Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138257
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.257, "M., J. J.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.113 del Tribunal de Casación, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata condenó, mediante sentencia de 16 de marzo de 2022, a J. J. M. a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por haber sido cometido por un ascendiente y en circunstancias que este detentaba el ejercicio de la guarda de la víctima en los términos de los arts. 119 segundo y cuarto párrafo inc. "b", 55 del Código Penal (dos hechos) -hecho I- y abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por haber sido cometido por un ascendiente y en circunstancias que este detentaba el ejercicio de la guarda de la víctima en los términos de los arts. 119 segundo y cuarto párrafo inc. "b", 55 del Código Penal (dos hechos) -hecho II-, ambos en concurso real.
Contra ese pronunciamiento, la defensa oficial de M. presentó recurso de casación.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de octubre de 2022, lo rechazó por improcedente.
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado parcialmente admisible por la Sala recurrida, solo en relación a los agravios referidos a la errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 55 del Código Penal (v. resol. de 2-II-2023) y contra la parcela de la decisión denegada la parte no presentó queja (v. informe de 27-III-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal por la señora defensora adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal doctora Ana Julia Biasotti y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Teniendo en consideración el alcance con que fue admitida la impugnación, y sin que contra ello se hubiese deducido queja, solo se reseñarán los agravios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fueron concedidos (v. resol. digital de 2-II-2023).
I.2. En dicho marco la defensa denuncia, en primer lugar, errónea aplicación del art. 55 del Código Penal.
Asevera que el suceso probado respecto de cada una de las víctimas (hechos I y II) resulta ser una sucesión de hechos indeterminados dentro de los cuales pudieron individualizarse dos en relación a cada víctima, por lo cual cada uno de ellos constituye un delito continuado.
Expone que de la plataforma fáctica imputada surge la presencia de un delito continuado dentro de cada hecho -y no de un concurso real-, toda vez que se dan los requisitos para ser tenido como tal: la presencia de un dolo unitario, la repetición en la afectación típica de un mismo bien jurídico, la afectación a ese bien jurídico en forma similar y la identidad física del titular del bien jurídico afectado.
Como segundo motivo de agravio, plantea la infracción a los arts. 40 y 41 del Código Penal y a la doctrina legal de esta Suprema Corte en causa P. 110.833 (sent. de 4-V-2011), al desconsiderarse como pauta atenuante de la pena a una circunstancia sobreviniente a los hechos, esto es, la excesiva duración del proceso.
Manifiesta en tal sentido que, al momento de interposición del recurso extraordinario en trato ya habían transcurrido seis años desde el inicio del proceso con la detención de M., siendo que no realizó ninguna maniobra dilatoria, haciendo mero uso de su derecho a recurrir el fallo.
Entiende que esta excesiva duración provoca en el imputado un plus de sufrimiento, prolongando su estado de incertidumbre y afectando a su dignidad.
Como consecuencia de las denuncias expuestas, solicita se case el fallo impugnado y se disminuya la pena impuesta.
II. El señor Procurador propició el rechazo de los planteos. Coincido con su dictamen.
III.1. Está acreditado que "Hecho I: desde una fecha no determinada y hasta el 04 de septiembre de 2016, en el interior del domicilio de calle … nro. … entre … y … de La Plata, un sujeto de sexo masculino -abuelo de la víctima- en reiteradas oportunidades -al menos dos- y aprovechándose de ejercer la guarda de la menor M. M. abusó sexualmente de ella mediante tocamientos inverecundos y penetración digital vía vaginal y anal. Hecho II: en fecha indeterminada, pero entre los años 2011 y 2015, en el domicilio de calle … nro. … entre … y … de la Plata, un sujeto de sexo masculino, en reiteradas oportunidades -al menos dos- y aprovechándose de la situación de ejercer la guarda de la menor V. M. abusó sexualmente de ella mediante tocamientos inverecundos y penetración digital vía vaginal y anal" .
El sentenciante de juicio encontró a J. J. M. autor responsable de los hechos que calificó como abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por haber sido cometido por un ascendiente y en circunstancias que este detentaba el ejercicio de la guarda de la víctima en los términos de los arts. 119 segundo y cuarto párrafo inc. "b", 55 (dos hechos) -hecho I- y abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por haber sido cometido por un ascendiente y en circunstancias que este detentaba el ejercicio de la guarda de la víctima en los términos de los arts. 119 segundo y cuarto párrafo inc. "b", 55 (dos hechos) -hecho II-, ambos en concurso real y lo condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas (v. sent. digital de 16-III-2022).
III.2. En el recurso de casación la defensa de M., en lo que aquí interesa, planteó la nulidad de la sentencia indicando que el Tribunal había dictado un fallo arbitrario al fijar los hechos con indeterminación. Sostuvo que el tribunal había condenado a su asistido en orden a dos hechos de abuso con cita del art. 55 del Código Penal, pero que del fallo en crisis no se desprendía cuáles serían aquellos sucesos independientes. Denunció la arbitraria aplicación del art. 55 del Código Penal, para sostener la existencia de un delito continuado en la inteligencia de que los dos hechos concurrentes que se le atribuyen a M. en perjuicio de cada una de las víctimas resultan dependientes entre sí. En tal sentido consideró que se encontraba presente no solo la unidad de designio o resolución criminal sino además en el plano objetivo se verifica la unidad de lesión jurídica, es decir similar afectación del mismo bien jurídico tutelado. También cuestionó el proceso de determinación de la pena en tanto se descartó como circunstancia atenuante la extensa duración del proceso.
III.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal coincidió con su antecesor y rechazó el recurso.
III.3.a. Para descartar el agravio relativo a que debió calificarse el suceso como delito continuado, el juez ponente, doctor Mancini (a quien adhirió su colega la jueza Budiño) luego de reseñar la materialidad ilícita que se tuvo por acreditada, adujo que la exteriorización material de los hechos, alude indiscutiblemente a una pluralidad de agresiones sexuales sufridas por cada una de las víctimas.
Agregó que, al considerar la dimensión numérica de dicha pluralidad, el tribunal de grado "...válidamente termina consagrando un número determinado -al menos dos-, para cada caso. De modo que, más allá de la indeterminación relativa que pudo existir con relación al número preciso de las agresiones sexuales que padecieron las niñas, todo ello , [...] debido [...] a las características de los hechos que se estaban juzgando -tales como su continuidad en el tiempo, la relación de parentesco, la habitualidad, entre otras-, las que dejan evidencia la dificultad de establecer con precisión absoluta el número de hechos consumados con relación a cada una de las niñas, [...] frente a la indiscutible pluralidad de episodios, es correcto el fallo, en cuanto fija los hechos indeterminados en lo que se ha dado en llamar, la pluralidad mínima (dos hechos), tal como en casos similares viene resolviendo desde antaño la jurisprudencia" .
Afirmó que las reglas del concurso real -art. 55 del Código Penal -, habían sido correctamente aplicadas y que en el fallo se describieron dos hechos (tratándose de dos víctimas diferentes agredidas en distintos tiempos), verificándose también de ese modo, los recaudos legales del concurso material.
A fin de descartar la presencia de un delito continuado destacó que la parte no demostró la pretendida dependencia alegada con relación a los diversos sucesos de abuso sexual padecidos por las víctimas.
Aseguró que no existió identidad de víctimas ni idénticas circunstancias de tiempo y lugar de los hechos, desde que los abusos no ocurrieron en fechas totalmente coincidentes, así como fueron cometidos en diversas ocasiones y con distintos modus operandi (incluyendo tocamientos con la mano en los genitales de las niñas, introducción de los dedos en la zona de la vagina y ano, arrime de los genitales, entre otros).
Coincidió con los decisores de mérito en que tampoco vino acreditada una unidad de designio en los distintos sucesos; y encontró dirimente el hecho de que el acusado en cada una de esas ocasiones renovó su voluntad concreta de manera independiente a los demás.
Destacó que en cada oportunidad el autor agotó su concreto designio abusivo, la maniobra delictual, renovando su vocación abusiva en los diversos episodios, lo cual hace inatendible la petición de que se computen las diversas acciones como un único delito continuado.
III.3.b. De otro lado, en orden a la atenuante reclamada por la defensa consideró que la extensión temporal del proceso, en tanto circunstancia posterior a los hechos, no servía -en el caso concreto- para aportar una posición diminuente.
Indicó que la demora judicial no imputable al encartado era una circunstancia ajena a la previsión normativa del art. 41 del Código Penal, y desestimó la queja sobre el monto de la sanción por la insuficiencia en la argumentación defensiva, la que reprochó que se limitó a afirmar que la sanción resultó "excesiva" o "desproporcionada", sin ningún argumento encaminado a evidenciar que se hubiese incurrido en alguna incorrección legal, luego de la debida ponderación de las pautas atenuantes y agravantes que el tribunal entendió concurrentes en el caso.
IV. Frente a lo decidido -con relación al primer agravio-, las argumentaciones expuestas no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el tribunal recurrido desestimó los planteos formulados, pues en rigor solo trasuntan una mera opinión discrepante a la del sentenciante que no logra evidenciar las vulneraciones legales denunciadas (art. 495, CPP).
Luego, la interpretación del delito continuado efectuada por el sentenciante, coincide con la que ha venido realizando esta Corte desde hace mucho tiempo (pues recordemos que en nuestro ordenamiento no se encuentra consagrado expresamente, sino que su aplicación proviene de la doctrina y la jurisprudencia).
En anteriores ocasiones he traído un antiguo voto del doctor Fernández (a quien adhirieran Bustos, Quijano y Rozas) en el que, a fin de rechazar un planteo de la defensa que propugnaba la continuidad delictiva para varios hechos de hurto de ganado de un mismo campo, se sostuvo que "...los elementos integrantes de[l delito continuado] lo constituyen la unidad de resolución, la pluralidad de acciones y la unidad de lesión jurídica (ver Soler, t. II, pág. 346)" (conf. causa Ac. 304, "Andicochea, Leonardo; Cejas, Donato y otros. Hurto de ganado mayor reiterado, en General Lamadrid", sent. de 26-XI-1957, publicada en "Acuerdos y Sentencias" 1957-VI, págs. 109/116).
Esta postura se condice con la proveniente de la doctrina italiana que exigía que, para la configuración del delito continuado, el autor, en el aspecto subjetivo, debía contar con lo que Carrara llamaba "resolución criminal única" (conf. Carrara, Francesco; Programa del Curso de Derecho Criminal , Parte General, Tomo I, traducción de Octavio Béeche Argüello y Alberto Gallegos Pacheco, 1ra. Edición, San José, Jurídica Continental, 2000, pág. 292); posicionamiento confirmado en varios otros precedentes en los que esta Corte -incluso con otra integración- estableció como doctrina legal que "...para que haya delito continuado es necesario que haya unidad de resolución o de designio. En consecuencia, no procede esa calificación cuando se juzga una pluralidad de acciones y de designios independientes" (conf. causas Ac. 6.133, "Ferreyra, Rubén Saúl. Estafas reiteradas", sent. de 16-VII-1963, magistrados votantes: Nápoli-Quijano-Martocci-Acuña Anzorena, publicada en "Acuerdos y Sentencias" 1963-II, págs. 359/362 y Ac. 7.416, "Tau, José Azziz. Estafas reiteradas", sent. de 11-V-1965, magistrados votantes: Martocci-Nápoli-González Bergez-Acuña Anzorena, publicada en "Acuerdos y Sentencias" 1965-I, págs. 1.006/1.009).
En ese sentido, ya en otras oportunidades he señalado que "...ante la falta de consagración legal expresa del supuesto de delito continuado, debe exigirse a la jurisdicción la mayor meticulosidad posible en la justificación de su aplicación, puesto que no existe total consenso de la doctrina y la jurisprudencia respecto a qué hipótesis delictivas se extiende, como así tampoco cuáles son los requisitos de mínima y de máxima que se exigen para afirmar su concurrencia" (mi voto en causas P. 121.641, sent. de 31-VIII-2016 y P. 132.113, sent. de 30-VII-2020).
Por ello, aun cuando el recurrente enumere ciertos requisitos que -entiende- presentes en el caso, no se logra revertir la conclusión de que en el supuesto en análisis los abusos se han perpetrado con discontinuidad temporal entre ellos y que cada uno de los ataques a la integridad sexual "...constituyeron infracciones independientes que se agotaron en sí mismas" (art. 495, CPP).
A lo expuesto debo agregar un dato más. La pretendida aplicación de la continuidad delictiva en los casos de los delitos contra la integridad sexual, ha obtenido reparos de peso en el derecho comparado.
Ya en su momento Edmund Mezger, tomando como ejemplo un caso de abuso, sostenía que la exigencia a nivel subjetivo "...ha sido criticada con razón, porque es absurdo otorgar el privilegio de la continuación y, por consiguiente, de un solo hecho, a quien ha concebido desde un principio el 'dolo total' y se aprovecha cada vez de nuevo de la misma oportunidad para su acción punible (por ejemplo, abusar siempre de nuevo del mismo niño, 176, n°. 3), y pone de manifiesto, así, una voluntad delictiva especialmente intensa, en contraposición con el que cede reiteradamente a la tentación que se le presenta" (Mezger, Edmund; Derecho Penal. Parte General , traducción de Conrado Finzi, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1958, págs. 342).
Efectivamente, el indicado Tribunal Supremo Federal Alemán frente a los supuestos de abuso sexual (StGB 173, 174 y 176) decretó no reconocer el delito continuado como unidad jurídica o típica de acción. Incluso, respecto a otros tipos penales, el BGH declaró que, para el tratamiento adecuado del desvalor total de estos supuestos, bastan las disposiciones concursales cuya adecuación debe examinarse caso a caso por los tribunales (conf. Posada Maya, Ricardo; ob. cit., pág. 461).
Donna concluye que, en definitiva, la del delito continuado se trata de una teoría antigua "...en el mal sentido de la palabra, dejada de lado por la doctrina y la jurisprudencia y aparece, especialmente en este tipo de delitos [en referencia a los delitos contra la integridad sexual] como una forma de simulación del dolo que dogmáticamente es inexplicable" (ob. cit.).
Es que incluso en España, aun cuando el Código Penal ibérico regula en forma expresa la unificación típica continuada, razones político criminales llevaron a establecer que su aplicación resulte facultativa en casos de infracciones contra el honor, la libertad e indemnidad sexuales, disponiendo así que "En estos casos se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva" (CPE, apdo. 3, art. 74, modif. por LO 15/2003).
En consecuencia, en virtud de las razones expuestas, debe rechazarse el intento por revertir la aplicación del enlace real regulado por nuestro ordenamiento de fondo (art. 55, Cód. Penal) a los hechos comprobados, pues no ha sido demostrada la errónea aplicación de ley sustantiva ni la violación de la doctrina legal referida a esta.
V. Finalmente, en lo que respecta a la demora judicial como pauta atenuante, se advierte que si bien el argumento dado inicialmente importó realizar una interpretación del art. 41 inc. 2 del Código Penal que se aparta del criterio sostenido de modo mayoritario por esta Corte sobre la posibilidad que ofrece la fórmula allí prevista de que circunstancias posteriores a la comisión del hecho repercutan menguando la pena en lo pertinente (conf. doctr. causas P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 110.833, sent. de 4-V-2011; P. 109.935, sent. de 11-V-2012; P. 113.790, sent. de 26-IX-2012; P. 90.759, sent. de 23-X-2013; P. 126.655, sent. de 9-VIII-2017; P. 126.473, sent. de 16-VIII-2017; entre otras más), lo cierto es que la doctrina que invoca la impugnante tiene por fin destacar que la excesiva demora en obtener una decisión firme puede ser considerada -en determinadas condiciones- una de las pautas atenuantes contempladas en el art. 41 del Código Penal (causa P. 110.833, sent. de 4-V-2011).
En tal sentido -y como lo afirma el señor Procurador en su dictamen- ello no pretende significar que dicha circunstancia temporal sea inexcusablemente y con prescindencia de toda otra consideración, una diminuente de la pena. Precisamente, como la pauta debe ingresar en el marco de las condiciones personales del sujeto, no es un elemento objetivo cuya sola presencia determine la atenuación de la pena. Quien recurre a la instancia extraordinaria para revisar este punto e invoca la doctrina citada, no puede limitarse a
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