Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138167
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.167, "Salega, Luis Norberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 101.454 del Tribunal del Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con integración unipersonal, por sentencia del 13 de septiembre de 2019, condenó a Luis Norberto Salega a la pena única de veintinueve años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable de los delitos de robo simple y robo con homicidio resultante reiterado en dos oportunidades, todos en concurso material entre sí.
Dicha pena comprendió la de trece años prisión, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de robo con homicidio resultante y robo simple, dictada el día 13 de mayo de 2008 por el Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental (causas n° 2005/5 y n° 2311/5) y la dictada el 9 de abril de 2010 por ese Tribunal en lo Criminal n° 3 (causa n° 4504/3) de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas en orden al delito de robo con homicidio resultante.
Frente a ello la defensa oficial en representación de Luis Norberto Salega interpuso recurso de casación.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 25 de febrero de 2021, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad (v. sentencia digital).
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue declarado admisible por la Sala recurrida (v. resol de 29-XII-2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la determinación de la pena única (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP); violación a los principios de culpabilidad, razonabilidad, proporcionalidad y humanidad de la pena; y potencial afectación a la libertad de modo arbitrario ante la eventual confirmación de la pena única.
Sostuvo que la revisión fue formal y dogmática, pues se omitió considerar que aplicando las reglas del art. 55 del Código Penal, le correspondía como máximo la pena de veinticinco (25) años de prisión por todos los procesos en los que se lo condenó en forma separada, en virtud de que los hechos se cometieron cuando estaba vigente la redacción anterior a la ley 25.928.
Aseveró que el revisor se limitó a afirmar dogmáticamente que el tribunal de la instancia brindó los motivos por los que consideraba acertado aplicar la suma aritmética (dieciséis años de prisión más trece años de prisión) sin considerar que el máximo de la pena aplicable era de veinticinco años de prisión.
En la misma línea argumental, agregó que la unificación de penas cuestionada se desentiende de las constancias de las causas que debieran ser estimadas, involucrando la libertad de Salega.
Resaltó que oportunamente esa parte cuestionó la pena impuesta por excesiva en relación a las sanciones comprendidas en dicha unificación. Solicitó la reducción a un monto adecuado, proporcional y razonable, que no exceda de veinticinco años de prisión.
Finalmente afirmó que se vulneraron los principios de culpabilidad, razonabilidad, proporcionalidad y humanidad de la pena.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso. Coincido con lo dictaminado.
III. Previo a ingresar al fondo del planteo, resulta necesario efectuar una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. En oportunidad de dictar la sentencia unificatoria el Tribunal de la instancia efectuó un racconto de las sentencias condenatorias de Salega.
Aseveró que correspondía dictar una pena única comprensiva de ambos pronunciamientos, sin emitir juicio de valor alguno ni alterar las declaraciones de los hechos contenidas en los mismos, de conformidad con lo nombrado por el art. 58 del Código Penal.
Luego el juez Camino destacó -teniendo en cuenta las circunstancias de los eventos, el encuadre legal de los mismos, las sanciones recaídas, el objeto constitucional de la pena y el conocimiento que tiene del condenado-, que resulta adecuado adoptar el método aritmético para arribar al pronunciamiento compresivo de ambas penas.
Resaltó que la defensa no había agregado ningún elemento sobre el particular, más que la solicitud de no alejarse del mínimo de la escala penal de los delitos endilgados. A su vez, manifestó que la proclividad delictiva que surgía de la cantidad de hechos graves que daban cuenta del desprecio por la vida y la propiedad, los que justificaban la imposición de veintinueve (29) años de prisión, conforme lo solicitara el Representante del Ministerio Público Fiscal.
III.2. En el recurso de casación la defensa denunció inobservancia de los arts. 55, 56 y 58 del Código Penal. Se agravió de la determinación de la pena unificada, y el modo de llevarla a cabo, al que consideró infundado, sin motivación sobre los fines de la pena con relación al caso concreto. Explicó que la suma aritmética chocaba contra la lógica constitucional y se desentendía de la manda del art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entendió que el método composicional era el que mejor respetaba el basamento constitucional.
En otro orden, se agravió de que el Fiscal valorara como agravantes los antecedentes delictivos, cuando se trataba los propios procesos objeto de unificación, al tiempo que se quejó de que se ponderara como severizante la proclividad delictiva y antecedentes condenatorios como si fueran dos circunstancias diferenciadas cuando -a su modo de ver- concluyendo en que hubo una "triple" ponderación al valorarse en las dos condenas y en la posterior unificación.
Criticó los fundamentos del sentenciante por considerar que eran regresivos y desconocían que la acumulación matemática se aparta del contenido resocializador de la pena (arts. 5, CADH; 10, PIDCP; 18 y 75 inc. 22, Cont. nac.).
Finalmente resaltó que hubo dos procesos que coexistieron, por lo cual se debía componer la pena en virtud de la manda de los arts. 55 y 56, conforme la remisión del art. 58, todos del Código Penal.
III.3. El Tribunal de Casación Penal se encargó, en primer lugar, de especificar cada una de las condenas impuestas a Salega y que fueron objeto de la sentencia de unificación.
Luego, y en relación con el agravio denunciado vinculado al método utilizado para determinar la pena, manifestó que el Tribunal había explicado los motivos por los cuales consideraba acertado aplicar la pena única por una suma aritmética y que, más allá de la coexistencia temporal de las causas, hubo dos sentencias firmes que aplicaron diferentes penas, por lo que correspondía su unificación a pedido de la propia recurrente, en observancia de las normas de los arts. 55 y 58 del Código Penal.
Descartó por insuficiente el agravio referido a una doble valoración de los antecedentes condenatorios en tanto interpretó que dicha circunstancia no venía ponderada en tal calidad en ninguna de las condenas unificadas.
También consideró como facultad propia de los jueces la de determinar la pena en el marco del procedimiento unificatorio previsto en el art. 58 del Código Penal y aseveró que el tribunal, justificó la imposición de la pena única al observar las exigencias de fundamentación contenidas en el art. 106 del Código Procesal Penal, ello así, dado que había expresado de manera suficiente los motivos ponderados al imponer la pena.
Afirmó que hubo una ausencia de crítica eficiente para poner en evidencia los desaciertos respecto al método aplicado como así también en su decisión final sobre la sanción.
Finalmente destacó que no hubo un desarrollo suficiente de las normas federales y garantías constitucionales citadas, ni una explicación circunstanciada de acuerdo a las contingencias concretas del caso. Citó en apoyo precedentes de esta Corte.
IV. El agravio vinculado con la errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la determinación de la pena única (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), no es de recibo.
El tratamiento así brindado a los planteos llevados por el recurrente no constituye una infracción a la revisión de la sentencia de condena en los términos de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto el tribunal intermedio abordó los agravios y dio adecuada respuesta acomodando su tarea revisora a los parámetros mencionados.
En efecto, de la reseña efectuada se aprecia que, respecto de la crítica de la parte a la pena única impuesta, el Tribunal de Casación descartó un déficit en su determinación y fundamentación. Sobre el punto explicó los motivos por los que consideraba acertada la aplicación del método aritmético.
Frente a lo decidido, los embates traídos quedan huérfanos de todo sustento en torno a la demostración de algún tipo de restricción indebida a los alcances del derecho a la revisión del fallo de condena (art. 495, CPP).
En definitiva, la parte no logró vincular la infracción constitucional con lo efectivamente debatido y resuelto en el caso, lo que pone en evidencia la insuficiencia del agravio.
Resulta pertinente recordar que lo resuelto por el Tribunal de mérito y luego confirmado por el órgano revisor en orden al método aritmético se halla en sintonía con la doctrina de esta Corte que en repetidas oportunidades decidió que la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 del Código Penal pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; P. 109.229, sent. de 1-VI-2011; P. 118.606, resol. de 6-VIII-2014; P. 124.282, resol. de 26-VIII-2015; P. 126.750, sent. de 7-III-2018; P. 129.574, sent. de 6-VI-2018; e.o.).
Corre la misma suerte el agravio vinculado con la vulneración a los principios de culpabilidad, razonabilidad, proporcionalidad y humanidad de la pena, en tanto la defensa se limitó a enunciarlos sin vincularlos con las concretas circunstancias de la causa, resultando, por ello insuficiente (art. 495, CPP).
V. Finalmente, el agravio por el cual la defensa adujo que no fue considerado el límite máximo del concurso real vigente al momento de los hechos, por lo que le correspondía como máximo la pena de veinticinco (25) años de prisión, es novedoso.
En efecto, en coincidencia con el dictamen de la Procuración General, se advierte que tal perfil del planteo resulta extemporáneo puesto que dicha pretensión respecto al límite máximo y su interpretación a partir de la redacción de la norma del art. 55 vigente al momento de los hechos, es una argumentación que no fue oportunamente introducida en el recurso de casación (v. recurso digital).
En tal sentido, cabe precisar que la mención que efectuó la defensa ante la sede intermedia del art. 55 del Código Penal lo fue con relación a su redacción actual, y respecto al método utilizado para unificar las penas y no en cuanto a la escala penal aplicable, razón por la cual constituye una variación argumental sustancial que la torna inaudible ante esta Corte (art. 451, CPP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2024 15:41:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 17:16:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/05/2024 15:32:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2024 21:17:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2024 09:22:51 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/05/2024 11:43:00 hs. bajo el número RS-122-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia