Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136862
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Franco Gabriel Báez Calderón, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.862, "Báez Calderón, Franco Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 104.366 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 30 de marzo de 2021, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el entonces defensor particular de Franco Gabriel Báez Calderón contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Isidro que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido mediando violencia de género.
Contra tal pronunciamiento, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. legajo digital), el que fue declarado admisible por la mencionada Sala interviniente del Tribunal de Casación (v. resol. de 15-II-2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor tildó de inconstitucional la pena de prisión perpetua por la que fue condenado su asistido.
En primer lugar, denunció la violación al derecho a la vida (art. 4.1., CADH) en tanto la pena impuesta no le permitiría acceder a la libertad, de conformidad con las restricciones establecidas en el art. 14 del Código Penal.
Citó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y argumentó que los tratados que rigen la cuestión deben interpretarse atendiendo al principio de progresividad, de ahí que el derecho a la vida debe entenderse no exclusivamente en términos biológicos sino como el derecho a vivir con dignidad y a desarrollar un proyecto de vida. Puntualizó que privar de la libertad a una persona joven, de cuarenta y un años de edad, aun cuando no se la elimine biológicamente, implicaría la anulación de toda posibilidad de elaborar y desarrollar un proyecto de vida.
De seguido, resaltó que existe una vinculación entre el derecho a una vida digna y el resguardo que debe tener toda persona privada de su libertad a no sufrir torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes (conf. art. 5.2., CADH). Sumó sucintas referencias sobre la situación carcelaria provincial.
En apoyo de su alegación, citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En razón de lo expuesto sostuvo que la pena impuesta a su asistido, tomando en especial consideración lo prescripto por los arts. 13, 14 y 80 incs. 1 y 11 del Código Penal, no supera el control de convencionalidad que exige que esa pena sea compatible con los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En segundo lugar, denunció que la pena de prisión perpetua también quebranta el art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en tanto no cumple con el fin de reforma y readaptación social por tratarse -según expresó- de un encierro de por vida, todo lo cual lesiona el derecho a la integridad personal y a la dignidad humana.
Como tercer planteo, y para el supuesto de aceptarse la posibilidad de que Báez pueda acceder a la libertad condicional, aseveró que -de todos modos- el tiempo exigido para ello igualmente resultaría desmesurado, tomando en consideración la expectativa de vida de las personas (setenta y dos años, conforme la OMS) y la edad actual de Báez Calderón (cuarenta y un años). Por tales motivos, afirmó que el art. 13 del Código Penal (t.o. según ley 25.892) es incompatible con el derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona (conf. arts. 1.1., 2, 4.1. y 5.6., CADH).
Finalmente, interpretó que los reclamos expuestos resultan oportunos y que no podrían ser desestimados por prematuros. A su entender, diferir su tratamiento para un futuro incierto, o para dentro de treinta y cinco años, conforme lo normado por el art. 13 citado, implicaría someter a su asistido a la incertidumbre de no saber si morirá en la cárcel o si podrá recuperar su libertad alguna vez. En su apoyo, trajo a colación el fallo "Giménez Ibáñez" de la Corte nacional.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Resulta pertinente hacer una breve reseña de hitos relevantes del caso:
III.1. De la lectura del acta de debate y del fallo de mérito, se advierte que la entonces defensa particular de Báez Calderón no planteó en dicha instancia la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, sino que recién introdujo dicho embate en el recurso de casación.
III.2. En ese recurso el entonces defensor particular, doctor Agustín Palladino, solicitó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua sobre la base de una fundamentación escueta y genérica.
Sostuvo que la sanción impuesta a su asistido violenta "...el principio de resocialización, legalidad y la prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes".
Concluyó afirmando que tomando en consideración la edad del imputado -que no indicó ni siquiera cuál era- "...la pena impuesta importaría el encierro hasta su muerte".
III.3. Por su parte, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, sin hacer consideración alguna en torno a la oportunidad del planteo lo abordó y lo desestimó por improcedente.
En tal sentido, indicó que la determinación de la pena concreta en un proceso tiene tres fases diferentes: legislativa, judicial y de ejecución, todas direccionadas a lograr el fin resocializador.
El a quo rememoró que las leyes de ejecución, tanto a nivel nacional como provincial, se caracterizan por la progresividad y la flexibilización del tiempo y las condiciones de encierro carcelario, y que contienen regímenes de tratamientos progresivos con beneficios tales como salidas transitorias, libertad condicional, libertad asistida, institutos que configuran morigeraciones en la ejecución de la pena que "...aunque prolongada, no resulta por ello perpetua".
A su vez, interpretó que el art. 55 del Código Penal recepta un límite cierto y preciso a la indivisibilidad de la sanción y que, en función de ello, aun cuando no se verifique el cumplimento de los requisitos exigidos por el art. 13 del Código Penal, "...su encierro tampoco resultará 'perpetuo' perdiendo virtualidad entonces el argumento referido a la conculcación de fin resocializador".
De seguido, descartó que se afecten los principios de culpabilidad y proporcionalidad en tanto la sanción prevista tiene un correlato con la gravedad de los hechos cometidos y la afectación de bienes jurídicos fundamentales.
