Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138621
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.621, "Bonarrigo, Nicolás Antonio s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.979 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial de San Nicolás -en el marco del legajo de ejecución de pena n° 21.970- por resolución del día 10 de mayo de 2022, rechazó el beneficio de libertad asistida anticipada peticionado por el señor defensor oficial en favor de Nicolás Antonio Bonarrigo (arts. 104 "a contrario", ley 12.256 y 14, Cód. Penal, texto según ley 27.375).
El día 14 de junio del mismo año, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, en la causa n° 41.313 del registro de ese tribunal, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 -segunda parte- del Código Penal formulado por la defensa y confirmó la decisión impugnada (v. resol. digital).
Deducido recurso de casación por la defensa oficial la aludida Cámara lo denegó por no hallarse enmarcado en los supuestos del art. 450 del Código Procesal Penal (v. resol. digital de 7-VII-2022; causa cit.). Ante ello, la defensa de Bonarrigo articuló queja.
El día 10 de noviembre de 2022, la Sala I del Tribunal de Casación Penal declaró admisible la queja interpuesta y -por mayoría- rechazó, por improcedente, el recurso homónimo (v. resol. digital).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. resol. digital de 7-III-23).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 25-IX-2023), dictada la providencia de autos de fecha 27 de septiembre de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal, en cuanto establece que la libertad condicional (en este caso de la libertad asistida anticipada) no se concederá en los casos de los delitos previstos en los arts. 5, 6 y 7 de la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace, por los que resultó condenado en estos actuados su defendido -art. 14 inc. 10 del Código Penal (texto según ley 27.375)-.
Entendió que la norma de fondo cuestionada prohíbe la concesión del mencionado beneficio anticipado por el solo hecho de haber sido condenado por alguno de los delitos allí especificados -en el caso de autos: comercialización de estupefacientes agravada y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada-, sin importar ningún dato relativo al modo en cómo se ha comportado la persona durante el período que estuvo privada de libertad bajo el correspondiente tratamiento.
I.1. En ese marco, en primer lugar, denunció la afectación del derecho a la resocialización como fin de la pena.
Luego de efectuar diversas consideraciones teóricas acerca de la finalidad de la pena, conforme los postulados de la prevención especial positiva y de citar diversos precedentes de la Corte federal en sustento de su postura, adujo que "No resulta lógico que [su] asistido sea impedido de acceder a la última etapa del régimen de ejecución de la pena, pese a que se encuentra demostrado en la causa que adquirió todas las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad, basándose dicho impedimento en el mero hecho de haber cometido determinado delito, aspecto objetivo de la ley penal que de ningún modo puede prevalecer sobre el fin último de la pena privativa de libertad".
Adunó que la interpretación del cuestionado art. 14 del digesto sustantivo efectuada por el tribunal intermedio "...se enfrenta a la engorrosa situación de ponderar una presunción anticipada y abstracta respecto de la prognosis de reinserción del hombre penado, dejando de lado la posibilidad de evaluación empírica y concreta tras años de encierro".
Explicó que la variable para avanzar en la readaptación social del condenado no puede ser otra que las mejoras obtenidas en sus condiciones personales, con lo cual "...el tipo de delito por el cual se lo condenó nunca podrá constituirse en el dato definitorio para que se decida si se debe avanzar en el tratamiento o no. En todo caso será un dato más entre todos los que deberán tenerse en cuenta para definir el tratamiento más adecuado, pero nunca, podrá funcionar como única variable para quitar una de sus etapas fundamentales".
También señaló que "...este tratamiento diferente que se propone incumple con la manda constitucional[,] pues el fin de resocialización deja de ser el 'esencial', como marcan el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y la Convención [Americana sobre Derechos Humanos], ya que, como se ha demostrado resulta imposible lograr dicho fin desde una situación de encierro".
Con relación al propósito de la reforma legislativa introducida al art. 14 del Código sustantivo por la ley 25.892, destacó que "...no fue [...] para acentuar el derecho constitucional a la readaptación social sino, por el contrario, existió una clara intención de utilizar la pena sólo para excluir a los 'delincuentes' de la sociedad y así poder defender, proteger y amparar a las víctimas de las personas 'peligrosas', tal la palabra del legislador".
Por último, alegó que el órgano revisor "...dejó de lado la finalidad resocializadora como argumento esencial al momento de evaluar la procedencia o no de la libertad [condicional] y se inclinó por la justificación exclusiva en el tipo de delito cometido", apartándose de ese modo de la manda constitucional que lo ampara a fin de obtener el beneficio liberatorio en cuestión.
I.2. En segundo término, denunció la violación del principio de igualdad ante la ley.
En prieta síntesis, con invocación de diferentes precedentes de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y del Máximo Tribunal nacional -entre ellos el caso "Nápoli" (CSJN Fallos: 327:2868)-, destacó que: "...restringir [en el caso bajo estudio] el régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos [...] haciendo fincar tal restricción en el delito cometido, no sólo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable" y que "La selección es arbitraria porque no guarda ninguna relación con el derecho que se va a modificar".
Sostuvo que "Sólo se habla de gravedad de los hechos como factor común a todos los delitos, pero ese dato además de no resultar razonable para privarlos de la libertad condicional y del resto de los institutos del periodo de prueba [...], tampoco supera el filtro de razonabilidad debido a que sigue siendo violatorio del principio de igualdad ya que por más que en su mayoría ellos sean delitos graves no son los únicos que el Código [Penal] contempla".
I.3. De seguido, razonó en torno a la distinta entidad del delito y de la pena que prevé la comercialización de estupefacientes agravada y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -que resultó atribuido en esta causa a su asistido- con relación a la gravedad de los delitos a los cuales se le suprimía la libertad condicional como parte del proceso de resocialización hasta la sanción de la ley 27.375 y concluyó que "...la discriminación realizada por la ley para brindarle a [su] asistido un régimen de ejecución de la pena distinto del universo de condenados a pena privativa de libertad, basado exclusivamente en el hecho de haber sido condenado por los delitos mencionados, es arbitrario, pues, el criterio de diferenciación no es objetivo y razonable, en consecuencia, es violatorio de los arts. 16 y 75 incs. 22 y 23 de la Const. Nacional, 1.1 y 24 de la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo se declare su inconstitucionalidad".
En suma, requirió se case la decisión recurrida y se conceda la libertad asistida anticipada de Bonarrigo o bien, subsidiariamente, se reenvíen los autos a la sede intermedia para que resuelva conforme las pautas contenidas en la presentación recursiva.
II. El señor Procurador General emitió su dictamen propiciando el rechazo del remedio en examen. Coincido con él.
III. Frente a similares cuestionamientos llevados a conocimiento del órgano revisor, dicho tribunal -en mayoría integrada por los votos de los doctores Maidana y Violini- sostuvo que "...el análisis de la validez supralegal de una norma de jerarquía inferior constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y la declaración de inconstitucionalidad debe ser estimada como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino en casos de estricta necesidad"; y que "Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados internacionales que la integran (Fallos 328:1491), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada..." (fs. 4 y 5, resol. digital).
Resolvió que, en el caso "...el impugnante no ha conseguido acreditar que dicha incompatibilidad exista, y tampoco ha demostrado que la aplicación del artículo 14 del CP resulte particularmente problemática en el caso"; y adunó que la declaración pretendida "...requiere que el interesado realice un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, que demuestre el alcance de sus derechos y las razones por las que cree que lo actuado por el legislador es incorrecto (Fallos 306:1597), situación que no se verifica en los cuestionamientos en trato" (fs. 5, íd.).
Con apoyo en los antecedentes del debate parlamentario de la ley 25.892, sostuvo que "...el legislador tuvo en cuenta razones de política criminal para suprimir o restringir beneficios a quienes han cometido determinados delitos, lo que no ha sido arbitrario, sino por el contrario se han considerado aquellos hechos que por su entidad, gravedad y magnitud, conmueven a la sociedad"; y que "...ha meritado la necesidad de que todo condenado por un delito grave no acceda a la libertad condicional, como un modo de propender a que internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado su conducta ilícita, y de esta manera, lograr los fines de la resocialización de la pena..." (fs. cit.).
En respuesta a la denunciada afectación de la garantía de la igualdad expresó que la Corte federal en el precedente "L'Eveque" ha resuelto "...que el distinto tratamiento dado por la ley a aquellas personas que cometen ciertos delitos, con respecto a otras cuyo accionar resulta violatorio de figuras penales diferentes, así como hacer una distinción entre quienes se conducen de una manera diversa en la comisión de un ilícito por el que son condenados, actuando con mayor violencia o provocando una lesión a un bien jurídico de mayor importancia, respecto de quienes no lo hacen, no es violatorio de las normas constitucionales, y tiene su fundamento razonable en la facultad del legislador de establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime para cada caso"; a lo que añadió que "...la gravedad del delito es un parámetro válido diferenciador que no trastoca el principio de igualdad, pues es una pauta indicativa de que ella se aplica no 'por lo que es', sino 'por lo que hizo', adecuándose así a un derecho penal de acto" (fs. 6).
Luego se refirió a la crítica por la que se consideró inconciliable la norma puesta en crisis con la finalidad resocializadora de la pena. En tal sentido, resolvió que "...la liberación anticipada del condenado no es un derecho absoluto, que debe otorgarse de manera automática sino que es uno de los tantos dispositivos que las normas que rigen la ejecución de las penas privativas de la libertad consagra a los efectos de alcanzar ese objetivo bajo el régimen de progresividad, pero no es el único. Es que frente a la imposibilidad de acceder a la especie no obstante se permite al penado la inclusión en otros beneficios que flexibilizan el modo de cumplimiento de la pena, como ser su ingreso en el régimen abierto o salidas transitorias, prisión discontinua o semidetención toda vez que el impedimento rige exclusivamente respecto del art. 13 del CP (en el caso, en relación al art. 104 de la ley 12256), pero no es válido razonablemente hacerlo extensivo a aquellas otras hipótesis" (fs. 7).
En ese discurrir, agregó que no se encuentra afectado el fin de la pena ni su progresividad "...toda vez que si bien la ley intensifica el tratamiento resocializador al negarle la obtención de la libertad condicional a quienes cometieron ciertos delitos (art. 14 'segunda parte' CP); ello no impide al penado el avance en el tratamiento resocializador en aras de obtener su acceso al medio libre"; y concluyó que el agravio constitucional se limitó "...a cuestionar la legitimidad de las consecuencias contrarias a los intereses del condenado, que resultan del obstáculo a la obtención de la libertad asistida anticipada a la libertad condicional por su condición de penado al haber sido condenado como autor penalmente responsable de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, a la pena de seis (6) años de prisión, multa de 45 unidades fijas, e inhabilitación especial para desempeñarse como funcionario del Servicio Penitenciario Bonaerense por igual término, pero no ha demostrado que ello impida su eventual tránsito por otros dispositivos progresivos, circunstancia que desmerece el planteo" (fs. 7 y 8, resol. digitalizada).
IV. Lo así decidido no ha sido debidamente impugnado por la parte (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, los cuestionamientos traídos por la defensa oficial para objetar lo resuelto por el tribunal revisor no pasan de constituir una interpretación distinta sobre la validez de la norma en cuestionamiento que no logran demostrar de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional.
Cabe recordar que esta Corte ha rechazado, en reiteradas ocasiones, objeciones de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal basadas en argumentos similares a los que trae el recurrente (conf., mutatis mutandis, doctr. causas P. 135.058, sent. de 13-IV-2022 -voto del distinguido colega doctor Torres al cual presté mi adhesión-; P. 127.747, sent. de 4-VII-2018; P. 131.225, sent. de 17-IV-2019; P. 131.703, sent. de 18-XII-2019; e.o.).
En ese sentido, este Tribunal ha expresado que el régimen de la libertad condicional (arts. 13 a 17, Cód. Penal) es una manifestación de la política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario; tanto la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprochables, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretende evitar y las penas con las que se intenta conseguirlo son potestad exclusiva del legislador, quien goza de un amplio margen de libertad; es por ello que el control constitucional difuso que posee la jurisdicción al respecto debe ser muy cauteloso (conf., en lo pertinente, causa P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016 -voto de la doctora Kogan al cual adherí-).
La decisión normativa que aquí se cuestiona fue adoptada por el legislador nacional de manera legítima y ratificada con la sanción de la ley 27.375 (B.O., 28-VII-2017), que amplió el listado de delitos impedidos de acceder a la liberación anticipada, entre ellos, el del art. 5 de la ley 23.737, ilícito por el que resultó condenado su asistido.
En definitiva, el art. 14 del ordenamiento penal, en cuanto establece la pérdida de la posibilidad de acceder a la libertad condicional lo que hace, en palabras de la Corte federal, es determinar "...la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional" (conf. CSJN Fallos: 334:559).
Eso no es distinto de lo que ocurre con la reincidencia, cuya constitucionalidad ha sido ratificada en varias oportunidades por el Máximo Tribunal federal y por esta Corte (conf. CSJN Fallos: 308:1938; 311:1451; 329:3680 cons. 12° a 18° del voto del señor juez Petracchi y 337:637; SCBA causas P. 106.677, resol. de 25-XI-2009; P. 103.293, resol. de 17-II-2010; P. 112.597, resol. de 16-II-2011; P. 135.058, cit.; P. 136.045, sent. de 4-VIII-2023; P. 136.990, sent. de 24-VIII-2023; e.o.).
Precisamente, la garantía constitucional de la igualdad no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que consideren diferentes, siempre que concurran objetivos motivos de diferenciación que no sean irrazonables.
La referencia del recurrente al fallo "Nápoli" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pone en jaque este razonamiento, puesto que aquel fue dictado en función del principio de inocencia que ampara a todas las personas procesadas, lo cual es bien distinto a la problemática aquí planteada.
En otro orden, que los condenados por alguno de los delitos enumerados en el art. 14 no puedan aspirar al régimen de libertad condicional tampoco implica que el Estado haya abandonado la finalidad esencial de reforma y readaptación social (arts. 5 inc. 6, CADH y 10 inc. 3, PIDCP).
Es que la imposibilidad de acceso a la libertad condicional -en el caso libertad asistida anticipada- no obsta a la resocialización del condenado, pues existen otras herramientas para garantizar la ejecución progresiva de la pena. Es preciso destacar especialmente la atenuación en cuanto a la rigurosidad del régimen introducida en el art. 56 quater de la ley 24.660 a partir de la ley 27.375 -ver art. 32- (B.O., 28-VII-2017), porque el magistrado interviniente deberá resolver -en su caso y en tiempo oportuno- la adecuación de la situación de Nicolás Antonio Bonarrigo a la legislación vigente (conf. doctr. SCBA causas P. 132.969, sent. de 25-VIII-2020; P. 133.520, sent. de 5-II-2021; P. 136.990, sent. de 24-VIII-2023; e.o.).
Entonces, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de manera que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo.
Eso es lo que ocurre en el caso bajo análisis, puesto que el señor defensor desoyó el razonamiento seguido por la Casación para desestimar el pedido de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal sin que su impugnación ofrezca razones con la aptitud necesaria para habilitar una declaración de la gravedad institucional de la peticionada (art. 495, cit.).
Además, la parte no ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes como para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, como sería declarar la inconstitucionalidad reclamada (SCBA causas P. 100.754, sent. de 9-IV-2009; P. 99.833, sent. de 29-XII-2008; P. 100.072, sent. de 12-XI-2008; P. 109.700, sent. de 15-VI-2011; P. 128.646, sent. de 20-XI-2019; P. 132.755, sent. de 25-XI-2020; P. 133.212, sent. de 13-V
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