Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138718
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regúlanse los honorarios profesionales correspondientes al doctor Eduardo Ernesto Zallocco, por su labor ante esta instancia, en dieciocho (18) jus (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.718, "I., C. R. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 120.059 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria, Genoud .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 7 de febrero de 2023, rechazó el recurso interpuesto por el defensor particular de C. R. I., contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó al nombrado a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por mediar acceso carnal, por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente y por haber sido cometido por el encargado de la guarda reiterado (dos hechos en concurso real entre sí) en concurso material con corrupción de menores de dieciocho años de edad agravado por ser el autor el encargado de la guarda.
Frente a lo así resuelto, el defensor de confianza del imputado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado admisible por la Sala interviniente (v. resol. de 17-IV-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente denuncia la errónea aplicación de los arts. 119, 40 y 41 del Código Penal y 1 y 210 del Código Procesal Penal.
Sostiene que los hechos que se dieron por corroborados no se ajustan a la descripción típica del art. 119 inc. "f" del Código de fondo; que el acceso carnal no se encuentra acreditado por ninguna prueba, con excepción de los dichos de la víctima, y que no se tuvieron en cuenta las contradicciones existentes entre su relato y el de su madre en lo que refiere a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los sucesos en trato.
Desde otra línea argumental, postula que en el supuesto de mantenerse la calificación legal en su versión agravada, se revea el monto de pena aplicado el que, a su entender, resulta injustificado.
Alega que se encontrarían conculcadas las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, juicio previo e igualdad ante la ley.
Por tales motivos, solicita que se case la sentencia impugnada, se califiquen los hechos en los términos del art. 119 segundo párrafo del Código Penal, y se disponga el reenvío del caso a la instancia de origen para que se gradúe la pena a imponer a su asistido.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
III.1. En lo que interesa destacar para la solución del caso, el juzgador de origen expresó que "...en fechas no determinadas, pero comprendidas durante los años 2014 y 2015, en la vivienda sita en [...], un sujeto de sexo masculino, mayor de edad, aprovechando la convivencia preexistente con [...], hija de su concubina, y encontrándose encargado de su guarda, en al menos dos oportunidades, mediante uso de violencia e intimidación, abusó sexualmente de la nombrada mediante acceso carnal vía vaginal con su pene". Calificó lo así corroborado en el art. 119 párrafos tercero y cuarto incs. "b" y "f" del Código Penal.
III.2. En el recurso de casación, la defensa llevó similares agravios a los traídos a esta instancia vinculados a la insuficiencia de pruebas que acreditaron la materialidad del hecho ilícito en los términos descriptos, denunciando una interpretación arbitraria y absurda de las pruebas producidas en el debate y agregadas por lectura, omisión de analizar debidamente las contradicciones en las declaraciones y afectación del in dubio pro reo . En subsidio, pidió la disminución de la pena impuesta.
III.3. El Tribunal de Casación Penal consideró que el extremo cuestionado se hallaba debidamente corroborado, y la subsunción legal ajustada a derecho; y que aun haciendo el mayor esfuerzo revisor posible no advertía vicios lógicos en la evaluación desarrollada por los jueces de la instancia, dado que los extremos cuestionados tenían sustento en un cuadro probatorio certero.
Abordó las críticas que la defensa dirigió contra la declaración de la víctima, se ocupó de las supuestas divergencias en sus versiones durante la investigación y el debate -por ejemplo sobre el espacio físico donde se habrían desarrollado los hechos- destacando que carecían de relevancia en el marco de una declaración que dio cuenta de detalles que dieron credibilidad, coherencia y verosimilitud a su exposición; a la vez, que se encargó de expresar las circunstancias y las dos ocasiones en que I. abusó sexualmente de ella. También justificó las razones por las que juzgó bien evaluados la declaración de la madre y los demás elementos tenidos en cuenta.
De otro lado, resolvió que el planteo subsidiario, referido a la arbitrariedad endilgada a la determinación de la pena, no resultaba atendible en virtud de no haberse evaluado circunstancias que habrían podido disminuirla.
Expresaron los magistrados que del pronunciamiento de mérito se advertía que las pautas tenidas en cuenta -la ausencia de antecedentes condenatorios como atenuante y la extensión del daño causado a la víctima como agravante- se hallaban motivadas, y que las pautas pretendidas por la parte -actividad laboral y edad del imputado al momento de imponer la sanción- resultaban extemporáneas por no haber sido solicitadas oportunamente.
Luego, resolvieron que la sanción fijada en concreto, en atención a lo más arriba señalado como considerado y ponderado, conforme los tipos de penas y la escala correspondiente a la calificación legal aplicable, su modo de concurrir, y la participación que cupo a I., no aparecía arbitraria ni desproporcionada de acuerdo al desarrollo argumentativo brindado por el tribunal del debate en el pronunciamiento.
IV. Conforme lo adelanté, el recurso no prospera.
Como se advierte de lo reseñado, el tribunal de apelación controló el modo en que el sentenciante ponderó la prueba, así como también el procedimiento de subsunción legal y la determinación de la pena; analizó y descartó las críticas llevadas en el recurso, sin que la parte logre demostrar en qué aspecto el Tribunal de Alzada habría incurrido en la afectación de las garantías constitucionales que genéricamente esgrime con cita de precedentes de esta Corte (art. 495, CPP).
Los planteos que trae el recurrente bajo la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, en rigor, se enderezan a cuestionar aspectos vinculados a la prueba valorada en las instancias anteriores, brindando para ello una particular interpretación de los hechos y de los elementos de convicción tenidos en cuenta a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, desarrollos que, en principio, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal, salvo los casos de absurdo o arbitrariedad -no argumentados en la especie- no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por la defensa. En el caso, la parte se ha limitado a manifestar su disconformidad con el valor asignado a la prueba, cuestionando y reeditando la insuficiencia del material probatorio reunido en las instancias anteriores, sin controvertir adecuadamente lo decidido con arreglo a las circunstancias probadas de la causa; de tal manera, su planteo se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (art. 495, CPP).
En definitiva, se limitó a sustentar su agravio desarrollando únicamente un criterio interpretativo diferente, sin alcanzar a demostrar la violación legal de la norma sustantiva cuya conculcación denunció, ni de las garantías y principios constitucionales que invocó (doctr. art. 495, cit.).
En idéntico déficit incurre al cuestionar el monto de pena. La defensa refiere que la sanción aplicada no resulta "de ningún modo pertinente". Y que "...más allá de los supuestos argumentos y pruebas en los que se basó el tribunal de casación, conforme los preceptos constitucionales e internacionales la revisión de la sentencia en cuanto al monto de la condena resulta ser una norma del debido proceso", pero no desarrolla argumento alguno que dé sustento a su pretensión (art. 495 cit.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regúlanse los honorarios profesionales correspondientes al doctor Eduardo Ernesto Zallocco, por su labor ante esta instancia, en dieciocho (18) jus (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:53:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:54:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2024 17:40:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:47:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:58:23 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 10:57:13 hs. bajo el número RS-89-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia