Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137286
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe tiene por desistido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal General del Departamento Judicial de Azul (arts. 487 segundo párr., CPP y 21 inc. 8, ley 14.442).
Asimismo, también de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en beneficio de Guillermo Jesús Alzugaray Vila, con costas (art. cit., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al doctor Jorge Ricardo Dames, por los trabajos realizados ante esta instancia, en veintiún (21) jus (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.286-RC, "Alzugaray, Guillermo Jesús s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 42.935 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul" y su acum. causa P. 137.242-Q, "Sobrino, Marcelo Alberto -Fiscal General del Departamento Judicial Azul- s/ queja en causa n° 42.935 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, seguida a Alzugaray, Guillermo Jesús", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, a través del pronunciamiento dictado el día 24 de junio de 2022, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental, que había condenado -en lo que importa destacar para el caso- a Guillermo Jesús Alzugaray Vila, a las penas de cuatro años y seis meses de prisión y diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, accesorias legales del art. 12 del Código Penal y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio culposo doblemente agravado por la pluralidad de víctimas mortales -dos personas- y por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor (art. 84 primer y segundo párr., Cód. Penal -texto vigente a la fecha de comisión del hecho, según ley 25.189-). En consecuencia, revocó la sanción penal impuesta y la redujo a tres años de prisión y diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, con costas, confirmando la sentencia con relación a los restantes extremos.
Contra ello dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa particular de Guillermo Jesús Alzugaray, doctor Jorge Ricardo Dames (v. fs. 4.103/4.108 vta.), que fue concedido por resolución del Tribunal de Alzada del día 12 de agosto de 2022 (v. fs. 4.125/4.126); igual recurso fue interpuesto por el señor Fiscal General departamental, doctor Marcelo Alberto Sobrino (v. fs. 4.112/4.122), el que habiendo sido declarado inadmisible (v. fs. 4.123/4.124), motivó la deducción de queja que tramitó ante esta Suprema Corte como causa P. 137.242, la cual fue resuelta de modo favorable el día 24 de febrero de 2023, concediendo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado (v. fs. 4.145/4.147).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 4.151/4.155), dictada la providencia de autos (v. fs. 4.157) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Debe declararse desistido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal General departamental?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa particular de Guillermo Jesús Alzugaray?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor Fiscal denuncia absurdo probatorio, inobservancia y violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 106 del Código Procesal Penal y 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 4.114).
Considera que el Tribunal de Alzada, para disminuir la pena impuesta por el juez de grado, sin modificar las atenuantes y agravantes, puso el foco de atención únicamente en la circunstancia referida a la "magnitud de la violación de deber de cuidado" en el que incurriera Alzugaray con su conducta.
Bajo tal premisa, concluyó erróneamente -a su criterio- que la magnitud de la violación del deber de cuidado de Alzugaray no justificaba la pena impuesta por no haberse probado que aquel conocía que la estructura de hierro -que no sujetó adecuadamente- sobresalía del camión. Según el recurrente, ese razonamiento no tuvo en cuenta las demás circunstancias ponderadas por el juez de primera instancia para cuantificar la pena.
Postula que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo y arbitrariedad y atenta contra la doctrina "Casal" de la Corte federal, toda vez que -según refiere- no resulta lógico y coherente, a pesar de considerar que fueron adecuadamente valoradas las pautas agravantes y atenuantes, pensar que la magnitud de la violación del deber de cuidado no justificaba la pena impuesta, cuando analizada toda la conducta de Alzugaray antes, durante y después del hecho, puede concluirse que la sanción penal aplicada en primera instancia, no resultaba desproporcionada y se encontraba ajustada a derecho, con especial énfasis en la extensión del daño causado: el fallecimiento de dos adolescentes.
II. El señor Procurador General en su dictamen -en lo que interesa para el caso- no sostuvo el recurso del inferior. Luego de repasar algunos de los argumentos expuestos por la Cámara revisora que justificaron la pena impuesta, indicó que no venía cuestionada -estrictamente- la materialidad ilícita ni la autoría, por lo que ambas se hallaban firmes. A su vez, consideró razonable el razonamiento que hizo la Cámara revisora pues según dijo "...en la hipótesis del Fiscal recurrente, esto es, que el conductor sabía que el vehículo tenía una saliente de hierro de casi un metro que generaba peligro para terceros debió haber requerido un cambio en la calificación por ser una conducta más gravosa que el homicidio culposo tradicional". Tampoco estimó que la Cámara haya soslayado las agravantes consideradas en la instancia y con ello inobservado los arts. 40 y 41 del Código Penal. Finalmente, desestimó la pretensión de considerar a la sentencia recurrida como arbitraria y aconsejó rechazar el recurso extraordinario presentado por el señor Fiscal.
III. En estas condiciones y dado que en el cumplimiento de la vista previa (art. 487, CPP) el señor Procurador General ha desistido expresamente del recurso extraordinario presentado por el señor Fiscal General de Azul, en virtud del sistema adoptado por la ley del Ministerio Público Fiscal y con base en los principios de unidad e indivisibilidad, esta Corte se encuentra inhabilitada para expedirse (conf. doctr. causas P. 84.702, sent. de 29-III-2006; P. 88.980, sent. de 8-III-2007; P. 99.516, sent. de 15-X-2008; P. 105.957, sent. de 30-III-2011; P. 132.026, sent. de 13-VIII-2021; P. 132.753, sent. de 29-VI-2021; e.o.).
En efecto, tal como se expuso en tales precedentes, el desistimiento puede tener lugar cuando el señor Procurador así lo indica de manera clara y expresa, o cuando de los fundamentos del dictamen resulta inequívocamente que aquel de ningún modo sostiene o defiende total o parcialmente la pretensión impugnativa del representante de la vindicta pública.
IV. Por todo lo expuesto, en función de lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto considera que el criterio de la Sala revisora es correcto y que los planteos del recurrente en esta instancia debían ser rechazados (v. en lo pertinente dictamen digitalizado de 30 de agosto de 2023), debe tenerse por desistido, quedando, por ende, esta Suprema Corte sin jurisdicción (conf. arts. 21 inc. 8, ley 14.442 y 487, CPP; conf. en lo pertinente causas P. 84.702; P. 88.980; P. 99.516; P. 105.957; P. 132.026 y P. 132.753 citadas).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa particular de Alzugaray, se denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 26, Cód. Penal) y de su doctrina legal, al haberse condenado a su pupilo a una pena de tres años de prisión de "efectivo cumplimiento", no obstante reunir todas las condiciones objetivas y subjetivas para que fuese condicional (v. fs. 4.103).
Sumó a lo anterior, que además se trata de una cuestión federal relativa al alcance del principio de legalidad penal, originada en una razonable controversia sobre la subsunción típica escogida para la ejecución de la condena y el desconocimiento de los alcances de los principios de presunción de inocencia, pro homine , in dubio pro reo y debido proceso (conf. arts. 7.1, CADH y 9.1 y 14.5, PIDCP -v. fs. 4.107 vta.-).
Luego de una reseña de lo concluido por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal sobre el punto, refirió que lo decidido impidió la ejecución condicional de la pena a consecuencia de una interpretación arbitraria relativa a su pertinencia en el caso.
Invoca que los principios señalados no pueden ser vulnerados por una decisión arbitraria que, sin fundamentos atendibles, dispuso la pena de prisión de efectivo cumplimiento. En consecuencia, solicitó a esta Corte la corrección del fallo en ese aspecto (v. fs. 4.108).
II. El señor Procurador General se expidió por el rechazo del recurso (v. fs. 4.151/4.155). Coincido con lo así dictaminado.
III. El Tribunal de Alzada estimó que la pena de tres años de prisión aplicada en esa instancia, debía ser de efectivo cumplimiento (art. 26, Cód. Penal), en atención a "...la violación del deber de cuidado a su cargo", con el alcance que expuso al abordar la cuestión vinculada a la pena y su "...actitud posterior al delito de haber, junto con Fiorentino, desviado el curso de la investigación".
IV. Tiene dicho esta Corte que se encuentra fundada la decisión que da debida cuenta de las razones que motivaron que, pese a que se trata de primera condena a pena de prisión que no excede de tres años, el juzgador ha decidido motivadamente el cumplimiento efectivo de la pena (art. 26, Cód. Penal; doctr. causa P. 124.284, sent. de 23-V-2018). Como prescribe la normativa referida, tal decisión deberá fundarse, bajo sanción de nulidad, "...en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad...".
En el caso, la pena fue reducida por el Tribunal de Alzada a la de tres años de prisión. Y, a su vez, al decidir su modalidad expresamente tuvo en cuenta "la violación del deber de cuidado a su cargo", evaluando el grado de injusto del hecho, y la "actitud posterior al delito", al haber Alzugaray, junto con Fiorentino, desviado el curso de la investigación.
En estos términos, la decisión -contrariamente a lo que sostiene el recurrente- exhibe una fundamentación que da cuenta de las razones que motivaron en el caso la no aplicación del art. 26 del Código Penal, con lo que los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una opinión contraria a la del sentenciante, y por lo tanto ineficaz para demostrar el vicio de arbitrariedad endilgado al pronunciamiento (art. 495, cit.).
Por lo demás, el recurrente tampoco explica que esa manera de resolver de parte del Tribunal de Alzada, en torno a la aplicación de una pena de efectivo cumplimiento, hubiera quebrantado también los principios de presunción de inocencia, pro homine , in dubio pro reo y el debido proceso, al no incluir argumentos autónomos a los expuestos. De tal modo, tales planteos no resultan hábiles para concluir en la descalificación del pronunciamiento recurrido.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se tiene por desistido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal General del Departamento Judicial de Azul (arts. 487 segundo párr., CPP y 21 inc. 8, ley 14.442).
Asimismo, también de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en beneficio de Guillermo Jesús Alzugaray Vila, con costas (art. cit., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al doctor Jorge Ricardo Dames, por los trabajos realizados ante esta instancia, en veintiún (21) jus (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 15:12:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:25:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:55:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2024 21:16:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2024 09:21:57 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/05/2024 11:12:28 hs. bajo el número RS-107-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia