Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137400
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.400-RC, "Rojas, Nicandro José s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 112.308 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 24 de mayo de 2022, por mayoría, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Nicandro José Rojas contra el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Pergamino que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por su comisión con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual mantuvo una relación de pareja, homicidio simple y receptación sospechosa, todos en concurso real.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Casación declaró admisible el agravio vinculado con la errónea aplicación del art. 80 inc. 12 del Código Penal y desestimó los planteos de pretensa índole federal (resol. de 18 de agosto de 2022).
Contra el tramo del carril extraordinario denegado, la defensa oficial dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal. Esta Suprema Corte hizo lugar a la presentación directa y declaró admisibles la tacha de arbitrariedad y la denuncia de violación al principio in dubio pro reo (causa P. 137.341, resol. de 7-XII-2022).
Oída la Procuración General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, denunció en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la errónea aplicación del art. 80 inc. 12 del Código Penal y la violación del principio in dubio pro reo (art. 18, Const. nac.).
Alegó que para enmarcar los hechos en un contexto de violencia de género se valoró la prueba de manera parcializada, pues solo se ponderaron los dichos de algunos testigos y los jueces se apartaron de lo expuesto por los especialistas que negaron la existencia de una relación asimétrica entre Ortiz y Rojas.
A su entender, no existe certeza sobre la intención de su asistido de matar para hacer sufrir a su expareja. Argumentó que de las diversas declaraciones recogidas en el juicio (de María Soledad Ortiz, de su hermano, del progenitor de la víctima y de su compañero de trabajo) no surge "...que Rojas tuviera actitudes dirigidas a torturarla ni mucho menos. Todo lo que hacía estaba dirigido a recuperar su relación con ella". Indicó como prueba de ello que su asistido, luego de matar a Caputa, le envió mensajes a Ortiz haciéndose pasar por él, intentando ocultar su muerte y haciéndole creer que tenía otra novia y que por eso su relación no podía continuar.
En su apoyo, citó el voto en minoría del señor juez Violini en cuanto sostuvo que la motivación del homicidio consistió en recomponer la relación de pareja con Ortiz, sin que se hayan relevado elementos que evidencien la perversidad que supone matar a un individuo para mortificar o aleccionar a un tercero. Porque, más bien, los mensajes enviados por Rojas "...resultan indicativos de la intención de alejar [a] cualquier otro hombre de la vida de Ortiz, a la vez que de hacerle saber que debía volver con el padre de sus hijos. Rojas no mató para causar mortificación a Ortiz, sino [...] para recuperarla".
Afirmó que más allá de que el hecho seguramente provocó dolor en Ortiz, pues mantenía una relación con Caputa, esa no fue la razón que motivó al acusado a cometerlo.
De seguido, citó un extracto del debate parlamentario de la ley 26.791 en el que se expuso que el art. 80 inc. 12 del Código Penal resulta neutral al género, en tanto "...'el mayor desvalor del hecho no radica en el fondo en una cuestión de género, sino en la perversidad que supone matar a una persona para mortificar a un tercero'...".
Por otra parte, recordó lo oportunamente expuesto en el recurso de casación por la defensa oficial, que con sustento en diversos elementos de prueba (declaración de la licenciada Villanueva, informe socioambiental y peritaje psicológico-psiquiátrico de Rojas) negó que su asistido hubiera tenido la intención de hacer sufrir a su expareja.
Frente a tales argumentos, manifestó que el voto en mayoría de la casación no dio razones suficientes para apartarse de la opinión de los especialistas y aplicar el art. 80 inc. 12 del Código Penal.
En suma, sostuvo que el fallo en crisis incurrió en arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa y transgresión al principio in dubio pro reo al subsumir los hechos en la figura en cuestión.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso; coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es improcedente (conf. art. 496, CPP).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario efectuar una reseña de antecedentes del caso.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Pergamino, mediante sentencia dictada el 25 de junio de 2021, luego de celebrar el juicio oral, tuvo por debidamente acreditado que "...el día 27 de marzo de 2019, en un horario aproximado entre las 5.00 y las 6.00 horas, un sujeto del sexo masculino ingresó al domicilio ubicado en calle Conscripto Silva n° 508, esquina Maipú de esta ciudad y, mediante golpes y utilizando un elemento corto punzante, asestó varias puñaladas a Pablo Caputa (con quien su ex mujer tenía una relación de noviazgo) y a su progenitora María Elsa Raffaele que se encontraba en el lugar, provocándole a ambos la muerte en forma inmediata por paro cardíaco, como consecuencia de shock hipovolémico. Luego, en un allanamiento realizado para proceder a la detención del acusado, se procedió al secuestro en el lugar de un oxímetro de pulso previamente sustraído del Hospital San José de Pergamino".
Para ello, ponderó prueba testimonial, documental, pericial e informativa incorporada por lectura. En particular, en lo que aquí importa, del veredicto condenatorio surge que durante el juicio se demostró que "...el imputado estuvo casado con la Sra. María Soledad Ortiz y fruto de dicha unión nacieron dos hijos [...] Las desavenencias de la pareja produjeron la interrupción de la unión y el carácter violento de Rojas originó numerosas causas judiciales, en un número aproximado a 20 [...], todas con el denominador común de la violencia de género e intra familiar".
Se resaltó que "El informe de la Perito Psicóloga de la Fiscalía de violencia de género, en IPP 1470/19, pocos días antes del hecho [...] consignó que, si bien la pareja ya estaba separada, los episodios de violencia continuaban, lo que motivó la imposición de perímetro de contacto para con el imputado. Del informe surge que la situación se agravó luego de que Rojas tomara conocimiento de que la Sra. Ortiz había comenzado una relación con Caputa. Si bien, tanto la Perito Psicóloga de la Fiscalía como de la Defensoría Oficial, hablaron de una 'dinámica vincular simétrica', no abrigo duda alguna [de] que en el devenir de esta relación estaban presentes todos los parámetros indicativos de la violencia de género. La Lic. Villanueva, de la Defensoría Oficial, planteó un escenario de conflictividad originado por la conducta de la mujer, haciendo hincapié en el carácter de la Sra. Ortiz, expresando que no era manipulada ni sumisa, que tenía recursos para defenderse, que la relación era simétrica, y que incurría en situaciones que entendió como de provocación. Tomó como ejemplo de ello la actitud de la Sra. Ortiz de hacer pública a través de las redes sociales su nueva relación de noviazgo con Caputa".
Frente a ello, el tribunal afirmó que "En modo alguno coincid[ía] con la Lic. Villanueva. El control de la mujer como sinónimo de posesión luego de la separación, los celos patológicos, el acoso, la denigración y la humillación de la agredida, estas características, todas presentes en este caso, que se repitieron y duraron en el tiempo, constituyen justamente violencia de género; la institucionalización ritual de la dominación masculina".
Explicó que "El género se constituye por el resultado de un proceso de construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a varones y mujeres. Fruto de ese aprendizaje cultural de signo machista, unos y otros exhiben los roles e identidades que le han asignado bajo la etiqueta del género. Solo desde allí, de esa prepotencia de lo masculino y subalternidad de lo femenino, se puede concebir la decisión de rehacer su vida de María Soledad Ortiz y de hacerla pública como una provocación".
Añadió que "La obsesión que Rojas tenía con su ex mujer y la no aceptación de que esta reinici[ara] su vida sentimental con otras personas ya había tenido precedentes de violencia de Rojas hacia los hombres que se vincularon con ella (Sobelli y Casenave)...".
A continuación, valoró el testimonio de María Soledad Ortiz. "Relató que estuvo casada con Rojas y tuvieron dos hijos y que la relación tuvo varias interrupciones hasta que se separaron después de agresiones físicas y verbales de todo tipo. Vivían en un mismo predio, pero la casa estaba separada. También vivía en el lugar su hermano junto a su familia. Agregó que durante un tiempo estuvieron separados pero viviendo bajo un mismo techo, hasta que decidió irse a vivir a su lugar de trabajo. Dijo que a Caputa lo conoció por un compañero de su trabajo y que su relación con él llevaba aproximadamente 10 meses. Como había tenido problemas cuando intentó salir con otras personas, trató [de] que Rojas no se enter[ara]. Luego este se enteró y empezaron las amenazas".
De seguido, se citaron los dichos de Diego Ortiz, hermano de María Soledad, quien relató distintos episodios de violencia contra su hermana, como así también problemas que el testigo tuvo con Rojas. "Confirmó que su hermana vivió situaciones de violencia extrema y que si no estaba con Rojas, no podía estar con nadie. Dijo que [la] acompañó [...] a hacer una denuncia en esos días cuando Rojas le dijo: '...puta, reventada, trola de mierda, qué tenés que coger con uno y con otro, vos no tenés que estar con nadie más que conmigo, quién es Pablo, ya lo voy a agarrar y le voy contar cómo sos. Los voy a matar a los dos'. Ratificó la captura de pantalla de su celular [...] del 21 de marzo de 2019 en el que Rojas le refiere que no sabe cuándo 'pero va a correr sangre'".
A su vez, se remitió a un informe actuarial del que surgían "...la cantidad de causas en trámite que tenían a Rojas como imputado, todas ellas por denuncias formuladas por María Soledad Ortiz y por su hermano Diego y que resultan plenamente concordantes con lo relatado por estos testigos. Singular importancia reviste el informe [...] que da cuenta de la IPP 1469/19, en la que Pablo Caputa el 24/2/19 denunció haber sido amenazado por Rojas en su lugar de trabajo".
Hizo referencia al testimonio de Omar Cristóbal Caputa (padre y esposo de las víctimas de los homicidios) quien "...relató que días antes el acusado fue a su casa, en una moto roja y le preguntó si en ese lugar vivía Pablo Caputa. Le respondió que sí, pensando que era algún compañero de trabajo. Agregó que enseguida se identificó como el marido de Soledad y le dijo: 'Dígale que la próxima vez lo mato'. Continuó su relato diciendo que apenas vio a su hijo le comentó lo sucedido y este le dijo que lo había denunciado porque también lo había amenazado en la estación de servicio donde trabajaba".
Adicionalmente, se tuvo por probado que Rojas, luego de matar a Pablo Caputa y a su madre "...tomó el teléfono del [primero] y un par de zapatillas que recientemente la Sra. Ortiz le había regalado a Caputa. Con el teléfono de su víctima y pretendiendo hacerse pasar por él, comenzó a mandarle mensajes a su ex mujer. [...] Desde las 5:25 de la madrugada en adelante, desde el teléfono de Caputa y haciéndose pasar por él, Rojas le mandó varios mensajes a Ortiz diciéndole que daba por terminada la relación, que tenía otra novia y que ella tenía que volver con el padre de sus hijos, además de insultarla".
Asimismo, se tuvo por probado que "Con ese mismo teléfono, Rojas accedió al perfil de la red social Facebook perteneciente a Pablo Caputa [...] y a las 13:45 horas de ese 27 de marzo, publicó varias fotos de María Soledad Ortiz con el siguiente texto: 'Esta chica llamada María Soledad Ortiz anda diciendo que sale conmigo. Tengan mucho cuidado muchachos. Es una mala persona, mala madre, le gusta salir con cualquiera. Al marido lo hizo echar de la casa y le niega ver [a] sus hijos siendo él un buen padre, trabajador y que nunca le [hizo] faltar nada. Compartan en todas las redes sociales'".
Se hizo referencia al testimonio de Eliana Benítez, comerciante, dueña de una pizzería, que conocía a Rojas pues trabajó para ella. Declaró que Rojas era muy buen empleado, que "...tenía una gran habilidad en el manejo de los cuchillos y que en su faz personal, estaba obsesionado con su ex mujer".
Se agregó que la obsesión de Rojas con su ex mujer se reafirmó con el acta de allanamiento en el domicilio del acusado, donde se constató que en una habitación había "...un plato con una vela, una especie de ritual o altar con una foto invertida de una pareja, cosida...". De igual manera, ello se reforzó con el "...análisis de los teléfonos secuestrados en poder del imputado al momento de su aprehensión, cuyas actas [...] dan cuenta de la gran cantidad de llamadas a Ortiz y la constancia de un giro de dinero al exterior a una persona supuesta 'maestra o chamán' que en un audio de 47 segundos le explicaba a Rojas cómo debía armar el santuario con la foto de su ex mujer".
En cuanto al peritaje psicológico-psiquiátrico, se dijo que de él se desprendía que "...Nicandro José Rojas tiene 'tendencia a actuar de manera impulsiva ante situaciones que se le presentan por fuera de lo esperado', y en cuanto a las características de su personalidad, lo describen como un sujeto '...con dificultades para aceptar las diferencias, con marcada rigidez, con egocentrismo y características narcisistas que lo hacen proclive a respuestas por la esfera del acto, con escasa implicación subjetiva, proyecta[n]do en el afuera o en el otro las dificultades en las que se ve involucrado, situación que lo deja expuesto a repeticiones'".
En particular, en lo que respecta a la aplicación del art. 80 inc. 12 del Código Penal como calificación legal de los hechos, el tribunal sostuvo que durante el juicio se probó "...el hostigamiento, la persecución, la obsesión y sed de venganza de Nicandro Rojas contra su ex mujer por haber tomado la decisión de separarse, [que] cobró mayor intensidad aún cuando este tomó conocimiento [de] que la misma decidí[ó] rehacer su vida sentimental iniciando una relación con Pablo Caputa. A partir de allí comenzaron las amenazas a ambos y cuando la Sra. María Soledad Ortiz difundió su nueva relación en la red social Facebook el día 26 de marzo de 2019, en la madrugada del día siguiente Rojas cumplió con sus amenazas poniéndole fin violentamente a la vida de Pablo Caputa y su madre María Elisa Raffaele".
"Varios testimonios fueron contestes en que Rojas había anunciado su intención de matar a Caputa, amenazándolo tanto a él como a su ex mujer, tanto en el lugar de trabajo del nombrado como en su domicilio particular, lo que dio origen a un gran número de causas penales cuya existencia fue acreditada con los informes actuariales glosados a la presente".
Afirmó que la relación entre Rojas y Ortiz se enmarcó en un contexto de violencia de género que tuvo su punto cúlmine con el doble homicidio perpetrado por el acusado, sin perjuicio de que la figura del art. 80 inc. 12 no exige la configuración de dicha circunstancia. Sostuvo, sin lugar a dudas, que el homicidio de Caputa configuró "...un homicidio transversal o vinculado, o femicidio vinculado. Rojas decidió la eliminación física de Caputa, a quien conocía a raíz de la relación que tenía con su ex mujer, y lo mató con el propósito de lograr el dolor, el sufrimiento y herir los sentimientos de María Soledad Ortiz. Rojas sabía que la muerte de Caputa implicaría un dolor, sufrimiento o padecimiento en su ex mujer. Utilizó como instrumento la vida de Pablo Caputa con el único y deleznable propósito de mortificar a quien había estado unido con él en matrimonio. Su comportamiento se inspiró en una perversa finalidad y demostró un singular desprecio por la vida ajena desde que privó de la vida a un tercero con el solo propósito de provocar padecimiento o dolor a quien fuera su pareja".
Se aclaró que se trata de un delito de "...tendencia interna trascendente por lo que el advenimiento de la consecuencia pretendida por el autor no está incluida en el tipo, sino que basta con la intención del agente. Como todo delito de tendencia, no se exige que efectivamente la finalidad perseguida por el autor se cumpl[a]. O sea, es suficiente, a los fines de esta figura agravada, que la intención del autor se dirija a lograr ese resultado".
III.2. Por su parte, la Sala III del Tribunal de Casación, mediante el voto del señor juez Borinsky, a quien adhirió el señor juez Carral, confirmó la aplicación del art. 80 inc. 12 del Código Penal con relación a la muerte de Caputa.
Afirmó que se acreditó la violencia de género, así como la dominación por parte de Rojas hacia Ortiz, y la relación asimétrica que existía entre ambos. Recordó que María Soledad Ortiz -excónyuge del imputado, con quien estuvo casada y tuvo dos hijos- dio cuenta del carácter violento de Rojas y explicó que ello fue la causa de la interrupción del matrimonio y "...originó un número aproximado de 20 causas judiciales, con el denominador común de la violencia de género e intra-familiar".
Asimismo, el tribunal destacó que Ortiz "...intentó ocultar la relación que mantenía con Caputa para evitar problemas con Rojas".
Notó que, del informe de la perita psicóloga de la Fiscalía de Violencia de Género, realizado pocos días antes del hecho, surge que "...si bien Ortiz y Rojas estaban separados, los episodios de violencia continuaban, lo que motivó la imposición de una restricción perimetral para Rojas, detallándose que la situación de violencia se agravó luego de que éste tomara conocimiento [de] que Ortiz había comenzado una relación con Pablo Caputa".
En igual sentido, hizo referencia al testimonio de Diego Ortiz -hermano de María Soledad- quien dio cuenta de los graves episodios de violencia sufridos por su hermana, así como también de las amenazas del imputado de matar a su exmujer y a su actual pareja porque "...que ella no tenía que estar con nadie, sólo con él".
Luego, mencionó los dichos de Omar Cristóbal Caputa y de Joaquín Maldonado -padre y compañero de trabajo de la víctima respectivamente- quienes pusieron de manifiesto las amenazas que Rojas hizo respecto de Caputa.
Sentado lo anterior, la Casación concluyó que en el marco de la violencia de género que caracterizó la relación de pareja entre Ortiz y Rojas, que persistió aún con posterioridad al fin de la relación, el imputado había actuado con "...la perversidad que supone matar para hacer sufrir a un tercero, en el caso a Ortiz [...] Utilizó como instrumento la vida de Pablo Caputa con el propósito de mortificar a su ex pareja. Su comportamiento se inspiró en una perversa finalidad y demostró un singular desprecio p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.