Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138360
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.360, "Malheiro, Gabriel Luis Oscar s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 113.360 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a Gabriel Luis Oscar Malheiro a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de la dictada en la presente de prisión perpetua, accesorias legales y costas, al hallarlo autor de los delitos de homicidio agravado por la causa, robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento agravado, todos en concurso real y la de un mes de prisión de ejecución condicional y costas, impuesta en la causa n° 2.100/18, dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental, por el delito de robo simple en grado de tentativa, reiterado, y revocó la condicionalidad aludida.
Contra dicho pronunciamiento, la defensa oficial interpuso recurso de casación.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 4 de octubre de 2023, rechazó, por mayoría, el recurso homónimo presentado.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia intermedia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido parcialmente por el tribunal intermedio en orden a la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. resol. digital de 29-XII-2022). Contra la parcela de la decisión denegada, la parte presentó queja ante esta Suprema Corte, que fue desestimada (v. resol. digital de 27-VI-2023 en causa P.138.274-Q).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, sólo reseñaré los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fueron admitidos.
En ese marco, el recurrente denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva respecto del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 165 ambos del Código Penal.
Aseveró que el tribunal revisor incurrió en arbitrariedad fáctica al valorar la prueba que llevó al tribunal de mérito a encuadrar los sucesos en la figura penal atribuida.
Luego de repasar la materialidad ilícita, señaló que debió haber prevalecido el margen de duda, pues en su opinión, no se acreditó el elemento subjetivo del tipo.
Se disconformó con el argumento brindado por el tribunal intermedio por cuanto concluyó -a su entender, dogmáticamente- que el actuar de Malheiro era revelador de un dolo homicida vinculado subjetivamente con la sustracción de la mochila de la víctima, pero sin especificar a cuál de las finalidades subjetivas de la norma se refería.
En esta senda, explicó que el solitario testimonio de Gladys Ojeda, ante la falta de testigos presenciales del hecho, no permitía pregonar certeza para reconstruir el elemento subjetivo endilgado.
Básicamente, consideró que no se explicó de qué manera se construyó probatoriamente el elemento subjetivo del art. 80 inc. 7 mencionado, ciñéndose a sostener en su lugar, la existencia de un desapoderamiento y el deceso de la víctima, sin lograr conectar causal o ideológicamente ambos ilícitos de robo y homicidio, respectivamente.
Adunó a lo expuesto que análogo proceder se observó en punto al dolo de homicidio, que debe contener alguna de las ultrafinalidades contempladas en el art. 80 inc. 7 del Código Penal y -reitera- no fue precisada por el Tribunal revisor.
En síntesis, solicitó que se case la sentencia impugnada declarando erróneamente aplicado el art. 80 inc. 7 del Código Penal y, en consecuencia, se subsuma el hecho en la figura del art. 165 del mismo Código.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de mérito tuvo por debidamente acreditado, en lo que aquí interesa, que con fecha 26 de marzo de 2020, siendo aproximadamente las 12:45 hs., el inculpado, que se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Zanella modelo "RX-200" sin dominio colocado, color blanca, interceptó el paso de Alejandro Matías Costa Salinas, en inmediaciones a la intersección formada por las calles Lavalleja y Andonaegui, de la localidad de González Catán, y tras intimidarlo con un arma de fuego, lo despojó de una mochila de color azul, para lo cual debió forcejear con Costa Salinas de tal forma, que con el único fin de lograr el fin propuesto y procurar su impunidad, le efectuó un disparo en el tórax, generándole lesiones que lo llevaron a la muerte (Hecho II).
Dicha conducta fue subsumida legalmente bajo los tipos penales de homicidio agravado por la causa y robo calificado por el uso de arma de fuego , en concurso real.
Para calificarlo, el tribunal en lo criminal indicó en su sentencia que la violencia contra la víctima Alejandro Costa Salinas se había configurado a partir de la intimidación con un arma de fuego y fue ejercida para lograr el desapoderamiento. También se sostuvo que el desapoderamiento se había consumado en virtud de la libre disponibilidad de los elementos sustraídos y que no existía ninguna duda en cuanto a que el disparo de arma de fuego había sido dirigido a la humanidad de la víctima. Asimismo, justificaron la aplicación de la figura del art. 80 inc. 7 toda vez que no se exigía premeditación por lo que el homicidio podía ser resuelto en el momento sin que ello lo dejara fuera de esa significación jurídica (v. sent. digital).
III.2. La defensa oficial interpuso recurso de casación donde, en lo medular, planteó la orfandad probatoria en relación con la acreditación del elemento subjetivo del tipo previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, haciendo hincapié en la ausencia de elementos que demostrasen que el imputado reflexionó previamente el hecho sobre la decisión de dar muerte a Costa Salinas para lograr la sustracción o la impunidad.
III.3. Al dar respuesta, la mayoría del órgano revisor mediante el voto del doctor Borinsky -que concitó la adhesión del doctor Carral-, señaló que la prueba sustentaba la base fáctica relatada en el veredicto y que la significación jurídica de los hechos era la de homicidio calificado por la causa pues Malheiro se apoderó de la mochila de la víctima y ante su forcejeo y los gritos de los vecinos que divisaron su accionar, le efectuó un disparo con el arma de fuego que portaba y se dio a la fuga, siendo ese actuar revelador de un inequívoco dolo homicida vinculado subjetivamente con la sustracción referida.
Coincidió con el tribunal de mérito, contrariamente a lo sostenido por su colega de Sala en el voto que abrió el acuerdo, en cuanto ese plus intencional no necesariamente debe ser preordenado pudiendo surgir el designio motivante sin una previa reflexión, sino como una decisión adoptada en el desarrollo del hecho, que nace como una reacción homicida frente a la frustración del propósito del autor o bien para asegurar el fin propuesto y lograr su impunidad.
En abono trajo a colación la doctrina de esta Corte en las causas P. 100.416 y P. 111.820 y su acumulada P. 111.335.
Finalmente encontró acertado el enlace concursal entre el delito de robo y el homicidio agravado por la causa, pues se trataron de dos hechos independientes entre sí (art. 55, Cód. Penal).
IV. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que las discrepancias planteadas, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, no corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.725, sent. de 1-XII-2021; e.o.).
En el caso, la defensa se limitó a exponer una opinión discrepante con el abordaje efectuado por el tribunal intermedio, sostenida en una particular interpretación sobre la realidad de lo acontecido y en ello asentó su postura sobre la falta de acreditación de la ultrafinalidad requerida por la citada norma, pero de esa forma incurrió en la insuficiencia de no refutar las determinaciones probatorias efectuadas en sentido contrario por el sentenciante, mediante alguna crítica seria y razonada que justifique su revisión extraordinaria. Así entonces, corresponde su rechazo (art. 495, CPP).
En definitiva, el elemento subjetivo específico del tipo puesto en crisis quedó debidamente acreditado, sin que la defensa hubiera logrado rebatir las concretas respuestas brindadas por la Casación en cuanto a que el homicidio se cometió -ante el forcejeo con la víctima y los gritos de los vecinos que divisaron su accionar- para asegurar el fin propuesto y lograr su impunidad.
Tal como se tuvo por verificado en las instancias previas, en concordancia con doctrina de esta Corte, es suficiente para que resulte aplicable el homicidio calificado criminis causa la demostración en el autor de cualquiera de las ultrafinalidades que contempla ese precepto (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993). Asimismo, se ha señalado que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 121.171, sent. de 10-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
En efecto, el modo de actuar descripto en la materialidad del hecho es congruente con la concurrencia de al menos una de las finalidades previstas por la figura, y tenidas por probadas en las instancias previas: la de procurar consumar el delito, a la que refirió el fallo del Tribunal de Casación.
En consecuencia, corresponde rechazar la propuesta de que se subsuma el hecho en la figura del art. 165 del Código Penal, pues no se demostró la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:53:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:54:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2024 17:40:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:47:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:58:21 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 10:57:06 hs. bajo el número RS-87-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia