo en función de los incs. "b" y "f" y 125 último párrafo, Cód. Penal).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar a la impugnación (v. dictamen digital de 16-VIII-2023).
III. A diferencia de lo dictaminado, considero que el recurso articulado por la particular damnificada es insuficiente (art. 495, CPP).
Liminarmente, cabe efectuar un racconto de lo acontecido en el caso.
III.1. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, a través del pronunciamiento dictado el 19 de abril de 2021, confirmó las resoluciones dictadas con fecha 2 de noviembre de 2020 y 18 de marzo de 2021, a través de las cuales el juzgado de garantías resolvió, en la primera, declarar extinguida la acción penal por prescripción de conformidad con lo previsto por los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal respecto de W. A. D. en orden a los delitos de corrupción de menores, exhibición de material pornográfico a menores de edad y abuso sexual [mediante acceso] carnal por vía vaginal y anal, agravado por aprovecharse el autor de la convivencia previa y de que la niña era menor de edad, todos de manera reiterada; en la segunda, dio cumplimiento a lo ordenado por esa Sala en cuanto debía expedirse con relación a la invocación de la normativa internacional, cuyo análisis fuera expresamente solicitado por la fiscalía en la vista, también invocada por la particular damnificada.
III.2. Interpuesto contra ello recurso de casación, y habiendo sido declarado inadmisible por parte del Tribunal de Alzada, la damnificada junto con su letrada patrocinante dedujo queja en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal.
III.3. La Sala II del tribunal intermedio, declaró admisible la queja y la rechazó por improcedente.
En primer lugar, luego de referirse a la antigua propensión a otorgarle un valor desmedido a las formas rituales, indicó que la lógica del sistema recursivo adoptado por el Código Procesal Penal ha sido siempre uniforme y ha respondido a la necesidad de poner en práctica los derechos que sobre el particular se encuentran consagrados en los textos constitucionales. En ese marco señaló que todas las resoluciones importantes adoptadas durante el curso del proceso o en la etapa de ejecución, ya tienen previsto su respectivo recurso (conf. arts. 164, 188, 325, 333, 337, 421, 439 y 498, CPP), ya sea el de apelación o el de casación, y que además tienen la posibilidad de ventilar algunas de esas cuestiones ante el Superior Tribunal de esta provincia en los casos señalados en los arts. 489, 491 y 494 del citado Código. Agregó que "...el recurso de casación cumple exactamente el mismo papel que el recurso de apelación, en la medida en que ambos, en lo que al imputado respecta, se encuentran diseñados para tornar operativo el derecho al recurso y, en casos como el presente, para permitir la revisión de la decisión en crisis. Desde esta perspectiva, no sería lógico interpretar las disposiciones legales en el sentido de conceder el 'recurso de casación' en aquellos casos en los que la garantía del doble conforme haya sido satisfecha a través del 'recurso de apelación'. Semejante solución podría alterar el delicado equilibrio que debe existir en un sistema de impugnaciones para llevar adelante un juicio rápido y a la vez respetuoso de los estándares constitucionales".
Seguidamente, señaló que "...el auto que declaró la extinción de la acción penal por prescripción, ya fue analizado y revisado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín, constituyendo un supuesto en el que las dos instancias anteriores han resuelto en el mismo sentido (art. 421 4to. párrafo y art. 450 CPP)"; y añadió que "...sin perjuicio de la limitación genérica que establece la norma del 4to. párrafo del art. 421, el segundo párrafo del art. 450 del CPP reclama del pronunciamiento recurrido la nota de revocatoriedad respecto del auto de primera instancia, extremo no verificado en el presente proceso".
Luego resaltó que "...la decisión de la Cámara que confirmó la decisión originaria, rechazando así la apelación interpuesta por la impugnante, no resulta un supuesto revisable mediante la vía casatoria pretendida por carecer [...] del carácter revocatorio que reclama la norma (conf. arts. 450, 453 y ccdtes., C.P.P.)".
En tal sentido afirmó que "...la invocada equiparación de resoluciones como la impugnada al concepto de sentencia definitiva constituiría tan sólo un parámetro para determinar la necesidad de extender la competencia del Tribunal de Casación a ciertas resoluciones que, en principio, no serían impugnables a través de este recurso, pero siempre que esa necesaria revisión no haya sido satisfecha por otra vía o cuando se encuentre suficientemente planteada y demostrada la presencia de una situación excepcional que torne ineludible la intervención de este organismo. Esto podría ocurrir ante la presencia de una cuestión federal que reúna -sin excepción- la totalidad de los recaudos que le son propios, o frente a una demostrada arbitrariedad, o en el caso de una situación de gravedad institucional"; "Por consiguiente, cuando el derecho o la facultad de recurrir una determinada resolución ha sido satisfecho a través de la apelación y no se presentan las situaciones de excepción ya mencionadas en este voto (lo cual podría tornar, según el caso, necesaria la intervención de este Tribunal como instancia previa de acceso a la Corte local), la ley procesal no le acuerda a las partes una tercera vía ordinaria de impugnación. Los recursos de apelación y casación, en este sentido, no son remedios sucesivos, sino alternativos".
Además, razonó en torno a que los recursos no se conciben -dado su carácter excepcional-, fuera del orden fijado en las leyes, pues en ese caso se configuraría un ejercicio autoritario de las propias atribuciones la pretensión de resolver bajo el argumento de reparar supuestas irregularidades en las resoluciones de los órganos del proceso, lo que excedería las facultades legalmente otorgadas a ese tribunal.
A continuación, el a quo pasó a analizar si en el caso se hallaba presente algún cuestionamiento de orden federal que reuniera las condiciones propias para habilitar el recurso casatorio por esa vía de excepción.
En tal sentido, destacó que en esa impugnación "...la mera denuncia arbitrariedad y la vulneración de las garantías consagradas en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales no cumple con los recaudos de suficiencia que la introducción de este tipo de planteos tiene que evidenciar"; pues "Si lo que se pretende es sortear el valladar formal que constituyen las normas que regulan las diversas vías impugnativas (en el caso concreto, el art. 450 del C.P.P.), antes que nada, deben hallarse exteriorizados de manera concreta y eficaz los recaudos que permitirían lograr con éxito su acceso a la instancia federal, lo que no ocurre en este caso en el que los planteos desarrollados en la articulación recursiva no pasan de constituir una discrepancia con lo resuelto desde una particular arista interpretativa sin conseguir argumentar que, el caso, presente una relación directa e inmediata con las garantías constitucionales que citó en la impugnación (arts. 14 y 15, Ley 48)".
Concluyó que "...sin explicaciones concretas dirigidas contra la motivación expuesta en el fallo en crisis y sin mayores alusiones al caso particular en el que efectivamente quedaran demostradas las transgresiones constitucionales denunciadas, la mera invocación de la presencia de arbitrariedad no logra enervar lo explicado en la primera parte de [ese] voto...".
En suma, declaró la inadmisibilidad del recurso de casación deducido por entender que "...las argumentaciones del recurrente no resultan aptas para sortear los requisitos objetivos que están ausentes en esta situación particular (arts. 421, 450, 453, 530, 531 y ccdtes. del CPP, 18 y 75 inc. 22 de la CN, 14 y 15 de la ley 48)".
IV. Como se anticipó, el recurso traído a esta instancia, en el estricto marco delineado por la impugnante, demarcatorio a su vez del ámbito de conocimiento que se atribuyó a esta Corte, resulta insuficiente para controvertir la decisión del tribunal intermedio (art. 495, CPP y su doctr.).
En efecto, la recurrente reiteró el mismo agravio llevado en el recurso de casación vinculado con la tensión que entendió existente entre: a) el derecho a toda persona sospechada de haber cometido un ilícito de que se respete el principio de legalidad que contiene el instituto de la prescripción y b) el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva y a la protección de los niños conforme los tratados y convenciones internacionales; pero en esa faena no se dedicó a refutar idóneamente las razones que llevaron al tribunal revisor a decidir el rechazo de la queja por improcedente (art. 495, CPP).
Al respecto, corresponde considerar que el Tribunal de Casación Penal, luego de analizar el marco formal emergente de la normativa procesal (art. 450, Código ritual), destacó que en el caso los asuntos de índole federal que fueron argumentados por la parte (arbitrariedad y vulneración de las garantías consagradas en la Constitución nacional y los tratados internacionales), no permitían sortear dicha valla, en tanto esas cuestiones no cumplían con los recaudos de suficiencia pues los planteos llevados a su conocimiento constituían una mera discrepancia con lo resuelto desde una particular arista interpretativa, no advirtiendo que la parte hubiera intentado demostrar -más allá de su alegación- que el caso presentara una relación directa e inmediata con las garantías constitucionales citadas en su impugnación.
Así entonces, la recurrente no logró evidenciar que el pronunciamiento del a quo ostente arbitrariedad, desde que -frente a lo resuelto en sentido adverso a sus intereses- no desarrolló ningún argumento que atendiera a la concreta motivación del revisor ni reparó en todos los aspectos esgrimidos en el fallo en crisis. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Por ello, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la particular damnificada, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales de la doctora Lourdes Castiglioni, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 18:49:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 09:00:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:53:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:18:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:22:26 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 13:35:54 hs. bajo el número RS-65-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia