Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137811
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial a favor de Lucas Adrián Duarte y Alejandro Ramón Reyes, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.811-RC, "Reyes, Alejandro Ramón y Duarte, Lucas Adrián s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley en causa n° 87.895 y sus acum. 87.902 Y 87.898 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria, Genoud , Torres .
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con fecha 10 de agosto de 2017 condenó a Lucas Adrián Duarte a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio criminis causae y asociación ilícita -en calidad de jefe u organizador-, imponiéndole la medida accesoria de reclusión por tiempo indeterminado de efectivo cumplimiento, declarándolo reincidente. Al mismo tiempo condenó a Alejandro Ramón Reyes a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio criminis causae , asociación ilícita -en carácter de miembro- y robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada y por su comisión en poblado y en banda, imponiéndole la medida accesoria de reclusión por tiempo indeterminado de efectivo cumplimiento.
Frente a ello, la defensa oficial interpuso un recurso de casación en favor de ambos.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 5 de febrero de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa.
En consecuencia, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital en oficio de 10-XI-2022); el cual fue declarado parcialmente admisible por el tribunal intermedio por resolución del día 16 de junio de 2021, sin que contra ello se hubiese deducido queja (v. informe inicial de 19-XII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 10-VIII-2023), dictada la providencia de autos el día 5 de septiembre de 2023, emitida la resolución de este Tribunal de fecha 3 de octubre de 2023 en virtud de la cual no se hizo lugar al pedido efectuado por los doctores Carlos Manuel Garrido y Camila Brenda Calvo, en carácter de presidente y abogada -respectivamente- de Innocence Project Argentina, de ser tenidos como Amigos del Tribunal en este caso (arts. 1, 2, 7 y concs., ley 14.736) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado en favor de los imputados Lucas Adrián Duarte y Alejandro Ramón Reyes, fue admitido al solo efecto de abordar la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal y la inobservancia del art. 165 del mismo ordenamiento legal. En ese marco, será reseñado el agravio y se formulará la respuesta.
II. La defensa oficial dedujo como planteo -subsidiario- la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal, ello por considerar que el tribunal intermedio convalidó de manera arbitraria la acreditación de la ultra finalidad requerida por la figura cuestionada, en el caso, matar para lograr la impunidad del robo.
Argumentó que el tribunal revisor agregó a la imputación la intención de "conseguir la fuga" que los jueces de grado no habían descripto.
Añadió que no se pudo probar que Duarte fue quien realizó el disparo mortal contra la víctima; refirió que los testigos declararon que hubo disparos desde afuera hacia la puerta de la casa, haciendo específica mención a las declaraciones brindadas por Natalia Plá, Campos Sosa, María Alejandra Ibarrola, Rabbione, la perito Paola Abadi, Colman Leiva y el efectivo policial Pablo Machicote, sin poder distinguir en el caso la mecánica del hecho.
Sumó a lo dicho, que tampoco se realizaron pericias que dieran cuenta de la posición víctima y victimario, y en lugar de ello, solo un testigo -Machicote- atribuyó a quien ingresó a rescatar a Chosco haber efectuado el disparo mortal a Cid.
Adujo que tampoco se acreditó qué disparo y de qué arma -pistola 9 mm o escopeta- salió el proyectil que impactó directamente en el corazón de Cid, ocasionándole la muerte como había afirmado Machicote, y sin que nada de ello se haya reseñado en el informe de autopsia.
Resaltó que no se indicaron ni la cantidad de proyectiles levantados ni a qué arma pertenecían, o a quien le disparaban teniendo en cuenta el video de la filmación de las cámaras de seguridad de la vivienda.
Concluyó en que, si el Tribunal de Casación Penal no se hubiera apartado de la totalidad de las constancias de la causa, habría resuelto la falta de certeza respecto a Duarte como autor de los disparos contra Cid. En definitiva, reiteró la solicitud de cambio de calificación para sus asistidos como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo respecto del hecho I.
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto postula el rechazo del recurso extraordinario (v. dictamen digital de 10-VIII-2023).
La pretensión sobre una incorrecta aplicación de las normas sustantivas mencionadas, está ligada a la denuncia de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, por tanto, a fin de no ocasionar la ruptura en la unidad conceptual de la argumentación del recurrente, analizaré íntegramente el planteo formulado y reseñado en el apartado anterior (conf. CSJN Fallos: 340:1149; doctr. causas P. 133.182, resol. de 11-III-2020; P. 133.631, sent. de 13-IV-2021; P. 135.382, sent. de 13-VII-2022; P. 135.057, sent. de 13-IX-2022; e.o.).
IV. La Casación abordó idéntico agravio llevado por la defensa de Duarte y Reyes sobre la calificación legal del suceso denominado "Hecho I", y lo descartó.
Comenzó con una reseña de la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "...[el] 29 de enero de 2015, aproximadamente a las 16.30 horas, los imputados Lucas Adrián [Duarte], Emiliano Rubén González, Alejandro Ramón Reyes y Pablo Daniel Medina, juntamente con el fallecido Cristian Marcelo Chosco, de acuerdo a un plan ideado con división de roles y claros fines ilícitos de apoderarse de bienes ajenos, se constituyeron en el domicilio de la calle Balcarce n° 1355 de la localidad de Martínez, partido de San Isidro [...] al que arribaron a bordo de una camioneta marca Chery, modelo Tyggo, conducida por Ramón Reyes y ocupando el lugar de acompañante Emiliano Rubén González, quienes permanecieron dentro del vehículo, mientras que Duarte, Medina y el fallecido Chosco, descendieron para ingresar a la vivienda. En primer término, redujeron a Fernando Javier Campos y Bruno Armando Colman Leiva -dos albañiles que se encontraban trabajando en la finca- para luego hacer lo propio con el propietario de la casa, Sebastián Cid, quien se resistió al asalto impidiendo que el hecho se concretara. Frente a tal oposición y procurando la impunidad de su ilícito accionar, los imputados efectuaron disparos de arma de fuego contra la humanidad de Cid con el propósito de quitarle la vida, los que fueron repelidos -por la víctima- con el arma que portaba. A raíz de este enfrentamiento Sebastián Cid resultó gravemente herido al igual que Cristian Marcelo Chosco, a quien consiguieron rescatar, siendo que, a tal fin, uno de ellos -Lucas Adrián Duarte- reingresa a la casa, dispara dos o tres veces más a la víctima -Cid- para luego arrastrar a Chosco hasta subirlo a la camioneta con la ayuda del resto para finalmente darse a la fuga todos los integrantes del grupo, cubriendo su retirada con disparos. Tanto Cid como Chosco fallecieron con posterioridad ..." (el destacado figura en el original).
A continuación, expuso que en el caso no se demostraron ni se advirtieron supuestos de absurdo o arbitrariedad, en tanto la calificación de tal suceso se adecuó al tipo del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
Al dar respuesta a la afirmación de la defensa sobre que sus asistidos nunca pudieron preordenadamente planear la muerte de Cid pues no sabían del arma del nombrado, afirmó que la figura aplicada no supone una preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano, sino que sólo exige que, en el ánimo del autor en el momento del hecho, el fin delictivo actúe como un motivo o decisión determinante del homicidio, decisión que pueda incluso producirse de improviso en la ejecución del hecho.
También desechó la pretensión de la defensa cuando aludió a que la muerte de Cid fue el resultado no querido como consecuencia de la reacción de defensa ejercida; sobre ello, el doctor Mancini (cuyo voto concitó la adhesión del doctor Kohan) sostuvo que del hecho acreditado surgía que la muerte de Cid tuvo como objetivo asegurar y lograr la impunidad del robo emprendido. Se destacó que justamente cuando Sebastián Cid -propietario de la vivienda- intentó impedir el robo, los imputados dispararon sus armas de fuego sobre éste para lograr de ese modo conseguir la fuga y la impunidad del robo intentado. También resaltó que luego del enfrentamiento con el dueño de casa, uno de los atacantes volvió a buscar a su compañero herido -Chosco-, momento en el cual dispara nuevamente en dirección a Cid y a la ventana de una de las habitaciones -donde se encontraban las hijas de la víctima- para lograr la impunidad y alcanzar la fuga.
En contraposición a lo argumentado por la defensa respecto a que de haber querido lograr la impunidad, los acusados habrían intentado ejecutar a todos los presentes en el domicilio, el magistrado del órgano revisor sostuvo que el auxilio a Chosco importó "... el 'rescate' de uno de los consortes, imposibilitando de ese modo su aprehensión y la posible identificación del resto de los integrantes del grupo ". A lo que añadió que "... una vez ultimado Cid, los agresores lograron su resguardo al neutralizar a quien atentaba contra ellos" ; por lo que la intención homicida lo fue para procurar la impunidad (el destacado me pertenece).
Sobre el punto, trajo a colación lo señalado en la instancia de juicio en torno a que todos los imputados que acometieron la empresa delictiva lo hicieron armados con armas de fuego e incluso portando un arma larga -escopeta- por lo que "... no les podía resultar ajena la posibilidad de tener que utilizarlas, poniendo en riesgo el bien jurídico vida" , y que el enfrentamiento armado con la víctima y la consecuente herida de uno de los miembros de la banda, puso en jaque la impunidad de los asaltantes, "... pues la posibilidad de su ulterior identificación se presentaba con alta chance de concretarse -como a la postre sucedió si optaban por abandonar en el lugar a la única persona que los podía comprometer, el herido Cristian Marcelo Chosco ..." (el destacado me pertenece).
Concluyó que la calificación legal asignada al hecho I fue adecuada, en tanto se probó que el accionar de los imputados se relacionó con otro delito anterior (robo de la vivienda de la familia Cid), y se estableció la conexión del homicidio para lograr su impunidad toda vez que "... disparar del modo y en las condiciones que lo hizo contra [...] Sebastián Cid, pone de relieve una conducta querida y dirigida a sabiendas contra la vida del damnificado (el empleo de un medio letal -arma de fuego-, la reiteración de los disparos y la direcciones que tuvieron) lo cual, sumado al claro fin de lograr la impunidad que guio su accionar, permite afirmar la existencia del dolo específico que requiere el tipo del art. 80 inc. 7° el Código sustantivo" (el destacado me pertenece).
V. Frente a lo así resuelto, el recurso se devela ineficaz para conmover la calificación del hecho I en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ello debido a que las discrepancias ensayadas por la defensa bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.725, sent. de 1-XII-2021; e.o.).
De conformidad con lo expuesto, quedó en claro que las instancias previas concluyeron en que el actuar de los imputados tuvo relación con otro delito anterior (el robo), estableciéndose la conexión del homicidio para lograr su impunidad pues la cantidad y dirección de disparos contra la víctima, dejaron en evidencia una conducta querida y dirigida indefectiblemente con dolo de matar, a lo que también sumaron el elemento subjetivo de lograr la impunidad del robo a través de la conducta homicida, lo que permite afirmar la aplicación del tipo del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
La defensa de los encartados se ha decantado por una interpretación alternativa de la prueba, poniendo énfasis en la falta de certeza para acreditar el dolo que exige la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal -matar para lograr la impunidad del robo que se intentaba-; agregando a ello que resultó frustrado en virtud de una balacera entre la víctima y "Chosco", quien quedó herido dentro de la vivienda y solicitó la ayuda a sus compañeros para ser luego rescatado.
A pesar de lo argumentado, las alegaciones de la defensa no permiten modificar la subsunción en la figura aplicada en las instancias previas, en tanto no demuestra que lo decidido haya incurrido en el vicio denunciado, ni en un error en la aplicación de la ley sustantiva o en la doctrina legal de esta Corte que deba, por ende, ser aquí remediado, sino que se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Es que, en efecto, lo resuelto resulta coincidente con la doctrina de esta Suprema Corte que ha establecido que la conexión subjetiva del aludido art. 80 inc. 7, no resulta, ni expresa ni implícitamente, que deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito, esto es que en modo alguno requiere premeditación, planeamiento o preordenación, bastando con su devenir súbito o en el curso de la ejecución del hecho (doctr. causas P. 100.416, sent. de 12-III-2008; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; e.o.), como al menos, se dio por aquí corroborado, dado que la muerte de Sebastián Cid ocurrió cuando intentó legítimamente impedir el robo, y fue allí que los imputados dispararon cada uno sus armas de fuego hiriéndolo mortalmente, y de ese modo, consiguieron darse a la fuga e intentaron -al regresar y llevarse al herido- la impunidad del robo.
Por lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial a favor de Lucas Adrián Duarte y Alejandro Ramón Reyes, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/05/2024 17:48:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2024 20:03:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/05/2024 09:55:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2024 23:26:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2024 09:12:02 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/05/2024 11:20:15 hs. bajo el número RS-98-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia