Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138655
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.655, "Galán, Fernando Luis -Fiscal adjunto de Casación- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 119.914 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a C., C. A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Juzgado de Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial de San Martín convirtió en prisión preventiva la detención de C. A. C., a la vez que no hizo lugar a la extinción de la acción penal por prescripción respecto a los delitos de corrupción de menores, en concurso ideal con abuso sexual agravado por acceso carnal -reiterado en al menos cuatro oportunidades- y abuso sexual gravemente ultrajante, abusos que se extendieron en el tiempo y resultaron un grave daño en la salud mental de la víctima en concurso real con corrupción de menores, que se le imputaran a C..
Asimismo, no hizo lugar al sobreseimiento por el delito de corrupción de menores, a la libertad por falta de mérito, a la libertad alternativa a la prisión preventiva, ni al arresto domiciliario.
Contra dicha resolución, la defensa oficial del imputado interpuso recurso de apelación.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante sentencia del 29 de junio de 2022 revocó la decisión de la instancia, declaró la extinción de la acción penal por prescripción y, en consecuencia, dispuso el sobreseimiento total de C. A. C. en orden a los referidos delitos, ordenando su inmediata libertad (arts. 119 párrafos segundo, tercero y cuarto inc. "a" y 125 párrafo segundo, Cód. Penal).
Contra dicho pronunciamiento la señora fiscal departamental adjunta, doctora Patricia Kaplis, interpuso recurso de casación.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, por sentencia dictada el 2 de marzo de 2023 rechazó por improcedente el recurso homónimo.
Frente a lo así decidido, el señor fiscal adjunto ante la instancia casatoria, doctor Fernando Luis Galán, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el órgano recurrido por resolución del 28 de marzo de 2023.
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia de los reclamos, presentada la memoria prevista por el art. 487 del Código Procesal Penal por la señora defensora adjunta a cargo de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La fiscalía denunció la arbitrariedad de la sentencia por apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional, omisión de resolver con perspectiva de género y de infancia, inconvencionalidad y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal.
También se quejó de fundamentación aparente.
Señaló que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizarle el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, proteger a las niñas contra toda forma de abuso sexual y garantizar a las víctimas la tutela judicial continua y efectiva, se hallan vigentes desde el momento en que acaecieron los hechos objeto de investigación (2001-2005 y 2003-2005) y se mantienen incólumes hasta la actualidad, siendo que tales obligaciones poseen fuente de jerarquía constitucional (CDN y CADH) y supralegal (Convención de Belém do Pará).
Explicó que los derechos humanos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3.1. y 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8.1. y 25) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (arts. 4 inc. "g" y 7 incs. "b", "c" y "f") resultan operativos, y sostener una posición contraria violenta la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el bloque de constitucionalidad federal.
Luego de dejar establecido que las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206 no resultan de aplicación a hechos que, como el presente, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia, estimó que resulta posible sostener que, aun con anterioridad a dichas reformas legislativas, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, en los casos de abuso sexual a menores de edad, la prescripción quedaba suspendida hasta que la víctima alcanzara la mayoría de edad y estuviese en condiciones de radicar por sí misma la denuncia.
Citó los casos Almonacid Arellano vs. Chile y Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. También invocó lo resuelto por la Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos en la causa "Ilarraz, Justo José s/ promoción a la corrupción agravada - Incid. de extinción por prescripción s/ impugnación extraordinaria", transcribiendo parcelas de la decisión.
Indicó que los hechos que se le imputaron a C. consisten en que, en fechas indeterminadas pero un día del mes de diciembre de 2001 hasta el 14 de febrero de 2005 (fecha en que C. A. C. alcanzó la mayoría de edad), C., con el fin de satisfacer deseos sexuales propios, promovió la corrupción de su sobrina M.F.P, nacida el 28 de diciembre de 1996, desde que la menor contaba con cinco años de edad y hasta sus diez años, en el interior de la vivienda sita en calle … n° …, de la localidad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, mediante la realización de actos corruptores, consistentes en exhibirle material pornográfico, accediéndola carnalmente vía oral, obligándola a practicarle sexo oral, introduciéndole su pene en la cavidad bucal de la víctima, como así también practicándole sexo oral el aquí imputado a la víctima, todo ello en un número de veces que no se puede precisar, pero en al menos tres oportunidades, siendo que al menos en una oportunidad intentó accederla carnalmente con su miembro viril en la cavidad vaginal de la niña, actos que por sus circunstancias de realización, configuraron un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima, resultando un grave daño en la salud mental de la misma. Además, dichas circunstancias, por el tiempo en que sucedieron, resultaron idóneas para torcer el normal desarrollo sexual de la menor, como así también despertar prematuramente la sexualidad de la misma (Hecho I).
A su vez, en fechas indeterminadas, pero aproximadamente un día del mes de diciembre de 2003 y hasta el 14 de febrero de 2005 en que C. A. C. alcanzó la mayoría de edad, el nombrado con el fin de satisfacer deseos sexuales propios, promovió la corrupción de su sobrina M.F.P., nacida el 28 de diciembre de 1996, cuando esta contaba con siete años de edad, y de su sobrino, M.G.P., nacido el 18 de abril de 1999, cuando este contaba con cuatro años de edad, en el interior de la vivienda sita en calle … … n° …, de la localidad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, mediante la realización de actos corruptores consistentes en obligar a las víctimas a subirse vestidos encima de él y hacer que se froten contra el cuerpo del joven nombrado, e intentó sacar su miembro viril, para que la niña le practique sexo oral, resultando tales circunstancias idóneas para torcer el normal desarrollo sexual de los niños, como así también despertar prematuramente la sexualidad de los mismos (Hecho II).
Luego, refirió que la "demora" de la víctima en realizar la denuncia respondió a obstáculos estructurales que imposibilitaron denunciar oportunamente los hechos en buena medida debido a su triple condición de vulnerabilidad: edad, género y condición de victimización temprana (100 Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad).
Mencionó que la acción penal emanada de los delitos denunciados resultaba ser, a la fecha de la denuncia que originó estas actuaciones, dependiente de instancia privada (art. 72 inc. 1, Cód. Penal), por lo cual el Ministerio Público Fiscal, en su carácter de órgano estatal, no se encontraba habilitado a investigar los hechos de oficio ni podría haber ello materialmente ocurrido al no tener noticia alguna de los mismos.
Aseveró que la decisión impugnada vulnera obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, apartándose de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y violenta el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 31 de la Constitución nacional mediante la errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, al no haberlo interpretado con perspectiva de género e infancia.
Indicó que se trata de una cuestión de estricta justicia, pues negarles el derecho a que se juzgue y eventualmente se sancione a su presunto autor (en pos de salvaguardar el principio de legalidad) implica desconocer el principio del interés superior del niño y consagrar la impunidad por los hechos, si se han cometido.
Afirmó que el imputado no tiene un derecho constitucional a la prescripción de la acción del delito que se le enrostra, sino que lo que existe es un derecho a ser juzgado en plazo razonable, lo que en este caso no se ha visto comprometido.
Finalmente, reiteró la afirmación de que la decisión impugnada vulneró obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño y violentó el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 31 de la Constitución nacional mediante la errónea aplicación del art. 62 del Código Penal.
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación y aconsejó hacer lugar al recurso.
III. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa.
III.1. Conforme surge de los antecedentes, el Juzgado de Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial de San Martín resolvió convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo C. A. C., no hizo lugar a la extinción de la acción penal por prescripción con relación a los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con abuso sexual agravado por acceso carnal -reiterado en al menos cuatro oportunidades- y abuso sexual gravemente ultrajante, abusos que se extendieron en el tiempo y resultaron un grave daño en la salud mental de la víctima en concurso real con corrupción de menores, que se le imputaran a C. (v. resol. digital de 26-IV-2022).
La señora defensora oficial dedujo recurso de apelación.
III.2. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante sentencia del 29 de junio de 2022 revocó la decisión de la instancia, declaró la extinción de la acción penal por prescripción y, en consecuencia, dispuso el sobreseimiento total de C. A. C. en orden a los referidos delitos, ordenando su inmediata libertad (arts. 119 párrafos segundo, tercero y cuarto inc. "a" y 125 párrafo segundo, Cód. Penal).
Para tomar esa decisión consideró que la acción penal estaba prescripta puesto que la denuncia se formuló el día 29 de septiembre del año 2017, tras lo cual se efectuó el llamado al imputado a declarar (conf. art. 308, CPP).
Con cita del fallo del Tribunal de Casación Penal, Sala I "Ruvituso Omar Luis S/ Recurso de Casación", sentencia de 26-XII-2019, causa 97.344 y el precedente de esta Corte, causa P. 134.019, consideró que la prescripción de la acción penal se originó antes de que la víctima instara la acción penal (conf. art. 72 inc. 1, Cód. Penal), por haber transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2 del Código de fondo. Consecuentemente, la aplicación de una norma posterior más gravosa en materia de prescripción constituiría una violación al art. 18 de la Constitución nacional.
Destacó que en el instituto de la prescripción de la acción penal no procede la formación de juicio alguno sobre el fondo del asunto, ya sea de culpabilidad o inocencia, limitándose el examen del juzgador a verificar las condiciones que determinen la extinción de la acción penal por el transcurso del plazo pertinente, condiciones que se ciñen a la calificación legal, fechas y suspensiones e interrupciones que puedan haberse operado.
III.3. Contra este pronunciamiento, la señora fiscal adjunta del Departamento Judicial de San Martín, doctora Patricia Kaplis, interpuso recurso de casación.
En síntesis, postuló que las normas de derecho interno deben integrarse con las normas de derecho internacional, ya que las primeras no pueden impedir la investigación de causas graves, debiendo prevalecer el interés superior del niño. Adujo que los arts. 62 y 67 del Código Penal vigente al momento de los hechos deben ser interpretados en correlación con las disposiciones del derecho internacional. Expuso que las normas que reformaron el régimen de la prescripción en este tipo de delitos vinieron a formalizar las obligaciones internacionales de combatir el abuso o mal trato.
III.4. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso por improcedente.
Para así decidir, el doctor Natiello, que concitó la adhesión simple del doctor Kohan, comenzó señalando que la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín constituye derivación razonada del derecho vigente (arts. 106 y 210, CPP).
Determinó que la cuestión transitaba en determinar si la modificación del art. 67 del Código Penal que estableció que en los delitos previstos en los arts. 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129, 130, 145 bis y ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría, resultaba aplicable de manera retroactiva. A lo que agregó que había que precisar, sin acudir a la aplicación de la norma de manera retroactiva, si alcanzaba con sostener que al momento del hecho ya se encontraban vigentes los principios jurídicos fundamentales que motivaran luego las reformas a través de las leyes 26.705 y 27.206, dado que el Estado argentino ya había adquirido, como Estado parte, la Convención sobre los Derechos del Niño.
Estableció que la prescripción de la acción penal (y también la de la pena) están alcanzadas por los preceptos del art. 2 del Código Penal, cuya redacción resulta semejante a la prescripta en la legislación internacional -arts. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-.
Adunó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que cuando la ley penal sancionada con posterioridad al hecho incriminado depare, en definitiva, un tratamiento más favorable al imputado, ella debe ser aplicada íntegramente, incluyendo aquellos aspectos que, individualmente considerados, resulten desventajosos con relación a la ley anterior (CSJN Fallos: 310:267; 329:5323; e. o.).
Destacó que, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que la defensa adujo vulnerada, no existe ningún tipo de referencia al instituto de la prescripción, ni al carácter imprescriptible de determinados delitos.
Desestimó que la inexistencia de una ley previa pueda ser suplida acudiendo a la interpretación del art. 19 del mencionado instrumento del Niño.
Resaltó que al analizar los alcances de las obligaciones que posee el Estado con relación al término "intervención judicial", inserto en la normativa, el Comité de los Derechos del Niño, ha indicado que "...la intervención judicial puede consistir en [...] procedimientos penales, que deben aplicarse estrictamente para poner fin a la impunidad generalizada de que gozan, de jure o de facto, los autores de actos de violencia, en particular cuando se trata de agentes estatales" (Observación General 13, "Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia", 18 de abril de 2011, párr. 55 inc. "c"), sin efectuar ningún tipo de consideración acerca de obstáculos normativos de derecho interno que puedan ser considerados inadmisibles al llevar adelante esos procesos penales en general, ni sobre el instituto de la prescripción en particular.
Descartó que pueda interpretarse que la sanción de las leyes 26.705 y 27.206 constituyó la reglamentación de aquello que exige la letra del art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ello en tanto representaría "...una solución que no sólo no logra explicar cuál es el sentido de sancionar mediante una ley algo que, a su vez, se afirma, se encontraba ya expresamente previsto en un tratado internacional. Además, esa lectura del artículo 19 de la Convención, por adolecer de todo sustento en la propia letra de la disposición, constituiría, en los hechos, bajo el ropaje de la directa operatividad de una regla contenida en un tratado internacional, la aplicación retroactiva de las disposiciones de las leyes 26.705 y 27.206, lo cual, [...] se encuentra prohibido por el principio de legalidad penal".
Citó en apoyo el precedente "C., G. s/ Prescripción" de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala VI, C. 51.563/2018 de fecha 29-IV-2019.
Puntualizó que corresponde estar a la redacción del art. 63 del Código Penal prevista por la ley 25.990 -que no contenía norma alguna que dispusiera la suspensión o interrupción del curso de la prescripción cuando las víctimas fueran menores de edad- por cuanto las sucesivas leyes que lo modificaron, además de ser posteriores al hecho, no resultan ser más benignas para el imputado (conf. art. 2, Cód. Penal).
Destacó que, del análisis de las constancias incorporadas y de lo resuelto por la instancia anterior, se desprende una triple (doble o simple) vulnerabilidad en las víctimas de autos, esto es por su calidad de víctima, por su condición de mujer y por su condición de niñas al momento de los hechos, circunstancia que viene reconocida por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (o "Pacto de San José de Costa Rica"), la Convención Internacional sobre los derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (o "Convención de Belém Do Pará").
Trajo a colación el caso "VRP, VPC y otros vs. Nicaragua", concluyó que "...la Corte Interamericana, aún reconociendo y poniendo en valor la extrema vulnerabilidad de los niños, en especial aquellos que resultan ser víctimas de abusos sexuales y más aún si son niñas, considera que tales injustos no escapan a las reglas comunes, cuando sean cometidos por personas o particulares que no tengan relación o vinculación alguna con el aparato estatal" y que "...en modo alguna establece que tales delitos aberrantes, como son los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes sean imprescriptibles o que para garantizar la posibilidad de ser perseguidos deban realizarse extensiones temporales especiales".
Afirmó que lo manifestado por la señora fiscal en cuanto a que ya se había incorporado al momento de los hechos a través de la ley 23.489 la Convención sobre los Derechos del Niño al orden jurídico nacional y considerando la tutela judicial efectiva, no se encuentra prescripto el delito endilgado a C., "...no supera el test qu
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.