Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138159
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.159, "Rodríguez, Brian Víctor s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.183 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a Brian Víctor Rodríguez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio calificado por haberse producido criminis causae, en concurso real entre sí (según documentos digitalizados en el sistema Augusta).
A su turno, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 25 de marzo de 2022, rechazó el recurso de la especialidad.
Frente a dicha decisión, el señor defensor adjunto ante aquel Tribunal -doctor José María Hernández- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el tribunal intermedio, mediante resolución del día 29 de diciembre de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 4 de septiembre de 2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, por entender que se convalidó la aplicación de la figura del homicidio criminis causae sin haberse logrado demostrar que el homicidio del oficial Valenzuela hubiera sido para "facilitar" el robo del arma.
Tras recordar la materialidad ilícita que el tribunal de la instancia tuvo por acreditada, el impugnante explicó que en el hecho juzgado se advertían dos decisiones totalmente diferenciadas entre sí: la primera, constituida por el robo del vehículo de Valenzuela, la que se frustró cuando uno de los sujetos comenzó a disparar a la víctima; y, la segunda, cuando, una vez rematado Valenzuela, el mismo sujeto que había efectuado todos los disparos decidió llevarse el arma del oficial, para luego huir con todos los participantes.
A partir de ello, destacó que quedaba claro que el objeto del robo con armas era el vehículo de Valenzuela, tal como lo tuvo acreditado el propio tribunal al considerar probado que, mientras los sujetos se acercaban a la víctima, le gritaban "...bajate del auto, dame el auto " ; y que la sustracción del arma al damnificado consistió en una decisión subsiguiente, una vez que el oficial ya había sido rematado en el suelo.
Por lo tanto, afirmó la falta de conexión final ("para facilitar") entre el homicidio y el robo del auto, dado que, como consecuencia del tiroteo, el desapoderamiento pretendido se frustró y el plan criminal no incluía matar al oficial.
Insistió con que el homicidio no fue ejecutado para asegurar los resultados del robo, ya que la sustracción no se consumó; y que el robo del arma fue una decisión adicional y subsiguiente que no permitía vincular ideológicamente ambos sucesos.
Finalmente, explicó que el Tribunal de Casación reprodujo las consideraciones del tribunal oral para vincular el homicidio con la facilitación del robo, pero que en realidad no pudo demostrar debidamente tal conexión subjetiva, motivo por el cual pretendió la aplicación del delito reprimido en el art. 165 del Código Penal.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III.1. El tribunal de grado tuvo por acreditado que "...el 12 de junio de 2019, alrededor de las 6.30hs AM, tres masculinos [entre ellos Rodríguez] descendieron del rodado marca Honda City dominio IVN-263 color negro, en la esquina de las calles Vertiz y O'Gorman en Lomas del Mirador, dirigiéndose hacia el vehículo Chevrolet Cruze dominio NFT-964 que estaba saliendo del domicilio de la calle O'Gorman 938 (de la localidad mencionada) con evidente propósito rapiñatorio. Fue así que al ver aproximarse a los malvivientes, quienes gritaban 'bajate del auto, dame el auto', su conductor; Oficial Primero Sergio Valenzuela (personal policial CABA), descendió del mismo, e, inmediatamente, se producen detonaciones de arma de fuego, cayendo al piso. Mientras tanto, los delincuentes que avanzaban y uno de ellos [Rodríguez] había comenzado a disparar hacia la humanidad de Valenzuela, llegaron hasta donde se encontraba este herido en el piso, y allí, parado sobre el herido, siempre el mismo sujeto de los tres le efectuó varios disparos, tomó su arma que se encontraba en el lugar, y se fueron los tres hacia el vehículo marca Honda City dominio IVN-263 con el que había llegado, huyendo todos juntos".
Tal suceso fue subsumido legalmente bajo los tipos penales de robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio calificado por haberse producido criminis causae, en concurso real.
III.2. En el recurso de casación, en lo que aquí importa, la defensa cuestionó la calificación legal escogida en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal y pidió en su lugar la aplicación del art. 165 del mencionado Código. Según su criterio, la prueba valorada era insuficiente para demostrar una resolución conjunta entre el robo pretendido y el homicidio.
III.3. En lo que aquí interesa, respecto al cambio de calificación legal pretendido por la defensa, el Tribunal de Casación Penal coincidió en que el homicidio se había realizado para "facilitar" el robo, y compartió las consideraciones del tribunal de juicio en cuanto a que "...el disparar mientras se aproximaban al vehículo donde estaba la víctima y continuar los disparos hacia su humanidad cuando ya se encontraba vencido y boca abajo tirando sobre la cinta asfáltica, lo fue para facilitar el apoderamiento ilegítimo del arma de fuego que llevaba consigo Sergio Valenzuela, fuera de todo riesgo que podría presuponer la utilización de la misma por el funcionario policial como medio de defensa [...] por todo ello, puedo afirmar que el ánimo de Rodríguez fue la modalidad prevista en el inciso 7 del art. 80 del CP., y desde allí, su conducta resulta unívoca y referente al tipo penal mencionado".
Apuntó que el encuadre jurídico escogido por el tribunal de origen se basó en una correcta apreciación de los hechos, a partir de la cual se advertían dos momentos diferenciados, pero a la vez vinculados conforme la exigencia del homicidio agravado analizado.
Añadió que "Al principio, Rodríguez y otros sujetos, todos de común acuerdo y conforme un plan común, según surge de sus propias acciones, corriendo se acercan y le gritan a Valenzuela que les entregara el auto. En ese momento, cuando la víctima intentó bajarse del auto, Rodríguez para facilitar la consumación del robo, efectuó numerosos disparos contra la víctima, con clara intención de matarlo, impactando al menos cuatro de los disparos en Valenzuela, a quien incluso le disparó cuando estaba tirado boca abajo en el piso, momento en que Rodríguez sustrae el arma reglamentaria de Valenzuela, huyendo con [los] elementos sustraídos junto a los coautores del suceso".
Refirió que era claro que los disparos efectuados contra Valenzuela tenían por objeto facilitar y consumar el robo y, con ello, asegurar su resultado y permitir huir del lugar, como efectivamente sucedió en el caso.
Explicó que el subjetivismo requerido en la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal se refiere a finalidades externas al homicidio, para cuya obtención este se representa como un medio; así el tipo requiere que el homicidio haya sido cometido "...para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o asegurar sus resultados o procurar la impunidad" e indicó que tales extremos venían debidamente acreditados en el fallo impugnado.
Asimismo, ponderó que el dolo homicida surgía de la propia conducta de Rodríguez, pues utilizó un arma de fuego y efectuó numerosos disparos, algunos incluso desde arriba cuando la víctima ya estaba tirada en el piso.
De otro lado, expresó que "...la agravante contenida en el art. 80 inc. 7 del C.P. solo exige que en el ánimo del autor(es), en el momento del hecho, el fin delictuoso actúe como motivo específicamente determinante del homicidio, sin que se requiera premeditación sino sólo decisión, extremos sobradamente acreditados en el caso".
En definitiva, tuvo por acabadamente acreditada la ultrafinalidad en la comisión del homicidio que exige el citado art. 80 inc. 7, sin advertir que la fundamentación del tribunal oral revistiera algún vicio de arbitrariedad ni quiebre lógico; y concluyó que las alegaciones de la defensa constituían meras divergencias subjetivas sobre la valoración de los elementos de prueba recabados.
Por todo ello, desplazó por inatendible la pretensión de recalificar el hecho en los términos del art. 165 del Código Penal.
IV. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7, ya que, más allá de que el reclamo se enunció como de errónea aplicación de la ley sustantiva, el recurrente, en rigor, pretende una reinterpretación de los hechos y de los elementos probatorios a partir de los cuales se convalidó la calificación legal, y ello se encuentra por fuera del marco propio de conocimiento de esta Corte (art. 494, CPP y su doctr.).
Por consiguiente, la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva resulta infundada, ya que la parte, mediante consideraciones particulares y desatendidas de las argumentaciones del tribunal revisor, no replicó adecuadamente las conclusiones del juzgador anteriormente reseñadas (doctr. art. 495, CPP).
Por demás, la interpretación jurídica que se ha otorgado a los hechos que aquí arriban firmes se condice con la doctrina de esta Corte que sostiene que para la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 131.546, sent. de 6-XI-2019; P. 131.772, sent. de 20-XI-2019; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; P. 134.008, sent. de 7-V-2021; e.o.) y que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; P. 135.059, sent. de 4-IV-2022; P. 134.660, sent. de 3-XI-2022; P. 134.461, sent. de 16-III-2023; P. 135.376, sent. de 11-IV-2023; e.o.).
En efecto, el modo de actuar descripto en la materialidad del hecho es congruente con la concurrencia de al menos una de las finalidades previstas por la figura en cuestión y tenidas por debidamente probadas en las instancias previas, esto es, la de facilitar la consumación del delito contra la propiedad, a la que refirió el fallo del Tribunal de Casación.
Por lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de la defensa y mantener la significación jurídica del hecho en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal conforme fuera establecida en la instancia previa, en tanto el requisito típico quedó debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover eficazmente los argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
Por lo expuesto, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 18:49:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 09:00:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:53:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:18:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:22:28 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 13:38:20 hs. bajo el número RS-67-2024 por SP-GUADO CINTIA.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.