Agregó que el art. 80 del Código Penal prevé dos alternativas de penas perpetuas: prisión o reclusión, a las que se le puede adicionar de manera facultativa la accesoria del art. 52 del Código Penal, "...estableciendo de este modo una entidad de penas de menor o mayor gravedad entre las que el juzgador puede optar por aplicar".
Además, expresó que tampoco se cercena el principio de legalidad, en su variante del de determinación, desde que el régimen legal establece expresamente el momento a partir del cual se podría requerir la libertad condicional, con sus consecuentes efectos posteriores, por lo que entendió que no existiría la alegada indeterminación legal.
IV. Como se adelantó, el recurso no puede prosperar.
IV.1. Por un lado, tal como lo advirtió la Procuración General en su dictamen, en el recurso extraordinario se introdujeron argumentos novedosos que, como tales, no serán abordados en esta instancia (conf. art. 451, CPP).
En efecto, las consideraciones de la defensa oficial relativas a la imposibilidad de acceder a la libertad condicional, en función de las restricciones previstas en el art. 14 del Código Penal, así como también, el agravio vinculado al excesivo plazo temporal para eventualmente acceder a dicho instituto (conf. art. 13 cit., t.o. según ley 25.892), son argumentos extemporáneos en tanto recién se introdujeron en la impugnación en examen sin que exista un pronunciamiento previo sobre el punto.
IV.2. Por otra parte, las alegaciones del recurrente vinculadas a que la pena de prisión perpetua afectaría el derecho a la vida e incumpliría con los fines de resocialización, no se hacen cargo de conmover los argumentos expuestos en el fallo en crisis en sentido contrario.
En particular, la defensa oficial no hizo ningún esfuerzo por controvertir el fundamento del a quo con el que descartó tales críticas, esto es, por considerar que las penas de prisión perpetua no son de por vida, sino que existen diversos institutos previstos en las leyes de ejecución (salidas transitorias, libertad asistida, entre otras) que garantizan la progresividad y flexibilidad en la ejecución de la pena, en miras a lograr los fines de la resocialización.
Tampoco cuestionó la afirmación del sentenciante relativa a la estrecha vinculación que existe entre la gravedad de la sanción impuesta y la afectación de bienes jurídicos trascendentales, ni el argumento referido a que dentro de las opciones legales de reproche para los delitos previstos en el art. 80 del Código Penal (pena de reclusión perpetua, de prisión perpetua con más la posibilidad de aplicar la reclusión accesoria por tiempo indeterminado del art. 52 del citado cuerpo de leyes), en este supuesto se impuso a Báez Calderón la sanción menos gravosa (prisión perpetua).
En definitiva, el defensor oficial, más allá de la referencia a la edad de su asistido desprovista de otro sustento argumental, no se hizo cargo de analizar las particularidades del caso para así demostrar por qué motivo la pena impuesta resultaba violatoria de los principios constitucionales alegados.
En suma, las críticas desarrolladas por la parte aparecen limitadas a esgrimir una opinión discrepante en orden a la imposición de la sanción perpetua, y a denunciar una supuesta violación a distintos principios y garantías constitucionales y convencionales de manera genérica y dogmática, de allí la insuficiencia recursiva (conf. causa P. 136.193, sent. de 5-IV-2023, mutatis mutandi ; art. 495, cit.).
V. Para más, encuentro oportuno destacar que, según arraigada doctrina de la Corte federal -también invocada en el fallo en crisis- la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia, al importar el desconocimiento de los efectos de una norma dictada por otro poder del Estado, que goza de presunción de legitimidad. Se trata de un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN Fallos: 321:441; 327:831 y 328:4542; entre muchos otros).
Entonces, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de manera que, si la parte recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por quienes legislan es incorrecto, no cabe atenderlo.
VI. Por último, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, corresponde remarcar -tal como lo hizo el Tribunal de Casación Penal- que las penas perpetuas no son realmente tales, porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN causa "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 133.630, sent. de 28-X-2020; e.o.), y ello más allá de la posibilidad de acceder a alguno de los institutos previstos dentro del régimen de progresividad (conf. mi voto en causa P. 136.193, cit.).
Desde ese enfoque, los reclamos del recurrente, contrariamente a lo alegado por la defensa oficial sobre la pertinencia de su planteo, no se asientan en la existencia de un perjuicio actual, porque recién ante una eventual denegatoria del acceso a algunos de los regímenes del período de prueba -de corresponder- o derechamente a la libertad cuando se estime agotada la pena, es que cobrarían actualidad los reclamos postulados.
En todo caso, la parte tampoco se ocupó de demostrar de qué modo la alegada "incertidumbre" ocasionaría las denunciadas afectaciones legales y convencionales que invocó en la impugnación en tratamiento (art. 495, CPP y su doctr.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Franco Gabriel Báez Calderón, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/05/2024 17:47:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2024 20:03:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/05/2024 09:55:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2024 23:25:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2024 09:12:00 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/05/2024 11:20:06 hs. bajo el número RS-95-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia