Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137747
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.747, "D'Gregorio, María Laura E. -Fiscal Adjunta de Casación- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.195 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, Seguida I. R. O.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de junio de 2022, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, que también había acogido de modo favorable el recurso articulado por el Ministerio Público Fiscal contra el auto del Juzgado de Garantías departamental que había decretado la prescripción de la acción penal respecto de los hechos que se le imputaban a R. O. I., disponiendo el consecuente sobreseimiento. En consecuencia, resolvió que debía recobrar vigencia la decisión dictada en primera instancia (arts. 62 y 67, Cód. Penal; 9, CADH; 15 inc. 1, PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.).
Contra lo así decidido, la señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue admitido por la referida Sala del Tribunal de Casación Penal por resolución del 31 de octubre de 2022.
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. dictamen digital de 15-IX-2023), presentada la memoria por parte de la defensa oficial (v. presentación digital en 3-X-2023), dictada la providencia de autos el 18 de septiembre de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, la recurrente denuncia apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, en contra de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino (arts. 8 y 25, CADH; 4 y 7, Convención de Belém do Pará; 3 y 19, CDN; 1, 2 y 15.2., CEDAW; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Sostiene que, de la lectura de lo fallado, los hechos ocurrieron cuando ambas víctimas eran niñas en los términos del art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, circunstancia que junto con la condición de mujer víctima de abuso sexual, las torna particularmente vulnerables. Con ese norte, destaca que la inteligencia que el tribunal revisor le otorgó al art. 62 del Código Penal, se alza contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizándoles el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, así como la tutela judicial, continua y efectiva. Ello debido a la vigencia de esas obligaciones al momento en que acaecieron los hechos de autos -respecto de C.C.I. sucedieron entre sus once y diecisiete años, habiendo nacido la nombrada en el año 1989; y entre los diez y dieciocho años respecto de J.N.D., nacida en el año 1988-, y hasta el momento de la denuncia efectuada por la primera de las nombradas en el año 2019.
Refiere que las obligaciones asumidas por el Estado argentino, tanto en cuanto integran el bloque constitucional o supralegal, tenían plena vigencia con anterioridad a la fecha en donde comenzaron a suceder los hechos aquí juzgados. Por lo tanto, sostiene, una norma de inferior jerarquía -como lo es el art. 62 del Código Penal- no puede ser invocada para justificar su incumplimiento (art. 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
Destaca que en estas actuaciones en ningún momento medió renuncia, desinterés ni mora en investigar por parte de aquellos a quien la ley confiere tal potestad. Resaltó el especial contexto en el cual sucedieron los hechos, y el momento en que ambas víctimas pudieron develar los padecimientos vividos.
Afirma que no puede ignorarse que el hecho por el cual se investigó a R. I. se encuentra alcanzado por las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará", que entró en vigor el 3-V-1995). A su vez, agregó que nos encontramos ante niñas víctimas, por lo que, también debe atenderse -conjuntamente- al interés superior del niño (conforme la Convención sobre los Derechos del Niño).
Por eso explica que no es en función de las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206 que peticiona en el sentido indicado, en tanto no resultan de aplicación a hechos que, como el presente, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia.
Refiere que el instituto de la prescripción hace operativo el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, pero una vez que se ha iniciado un proceso penal en su contra, claramente no se puede extender en el tiempo de manera indefinida, y debe estar sujeto a un determinado período. Que este derecho que tienen todas las personas, también es una obligación del Estado, que asumió a través de los distintos tratados internacionales, pues el estar sometido a proceso de manera extendida en el tiempo afecta claramente la dignidad y la salud de la persona imputada.
Finalmente, señala que, de ninguna manera, el paso del tiempo sin que la víctima haya puesto de manifiesto la situación que la habría conmovido y la conmueve por encontrarse condicionada por el contexto cuasifamiliar en el cual se desarrollaron los hechos, o no encontrarse preparada emocional o psicológicamente para expresar públicamente ello, tiene relación con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino claramente con el derecho de acceso a la justicia.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo (v. dictamen digital).
III. Por su parte, la señora defensora oficial adjunta interinamente a cargo por ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal y solicitó que se aplique la doctrina sentada en las causas P. 132.967; 134.019; 134.630 y P. 135.109; a la vez que resaltó el derecho de su asistido a obtener un pronunciamiento que ponga fin al proceso del modo más breve posible (conf. precedentes CSJN Fallos: 272:188 "Mattei"; 323:982 "Amadeo de Roth"; 327:327 "Barra"; 329:445 "Podestá"; 331:600 "Cuatrín"; CSJ161/2012 [48-V] /CS1 "Vilche"; 342:584 "Espíndola"; 342:2344 "Farina"; CSJ2469/2019/RH1 "Espinosa"; 344:378 "Escudero"; e.o.).
IV. El carril extraordinario incoado resulta insuficiente para revertir lo decidido por el Tribunal de Casación Penal (conf. mutatis mutandi , causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; entre otras; art. 495, CPP).
V. Las denuncias de violación a los arts. 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 4 y 7 de la Convención de Belém do Pará y 1, 2 y 15.2. de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, no pueden prosperar (conf. art. 495, cit.).
VI. El tribunal intermedio abordó el recurso articulado por la defensa de R. O. I., contra el fallo dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que -haciendo lugar al recurso fiscal- revocó el auto que había decretado la prescripción de la acción penal respecto del nombrado con relación a los hechos imputados, y su consecuente sobreseimiento.
De manera inicial sostuvo que la controversia se centraba en determinar la ley aplicable a los hechos denunciados, es decir "...la preponderancia de cierto contenido normativo por sobre otro, los cuales, por cierto, gozan de la misma jerarquía constitucional".
Destacó que, a partir del razonamiento alcanzado por la Cámara, en el caso en estudio, se encontraban en colisión dos grupos de garantías de igual rango constitucional, por un lado -en favor del imputado- las vinculadas con los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal y por el otro -en lo que atañe a la víctima- la tutela judicial efectiva y el interés superior del niño, niña o adolescente.
En ese sentido, explicó que el Tribunal de Alzada dijo que "... se vislumbran en el caso en análisis garantías constitucionales en pugna, las que confrontan y exponen derechos de los justiciables en colisión, lo que hace que la solución que se adopte evidentemente favorecerá y reconocerá alguna o algunas de ellas, provocando la mengua de la contraria "; agregó que "... entre los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño que atiende al interés superior, por un lado, y la regla de prescripción, por el otro, es que, ponderando ambos extremos, considero que los primeros deben prevalecer ". Sentado ello, basó la prevalencia de los principios rectores que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará, por sobre la aplicación de los arts. 62 y 67 del Código Penal -conforme su anterior redacción-, aun involucrando el principio de legalidad (el destacado figura en el original).
Luego de realizar algunas precisiones sobre el instituto de la prescripción de la acción penal, ligado a la estabilidad y seguridad jurídica, alejando la idea de incertidumbre que se genera por la prolongación de los procesos, sostuvo que no compartía los argumentos dados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal para sostener la vigencia de la acción penal respecto de los delitos que se le atribuyeron a I. en calidad de autor.
En ese sentido, el Tribunal de Casación hizo alusión al precedente dictado en esa Sala en el marco de la causa n° 102.233 caratulada "P., J. A. s/ recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal", sentencia de 21-V-2021, y destacó luego que "...del contenido de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos involucrados tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos 'Pacto de San José de Costa Rica' (C.A.D.H.), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ('Convención de Belém de Pará') y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), no se extrae como conclusión razonada que, siguiera interpretativamente, pueda suponerse que, para asegurar el 'acceso a la justicia' y garantizar la 'tutela judicial efectiva' y el 'interés superior del niño' consagrado por dicha normativa, en los casos como el de autos en donde se investiga la presunta comisión de un delito de abuso sexual infantil, deban contemplarse plazos de prescripción diferentes al de los 'delitos comunes'".
Agregó a lo dicho que la mencionada legislación internacional, a contrario de la explicación dada por la Cámara para respaldar su decisión, en modo alguno consagra que, para los hechos por ella regulados, deban ser consideradas excepciones o diferencias respecto del plazo de prescripción de la acción penal que rige para otro tipo de delitos, ni mucho menos evaluar su imprescriptibilidad, o que, para garantizar y asegurar el debido resguardo de su contenido normativo, deban efectuarse extensiones temporales en su perseguibilidad punitiva. Destacó que ello "...no implica desconocer que la Corte Interamericana ha tenido oportunidad de expedirse en numerosos precedentes -muchos de los cuales han sido invocados en el pronunciamiento que aquí se cuestiona- respecto de las normativas internas e internacionales vinculadas al instituto de la prescripción, considerando de modo sostenido a través de sus respectivas resoluciones, que la misma no es oponible respecto de aquellos delitos que importan los comprendidos 'delitos de lesa humanidad', ampliando luego tal criterio para los casos que importen 'graves violaciones a los derechos humanos', los cuales refieren a aquellos que, sin estar comprendidos en los primeros, son cometidos por agentes estatales y personas particulares avaladas o sostenidas por el Estado respectivo". Pero, a pesar de ello "...no resulta sostenible el razonamiento arribado por el a quo por el cual, a los fines de ponderar la imprescriptibilidad de la acción penal, equipara el delito achacado al imputado con los mencionados anteriormente, únicos supuestos para los cuales fue contemplada expresamente dicha consecuencia legal".
Luego de citar el precedente "Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia", de 3-IX-2012 -considerando 282- de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacó que "...pregonar la imposibilidad de prescripción respecto de estos aberrantes eventos a partir de sostener, por un lado, que 'el Estado Argentino está o estaba obligado, por la letra de los tratados, a dictar legislación interna que garantice los derechos de los niños víctimas de abusos y la intervención judicial adecuada, tarea cumplida con el dictado de la ley 27.206', y, por otro, que 'la intención del legislador fue la de garantizar la tutela judicial efectiva, estableciendo una suerte de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores', resulta una contradicción lógica insalvable por cuanto, más allá de la imposibilidad de aplicar al caso bajo análisis las consecuencias por ella contempladas en resguardo del principio de legalidad e irretroactividad, incluso, la imprescriptibilidad de la acción penal tampoco fue el camino adoptado por la normativa referenciada". Y reiteró que "...este efecto no fue el que finalmente adoptó el legislador local al momento de redactar la ley 27.206, cuya regulación fue catalogada por el sentenciante como una consagración expresa de los principios ya incluidos en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la vigencia de los tratados internacionales con jerarquía internacional". Ello por cuanto "...siguiendo el razonamiento adoptado, llegaríamos al absurdo de destacar la innecesaridad del dictado de los códigos de fondo y de cualquier otra ley de carácter interno infra constitucional en virtud de la existencia de principios dotados de mayor rango", lo cual implicaría -según dijo- desconocer la armonía y adecuación de la normativa interna con el derecho constitucional y convencional.
Sentado lo cual concluyó que "al momento de los hechos que se atribuyen a I., ni el legislador local ni su par convencional han estipulado para los delitos de índole sexual en donde se encuentran involucrados como presuntas víctimas menores de edad, consecuencias disímiles respecto del plazo de prescripción de la acción a las contempladas para con los demás delitos (con la salvedad efectuada respecto de los de 'lesa humanidad')". También descartó que la decisión adoptada sea una derivación razonada del derecho vigente -a partir del contenido de los tratados internacionales involucrados-, la sanción de la ley 27.206 o, como se ha querido sostener en autos, que tal norma importe la concreción escrita y explícita de los principios que ya imperaban en el ordenamiento local en virtud de que tales tratados ya se encontraban operativos al momento de la comisión de los hechos. En dicho orden, expuso que "a la luz de la normativa vigente en oportunidad de cometerse el ilícito, no resulta posible acudir a una disposición de la ley 27.206 siquiera como estándar o criterio válido de interpretación de un Tratado o Convención Internacional con jerarquía constitucional ya aplicable en nuestro ordenamiento (art. 75 inc. 22 CN), en tanto la misma modifica el mojón de partida respecto del inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal para el delito en trato, estableciendo de ese modo un parámetro desventajoso para quien, conforme la etapa en la que nos encontramos, se le atribuye en calidad de autor un hecho cometido con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia".
Por otro lado, indicó que -más allá de la vicisitud traída a colación respecto del momento en el cual se alcanzaría la mayoría de edad-, y sin menoscabo de "las valorables intenciones expuestas" por el juzgador de mérito, lo cierto es que con ese proceder se ha vulnerado "...el principio de ley penal más benigna, con la consecuente lesión del principio de legalidad, en la medida en que, mediante la contemplación de un criterio introducido al ordenamiento por una ley posterior, se suspendió el inicio del cómputo de la prescripción en curso", todo ello en franca incompatibilidad con el principio de irretroactividad, todos de igual jerarquía.
VII. Veamos.
VII.1. De conformidad con la reseña efectuada, se puede advertir que la recurrente deja incontrovertido -más allá de alguna breve mención en torno a la tensión entre el derecho del imputado y el de la víctima de un delito a la tutela judicial efectiva, como el enrolamiento por parte de la sentencia recurrida a la postura de hacer primar los derechos del primero-, la parcela del fallo vinculada a la afectación al principio de legalidad y la irretroactividad de la ley penal.
Además, sus críticas estuvieron circunscriptas a resaltar que los tratados y convenciones internacionales mencionados ya se encontraban vigentes al momento de los hechos, y por eso, se debieron ponderar los principios y garantías allí contenidos dotándolos de un mayor peso específico. Sin embargo, ninguna incidencia tuvo ello en la decisión adoptada por el Tribunal de Casación Penal pues la declaración de extinción de la acción penal decidida por el Juzgado de Garantías n° 3 de Junín la cual recobró vigencia a partir del fallo ahora recurrido, se fundó exclusivamente en el cumplimiento de los requisitos objetivos del instituto de la prescripción acorde a la regulación en la ley vigente al momento de consumación de los hechos materia de acusación (arts. 2, 62 inc. 2, 63, 67 y 119 tercer y cuarto párrafo incs. "a" y "f", 119 primer y quinto párrafo inc. "f" y 55, Cód. Penal).
VII.2. Por otro lado, las alegaciones de la recurrente en torno a que la solución adoptada por el tribunal a quo "...se contrapone con lo normado por el art. 3 de la CIDN y hace pasible de responsabilidad internacional al Estado Argentino", es un argumento dogmático que no repara en lo sostenido en cuanto a que el delito investigado no constituye ninguno de los supuestos declarados imprescriptibles de acuerdo a las convenciones que así lo determinan.
En rigor de verdad, estos fundamentos quedaron huérfanos de una crítica razonada y suficiente por parte de la recurrente a fin de demostrar que, en el caso, existió un apartamiento de la doctrina citada y con ello la vulneración a principios y garantías avalados constitucional y convencionalmente. Media pues insuficiencia de los reclamos traídos (art. 495, CPP).
VII.3. Por lo demás, cabe destacar que lo decidido por el tribunal intermedio al momento de brindar sustento a su decisión, avalando lo resuelto por el Juzgado de Garantías, se condice con lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Mirás" (CSJN Fallos: 287:76), donde se estableció que si una ley que defina la acción penal como sujeta a prescripción es modificada por otras ulteriores, las modificaciones se encuentran alcanzadas por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa; y que la aplicación de una disposición legal posterior al hecho más grave que suspende el curso de la prescripción es contraria al art. 18 de la Constitución nacional. En suma, afirmó que el principio de legalidad se aplica a los casos de prescripción cuando la interpretación de la ley es más gravosa para los intereses del imputado -como sucede aquí-, y no cuando es la hipótesis inversa (v. esp. cons.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.