Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138161
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.161, "Tipuni Villegas, Iván. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley en causa N° 97.913 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el 2 de mayo de 2019, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a Iván Tipuni Villegas a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de hurto simple, robo agravado por el uso de arma, abuso sexual simple en grado de tentativa y homicidio agravado criminis causa , todos en concurso real.
Contra esa sentencia, la defensa oficial interpuso recurso de casación, y la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de septiembre de 2020, lo rechazó por improcedente, quedando de ese modo confirmada la condena.
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta ante esa instancia -doctora Ana Julia Biasotti- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 30-XI-2020), el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. resol. digital de 28-XII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 8-VII-2023), dictada la providencia de autos (v. proveído de misma fecha), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora defensora oficial denunció la revisión aparente de la sentencia de condena con afectación de las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el in dubio pro reo -arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-.
Adujo que el tribunal intermedio, al convalidar la condena, omitió realizar una compulsa de la totalidad de las constancias de la causa, desnaturalizando así, el examen integral que impone la garantía del "doble conforme". Agregó que se limitó a responder los planteos llevados a su sede mediante afirmaciones dogmáticas y reediciones de las consideraciones expuestas por el juzgador de origen.
Afirmó que esa deficitaria labor revisora redundó en la confirmación de una sentencia de grado que, merced a una errónea valoración de la prueba, aplicó equivocadamente la ley sustantiva.
Respecto de lo resuelto en relación al hecho I sostuvo que, a pesar de haber llevado diversos cuestionamientos en el recurso de casación, el órgano intermedio no analizó las hipótesis esgrimidas. Formuló una serie de consideraciones sobre las circunstancias que rodearon lo sucedido en este tramo fáctico, y concluyó que los elementos probatorios evaluados para atribuirle el hecho a su asistido no alcanzaban la certeza requerida para una condena, dado que el día en que se habría producido el desapoderamiento, varias personas habían concurrido al domicilio. Agregó que la víctima -C. A.- estaba durmiendo, que el lugar donde fue hallado el celular en cuestión -debajo de una escalera ubicada en un patio- es un espacio común en un lugar donde convivían varias personas, y además fue hallado sin intervención policial.
Aseguró que solo con apartamiento de las constancias de la causa y transgrediendo el principio de in dubio pro reo pudo considerárselo autor.
En lo vinculado con el hecho II, consideró que la acreditación del abuso sexual simple en grado de tentativa, también se sustentó a partir de un insuficiente caudal probatorio.
Transcribió los agravios llevados a conocimiento del intermedio, señalando que las pruebas sopesadas por el sentenciante de grado estuvieron constituidas por indicios, a excepción de la pericia de ADN que solo aportó "probabilidad de autoría..." resultando, a su entender, insuficiente.
Alegó que si Casación hubiera evaluado la totalidad de las constancias de la causa, habría advertido que, del acta de procedimiento no surgían elementos que permitiesen inferir que haya habido un robo, ya que de ellas se desprende, a su entender, que la alcancía fue saqueada posteriormente a la aprehensión del imputado.
Hizo reseña de particularidades acaecidas durante la etapa de instrucción y de las distintas peticiones de la defensa en materia de producción de prueba, reprochando al revisor no haberse expedido en torno a ellas, pues -refirió- únicamente se valoraron los dichos de R. M. M. (hermana de la víctima), Vilma Torres Billordo y aquellos que reprodujo el personal policial interviniente brindados por R., Giovani, S. M. Y., Silvia Guzmán y Ariel Quispe, que sirvieron para fundar la orden de detención del imputado y que fueron incorporados por lectura al debate, dejando a un lado todos los testimonios vertidos en la instrucción que no fueron oídos en el juicio oral.
Por otra parte, insistió con las críticas sobre la acreditación del abuso tentado, argumentando que la autopsia no arrojó la existencia de lesiones en la zona genital de la víctima, cuestionando lo decidido respecto de la falta de mérito decidida en favor de Quisbert Silva por considerar que igual criterio debió adoptarse respecto de su defendido.
Finalmente, recordó que la defensa introdujo de manera subsidiaria el agravio vinculado con que, sin haberse acreditado la tentativa del abuso sexual simple ni el robo agravado, mal podía calificarse la muerte de la víctima como acaecida en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal, pues no se la habría matado para robar o procurar la impunidad ni por la resistencia opuesta por ella. De allí que, la adecuación típica era errónea. Transcribió las argumentaciones brindadas en el recurso de casación y las respuestas jurisdiccionales y concluyó que la sentencia revisora no ofreció un adecuado análisis de las cuestiones que le fueron planteadas.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
III. El Tribunal de Casación rechazó los planteos de idéntico tenor a los aquí traídos.
En primer lugar, reseñó la materialidad ilícita de los hechos que identificó como I, en los siguientes términos " ...que el día lunes 27 de febrero de 2017, en el interior del domicilio sito en calle Sausal esquina Colibrí, Barrio Lujan de la localidad de Gregorio de Laferrere, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, Iván Tipuni Villegas tras ingresar a la vivienda antes indicada con la anuencia de los moradores, dado que era un invitado, procedió a introducirse en soledad a una de las habitaciones existentes en [la]citada vivienda con la excusa de bajar el volumen del equipo de música que allí se hallaba, aprovechando la oportunidad para apoderarse ilegítimamente de un aparato de telefonía celular marca Huawei Y6 IMEI nº B67539022582638 de propiedad de C. R. A. "; y II que " ...el día 1 de marzo de 2017, en un horario comprendido entre las 03.00 y 07.00 horas aproximadamente, un sujeto del sexo masculino, que ingresó al domicilio sito en calle El Buitre nº 1703 esquina Colibrí de la localidad de Altos de Laferrere (barrio La Palangana), partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, intentó abusar sexualmente de L. M. M. y ante la resistencia opuesta por la víctima y al no lograr su objetivo, la golpeó fuertemente en la cabeza y distintas partes de su cuerpo, al tiempo que con el fin de lograr su impunidad le propinó varios puntazos con una tijera y la tomó del cuello, asfixiándola mecánicamente por estrangulamiento, lo que provocó su deceso, dándose a la fuga del lugar apoderándose de un teléfono celular de la víctima y dinero en efectivo que poseía [...] en una alcancía que fue hallada destruida, pudiendo disponer libremente del botín ".
Luego, sintetizó los planteos relativos a la participación de Tipuni Villegas en los mismos y expresó que, en lo que interesaba destacar, la autoría del imputado en el primer suceso, había sido corroborada con los dichos de la testigo C. R. A., quien refirió que el día 26 de febrero de 2017, Iván y su esposo se juntaron a jugar al fútbol con otras personas, que todos se fueron, quedando solo el imputado y su esposo, que la dicente se fue a dormir a su pieza, donde tenía un celular marca Huawei. Agregó que Iván subía a la habitación para aumentar el volumen de la música, y que cuando se despertó vio que ya no estaba el celular, eran aproximadamente las 05:00 hs.
Destacó que ese mismo celular, al investigarse luego el hecho II antes descripto, fue hallado bajo una escalera en un patio común donde está la pieza en la que vivía el imputado Tipuni, y que de las constancias de autos se desprendía que él había sido la única persona que ingresó al lugar donde se hallaba.
Estimó el órgano revisor que los elementos de prueba analizados resultaron sólidos, brindando certeza sobre la participación de Tipuni Villegas en el suceso, sin advertir que los argumentos opuestos por la defensa resultasen eficaces para derribar el convencimiento alcanzado por el tribunal de primera instancia.
En cuanto al hecho II, señaló que la sentencia de origen dio cuenta de la incautación de una alcancía de yeso en el domicilio de la víctima, donde guardaba sus ahorros, la cual fue hallada sin dinero y dañada, y que el dinero sustraído, como así también el teléfono celular -también objeto de desapoderamiento-, fueron hallados debajo de la heladera ubicada en la pieza que ocupaba Tipuni Villegas, elementos que, valorados en su conjunto, llevaron al tribunal de la instancia a tener certeza suficiente sobre la autoría del nombrado en el ilícito contra la propiedad.
En lo relativo al delito de abuso sexual simple en tentativa, explicó que el tribunal había conectado los actos realizados con la forma en que fueron encontradas las prendas de vestir, las lesiones constadas en manos y brazos en la autopsia realizada a la víctima, lo cual denotó -coincidiendo con la interpretación de los jueces de mérito-, la existencia de un ataque de índole sexual; y la oposición a la consumación del mismo. Adunó a ello, el testimonio de Débora Soledad Arias, licenciada en criminalística, R. M. M., hermana de la víctima, quien manifestó que, al llegar al lugar del hecho, vio el cuerpo de su hermana con la bombacha baja, y las prendas de vestir de la parte superior rajadas; los dichos del doctor Guillermo Bodner, médico legista, quien afirmó que las lesiones halladas en la víctima, eran similares a aquellas producidas por autodefensa, para evitar un golpe o defenderse, que también había lesiones compatibles con síndrome de asfixia por estrangulamiento y por la cantidad de equimosis que presentaba el cuerpo, también poseía lesiones que manifestaban un símbolo de lucha.
De la misma forma, juzgó que la determinación de la autoría del encausado respecto de la muerte de L. M., encontró sustento racional en la valoración de los diversos elementos de prueba valorados por el tribunal de juicio, a partir del testimonio de R. M., hermana de la víctima quien manifestó que el encausado pretendía tener algún tipo de acercamiento a L. así como que era uno de los ocupantes de las piezas que se alquilaban en el domicilio, siendo además el único sujeto que se ausentó a la hora en que había ocurrido el ataque que terminó con la vida de la damnificada, mientras todas las demás personas dormían; y también el único que había cambiado sus prendas de vestir, luciendo además como duchado.
Sumó a ello, la circunstancia de haberse hallado sus prendas en la casa que alquilaba Edgar Villegas, donde vivía el imputado, sobre un patio de tierra, mojadas, con manchas hemáticas y con signos de haber sido lavadas. También el hecho de que no se había duchado en el baño que compartían en el lugar. Finalmente, y como dato relevante, ponderó la pericia de ADN que, con un 99,9999999% de probabilidades, determinó que la muestra obtenida de las manos del encausado, era coincidente con la mezcla extraída del cuello de la víctima. Con ello, reiteró, descartó la versión de los hechos aportada por la defensa, dejando en evidencia que sus dichos resultaban frágiles e inverosímiles.
Concluyó que -ante el cúmulo de elementos de cargo descriptos-, no se había demostrado el vicio en la valoración de la prueba, y que los indicios de autoría respecto al imputado, resultaban múltiples, graves y unívocos.
Estimó que en el caso, la evaluación de ese conjunto de elementos no presentó caminos ambiguos, logrando dar certeza a los hechos conocidos y probados y formar juicio lógico inductivo sobre los hechos desconocidos, sin observar la existencia de algún vicio que descalifique su decisión, lo que desplazaba la pretensión de la aplicación del beneficio de la duda en favor del imputado en los términos del art. 1 del Código Procesal Penal.
Por último, desestimó el planteo sobre la calificación del hecho como homicidio criminis causa .
Consideró que la conexidad causal del homicidio se hallaba acreditada, que concurrían elementos suficientes para tener por corroborado que luego de intentar someter sexualmente a la víctima, ante su férrea resistencia, el acusado finalizó matándola y que esa acción homicida se produjo como consecuencia de poder facilitar su designio y lograr la impunidad, y no de una manera incidental o desconectada de aquella circunstancia. Explicó que, actuar del modo y en las condiciones en que lo hizo el imputado contra L. M. M., pone de relieve una conducta querida y dirigida contra la vida de la damnificada, todo lo cual permitía afirmar la existencia del dolo específico que requiere el tipo del art. 80 inc. 7 del Código sustantivo.
IV. De la extensa reseña efectuada en el apartado anterior, se aprecia que la Casación brindó respuesta a cada una de las defensas de la parte y explicó razonadamente el material probatorio sobre el que se asentó la convicción del tribunal de primera instancia que consideró motivada y, a su vez, dio válido sustento a la condena sin menoscabar el principio de inocencia alegado por la defensa.
La recurrente, más allá de expresar su opinión discrepante con el criterio sustentado por aquel, no logra demostrar que el razonamiento seguido al confirmar la sentencia de condena a partir de las pruebas ponderadas, hubiese configurado una interpretación arbitraria o contradictoria a la luz de las constancias comprobadas de la causa. Así, el recurso se devela insuficiente (art. 495, CPP).
De tal modo, el control realizado por Casación abastece la garantía consagrada en los arts. 8.2. "h" del Pacto de San José de Costa Rica y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los alcances fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal, teniendo en cuenta las posibilidades derivadas de la falta de inmediación y con base en las constancias de autos.
El esfuerzo por "...revisar todo lo que pueda revisar" no implica que se "re evalúen" todas las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a este le corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2. "h", CADH), pero sí que verifique, que efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo a los imputados, para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción (causas P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017, primera cuestión; P. 132.713, sent. de 20-X-2021).
Cabe destacar que esta Corte tiene dicho que no resulta arbitrario el hecho de que el revisor haya coincidido con las respuestas dadas por el órgano juzgador para repeler las críticas a la valoración probatoria. En tal sentido, es oportuno recordar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la circunstancia de que la Cámara adhiera a las razones pertinentes expuestas por el juez de primera instancia para fundar su sentencia, no constituye causal de arbitrariedad (CSJN Fallos: 318:2056, cons. 6° y sus citas; causa P. 132.953, sent. de 16-XII-2021).
En definitiva, el quejoso no logra poner en evidencia la existencia de graves defectos en el fallo cuestionado, sino que se trata tan solo de un desacuerdo valorativo con la prueba ponderada.
V. En relación con el principio in dubio pro reo derivado del de inocencia (arts. 1, CPP y 18, Const. nac.), la queja no corre mejor suerte, dado que tampoco evidencia una situación de excepción por cuanto para las sentencias de mérito y la de revisión, no quedaron márgenes de duda alguna respecto a la acreditación de los hechos y la participación del imputado en los mismos.
Para más, esta Corte tiene dicho que, para cuestionar el umbral de suficiencia probatoria exigido para condenar en el ámbito penal, debe ponerse en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar al decisor el grado de convencimiento requerido (v. con palabras similares, la doctr. de las causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 132.301, sent. de 23-II-2021; P. 133.109, sent. de 21-V-2021; P. 132.657, sent. de 23-V-2022; P. 135.101, sent. de 9-V-2023; e.o.), extremos que en el caso no han sido demostrados.
En cuanto a las transgresiones constitucionales y legales que se alegan, dependiendo todas ellas del progreso de sus objeciones contra las pruebas, quedan huérfanas de sustento.
En suma, la reseña efectuada en los puntos precedentes evidencia el cumplimiento de la garantía de revisión amplia de la sentencia de condena y deja, al mismo tiempo, sin sostén argumental la tacha de arbitrariedad en tanto el recurrente se limitó a insistir en el quebrantamiento de tales principios constitucionales sin controvertir eficazmente lo fallado (conf. art. 18, Const. nac., en sentido contrario; conf. art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2024 15:41:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 17:16:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/05/2024 15:32:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2024 21:17:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2024 09:22:50 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/05/2024 11:42:54 hs. bajo el número RS-121-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia