Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138051
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al reclamo deducido, se anula la sentencia recurrida y se remiten los autos al Tribunal de Alzada para que se dicte un nuevo pronunciamiento previo dar cumplimiento a la diligencia omitida (arts. 60, ley 13.634 y 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.051, "S., A. S. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 106.787 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro el día 4 de septiembre del año 2020 condenó a A. S. S. a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor responsable del delito de homicidio cometido con arma de fuego (Hecho I, causa n° 384), y coautor de robo calificado por su comisión en poblado y en banda y con arma utilizada en sentido impropio en concurso real con robo calificado por el uso de arma (Hecho II, causa n° 385), y robo doblemente calificado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma en sentido impropio (Hecho III, causa n° 386); todos en concurso real entre sí.
La defensa interpuso un recurso de casación, y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 6 de diciembre de 2021, lo rechazó.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 85/95 vta.), el que fue concedido -por mayoría- por la Sala interviniente, en forma parcial, solo con relación al tramo que versa sobre la denuncia de afectación del derecho a ser oído en el ámbito del proceso penal juvenil a partir de la omisión de la previa audiencia de vista prevista en los arts. 41 inc. 2 del Código Penal y 60 de la ley 13.634.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de fecha 2 de junio de 2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurrente solicitó la declaración de nulidad de la sentencia revisora en virtud de que se dictó sin haberse cumplido previamente con la audiencia de conocimiento del imputado.
Para sustentar su postura, aludió al alcance del derecho a ser oído en el proceso de revisión del juicio de punibilidad en el fuero penal juvenil (conf. arts. 3, 12, 37 y 40, CDN); así como indicó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Maldonado" Fallos: 328:4343), y los precedentes de esta Corte P. 132.174, "Benítez" y P. 132.257, "Sosa", que estimó inobservada.
Argumentó que, el señor juez de la instancia, previo a establecer la sanción, tomó contacto con S. y manifestó haber tenido una impresión positiva del joven, así como también consideró favorable al tratamiento tutelar llevado a cabo y a su grupo familiar. Sin embargo, a casi dos años de esa decisión, el Tribunal de Casación confirmó la sanción impuesta sin tomar previamente conocimiento de visu de S. y sin tener en cuenta sus condiciones personales; solo a partir de reiterar la impresión personal adquirida por el órgano de origen.
Consideró que tal proceder -a su entender- conculcó lo normado en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño regulada en el ámbito interno provincial de modo específico en el art. 60 de la ley 13.634; así como en el art. 41 inc. 2, in fine del Código Penal.
Se expidió sobre la regla invocada y afirmó que la misma obliga a todos los jueces de la Nación a mantener una audiencia de visu con los jóvenes para garantizarle a éstos el derecho a ser oídos en el momento previo a la cesura de la pena. Destacó que la audiencia en el fuero de la especialidad no resulta disponible por el Tribunal por lo que, ineludiblemente, debió fijarse en el caso.
Como razón, agregó que el juicio que se realiza debe abarcar los aspectos fácticos que ineludiblemente se obtienen de aquella entrevista personalizada del joven imputado y finalmente reiteró la invocación de los precedentes de esta Corte ya citados.
II. El señor Procurador General en su dictamen aconsejó rechazar el reclamo deducido.
No coincido con lo así decidido.
III.1. En principio, las cuestiones procesales quedan fuera del ámbito de conocimiento de esta Corte (conf. art. 494, CPP). Sin embargo, en el supuesto en examen, el agravio que superó la fase de admisibilidad posee una relación directa e inmediata con la garantía convencional del derecho a ser oído del joven.
En efecto, la denuncia de inobservancia del art. 60 de la ley 13.634 por no haber tomado el Tribunal de Alzada contacto directo y personal con el joven, si bien se dirige a poner en evidencia un presunto déficit procesal anterior al dictado de la sentencia, de acuerdo con lo que se explicará -y en virtud del particular procedimiento en el que se encuentra enmarcado-, evidencia adecuadamente el compromiso directo de garantías constitucionales que impone su abordaje en esta instancia, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que, al respecto, trajo a colación (CSJN causa "Maldonado", en sentido contrario a lo resuelto en causas P. 126.664, sent. de 5-IV-2017; P. 133.974, sent. de 23-XII-2021; P. 135.352, sent. de 24-X-2022; entre tantos otros).
III.2. Como ya se dijo, el impugnante plantea la nulidad del acto sentencial por haberse omitido realizar la audiencia previa de conocimiento de los jueces revisores con el joven.
En el análisis de la actividad procesal defectuosa -siguiendo a Alberto Binder- debe partirse de la idea básica de que las formas procesales tienen, dentro de un sistema de garantías, la función de asegurar el cumplimiento de un principio determinado o un conjunto de ellos (Binder, Alberto; " El incumplimiento de las formas procesales ", Buenos Aires, Ad Hoc, 2009).
Es por ello por lo que no debe olvidarse que las formas procesales tienen como objetivo resguardar derechos y garantías de las partes. De manera que, en materia de nulidades, como paso previo, debe tenerse siempre presente cuál sería -dado el contexto del caso- la garantía o derecho que la formalidad incumplida (en este supuesto, la audiencia de conocimiento del imputado, art. 60, ley 13.634) intenta proteger, y de qué modo la inobservancia de aquella formalidad perjudicó derechos o garantías del interesado (en lo pertinente, mi voto en causa P. 126.926, sent. de 13-IX-2017).
Pues bien, con ese objetivo, podemos advertir que la actividad procesal que se denunció omitida, encuentra su razón de ser en el art. 12 inc. 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto establece, en lo pertinente que, se dará al niño oportunidad de ser escuchado, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado .
Esta última expresión de la Convención se ha materializado en el derecho interno de la Provincia de Buenos Aires -y en lo que aquí interesa- a través de la disposición del art. 60 de la ley 13.634 que establece que "... la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal deberá tomar contacto directo y personal con el niño, bajo pena de nulidad. Podrá asimismo oír a las partes para completar su información acerca de las circunstancias del caso".
Vale decir que el legislador, de modo imperativo estableció que debe llevarse a cabo un contacto directo y personal del tribunal revisor, disponiendo expresamente su nulidad en caso de inobservancia.
O sea que el derecho convencional del niño a ser oído, toma cuerpo y se concreta a través de ese acto procesal. Resta verificar si el quebrantamiento de ese acto ha sido inocuo o, por el contrario, afectó el derecho para el cual fue regulado.
Y efectivamente, la defensa ilustró sobre la concreción del perjuicio al indicar que la voluntad del joven era la de tomar contacto con los jueces revisores (v. impugnación punto III parte final y acta en formato digital de fecha 9 de mayo de 2022).
En conclusión: hubo un quebrantamiento de la forma y también del principio.
III.3. Ya esta Corte en diversos precedentes, frente a un régimen legal diverso -el del Código de Procedimiento Penal según ley 3.589 y sus modificatorias y el del decreto ley 10.067-, abordó una cuestión similar.
Así, en la causa P. 106.884 (sent. de 10-III-2010), se concluyó que correspondía anular el fallo que se dictara sin haber sido escuchado el menor.
Esta jurisprudencia, si bien se refería al art. 8 del Código de Procedimiento Penal anterior al actualmente vigente, también estipulaba la nulidad frente a la omisión de la celebración de una audiencia con los acusados detenidos, previa a la sentencia. Además, se indicó que se trataba de un precepto aplicable a las causas de transición del fuero de menores.
También se señaló que una disposición similar se hallaba contemplada en el art. 50 del decreto ley 10.067 que imponía a las cámaras de apelación, en ocasión de entender en su competencia revisora, la obligación de tomar conocimiento personal y directo del menor, bajo pena de nulidad.
En sintonía con ello, este Cuerpo -con anterior integración- desarrolló el alcance de dicha exigencia normativa, decidiendo que el conocimiento personal requerido por la ley no quedaba librado al arbitrio del menor en tanto ni él ni el juez que ejercía el Patronato podían resignarlo, de modo que la nulidad del art. 50 del decreto ley 10.067 resultaba de orden público (causa P. 39.560, sent. de 12-IX-1989, publ. en "Acuerdos y Sentencias", 1989-III-371).
Mediante esa doctrina legal se descalificó y anuló la sentencia que aplicaba pena al menor violando el art. 50 del decreto ley 10.067 ("El citado precepto legal contenía una clara medida de protección. En virtud de la trascendencia que cabe asignarle a la decisión que resuelve sobre el destino del menor, se exige que el juzgador lo conozca, sin importar cuáles fueran las circunstancias que demandaron la intervención judicial, ni importa tampoco la edad; ya que la ley no distingue".[] "Por ello es que se extiende a la segunda instancia de modo expreso esta exigencia").
En la causa Ac. 71.380 (sent. de 24-X-2001), ya se señalaba -en cuanto al sistema que se aplica al presente proceso- que: "...la ley del fuero penal del niño mantiene la misma exigencia en tanto establece que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal deberá tomar contacto directo y personal con el niño, bajo pena de nulidad (art. 60 de la ley 13.634)", para concluir que "...bajo distintos regímenes legales, la alzada se hallaba y se halla obligada a celebrar la audiencia aludida".
Por lo demás, la necesidad del contacto con el joven ha sido motivo de pronunciamiento en diversas oportunidades, con relación a distintos litigios, entre los cuales pueden citarse los siguientes: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafos 99/102 y caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile , sentencia de 24-02-2012, párrafos 196/208 -este último, en un proceso de tuición-; Corte Suprema de Justicia de la Nación causas "Marteau" (sent. de 17-III-2009) y "Maldonado" (sent. de 7-XII-2005) -con el objeto de la determinación de la pena-.
IV. En conclusión, sin constancia de que los magistrados de casación hayan tomado conocimiento personal de A. S. en la fase recursiva (en contradicción con el art. 60 de la ley 13.634, en función del art. 12.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño), se verifica la actividad procesal defectuosa y que ésta -en virtud del interés del joven puesto de manifiesto por su defensor- no ha sido inocua, sino que, por el contrario, afectó su derecho a ser oído.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al reclamo deducido, anular la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal de Alzada para que se dicte un nuevo pronunciamiento previo dar cumplimiento a la diligencia omitida (arts. 60, ley 13.634 y 496, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la colega ponente.
Tal como esta Corte lo expuso al votar la causa P. 119.841 (y su acum. P. 119.842), sentencia de 1-IV-2015 -y lo ha reiterado más recientemente al expedirse en el expediente P. 134.586, sentencia de 13-IV-2022-, la ausencia de constancia de que los magistrados del Tribunal de Alzada hayan tomado conocimiento personal con el joven imputado en la fase recursiva (en contradicción con el art. 60 de la ley 13.634, en función del art. 12.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño), importa su nulidad, tal como está expresamente establecido en el régimen de aplicación.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al reclamo deducido, anular la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal de Alzada para que se dicte un nuevo pronunciamiento previo dar cumplimiento a la diligencia omitida (arts. 60, ley 13.634 y 496, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto emitido por la doctora Kogan, con las consideraciones adicionales que surgen del sufragio concordante vertido por el doctor Soria, a tenor de los fundamentos allí expuestos.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Coincido con la solución que propicia la doctora Hilda Kogan.
Como ya ha sido señalado, el impugnante plantea la nulidad del acto sentencial por haberse omitido realizar la audiencia previa de conocimiento de los jueces revisores con el joven.
En oportunidad de expedirme en la causa P. 134.586 (sent. de 13-IV-2022), expliqué que el procedimiento regulado para el recurso de apelación del régimen penal juvenil prevé bajo sanción de nulidad el contacto "directo y personal con el niño" por parte de los magistrados del órgano revisor, oportunidad en la cual se podrá "...asimismo oír a las partes para completar su información acerca de las circunstancias del caso" (art. 60, ley 13.634).
Ahora bien, del examen del trámite del expediente no surge constancia de que los jueces revisores que resolvieron el caso hubieran tomado contacto personal con el joven imputado, pero además se advierte que la defensa ilustró sobre la concreción de un perjuicio concreto al indicar que la voluntad de su defendido era que ello suceda (v. impugnación punto III parte final y acta en formato digital de fecha 9 de mayo de 2022).
Todo ello acarreó un patente menoscabo del derecho del joven imputable a ser oído por el tribunal que finalmente revisó el fallo de condena, aparejándose ante tales particularidades una afectación de la garantía de defensa en juicio y del doble conforme de tal entidad que impone, en el caso, anular la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal de Alzada para que se dicte un nuevo pronunciamiento previo dar cumplimiento a la diligencia omitida (arts. 60, ley 13.634; 40.2.b.iii., CDN; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH y 496, CPP; conf. causa P. 134.586, cit.).
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al reclamo deducido, se anula la sentencia recurrida y se remiten los autos al Tribunal de Alzada para que se dicte un nuevo pronunciamiento previo dar cumplimiento a la diligencia omitida (arts. 60, ley 13.634 y 496, CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/04/2024 14:15:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/04/2024 20:38:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:11:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 20:00:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:24:33 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 09:03:03 hs. bajo el número RS-44-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia