Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138243
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.243, "E., R. O. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 117.382 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante pronunciamiento del día 13 de octubre de 2022, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca que había condenado a R. O. E. a la pena de treinta y seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de dieciocho años de edad y por ser el autor encargado de la guarda de la víctima, así como en dos de los hechos de acceso carnal vía vaginal, por haber ocasionado a la víctima un grave daño a su salud en función del estado de gravidez que debió afrontar en dos momentos diferentes.
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el órgano recurrido mediante resolución de fecha 2 de febrero de 2023.
Oído el señor Procurador General, mediante dictamen digital de fecha 4 de septiembre de 2023, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa se agravió por entender que la sentencia impugnada había realizado una construcción arbitraria del monto de pena impuesto a R. O. E..
Ello así pues el pronunciamiento en crisis descartó la falta de proporcionalidad de la pena impuesta a E. con relación al fin resocializador que ella debe perseguir (arts. 18, Const. nac.; 5.6., CADH y 10.3., PIDCP) y negó que dicha sanción constituyera un trato cruel, inhumano y degradante a la luz de la expectativa de vida del imputado, con supresión de toda posibilidad de elaborar y ejecutar un plan vital (arts. 5.2., CADH y 7, PIDCP).
Adujo que la pena impuesta a E. fue definida como temporal, pero materialmente era perpetua, dado que el nombrado tenía cincuenta y tres años al momento de su detención y, al fijársele una pena de treinta y seis años, debería vivir hasta los noventa años para agotarla, y más de setenta y seis años para alcanzar la mera posibilidad de que se evalúe su externación penitenciaria, sujetándolo a otras condiciones restrictivas de su libertad.
En tales condiciones, insistió con que la sanción impuesta, por un lado, era desproporcionada con la finalidad resocializadora que el Estado está obligado a darle; y, por otro, que constituía una pena cruel, inhumana y degradante por no permitirle el retorno a la vida libre.
Criticó la decisión atacada por contrariar el principio de proporcionalidad de las penas (arts. 1 y 18 in fine , Const. nac.), en tanto -según su criterio- se desentendió del fin constitucional que las penas privativas de la libertad están destinadas a cumplir conforme lo impuesto por el marco jurídico internacional.
Asimismo, estimó que la Casación había omitido cualquier consideración al planteo de esa parte referido a que la pena impuesta a E. constituía un trato cruel, inhumano o degradante (arts. 18, Const. nac.; 5.2., CADH y 7, PIDCP), lo cual implicó una revisión meramente aparente de la condena que no reflejaba los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Casal" y la consiguiente violación de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
II. El dictamen de la Procuración General aconsejó el rechazo del agravio esgrimido por la defensa.
III. El recurso no prospera.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca condenó a R. O. E. a la pena de treinta y seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de dieciocho años de edad y por ser el autor encargado de la guarda de la víctima, así como en dos de los hechos de acceso carnal vía vaginal, por haber ocasionado a la víctima un grave daño a su salud en función del estado de gravidez que debió afrontar en dos momentos diferentes.
III.2. Contra esa decisión, la defensa oficial de E. articuló recurso de casación. Allí, en lo que aquí interesa, denunció la desproporcionalidad de la pena (arts. 18, Const. nac.; 7 y 10.2., PIDCP; 5.2. y 5.6., CADH) y la arbitraria valoración de los montos máximos de penas previstos en nuestro ordenamiento legal (ley 26.200 en consonancia con el Estatuto de Roma).
Inicialmente, puntualizó que la de treinta y seis años de prisión aplicada al imputado era desproporcionada, arbitraria, irrazonable e injustificada, dado que, para establecer un monto de pena, antes, correspondía saber y establecer los montos máximos que prevé nuestro ordenamiento penal.
Sostuvo que, por la edad del imputado, nacido en el año 1967, la imposición de una pena de treinta y seis años no era más que una condena a morir en la cárcel; y ello implicaba una pena cruel, inhumana y degradante a la vez que incumplía con el mandato de resocialización.
Por otro lado, adujo que la impuesta superaba la sanción temporal prevista por la ley 26.200 para delitos obviamente superiores en injusto al aquí juzgado; y que el tribunal de origen había omitido explicar los fundamentos de lo así decidido.
En definitiva, haciendo hincapié en la ley 26.200, alegó que la pena por los delitos por los que su asistido venía condenado no podría superar los veinticinco años de prisión.
III.3. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 13 de octubre de 2022, rechazó el recurso de la defensa.
Para así decidir, en lo que aquí importa, señaló que la pena impuesta a E. se encontraba dentro de los márgenes de la escala penal aplicable al caso y se sustentaba en la consideración de una circunstancia atenuante (ausencia de condenas) y diversas circunstancias agravantes (extensión del daño causado, extrema violencia y la diferencia de edad entre víctima y victimario), todo lo cual se hallaba dentro de las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal. También resaltó que el tribunal oral había explicado que el monto escogido se motivaba en la multiplicidad de hechos demostrados, que se extendieron por un lapso muy prolongado (siete años) y con una frecuencia casi diaria.
Añadió que los topes mínimos y máximos son vinculantes para el juzgador, y que no puede excederse de ese límite; concluyendo que, cuando se respeta ese tope legal establecido por el legislador penal, la pena dictada resulta legal, y ello era justamente lo que había ocurrido en el caso.
Asimismo, destacó que "...el recurrente opuso interpretaciones dogmáticas y personales, que no alcanzan a conmover la hermenéutica escogida por el Tribunal, la que tiene recepción en el texto expreso de la ley, en cuanto conforme la ley 25.928 (vigente desde el 10-IX-2004) se fijó en cincuenta años de reclusión o prisión el límite máximo para delitos reprimidos con la misma especie de pena, en los supuestos de concurso real".
Y precisó que "...las especulaciones que formula la parte en orden a la penalidad prevista en el Estatuto de Roma para los delitos allí previsto[s], que bajo su particular óptica sería trasladable como tope máximo a la sanción como consecuencia de la aplicación de las reglas concursales que no podría superar entonces los 25 años de prisión, no rebasan la categoría de simples apreciaciones personales, en tanto la implementación del Estatuto de Roma no implica una obligación de adecuación de la legislación penal interna a los efectos del juzgamiento de los delitos comunes. Por ello, cualquier comparación que se traiga no tiene consecuencias prácticas inexorables sobre la sanción que disponga el legislador para esta clase de delitos. Ello, amén de soslayarse también en la impugnación lo normado en el art. 12 de la ley 26.200, en cuanto establece que 'La pena aplicable a los delitos previstos en los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley, en ningún caso podrá ser inferior a la que le pudiera corresponder si fuera condenado por las normas dispuestas en el Código Penal de la Nación' , con lo cual también desde esta arista el planteo es improcedente".
En rigor, destacó que los planteos sobre la afectación de los criterios de proporcionalidad o razonabilidad constituían un mero disenso con la cuantía de la sanción impuesta, sin lograr evidenciar que se hubiera incurrido en transgresión legal alguna al establecerse la pena correspondiente a E.; y que la parte tampoco pudo demostrar que tal sanción no guardara racional vinculación con la gravedad de los ilícitos juzgados.
Finalmente, descartó la tesis de que la sanción impuesta al acusado "...comprometería toda su vida y atentaría contra un horizonte de reinserción social...", por entender que no era un argumento suficiente para demostrar una violación legal del tribunal al fijar la pena y, tal como lo había indicado la instancia, porque el planteo era prematuro al no revestir actualidad, en tanto el eventual perjuicio del imputado recién se produciría -a todo evento- cuando se deba analizar la procedencia de institutos que procuren obtener la libertad.
IV.1. Frente a lo decidido por el órgano revisor, los planteos formulados por el recurrente se muestran insuficientes para rebatir eficazmente el desarrollo argumentativo efectuado (art. 495, CPP).
Las críticas referidas a la falta de proporcionalidad de la pena con relación a su fin resocializador no evidencian una contradicción con normas de rango superior. Tal como lo señala el señor Procurador General en su dictamen, tales planteos -en esencia- son una reedición del agravio que portara el recurso de casación, lo cual devela una técnica recursiva ineficaz, dado que no se hace cargo ni refuta la base motivacional de la decisión impugnada (conf. causas P. 119.795, sent. de 2-XII-2015; P. 127.180, sent. de 15-VIII-2018; P. 135.658, sent. de 6-IX-2023; e.o.).
En efecto, la Casación explicó que la sanción estaba dentro de la escala penal aplicable al caso y que su monto se había justificado a partir de las pautas agravantes y atenuantes ponderadas en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, así como también en la multiplicidad de los hechos perpetrados, su extensión temporal y su frecuencia.
Sin embargo, la parte recurrente, en lugar de rebatir tales aseveraciones, insistió con análogos argumentos a los llevados ante la instancia intermedia; de modo que sus cuestionamientos no expresan más que un criterio discrepante, sin lograr demostrar la concurrencia de arbitrariedad en lo así decidido ni la violación de las normas que denuncia como transgredidas (doctr. art. 495, CPP).
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), circunstancia que no se advierte en el caso de autos.
Por lo demás, cabe agregar que esta Corte tiene dicho que la única restricción a la cual debe su apego el órgano jurisdiccional se encuentra, además de su fundamentación y razonabilidad (art. 1, Const. nac.), en la escala impuesta por el Código de la materia, sea para cada tipo penal en particular o la que resulte de lo normado por los arts. 54 y 55 del mismo ordenamiento (conf. causas P. 98.529, sent. de 15-VII-2009; P. 127.403, sent. de 28-XII-2016; P. 133.719, sent. de 21-II-2022; e.o.); tal como ha acontecido en este caso.
Y, puntualmente en lo que respecta al planteo vinculado con el cercenamiento de las posibilidades de resocialización del imputado por habérsele impuesto una pena cruel, inhumana y degradante que no le permite el retorno a la vida libre, cabe destacar -tal como lo hizo el órgano intermedio- que tales críticas no se asientan en la existencia de un perjuicio actual, porque recién cobrarían actualidad los reclamos postulados ante una eventual denegatoria del acceso a algunos de los regímenes del período de prueba -de corresponder- o derechamente a su libertad.
IV.2. Por otra parte, la crítica sobre la alegada revisión meramente aparente de la condena por parte del órgano intermedio tampoco procede.
En efecto, a partir de lo reseñado en los puntos III.2. y III.3. de la presente, surge con claridad que el Tribunal de Casación Penal abordó los agravios de la defensa vinculados con la pena impuesta y los descartó, brindando las razones para decidir de ese modo.
Bajo esa premisa, considero que en el caso agotó su capacidad revisora y su labor estuvo ajustada a las pautas establecidas por la Corte federal en el precedente "Casal", sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En rigor, el recurrente se desentiende de los argumentos brindados, expresando -como antes se dijo- su opinión particular y opuesta a lo decidido, mecanismo inidóneo para evidenciar la violación a las garantías constitucionales invocadas (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 18:49:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 09:00:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:53:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:18:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:22:28 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 13:39:23 hs. bajo el número RS-68-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia